Wilma Alanoca fue ministra de Culturas y Turismo, durante el último gobierno de Morales previo al golpe de Estado y completaba el binomio con Morales para las elecciones del próximo 17 de agosto que fue proscripto. La exautoridad visitó este viernes la localidad de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza, para inaugurar  una casa de campaña por el “Voto Nulo”, además mantuvo encuentros y actos con migrantes bolivianos, con el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y con el diputado nacional Aldo Leiva.   

De los 7.937.138 de votantes habilitados, 369.931 bolivianos están en 33 países y 162.531 ciudadanos bolivianos en Argentina están habilitados para votar en el exterior, siendo el padrón más grande fuera del Estado Plurinacional.

En diálogo con Canal Abierto, Wilma Alanoca, subrayó que el voto nulo es “una forma de rechazo” a lo que calificó como un proceso electoral “anómalo, ilegítimo y discriminatorio” y la calificó como “una expresión legal, democrática y de resistencia frente a unas elecciones que excluyen al verdadero liderazgo popular”, lo que representa “un duro golpe a la democracia y a los proyectos de gobiernos progresistas en América Latina”.

“Así como proscribieron injustamente a Cristina Fernández en Argentina, hoy persiguen a Evo Morales en Bolivia, vulnerando todos sus derechos”, denunció.

Explicó que el voto nulo no es una señal de indiferencia, sino una “declaración política de resistencia”. Según Alanoca, “ninguno de los candidatos habilitados representa los intereses de las mayorías populares, por lo que participar activamente anulando el voto es un acto de dignidad y rebelión democrática”.

“Estas elecciones no son más que un plebiscito que nos obliga a elegir a quienes mañana serán nuestros verdugos”, declaró. Las últimas encuestas marcan un virtual empate técnico entre candidatos de la derecha más recalcitrante: Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, cuyos porcentajes giran en torno al 20%, escenario que perfila una segunda vuelta que se realizará el 19 de octubre entre estas dos figuras atadas al pasado neoliberal y represivo.

Proscripción e incertidumbre

El escenario político en Bolivia se encuentra profundamente fracturado a pocos días de las elecciones generales del 17 de agosto. El partido que marcó el rumbo del llamado “proceso de cambio” en el siglo XXI, el Movimiento al Socialismo (MAS), atraviesa su peor crisis. El actual presidente Luis Arce logró retener la sigla del MAS mediante la colusión con el Poder Judicial. Sin embargo, lo que queda del MAS es apenas una estructura vaciada de contenido político y social, alejada de sus bases históricas.

La administración de Arce enfrenta un alto nivel de rechazo ciudadano. La desaceleración económica, la escasez de divisas y combustibles, y la falta de políticas públicas han erosionado su respaldo popular. Con apenas un 2% de intención de voto, Arce se vio forzado a retirar su candidatura, dejando como principal postulante oficialista al que fuera ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, identificado como el principal operador político y represivo del Ejecutivo, y quien ha sido acusado directamente por Morales de estar detrás del atentado que sufrió en octubre de 2024.

Este clima de confrontación tiene consecuencias legales graves para el MAS: la ley electoral boliviana establece que cualquier fuerza que no supere el 3% de los votos válidos pierde su personería jurídica, lo que podría marcar el fin formal del instrumento político que dominó la escena política boliviana durante casi dos décadas.

A esta crisis se suma la ruptura política entre Evo Morales y Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado. Aunque por años fue considerado el “delfín” político de Morales dentro de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Rodríguez se distanció gradualmente, evitando actos conjuntos y ausentándose del lanzamiento del nuevo instrumento político “Evo Pueblo” en marzo pasado.

Su lanzamiento como candidato presidencial marcó una ruptura definitiva. Desde el entorno de Morales, este paso fue interpretado como un acto de traición. Ante la exclusión del tres veces presidente de Bolivia, ninguna candidatura aglutina de manera sólida a las bases históricas del MAS. Y en las últimas encuestas, Rodríguez figura cuarto y hasta quinto, sin llegar a los dos dígitos.

Por eso, mientras avanza la cuenta regresiva hacia el 17 de agosto, el evismo consolida su estrategia de cara a lo que consideran un proceso electoral excluyente, manteniendo como bandera la consigna: “Ni sumisión ni resignación: voto nulo por la dignidad del pueblo” ante un escenario, no solo de un gobierno de derecha dura, sino también ante una Asamblea Legislativa copada por estos grupos que puede hacer retroceder los logros históricos del proceso de cambio que se inició en 2006. “Inicia una nueva etapa de resistencia”, admiten en el entorno de Evo.

La persecución judicial en Bolivia

Un extenso informe le entregó Alanoca en mano al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en el que denuncia una “ofensiva autoritaria” por parte del gobierno de Luis Arce, en el marco de una creciente crisis institucional, económica y social que atraviesa Bolivia. El mismo también fue presentado al diputado nacional Aldo Leiva.

El documento acusa a Arce de haber abandonado el proyecto popular e inclinarse hacia alianzas con sectores conservadores y empresariales. Según los denunciantes, el gobierno ha instrumentalizado a la justicia, la policía y los órganos electorales para perseguir, desacreditar e inhabilitar a opositores internos, especialmente al propio Morales, de cara a las elecciones presidenciales del 17 de agosto de 2025.

El informe detalla una serie de hechos ocurridos entre 2022 y 2025, entre ellos:

• Asesinatos y narcotráfico: Vinculación de altos mandos policiales y militares con redes criminales y escandalosos casos de narcotráfico, incluyendo la fuga del narco uruguayo Sebastián Marset y el tráfico de cocaína hacia Europa.
• Corrupción sistemática: Denuncias de enriquecimiento ilícito que implican a ministros y familiares directos del presidente Arce, así como fraudes dentro de instituciones estatales claves.
• Represión y persecución: Bloqueos reprimidos con violencia, asesinatos de campesinos, detención de dirigentes sociales y ataques judiciales contra Evo Morales, quien actualmente acumula 16 procesos judiciales en su contra.
• Asonadas militares y manipulación institucional: Acusaciones cruzadas en torno a un presunto autogolpe militar en 2024, manipulación del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral para inhabilitar a Morales y entregar la sigla MAS-IPSP a sectores afines al gobierno.
• Crisis económica: Escasez de dólares, combustible, inflación, y advertencias de organismos internacionales sobre una posible crisis alimentaria y riesgo de hambruna.

Uno de los puntos más críticos del informe es la denuncia de un “golpe judicial” consumado con la decisión de la Corte Suprema de impedir la candidatura de Morales.

Paralelamente, el informe acusa al gobierno de intentar proscribir la participación del movimiento popular cancelando las siglas de partidos aliados a Morales, como PANBOL y FPV, y reprimiendo las movilizaciones pacíficas que intentaban inscribir candidaturas.

Aseguran que Bolivia vive una grave regresión democrática, orquestada por una alianza entre el gobierno, sectores empresariales, fuerzas de derecha, organismos judiciales, medios de comunicación y apoyo extranjero. Acusan a Luis Arce de haber traicionado al proceso popular y de buscar protegerse judicialmente mediante una coalición con antiguos opositores.

“Estamos conscientes del poder de esta asociación […] tememos por las vidas de nuestros hermanos y de nuestro líder Evo Morales”, advierte la carta dirigida a Pérez Esquivel, pidiendo la solidaridad de la comunidad latinoamericana.

*Fuente: CanalAbierto