El ojo que todo lo ve: Palantir, Thiel y la colonización digital de América Latina

26 de mayo de 2026

En abril de 2026, Peter Thiel —cofundador de Palantir Technologies y uno de los hombres más influyentes de Silicon Valley— se instaló en Buenos Aires durante semanas, compró una mansión de 12 millones de dólares en el barrio de Parque y se reunió en privado con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Los periodistas acreditados fueron bloqueados. No se publicó ninguna agenda.

En Chile, antes de ese viaje, Thiel visitó al presidente José Antonio Kast. En el horizonte: la posible entrega de las bases de datos del Estado a una empresa cuya filosofía declarada es que la libertad y la democracia son incompatibles.

¿Qué es Palantir y por qué debería importarnos?

Fundada en 2003 con financiamiento inicial de In-Q-Tel —el brazo de capital de riesgo de la CIA—, Palantir Technologies es hoy una de las empresas más poderosas del planeta en el análisis masivo de datos. Sus plataformas, llamadas Gotham y Foundry, no son software convencional: son sistemas diseñados para conectar bases de datos que jamás fueron concebidas para comunicarse entre sí. Registros fiscales con historial migratorio. Datos sanitarios con ubicaciones de celulares. Historiales criminales con redes sociales.

Los números hablan por sí solos. En 2025, la empresa facturó 4.480 millones de dólares —un 56% más que el año anterior—. Ese mismo año firmó un contrato con el Ejército de Estados Unidos por 10.000 millones de dólares, a diez años. El 55% de sus ingresos proviene de contratos gubernamentales. Su modelo de negocio, denominado internamente «land and expand» (aterrizar y expandirse), consiste en ingresar mediante un contrato piloto y luego colonizar toda la infraestructura de datos de una institución, lo que la vuelve prácticamente irremplazable.

En Estados Unidos, la Electronic Frontier Foundation (EFF) documentó cómo ICE utilizó la herramienta ELITE de Palantir para acceder a registros del sistema de salud pública —Medicaid— y convertirlos en un instrumento de deportaciones. Varios congresistas, incluidas Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren y Ron Wyden, han exigido investigaciones formales. El Departamento de Seguridad Nacional firmó en 2026 un contrato adicional por 1.000 millones de dólares con Palantir para potenciar las operaciones de ICE.

Thiel y Karp: el poder detrás de la pantalla

Peter Thiel —con un patrimonio estimado de 27.500 millones de dólares— no es un empresario tecnológico ordinario. En 2009 escribió sin ambigüedades: «Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles.» Su biógrafo, Max Chafkin, lo describe como alguien con «un anhelo de un ejecutivo más poderoso, un dictador, en otras palabras.» Parte de su inspiración intelectual proviene de Curtis Yarvin, quien aboga por reemplazar la democracia por un Estado tecnoautoritario gobernado «como una corporación.» Thiel financió con 15 millones de dólares la campaña senatorial de JD Vance —hoy vicepresidente de EE. UU.— y aportó 1,25 millones al primer ascenso de Donald Trump.

Alex Karp, CEO de Palantir con doctorado en teoría social de Frankfurt y patrimonio de 18.000 millones de dólares, publicó en 2025 el libro The Technological Republic. En sus cartas a accionistas, cita al teórico Samuel Huntington para justificar el modelo de negocios de su empresa: «El ascenso de Occidente no fue posible por la superioridad de sus ideas o valores, sino por su superioridad en la aplicación de la violencia organizada.» En 2026, Palantir publicó un manifiesto de 22 puntos que llama al «deber moral» de las empresas tecnológicas de participar en la defensa militar, propone el servicio nacional obligatorio, y declara la supremacía cultural de Occidente. Al Jazeera lo llamó «tecnofascismo». Varios analistas lo describieron como una agenda política disfrazada de propuesta corporativa.

El viaje latinoamericano: ¿inversión o penetración estratégica?

El reciente recorrido de Thiel por América del Sur no fue turístico. En Chile se reunió con el presidente José Antonio Kast y con José Piñera —arquitecto del sistema de pensiones privado—, explorando la posibilidad de que las plataformas de Palantir colaboren en materia de seguridad, aduanas y digitalización del Estado. En Argentina, su tercera visita al gobierno de Milei incluyó primero una reunión con Santiago Caputo —el asesor presidencial que coordina la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)— y luego un encuentro en el despacho presidencial de la Casa Rosada, en el que se prohibió el acceso a la prensa y no se publicó la agenda. Thiel declaró en 2024 que «Argentina podría ser el futuro de Europa y Estados Unidos.»

En Brasil, el vicepresidente de Palantir para América Latina reveló en 2024 que su sistema «impulsa a muchas de las organizaciones más importantes del país, desde agencias gubernamentales de salud pública hasta la educación.» Lo hizo sin mencionar contratos ni especificar qué datos se procesan. Más grave aún: Serpro, la empresa pública brasileña creada precisamente para construir la soberanía digital nacional, fue convertida en intermediaria de los servicios de Palantir. Ecuador ya utiliza herramientas de Palantir en sus sistemas de seguridad.

Europa resiste. ¿Y nosotros?

Mientras América Latina abre las puertas, Europa empieza a cerrarlas. A mediados de mayo de 2026 se reportó que la agencia de inteligencia interior de Alemania (BfV) rechazó contratar a Palantir y optó por la plataforma ArgonOS de ChapsVision para el análisis de datos sensibles, alegando la necesidad de una infraestructura soberana y segura. El diputado Konstantin von Notz lo explicó sin rodeos: es «ingenuo desde el punto de vista de la seguridad» depender de una empresa cuyo fundador tiene declaraciones antidemocráticas documentadas y cuya cercanía con la administración Trump es más que preocupante. Suiza rechazó los servicios de Palantir debido al riesgo de incompatibilidad con su soberanía. Más de 100 organizaciones europeas firmaron una carta abierta en la que exigen alternativas locales. El argumento central es simple pero devastador: quien controla la infraestructura de datos controla los límites de la acción del Estado.

PREGUNTAS QUE TODO CIUDADANO DEBERÍA HACER

1.       ¿Qué datos del Estado chileno o latinoamericano están siendo procesados por Palantir, bajo qué contratos y con qué supervisión democrática?

2.      ¿Puede un gobierno democrático contratar a una empresa cuyo fundador ha declarado que la democracia y la libertad son incompatibles?

3.      Si Palantir procesa datos de ciudadanos latinoamericanos y opera bajo la legislación estadounidense (CLOUD Act), ¿quién garantiza que esos datos no sean accesibles para las agencias de inteligencia de EE. UU.?

4.      ¿Por qué las reuniones entre Thiel y presidentes electos de la región se realizan en secreto, sin agenda publicada y con la prensa excluida?

5.      ¿Tiene sentido construir una infraestructura digital nacional dependiente de una empresa extranjera que ya declaró su obligación afirmativa de defender los intereses de Estados Unidos?

6.      Si tecnologías similares a las de Palantir se usaron para construir «listas de eliminación» en Gaza y para rastrear a migrantes en EE. UU., ¿qué garantiza que no serán usadas para vigilar disidentes políticos, sindicalistas o periodistas en nuestra región?

La soberanía digital no es un tecnicismo para especialistas. Es la versión contemporánea de una pregunta que América Latina lleva siglos respondiendo con sangre:

¿quién controla los recursos estratégicos de un país?

En el siglo XIX fueron las tierras y los minerales. En el XX, el petróleo y las telecomunicaciones. En el XXI, son los datos.

Y los datos, a diferencia del cobre o el litio, no se ven, no se tocan, no se marchan en manifestaciones. Se entregan en silencio, cláusula a cláusula, contrato a contrato, reunión secreta tras reunión secreta, y así se nos van la libertad y la soberanía nacional.