El proyecto de cumplimiento alternativo de penas que se discute en el parlamento chileno, tal como está redactado, podría permitir que personas condenadas por delitos muy graves —incluidos crímenes de lesa humanidad— cumplan penas fuera de la cárcel, lo que sería contrario al derecho internacional.
SANTIAGO (10 de marzo de 2026) – ONU Derechos Humanos en América del Sur envió hoy una carta al Senado de Chile analizando el proyecto de ley (N° 17.370-17) sobre el cumplimiento alternativo de penas para personas privadas de libertad.
El documento, suscrito por el Representante Regional, Jan Jarab, responde al mandato de la Oficina de promover y proteger el goce y plena realización, para todas las personas, de todos los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos.
El análisis de ONU Derechos Humanos enfatiza que el derecho internacional de los derechos humanos establece que los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar la comisión de delitos con penas adecuadas y proporcionales a la gravedad de los hechos.
En tal sentido, el proyecto transgrede el principio de proporcionalidad de la pena – esto es, que los delitos más graves requieren penas mayores – porque no hace ningún tipo de distinción a este respecto.
También podría abrir espacios de impunidad y tensionar el principio de igualdad ante la ley, pues carece de criterios objetivos para su adecuada aplicación.
Adicionalmente, la propuesta contraviene a los estándares internacionales relativos a condenas por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos.
“El Estado debe promover políticas penales que prioricen medidas no privativas de libertad cuando sea apropiado. Sin embargo, tales políticas deben respetar siempre el derecho internacional de los derechos humanos”, aseguró Jarab.
Para muchos, el proyecto impulsado por la derecha golpista tendría como objetivo abrir la puerta a la liberación de violadores de derechos humanos condenados por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos figura el ex agente de la DINA Miguel Krassnoff Martchenko, uno de los esbirros más sanguinarios de la dictadura de Augusto Pinochet, quien acumula más de mil años de condena por secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. José Antonio Kast es conocido por su cercanía con Krassnoff e incluso lo visitó en la cárcel donde cumple condena.
Ver análisis aquí.
*Fuente: prensaOPAL
Chile: Oficina envió análisis al Senado sobre proyecto de cumplimiento alternativo de penas
SANTIAGO (10 de marzo de 2026) – ONU Derechos Humanos en América del Sur envió hoy una carta al Senado de Chile analizando el proyecto de ley (N° 17.370-17) sobre el cumplimiento alternativo de penas para personas privadas de libertad.
El documento, suscrito por el Representante Regional, Jan Jarab, responde al mandato de la Oficina de promover y proteger el goce y plena realización, para todas las personas, de todos los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos.
El análisis de ONU Derechos Humanos enfatiza que el derecho internacional de los derechos humanos establece que los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar la comisión de delitos con penas adecuadas y proporcionales a la gravedad de los hechos.
En tal sentido, el proyecto transgrede el principio de proporcionalidad de la pena – esto es, que los delitos más graves requieren penas mayores – porque no hace ningún tipo de distinción a este respecto.
También podría abrir espacios de impunidad y tensionar el principio de igualdad ante la ley, pues carece de criterios objetivos para su adecuada aplicación.
Adicionalmente, la propuesta contraviene a los estándares internacionales relativos a condenas por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos.
“El Estado debe promover políticas penales que prioricen medidas no privativas de libertad cuando sea apropiado. Sin embargo, tales políticas deben respetar siempre el derecho internacional de los derechos humanos”, aseguró Jarab.
FIN
Revisa el análisis aquí.
Para más información y solicitudes de prensa, favor contactar a:
María Jeannette Moya +56979996907 / maria.moya@un.org; y Felipe Iturrieta +56979993343 / felipe.iturrietagonzalez@un.org.
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