«Gobierno de Emergencia». Un gran número de chilenos le creyó

20 de marzo de 2026

En los primeros días de gobierno del presidente Kast, hemos visto una avalancha de decisiones: Control militar de fronteras, una auditoría total del Estado, la promesa de acelerar inversiones bajando impuestos, modificaciones a la gratuidad universitaria y “congelamiento” de actividades en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo., entre otras. El gobierno se mueve a una velocidad inusual, pero genera una pregunta ¿hacia dónde va exactamente?

Y es que, si uno escarba un poco, empiezan a aparecer las primeras grietas entre el candidato que vendía una «emergencia» y el presidente que ya gobierna.

En campaña, José Antonio Kast construyó su triunfo sobre dos pilares: ser el candidato del orden y la austeridad. Prometió una «auditoría total» contra el despilfarro, pero en el camino, el bisturí parece estar cortando en los lugares equivocados.

Esta semana conocimos decisiones que encienden las alarmas. La primera, desde el Ministerio de Medio Ambiente: el gobierno retiró de Contraloría 43 decretos que estaban en tramitación desde la administración anterior. No se trata de cualquier papeleo. Entre ellos, estaba la creación de parques nacionales como el «Mar de Juan Fernández» o la reserva «Salar de Gorbea», la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural, y normas para regular las emisiones de centrales termoeléctricas. Años de trabajo técnico y científico, borrados de un plumazo en nombre de la «revisión administrativa» y de ir en contra de la “permisología”.

Otra decisión llega desde el Minvu. Según denunció un diputado, se instruyó a los servicios de vivienda paralizar la tramitación de documentos y nuevas adquisiciones en todo el país. Es decir, mientras el presidente Kast anunciaba en Lirquén un plan para agilizar la reconstrucción, sus oficinas paralizaban la maquinaria que debería ejecutarla. La contradicción es tan evidente como preocupante: no se puede prender la caldera y apagar los motores al mismo tiempo.

Una más es la imposición de un límite de 30 años de edad para el acceso a la gratuidad universitaria, mientras se fortalecen los mecanismos de cobro y se amenaza con hacer públicos los nombres de los deudores del CAE.

Pero el corazón de la incongruencia está en la caja fiscal. Para justificar un recorte de 6 mil millones de dólares, el oficialismo ha instalado una narrativa de catástrofe inminente. El propio ministro de Hacienda lo graficó diciendo: «Quedamos sin plata». Sin embargo, a continuación, anunció medidas, que el gobierno propone, como una rebaja sustancial del impuesto corporativo, del 27% al 23%, además de una rebaja al impuesto sobre donaciones.

Y aquí la pregunta es obligada: ¿cómo se compagina un discurso de emergencia fiscal con una baja de impuestos que, según múltiples economistas —incluyendo a algunos exministros—, deja un saldo negativo en recaudación? El expresidente del Banco Central fue claro: «El problema es que el Gobierno habla de una emergencia fiscal y, por otra parte, de una reducción de impuestos que no va a compensarse».

Todo lo anterior, en contraposición a un enorme gasto (aún sin precisar) en la construcción de una zanja en la frontera, que muy probablemente será totalmente inútil—como ya lo han señalado diversos expertos—un gasto, no menor, en un banquete para 1.000 invitados en la Moneda, amén de adaptaciones también sin precisar, para hacer habitable un edificio de oficinas.

Señor presidente: no se puede decir que el país se cae a pedazos y al mismo tiempo restarle ingresos al Estado. No se puede prometer reconstrucción y paralizar la vivienda. No se puede vender orden y generar este nivel de ruido. Un gran número de chilenos le creyó cuando dijo que traería certezas, pero la única certeza que hemos visto hasta ahora es que lo que se prometió en la plaza pública durante su campaña, se olvidó cuando empezó a caminar en los pasillos de La Moneda.

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