Los desvaríos de la campaña comunicacional contra el gobierno de Venezuela

17 de julio de 2019
El 14 de julio en el diario La Tercera apareció publicada una columna del periodista Daniel Matamala bajo el título «Negacionistas: el test«. En ella, a través de 6 ítemes, en cada uno de los cuales se incluyen párrafos de documentos en que se acusa de violación a los derechos humanos a los regímenes de Pinochet y de Maduro, o de las respuestas de estos gobiernos ante tales acusaciones, en que se pide al lector identificar a cuál de los dos gobiernos se está acusando o cuál de los dos las está negando, lo que en definitiva se busca acreditar es una suerte de maquinea identidad entre ambos regímenes y, por lo tanto, el carácter brutalmente dictatorial del gobierno de Maduro.

En Venezuela el pueblo lucha contra una oposición racista, facista, criminal, organizada y financiada por EE.UU.

Sin embargo esa comparación no es aceptable porque, siendo ambas situaciones marcadamente diferentes, contradice tan frontalmente los hechos que no resiste ni el más mínimo análisis. Basta recordar someramente lo que vivimos en Chile a partir del bombardeo al Palacio de La Moneda con el Presidente de la República en su interior: la constitución de una «junta militar de gobierno» que de inmediato declara el establecimiento del «estado de guerra interno» y de tribunales militares para juzgar a opositores, suspensión de todas las garantías individuales, imposición de un toque de queda que –aunque se fue acortando en su extensión– se prolongó a lo largo de 15 años, disolución del Parlamento y de los partidos políticos, destrucción de los registros electorales, cierre de todos los medios de comunicación opositores, creación de campos de concentración de prisioneros, realización de allanamientos masivos a las poblaciones, prohibición de toda manifestación pública no autorizada, intervención y control militar de las universidades, con la expulsión de numerosos estudiantes y profesores y el cierre de algunas carreras, quema de libros, imposición de una severa censura informativa, etc.

En pocas palabras, Chile se convirtió en un país sometido a un régimen de ocupación por sus propias fuerzas armadas, con una población completamente silenciada y en el más completo desamparo frente al actuar discrecional y criminal de los aparatos represivos cuya desenfrenada actuación contó, además, con el aval cómplice de la cúpula del poder judicial. En el contexto de esa situación política se sucedieron sin pausa, de manera sistemática y como política de Estado, los peores atropellos a los derechos humanos de que se tenga memoria en Chile: la caravana de la muerte, los fusilamientos sin juicio o juicio sumario de numerosos prisioneros, la tortura sistemática de muchos otros, las señales de amedrentamiento como el lanzamiento del cadáver de Lumi Videla por sobre los muros de la embajada de Italia, la ejecución de opositores en falsos enfrentamientos, el degollamiento de los tres dirigentes comunistas, el asesinato de Tucapel Jiménez, la aparición del cadáver de Marta Ugarte atado con alambres de púa, la explosión de un auto con cinco opositores anteriormente detenidos en su interior y aun otros atentados similares en Buenos Aires, contra el general Prats, y nada menos que en Whashington, la capital del imperio, contra Orlando Letelier. En suma, el terrorismo de Estado.

Nada de esto se asemeja, ni de lejos, a la situación que se vive hoy en Venezuela, por muy dañada que se encuentre hoy la convivencia democrática. Donde la actividad política opositora opera sin mayores restricciones –salvo las que suelen ser habituales en cualquier país–, donde la mayor parte de los medios comunicación son controlados por la oposición al gobierno, donde las manifestaciones políticas de la oposición se apoderan frecuentemente de las calles sin tener que hacer frente al despliegue de las fuerzas militares, como sucedía en el Chile de Pinochet. Acordémonos de cómo entonces una patrulla militar quemó vivos a dos jóvenes que protestaban: Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana. Incluso los que junto a Juan Guaidó y Leopordo López se congregaron armados el 30 de abril frente a la base aérea de La Carlota, exhortando a su personal a levantarse contra el gobierno, sólo debieron hacer frente a la policía antidisturbios. En esa ocasión el gobierno ni siquiera declaró el Estado de Sitio, como es habitual en este tipo de situaciones.

Es evidente que en Venezuela existe hoy una aguda crisis política, generalizada y profundizada aun más por la gravísima situación económica y social imperante, las cuales han sido favorecidas por el clima de fuerte confrontación impuesto por la oposición no solo al actual gobierno de Maduro sino incluso al anterior gobierno de Chávez, al cual incluso se intentó derrocar en 2002. Y es evidente también que, en el contexto de ese clima de gran polarización política, no resulta extraño que se produzcan enfrentamientos callejeros, con su habitual saldo de víctimas, y más de algún desborde represivo. Estos últimos ocurren incluso en situaciones de mucho menor conflictividad social y política como por ejemplo en el Chile de hoy. Sin embargo lo clave es la actitud del gobierno frente a ellos. En el Chile de Pinochet se negaba incluso la desaparición de detenidos, calificando oficialmente estos casos como «presuntos». En Venezuela, la señal que ha dado el gobierno ha consistido en investigar y sancionar estos casos poniéndolos a disposición de la justicia.

Desde esta perspectiva, la comparación pertinente sería, en rigor, entre la situación que se vivió en Chile antes del golpe y la situación actual en Venezuela, con la diferencia de que la Casa Blanca y los sediciosos no han logrado arrastrar allá a las FFAA a un golpe como sí sucedió en Chile. Acordémonos de las continuas y falsas acusaciones que, en medio de un clima de exacerbada crisis política, la oposición a Allende lanzó en su contra con el fin de crear el clima político necesario para brindar cierta cobertura de legitimidad al derrocamiento del gobierno: quebrantamiento sistemático del Estado de Derecho con el propósito de instaurar en Chile un régimen totalitario, formación de milicias armadas y presencia de un ejército guerrillero formado en su mayor parte de extranjeros, detenciones arbitrarias y torturas a presos por motivos políticos, acusación de fraude electoral en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, etc. Cabe recordar que la mayor parte de esas acusaciones se plasmaron finalmente en el acuerdo que adoptó la mayoría opositora en la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1973, propiciando con ello –de una manera apenas solapada– el golpe de Estado.

Dicho lo anterior, cualquiera que lea el reciente informe de Bachelet con un mínimo de objetividad tendrá que concluir que realiza una descripción claramente tendenciosa de los hechos al acusar al gobierno de Maduro de violar sistemáticamente los derechos humanos de primera y segunda generación y al cargarle toda la responsabilidad por la situación de crisis política, económica y social que se vive hoy en Venezuela. Algo que de partida llama la atención son los cargos con que el informe acusa al gobierno de no resguardar los derechos económicos y sociales del pueblo venezolano. Sin duda el desempeño del gobierno venezolano está muy lejos de haber sido impecable en materia económica. Pero los cargos que en este plano hace el informe, en rigor cabría hacérselos a la inmensa mayoría de los gobiernos. Por otra parte, en el plano directamente político, cabe recordar que, tras dos años de negociación con el gobierno –y contando para ello con la mediación de los ex Presidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de Panamá, Martín Torrijos, y de República Dominicana, Leonel Fernández–, la oposición venezolana se negó a último minuto, por presión de EEUU, a firmar el acuerdo a que se había arribado a inicios de 2018 para dar una salida política, legal y pacífica, a través de las próximas elecciones presidenciales, a la crisis venezolana.

Como sabemos, el rol desempeñado por EEUU en la crisis venezolana, al igual como ocurrió en el Chile de Allende, no es en absoluto menor. Y sin embargo, el informe de Bachelet responsabiliza de esa crisis exclusivamente al gobierno de Maduro, tal como lo hizo la oposición en Chile contra el gobierno de Allende –haciéndolo responsable del golpe de Estado– y como lo hizo también el gobierno de Lagos el 2002, al responsabilizar a Chávez por el golpe de entonces en su contra. La Casa Blanca presenta ante el mundo al gobierno de Maduro como una «dictadura» y a los EEUU como el gran paladín en la defensa de los derechos humanos. Pero sus gobernantes no han tenido el menor reparo en justificar la existencia de cárceles al margen de toda norma y jurisdicción legal, sea en bases militares –como Guantánamo– o simplemente secretas, en las que sus aparatos de espionaje recluyen, torturan y asesinan a quienes secuestran en nombre de la «guerra contra el terrorismo», ni en asesinar fríamente a quienes consideran sus enemigos en operaciones que incluso han sido televisadas. Y tampoco lo han tenido en invadir y destruir una ya larga lista de países, masacrando a sus poblaciones civiles, todo ello en nombre de la «democracia», ni en perpetrar el mayor acto de terrorismo que recuerde la historia: el genocidio que representó lanzamiento de bombas atómicas, no sobre objetivos militares, sino sobre las ciudades japonesas de Nagasaki e Hiroshima.

Pero nada de esto parece estar en el horizonte visual de quienes se empeñan en cargarle los dados a la «dictadura» de Maduro. Total, a la luz del test elaborado por Matamala, los regímenes de Pinochet y de Maduro se asemejan tanto que resultan indistinguibles, ¡como dos gotas de agua!

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