Perú: En vigilia continua 

14 de enero de 2023
El gobierno de Dina Boluarte, que en un mes y tres días de gestión carga con 40 muertos civiles por disparos de las fuerzas del orden y 620 heridos durante protestas, mantiene el toque de queda, las detenciones arbitrarias y los cercos policiales para ahogar las manifestaciones que piden adelantar las elecciones generales a este año y no esperar hasta 2024, como pretende la mayoría conservadora del Congreso, aliada del Ejecutivo. El desempeño de la presidenta y de sus socios políticos y mediáticos ha indignado a un sector de peruanos, que expresa sus demandas en las calles, y revivido un lema popular de los años ochenta: «No matarás, ni con hambre ni con balas». Las vigilias, los cortejos fúnebres y los actos culturales se multiplican como espejos en memoria de las víctimas.

Boluarte era la vicepresidenta del gobierno de Pedro Castillo y asumió como jefa de Estado el 7 de diciembre, luego de que el exmaestro rural diera un autogolpe, atrapado en investigaciones fiscales por corrupción. Sin bancada, la abogada formó gobierno con los llamados fraudistas, de derecha y ultraderecha, que en 2021 alegaron que hubo trampa en el balotaje y no reconocían la derrota de su candidata, la conservadora Keiko Fujimori.

Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se entrevistó esta semana con autoridades y deudos de las víctimas de la represión de diciembre, pero su presencia no disuadió a la Policía. Este miércoles, agentes dispararon a manifestantes cerca del aeropuerto de Cusco y dejaron un líder comunal muerto y 37 heridos civiles. Seis policías sufrieron fracturas o contusiones, según reportó el gobierno regional.

LUTO EN EL ALTIPLANO

Sin embargo, la región más golpeada por las prácticas violatorias de derechos humanos es Puno, en la frontera con Bolivia. Las protestas empezaron el viernes 6 y terminaron el lunes con 17 muertos por disparos de la fuerza pública. La región aimara no participaba de las manifestaciones en el resto del país −que reiniciaron el 4 de enero−, pero el periodista Jaime Calapuja sostiene que la población se plegó a raíz de los agravios de congresistas y del Ejecutivo hacia los puneños.

Los políticos y la prensa capitalina aseguraron que infiltrados bolivianos y narcotraficantes financiaban las protestas. Luego, parlamentarios de derecha acusaron a Evo Morales de injerencia en la política peruana. Dos días después, el Ministerio de Interior prohibió el ingreso del expresidente y otros ocho bolivianos a Perú.

«Dijeron también que las marchas eran subvencionadas por el narcotráfico y contrabandistas. El viernes fueron manifestaciones pacíficas, pero el sábado [la población] percibió que se vulneró la racionalidad y proporcionalidad cuando llegaron policías de Lima y el Ejército. Por eso se manifestaron en el aeropuerto»,

explicó Calapuja en radio Santa Rosa.

En diciembre, uno de los asesinados por el Ejército en Ayacucho fue un ciudadano que en la puerta de su casa ayudaba a un manifestante herido; en Juliaca, el interno de medicina Marco Antonio Samillán murió el lunes por disparos de la Policía, cuando auxiliaba voluntariamente a lesionados cerca del aeropuerto.

Este miércoles, decenas de miles acompañaron el cortejo fúnebre en Juliaca, con ataúdes donados por funerarias porque las familias de casi todos los muertos tienen recursos escasos. Como en diciembre, videos de Tiktok y radios locales difundieron lo que la televisión de Lima evitó. Una red de trabajadores de las culturas realizó este jueves una nueva jornada de «artistas unidos contra la dictadura». Además, representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional y, nuevamente, la Defensoría del Pueblo, piden que cese el uso desproporcionado de la fuerza.

«Todos los análisis aun sinceros y competentes, hechos desde la lejana Lima, carecen de un elemento esencial: escuchar y entender la cosmovisión y el proyecto de sociedad del otro. El Perú será intercultural o no tiene futuro»,

anota el pronunciamiento de religiosos benedictinos que trabajan en Puno y que destacan «la reciprocidad entre iguales» como valor de los pueblos originarios como el aimara, golpeado estos días.

*Fuente: Brecha

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