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Gaza / Israel: Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra jueces y personal de la Corte Penal Internacional (CPI)

Gaza / Israel: Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra jueces y personal de la Corte Penal Internacional (CPI)
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23 de agosto de 2025

«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros»
(Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9)

What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them»
Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim  S/PV/9439,  at page 9). 

 

«Tout ce qui se passe ne semble pas relever du hasard, mais d’un plan systématique clairement visible, dans une tentative manifeste de pousser les habitants à l’exil, à accepter ce qu’on appelle les projets de « migration volontaire », c’est-à-dire un déplacement forcé déguisé. Les politiques de famine, de destruction et de bombardements constants ne sont que les outils d’un plan plus vaste visant à vider Gaza de ses habitants ou à briser leur volonté. Ce qui se joue à Gaza n’est pas seulement un siège ou une agression, mais un processus d’extinction méthodique de la vie et de la présence palestinienne». 

Testimonio de habitante de Gaza, 12 de abril del 2025. Extracto de»Témoignage d’Abu Amir, le 12 avril 2025: Gaza sous le feu: bombardements et faim impitoyable». Texto completo disponible aquí

El pasado 20 de agosto, Estados Unidos extendió sus sanciones a dos jueces y a dos altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI): véase al respecto el anuncio oficial hecho desde el Departamento de Estado.

Como bien es sabido, la Sala de lo Preliminar de la CPI confirmó en noviembre del 2024 las órdenes de arresto solicitadas en mayo del 2024 por el Fiscal de la CPI contra dos altos funcionarios israelíes por crímenes de guerra cometidos en Gaza: su actual Primer Ministro y su ex Ministro de Defensa. En abril del 2025, luego de examinar los supuestos «argumentos» presentados por Israel sobre su presunta falta de competencia, la Sala de Apelaciones de la CPI confirmó ambas órdenes de arresto por unanimidad (véase decisión del 24 de abril del 2025).

El único Estado en saludar estas sanciones norteamericanas fue Israel a través de declaraciones públicas dadas a conocer por su actual Primer Ministro (véase nota de prensa del TimesofIsrael).


Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel por un medio digital israelí y titulado «IDF Database suggests at least 83% of Gaza dead were civilians» (Magazine+972, edición del 21 de agosto del 2025, de lectura recomendada).

Sancionar a una jurisdicción internacional: un hecho insólito

Se trata de una acción insólita al no haberse nunca en el pasado observado a un Estado tomar sanciones contra el personal de una jurisdicción internacional y sus integrantes.

Hay que tener claro que desde 1945, ante crímenes de guerra, genocidios y  atrocidades de todo tipo, la comunidad internacional ha ido paulatinamente elaborando en el marco de Naciones Unidas una variedad de normas y de mecanismos de rendición de cuentas e investigación, siendo la adopción del Estatuto de Roma en 1998 el instrumento que crea la primera jurisdicción penal internacional a vocación universal, la CPI: se trata de la única jurisdicción internacional a cargo de investigar estas exacciones y de sancionar a sus responsables directos o indirectos.

Como todo tratado internacional, el Estatuto de Roma está sujeto a su firma y posterior ratificación por parte de cada uno de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas: se contabilizan un total de 125 Estados Partes al Estatuto de Roma (véase estado oficial de firmas y ratificaciones, siendo Ucrania el último Estado en haber procedido a su ratificación en octubre del 2024). En América Latina, los únicos Estados que se resisten a aprobar el Estatuto de Roma son Cuba, Haití y Nicaragua (Haití sí lo ha firmado, a diferencia de Cuba y Nicaragua),  habiendo sido el primer Estado en ratificarlo en la región Venezuela (junio del 2000) y el último El Salvador (mayo del 2016).

La respuesta de la CPI a esta nuevas sanciones de Estados Unidos no se hizo esperar, repudiando formalmente estas sanciones contra sus jueces y contra su personal: véase al respecto el comunicado oficial en francés y en inglés con fecha del mismo 20 de agosto. Este 21 de agosto, fue la Presidencia de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma (en representación de 125 Estados) la que repudió estas sanciones: véanse el texto del comunicado oficial en francés y en inglés, en el que se puede leer que:

«Nous appelons tous les États Parties et les parties prenantes du système du Statut de Rome à rester fermes dans leur engagement à défendre les principes de la justice internationale et à se tenir unis pour protéger la Cour, ses responsables élus, son personnel et ceux qui coopèrent avec elle. ../..

../…We urge all States Parties and stakeholders in the Rome Statute system to remain steadfast in their commitment to uphold the principles of international justice and to stand united in defending the Court, its elected officials, its personnel and those cooperating with it«.

Traducción:

../..Instamos a todos los Estados Partes y a las partes interesadas en el sistema del Estatuto de Roma a que se mantengan firmes en su compromiso de defender los principios de la justicia internacional y a que permanezcan unidos en la defensa de la Corte, sus funcionarios electos, su personal y quienes cooperan con ella».

De igual manera se puede citar, a título individual, la reacción de condena a estas sanciones por parte de Bélgica (véase texto circulado en redes sociales por el jefe de su diplomacia), de España (véase comunicado del 21 de agosto) o bien de Francia (véase comunicado del 20 de agosto) así como de Eslovenia (véase comunicado) o de Senegal (véase comunicado): en el caso francés (así como de Senegal), los jueces de su nacionalidad, integrantes de la CPI, son los dos magistrados concernidos por estas nuevas sanciones norteamericanas.

También resulta oportuno mencionar la reacción del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en persona (véase comunicado de prensa así como nota oficial de prensa de Naciones Unidas) y una declaración conjunta suscrita por una decena de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (véase comunicado del 22 de agosto).

Estas sanciones de Estados Unidos del 20 de agosto del 2025 vienen a añadirse a las tomadas contra cuatro jueces de la CPI el 5 de junio del 2025 (véase anuncio del Departamento de Estado) y contra el Fiscal de la CPI en febrero del 2025 (véase anuncio de la Casa Blanca, con fecha del 6 de febrero del 2025).

Es de señalar que, como Estado que acoge la sede de la CPI, se hubiese esperado algún tipo de manifestación oficial por parte de los Países Bajos en contra de estas sanciones norteamericanas. Lo único resaltado por la prensa, es la renuncia por parte de su ministro de relaciones exteriores (véase nota de The Guardian del 23 de agosto del 2025). En cuanto a Italia, cuya capital fue sede de las negociaciones que culminaron con la adopción del denominado «Estatuto de Roma» en julio de 1998, el mutismo de su diplomacia ha sido total.

El significado de estas sanciones norteamericanas

Se debe precisar que sanciones de esta naturaleza no cuentan con precedente alguno en los anales del derecho internacional público: vienen a ilustrar de manera bastante elocuente lo que es capaz de hacer la actual administración de Estados Unidos, en aras de intentar proteger a Israel.

Se puede considerar desde ya que el intento resultará vano: de alguna manera, la batería de sanciones de todo tipo que Estados Unidos está procediendo a ordenar contra los órganos de Naciones Unidas que investigan las exacciones de Israel en Gaza pone en evidencia la extrema gravedad de estas exacciones por parte de Israel y puede considerarse como una desesperada opción, ante la magnitud de las mismas, que día tras día, se documentan y se hacen públicas por parte de los expertos e investigadores de Naciones Unidas.

Tuvimos hace poco la ocasión de analizar sanciones muy similares tomadas, por primera vez en la historia de Naciones Unidas, contra una Relatora Especial en materia de Derechos Humanos: se trata de las recientes sanciones tomadas por Estados Unidos contra la jurista italiana Francesca Albanese, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino (véase al respecto nuestra nota titulada » Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza» editada el 3 de julio del 2025, disponible aquí).

Lejos de proteger a Israel, y de intimidar a la CPI, es muy probable que este tipo de sanciones refuerce la labor de los jueces y del Fiscal de la CPI (así como la de esta valiente jurista italiana), y conforte ante los ojos de la opinión pública la total insensatez de las acciones militares de Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.

Este 22 de agosto, varias agencias de Naciones Unidas alertaron sobre la situación de hambruna que amenaza ahora a toda la población en Gaza: se trata de una situación de hambruna generalizada deliberadamente causada por las máximas autoridades de Israel. En su comunicado (véase texto) se lee, con relación a menores de edad, que para estas cuatro agencias de Naciones Unidas:

«La malnutrition infantile à Gaza s’aggrave à un rythme catastrophique. En juillet seulement, plus de 12 000 enfants ont été identifiés comme souffrant de malnutrition aiguë, ce qui constitue le chiffre mensuel le plus élevé jamais enregistré, et représente une multiplication par six depuis le début de l’année. Près d’un quart de ces enfants souffraient de malnutrition aiguë sévère (MAS), la forme la plus mortelle, qui a des conséquences à court et à long terme«.

Traducción:

«La desnutrición infantil en Gaza se está agravando a un ritmo catastrófico. Solo en julio, más de 12 000 niños fueron identificados como casos de desnutrición aguda, lo que constituye la cifra mensual más alta jamás registrada y representa una multiplicación por seis desde principios de año. Casi una cuarta parte de estos niños padecían desnutrición aguda grave (DAG), la forma más mortal, que tiene consecuencias a corto y largo plazo».

Estas sanciones norteamericanas confirman además, ante todos los demás integrantes de la comunidad internacional, la total pérdida de toda credibilidad de Estados Unidos en materia de justicia penal internacional y de lucha contra la impunidad.

El pasado 14 de agosto, un medio israelí bastante bien informado, reveló la existencia de una unidad dentro del ejército israelí para confeccionar conversaciones telefónicas de celulares que «sirvan» la narrativa oficial de Israel y hagan pasar a periodistas palestinos por integrantes del Hamás: véase al respecto artículo publicado por Magazine+972 titulado » ‘Legitimisation cell’: Israelí unit tasked with linking Gaza journalists to Hamas«. Este mismo medio israelí, que al parecer tiene acceso a documentos confidenciales en Israel, había dado a conocer al mundo, en abril del 2024, la existencia del programa informático «Lavender«: véase su artículo titulado » ´Lavender´: The AI machine directing Israel´s bombing spree in Gaza» (edición del 3 de abril del 2024).

Con relación a la justicia penal internacional de La Haya, fue este mismo medio de prensa israelí el que, en mayo del 2024, dio a conocer la existencia de un programa de monitoreo de Israel permanente y ello desde varios años, sobre el personal y las computadoras de la CPI: véase al respecto artículoeditado el 28 de mayo del 2024, titulado «Surveillance and interference: Israel´s covert war on the ICC exposed «, cuya lectura completa se recomienda. Esperamos que el esfuerzo valiente de estos periodistas de investigación israelíes por informar al mundo sobre lo que ha hecho y sigue haciendo Israel en Gaza sea ampliamente difundido y conocido por la opinión pública internacional.

Justicia penal internacional e incumplimiento de obligaciones: el reciente caso de Hungría

Es de notar que un Estado miembro de la UE, Hungría, notificó desde el 2 de junio del 2025 su denuncia del Estatuto de Roma, la cual será efectiva 12 meses después, es decir el 2 de junio del 2026 (véase notificación).

Se trata del primer Estado miembro de la UE en  optar por denunciar el Estatuto de Roma, lo cual contraviene con el apoyo incondicional que desde su creación ha recibido la CPI por parte de la UE.

Al no haber procedido a capturar al Primer Ministro de Israel, invitado por el Presidente de Hungría, Hungría fue objeto de una decisión de la CPI declarando, el pasado 24 de julio del 2025, que incumplió con sus obligaciones derivadas del Estatuto de Roma: véase al respecto nuestra breve nota sobre esta decisión (muy pocamente difundida) de los jueces de la CPI y titulada «Gaza / Israel: Corte Penal Internacional declara que Hungría ha violado sus obligaciones derivadas del Estatuto de Roma«, editada el mismo 24 de julio del 2025 y disponible aquí.

No está de más señalar la gran cercanía existente entre el actual ocupante de la Casa Blanca en Estados Unidos y las actuales autoridades húngaras.

A modo de conclusión: el «argumento afgano» para maquillar la verdadera motivación de estas sanciones

Si bien en estas sanciones contra la CPI de este 20 de agosto, Estados Unidos refiere también, y en primer lugar, a investigaciones en su contra por exacciones cometidas por su personal militar en Afganistán, en realidad el objetivo prioritario de estas sanciones es proteger a Israel e intentar intimidar a la CPI: una maniobra que ya habíamos tenido la oportunidad de observar en el 2020 cuando Estados Unidos también amenazó a la CPI de sanciones en su contra bajo lo que podríamos denominar «el argumento afgano«: véase al respecto nuestra nota publicada en el portal de la UCR y titulada «Sanciones de EE. UU. contra la Corte Penal Internacional (CPI). Algunos apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, 20 de setiembre del 2020, disponible aquí.

Al haberse para muchos Estados clarificado el tipo de aranceles que Estados Unidos les aplicará de manera individual o bien de manera colectiva (caso de la Unión Europea / UE), será de interés observar si los demás  integrantes de la comunidad internacional alzarán esta vez la voz en defensa de la CPI y de su personal.

Al respecto, resulta de interés indicar que en febrero del 2025, ante las primeras sanciones de Estados Unidos contra la CPI desde la llegada a la Casa Blanca de su ocurrente ocupante, fue desde el portal de Países Bajos que se pudo leer una declaración en defensa de la CPI suscrita por 79 Estados (véase texto), entre los cuales, por parte de América Latina, se registran las firmas de: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se notará la ausencia en esta declaración conjunta de los siguientes Estados Partes al Estatuto de Roma pertenecientes a América Latina: Argentina, Ecuador, El Salvador y Paraguay.

En los casos de Argentina y de Paraguay, hay que tener claro que desde ya un buen tiempo para acá, ambos se han convertido en lo que podríamos denominar las dos “fichas útiles” de Israel en América Latina: así lo evidencian sus votos, alineados con los de Israel y los de Estados Unidos en Naciones Unidas, cuando se examinan resoluciones relacionadas a Israel y al drama indecible que se vive en Gaza.

Como extrañeza de la que hay que tomar nota, esta declaración conjunta de febrero del 2025 de apoyo a la CPI no fue divulgada desde el portal diplomático de muchos de sus suscriptores (como si su difusión no resultara del todo oportuna y mucho menos conveniente para algunos de ellos).

Hace poco, tuvimos la oportunidad de analizar los silencios y omisiones de muchos Estados, el pasado 17 de julio, día internacional de la justicia penal internacional: se trata de una fecha que pasó prácticamente desapercibida en este 2025: véase al respecto nuestra nota titulada «17 de julio: una fecha en la que usualmente se reafirma el compromiso con la justicia penal internacional … pasada desapercibida o casi«, editada el mismo 17 de julio del 2025, disponible aquí.

-El autor, Nicolas Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Contacto : nboeglin@gmail.com.

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