¡No se mendiga soberanía para salvar un negocio corrupto y destructivo!

Los gremios de la pesca del sur austral enviaron una carta al embajador de Estados Unidos en Chile para pedir que Washington revierta el arancel de 12,5% aplicado a los productos chilenos. Dicen defender el trabajo, la dignidad y el futuro de las regiones. Pero la escena es brutal: dirigentes chilenos golpeando la puerta de una embajada extranjera para implorar que no castiguen el negocio del salmón.

Esa imagen no habla de libre comercio. Habla de dependencia.

Durante décadas nos dijeron que los tratados comerciales traerían prosperidad y estabilidad. Lo que construyeron fue una economía subordinada, donde miles de trabajadores quedan a merced de decisiones tomadas en Washington, Bruselas o Tokio. Basta un decreto de la Casa Blanca para poner en alerta a regiones enteras. Y la respuesta no es exigir soberanía económica al Estado chileno, sino pedir una audiencia al embajador estadounidense.

Pero el problema es aún más profundo. Porque lo que se está defendiendo no es simplemente una actividad productiva; se está defendiendo un régimen de poder.

La industria salmonera chilena no es una víctima inocente del proteccionismo norteamericano. Es una de las actividades económicas más cuestionadas por contaminación de fiordos, expansión sobre territorios costeros, precarización laboral, accidentes fatales y una larga historia de vínculos entre grandes empresas, autoridades, organismos fiscalizadores y operadores políticos. El caso Nova Austral mostró con crudeza cómo una empresa podía sobreproducir, falsear información ambiental y obtener beneficios públicos mientras el aparato estatal miraba hacia otro lado. No fue una excepción: fue una radiografía del modelo.

^{Gremios de la pesca artesanal de la zona sur austral del país remitieron una carta al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para solicitarle que se retrotraiga la decisión de aplicar un arancel de 12,5% a los productos chilenos. La misiva busca dejar sin efecto una medida que los dirigentes califican de injusta y que, advierten, tendrá consecuencias importantes para el desarrollo del sur de Chile.
Las organizaciones firmantes —entre ellas Condepp y Corepa, además de sindicatos de pescadores artesanales y armadores— reaccionaron así a la sobretasa aplicada por la administración del presidente Donald Trump, a la que describen como un «castigo» para la cadena productiva regional. En esa cadena, subrayan, participan directamente las familias de la pesca artesanal.}

Hace apenas unos días murió otro trabajador salmonero en Chonchi durante un turno nocturno. Con él, ya son al menos once los trabajadores fallecidos este año en la industria salmonera chilena. ¿De qué dignidad hablan cuando un sector económico acumula muertos con una frecuencia que diversos dirigentes califican como un récord mundial de mortalidad acuícola? ¿Qué valor tiene una cadena exportadora si quienes la sostienen con su trabajo regresan en ataúdes a sus hogares?

Aquí está la gran operación ideológica: se utiliza el nombre de los trabajadores para blindar los intereses de los conglomerados. Se invoca el empleo para proteger un negocio estructurado para la exportación, subsidiado de múltiples formas por el Estado, favorecido por una legislación hecha a la medida del gran capital y defendido por una red de influencia que atraviesa ministerios, servicios públicos, gobiernos regionales y parlamento.

Cuando llegan los beneficios, se privatizan. Cuando llegan las pérdidas, se socializan. Y cuando Estados Unidos impone un arancel, quienes aparecen en primera fila no son los accionistas de Mowi, Cermaq, AquaChile o Blumar, sino los pescadores, los sindicatos y las comunidades que dependen de una economía regional moldeada por décadas de concentración y dependencia.

La carta enviada al embajador Brandon Judd no exige romper esa dependencia. No exige diversificar la economía del sur, fortalecer la pesca artesanal, industrializar la producción, recuperar el control democrático del borde costero ni garantizar condiciones laborales seguras. Pide una conversación, una reconsideración, un gesto de buena voluntad del poder imperial.

Eso no es soberanía; es administración colonial del comercio.

La pregunta no es cómo convencer a Washington de que sea más amable con el salmón chileno. La pregunta es por qué el sur de Chile sigue organizado alrededor de un modelo que concentra riqueza, externaliza costos ambientales, acumula muertos y ha convertido al Estado en garante de intereses privados.

Porque la soberanía no se mendiga en una embajada. Y la dignidad de los trabajadores no puede seguir utilizándose como escudo para perpetuar un negocio cuya historia reciente está escrita con contaminación, privilegios, corrupción y demasiados funerales.

La pesca artesanal austral, hoy, no es sino el más pordiosero apéndice de lo que hace 20 años atrás alguien llamó EL ESTADO SALMONERO…

Corrupción Salmonera: Contra todosy todas

Nadie puede desconocer el irreparable daño ambiental que produce la industria salmonera en las aguas del sur de Chile. Aún más, cuando son áreas protegidas como un Parque Nacional. Y si a este ecocidio le agregamos delitos como el fraude tributario, falsificación de instrumento público y deficiente fiscalización, se puede concluir que hay una corrupción…

 por Hector kol 16 mayo, 2024