El desafío no es crecer, sino superar la desigualdad

7 de junio 2026

Recientemente, en una de sus agudas columnas semanales, el periodista Daniel Matamala llamaba a preguntarse por las causas de fondo del mediocre desempeño exhibido por la economía chilena en los últimos años, apuntando en definitiva a la superficialidad con que se suele abordar este problema en el debate político nacional y destacando, en cambio, el escaso grado de diversificación y el crónicamente pobre desarrollo productivo de la economía nacional.

Lo primero que habría que señalar es que, siendo esta observación correcta, solo pone de relieve una realidad que necesita, a su vez, ser explicada. El diagnóstico no es nuevo. Desde hace muchos años han sido  numerosos los economistas que han señalado e insistido, una y otra vez, que para mejorar el desempeño de la economía nacional resulta indispensable agregar valor a los productos que se producen y exportan desde Chile. Y sin embargo pasan los años y todo sigue igual.

La pregunta entonces es, por qué estas cosas son como son. Y si hacemos un poco de memoria recordaremos que hasta el golpe de 1973 las capacidades productivas existentes en Chile eran un poquito más diversificadas y complejas. Aquí se fabricaban televisores, aparatos de radio, tocadiscos, calculadoras, neumáticos, se armaban automóviles, etc. Pero en lugar de desarrollarse más, todas esas capacidades productivas fueron destruidas por una decisión política deliberada.

Esa decisión, adoptada por la dictadura a propuesta de los Chicago-boys, fue la de terminar de raíz con las políticas de desarrollo impulsadas bajo el alero protector del Estado y abrir unilateralmente de par en par las puertas de la economía chilena a la voracidad de las empresas transnacionales. El principio invocado fue el de la «subsidiariedad» del Estado y el procedimiento la abrupta disminución de los aranceles que protegían a la producción de la industria nacional.

Las consecuencias no se hicieron esperar: en el plano económico, se produjo una insolvencia y quiebra masiva de empresas  o, en algunos casos, su conversión en importadoras de los mismos bienes que antes fabricaban, todo lo cual redujo en 10 puntos la participación de la industria manufacturera nacional en el PIB; en el plano social, lo que experimentamos fue un aumento extraordinario del número de desempleados y un fuerte incremento de la pobreza más extrema.

Pero este harakiri económico no cayó del cielo sino que fue gatillado en función de los insaciables apetitos del gran capital transnacional que buscaba en todo el mundo abrir las economías para hacer prosperar sus negocios. La justificación «técnica» esgrimida por los ideólogos del gran capital fue doble: 1) si es más barato importar un producto no debe elaborarse internamente; 2) lo único importante es la rentabilidad de lo exportable, no su nivel de sofisticación tecnológica.

Es del todo evidente que tal justificación sintoniza con los intereses de los capitalistas y no del pueblo trabajador o de un proyecto de desarrollo nacional. A los capitalistas les permite abaratar sus costos laborales e incrementar la rentabilidad de sus inversiones pero a expensas de los trabajadores que quedan sin trabajo y los intereses del país que sufre la pérdida de las competencias técnicas que había logrado acumular en la producción de bienes más complejos.

Se prescindió así de todo proyecto nacional de desarrollo, transformando a los inversionistas privados en el exclusivo motor de la actividad económica. Al Estado solo le correspondería entonces normar, estimular y proteger la iniciativa empresarial privada en todos los planos, convirtiendo a ésta en la llamada a determinar, solo en función de sus expectativas de rentabilidad, el rumbo que tomaría el país. Ese sería el virtuosismo de la llamada cooperación público-privada.

Es claro que los inversionistas que se busca atraer mediante todo tipo de granjerías no están interesados en lo más mínimo en el desarrollo del país ni en la situación de sus habitantes sino exclusivamente en las oportunidades de negocios, lo más seguros y rentables posible, que el espacio económico nacional esté en condiciones de ofrecerles. Y esto no vale solo para los extranjeros sino también para las decisiones de inversión de los grandes empresarios nacionales.

En consecuencia, nada tiene de extraño que en el marco de las políticas neoliberales imperantes no se opere una reorientación significativa del rumbo de la actividad económica. Porque un proyecto de desarrollo nacional, que defina objetivos y medios claros para alcanzarlos, solo puede ser fruto de una voluntad política materializada a través de la acción del Estado, su ordenamiento jurídico y políticas de fomento productivo y promoción social apropiadas en todos los planos.

Pero hay más: el planteo de Matamala es también tributario del paradigma de la economía convencional que se aferra, como principal indicador de desempeño, al objetivo de un crecimiento permanente de la economía en un contexto de competencia cada vez más exacerbada entre empresas y países, cuyo resultado inevitable es, en lo inmediato, una minoría de ganadores junto a una gran mayoría de perdedores y, en un plazo algo mayor, la catástrofe ambiental definitiva.

En rigor, lo que se necesita hoy para asegurar condiciones de vida dignas y seguras a toda la población del planeta no es un mayor incremento de la explotación de los seres humanos y la naturaleza sino una apropiación colectiva de la riqueza acumulada a fin de producir de manera sustentable lo necesario para asegurar la cobertura universal de las necesidades humanas básicas y, sobre eso, el reconocimiento de las capacidades y esfuerzos aportados por cada cual.

En efecto, para superar la pobreza en el mundo no se requiere incrementar los actuales niveles de la producción sino reorientarla decididamente desde la constante producción de males como el armamentismo y el despilfarro de bienes suntuarios hacia el objetivo de satisfacer las necesidades y aspiraciones del grueso de la población. Para acabar con el desempleo tampoco es indispensable crecer más: basta con reducir la jornada de trabajo y redistribuir las horas disponibles entre todos.

La pobreza en el mundo no es fruto de insuficientes capacidades o niveles de producción sino de la aberrante desigualdad social existente, la que es creada y constantemente reproducida e incrementada por los criterios de racionalidad económica, centrados en la incesante valorización del capital, del sistema de explotación capitalista actualmente imperante. Y también lo son los agudos conflictos políticos entre nacionales y la catástrofe ambiental actualmente en curso.

Una mayor explotación de los seres humanos y depredación de la naturaleza solo aproxima a la humanidad al abismo de su propia destrucción. Esto lleva necesariamente a pensar a nivel global en algo radicalmente distinto: a esforzarnos por avanzar en la perspectiva de construir un nuevo orden económico mundial, que sustituya la actual competitiva guerra económica de todos contra todos por armónicas relaciones de cooperación y solidaridad entre los pueblos.

La dicotomía que se observa entre las necesidades de la sociedad como un todo y los intereses de las empresas privadas responde al hecho, puro y simple, de que el objetivo supremo que orienta e impulsa la actividad de estas últimas es la valorización del capital, esto es la rentabilidad privada de la inversión, mientras que las necesidades e intereses sociales se resumen en un objetivo claramente distinto: valorizar la vida de las personas, tanto en el plano material como espiritual.,

El desafío político que esta perspectiva plantea es, ciertamente, inmenso, pero es necesario asumirlo como el horizonte de las pequeñas y superficiales luchas cotidianas que se libran actualmente en el marco de los fragmentados espacios económicos y políticos nacionales como la única salida racionalmente consistente con la naturaleza y extrema gravedad de los problemas y amenazas que los seres humanos encaramos en el presente.