07 de junio de 2026
Organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y sobrevivientes de la dictadura marcharon hasta La Moneda para rechazar la posibilidad de que el gobierno otorgue indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad. La movilización surge tras declaraciones del Presidente José Antonio Kast y del ministro de Justicia que abrieron la puerta a evaluar eventuales beneficios penitenciarios.
Miles de personas se movilizaron este sábado desde Plaza Baquedano hasta el Palacio de La Moneda para rechazar cualquier intento de otorgar beneficios o indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura civil-militar.
La manifestación, convocada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales junto a la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, contó con autorización de la Delegación Presidencial Metropolitana y reunió a familiares de ejecutados políticos, detenidos desaparecidos, sobrevivientes de la represión estatal y diversas organizaciones sociales.
Entre los asistentes estuvo la senadora Fabiola Campillai, quien se sumó a las demandas de verdad, justicia y memoria impulsadas por los manifestantes.
La movilización se produce en medio de la preocupación generada por declaraciones del Presidente José Antonio Kast, quien a mediados de mayo afirmó que estudiará “caso a caso” la posibilidad de conceder indultos. A ello se sumaron recientes declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien señaló que eventuales solicitudes de indulto serían evaluadas según las circunstancias particulares de cada condenado y los antecedentes incorporados en sus respectivos expedientes.
Para las organizaciones convocantes, cualquier posibilidad de otorgar beneficios a responsables de secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones constituye una señal de impunidad incompatible con los compromisos internacionales del Estado chileno en materia de derechos humanos.
Los manifestantes advirtieron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que la sociedad chilena mantiene una deuda pendiente con las víctimas y sus familias, reafirmando que la memoria, la verdad y la justicia no pueden quedar sujetas a cálculos políticos ni a decisiones administrativas.
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