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La irresistible e inalterable marcha del modelo 

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Finalizadas ya las elecciones municipales, comienzan a hacerse presentes los preparativos para las presidenciales que tendrán lugar el próximo año. Pareciera ser, así, voluntad de los actores políticos entretener a la población nacional con los devaneos de la escena política durante los meses venideros; pocos se atreverán a levantar la voz contra esa frenética carrera por ocupar la más alta magistratura de la nación. En esos febriles ajetreos, la estructura social no sólo se mantendrá intacta y sin alteraciones, sino se robustecerá notablemente. El período actual, por consiguiente, permite examinar con mayor tranquilidad la evolución de la sociedad en estos últimos meses.

El sistema capitalista es un sistema caracterizado por el acrecentamiento constante del capital; en otras palabras, por la acumulación permanente de riquezas. En el capitalismo, dicha acumulación se realiza en virtud de formas determinadas de hacerlo que se denominan ‘modelos’.  Un modelo económico —o lo que se conoce por tal— no es sino una forma de acumular. Por consiguiente, cuando se habla de instaurar un modelo económico se quiere significar con ello que existe la voluntad expresa de establecer una nueva forma de acumular; así ha sucedido siempre bajo este sistema, así sucedió en Chile bajo el régimen dictatorial presidido por Augusto Pinochet. Esa forma de acumular ha funcionado desde 1978 hasta la fecha, en forma ininterrumpida. Fundada en la premisa que “los mejores negocios se hacen con el Estado”, se caracterizó, entre otros rasgos, por la entrega acelerada de numerosas empresas estatales a manos de particulares (privatización o venta del activo estatal) y la creación de mecanismos que permitieron la formación, en manos también de particulares, de bolsones de riqueza nacidos, precisamente, en virtud de la realización de negocios con la Administración. No deja de ser paradojal que tanto la “reducción del tamaño del Estado” —eufemismo dado al proceso de privatización—como el proceso mismo de acumulación se realizara con mayor anuencia y dedicación durante los sucesivos gobiernos de la Concertación, ni deja tampoco de serlo la circunstancia que las brechas entre ricos y pobres se ensanchasen con mayor virulencia bajo tales gobiernos[1].

Al día de hoy, el modelo instaurado por la dictadura no solamente prosigue su marcha exitosa sino parece estar viviendo su apogeo. Y es que este proceso se ha realizado sin impedimentos impulsado frenéticamente desde la propia ‘izquierda’. La concentración y centralización de capital continúa realizándose sin trabas y el predominio de la banca, como sector económico que hegemoniza el Bloque en el Poder, se acentúa día a día: las riquezas se multiplican en el mundo financiero. Basta observar tan sólo los balances de los bancos para constatar ese hecho. No debe sorprender, en consecuencia, que el “decano” de la prensa señale con gozo, en la primera página de su edición de 23 del presente, que

“Chile avanza por tercer año consecutivo y sube al puesto 37 en ranking global sobre facilidad para hacer negocios”[2].

No debe llamar tampoco la atención que el último ranking trimestral confeccionado por Ernst & Young y Oxford Economics haga promisorios pronósticos para la economía chilena señalando que

“Chile sería una de las diez economías más dinámicas durante el próximo año […]”[3].

No debe sorprender, finalmente, que el gobierno de Sebastián Piñera haya hecho un balance positivo del último Doing Business expresando que

“[…] de aprobarse las reformas de la Agenda Competitiva en el Congreso, Chile podría alcanzar el lugar 15 en la medición 2014”[4].

En efecto, las condiciones para hacer negocios en Chile han mejorado ostensiblemente. El país se ha transformado en un inmenso mercado donde cada cual busca apropiarse de una mayor porción en el reparto de la riqueza social. Puesto que la ideología de las clases dominantes (en esta fase, sinónimo de espíritu de lucro) es la ideología de las clases dominadas, no debe sorprender que dicho espíritu constituya hoy parte del alma nacional y determine su cultura. Desde la instauración del modelo elegido por la dictadura, poco a poco, nos hemos ido transformando en un país de negociantes.

Dirigida la nación por una coalición que representa naturalmente al sector hegemónico del Bloque en el Poder, resulta hasta lógico que el espíritu del lucro, transformado en cultura, descienda como un dios sobre la ciudadanía, y que todos quieran multiplicar su riqueza a costa de todos. Las citas de negociantes se suceden unas a otras; la última de ellas, realizada el día 29 del pasado mes de septiembre, denominada “cumbre empresarial” convocada por el propio gobierno a través de su Ministerio de Economía tuvo como participantes a

“[…] cinco ministros y representantes de los principales gremios empresariales del país a fin de aunar diagnósticos y soluciones para levantar las cortapisas que entraban el avance de importantes proyectos de inversión”[5].

La banca, en estrecha alianza con el comercio, hegemoniza la conducción de la sociedad en su conjunto sin encontrar resistencia alguna por parte de los demás sectores. El peso se fortalece en desmedro de los exportadores y de la industria nacional, y permite a la banca asumir con extraordinaria celeridad los eventuales compromisos financieros que pudo haber adquirido con bancos de otras naciones. No olvidemos que, en la época actual, el comercio del dinero se realiza a través de ese sector de la economía, pues obtiene créditos en el exterior con  la única finalidad de prestarlos al interior del país.

“El sector exportador no tradicional ha visto disminuida su competitividad por este concepto, pero también se adicionan otros factores, como el aumento de los salarios y de la energía. Creo que culpar al peso, y esperar que sea éste el encargado de devolver toda la competitividad perdida es injusto, tan injusto como pedir esa tarea al Banco Central […]”,

ha expresado Jorge Selaive, economista Jefe del BCI Estudios[6].

Una moneda excesivamente cara perjudica a la industria nacional porque encarece el valor de los productos de exportación; las pocas mercancías que se fabrican al interior de la nación no resultan competitivas en el comercio externo. Además, el retorno se hace poco atractivo pues las divisas que ingresan se encuentran notoriamente devaluadas frente a la moneda nacional, situación que se traduce en un perjuicio para ese sector.

“El peso chileno está alcanzando el extremo superior de su rango de equilibrio […]”,

ha confesado el ministro de Hacienda Felipe Larraín, en una entrevista que concediera  a Dow Jones Newswires para ser publicada por “The Wall Street Journal Americas”[7].

Y Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central:

“[…] la apreciación del peso chileno es una fuente de preocupación para la institución”[8].

En la economía, generalmente, muchas de las operaciones se regulan en virtud de lo que se conoce como ‘efecto suma cero’: lo que un sector pierde, naturalmente otro lo gana. Si es el interés de la banca lo que predomina, no cabe la menor duda que la única beneficiada con la sobrevaluación de la moneda será la actividad bancaria y sus derivados pues quienes operan en calidad de gestores suyos verán abaratarse las divisas, hecho que les permite acumularlas para pagar, más tarde, el pago de sus compromisos externos. Ganarán, en consecuencia, las compañías de seguro, las financieras informales, las Administradoras de Fondos Previsionales, las tarjetas de crédito y la construcción de viviendas. La construcción materializa la acumulación dineraria y, si no hay un control riguroso en el comercio del dinero, es el sector más propicio para preparar “burbujas” financieras que pueden, a menudo, provocar graves distorsiones en el campo de la economía.

¿Quién va a perder en estos trajines? Pues, como ya lo hemos dicho, la industria y los sectores exportadores que verán disminuir el valor de sus divisas cuando el retorno se realice[9].

Esos efectos no ocurren, sin embargo, por casualidad. Obedecen a la concentración de la riqueza en determinados segmentos sociales: se sabe que cuando los negocios no resultan atractivos para los inversionistas, éstos guardan su dinero esperando mejores oportunidades; las crisis comienzan a generarse por esas circunstancias.

No constituye un mero slogan la aseveración según la cual, en Chile los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. Y es que no ha sucedido, como lo indicaran los defensores del modelo, que mientras más dinero ingresa al bolsillo de los ricos más debería caer a manos de los pobres. Ocurre simplemente lo que siempre ha de ocurrir en un sistema donde se privilegia la acumulación capitalista: el capital crece y crece; ininterrumpidamente por cierto, porque tal es su esencia, porque tal es su única finalidad. Aunque hay un débil derrame hacia los sectores más desprotegidos, el sentimiento de pobreza no disminuye; por el contrario, se acentúa en la medida que las desigualdades se intensifican. Veámoslo en una de las ramas de la producción como lo es la construcción. En este rubro hay cifras exitosas: el IMACON (Índice Mensual de Actividad de la Construcción) ha registrado la mayor alza experimentada desde 1993  (año en que dicho índice alcanzó un 12,5%) tras crecer un 12% en agosto. No se suponga, sin embargo, que ese crecimiento ha sido igualitario, es decir, similar para todos los sectores sociales. Las cifras, por si solas, nada significan si no se hacen comparaciones. Veamos el caso de la Región Metropolitana. La venta de viviendas dentro de esa división territorial ha experimentado un notable auge, estimándose que en los meses que restan de este año debería cerrar con índices récord. Según lo expone el ‘decano de la prensa’

“En el tercer trimestre de 2012 las ventas de viviendas nuevas en la Región Metropolitana registraron un alza de 7,6% anual, totalizando 8.382 unidades”.

Este crecimiento, sin embargo, no es parejo; la Región Metropolitana tiene sectores altos, medianos y bajos. En los sectores acomodados, dicho índice es mayor. Para muestra, un botón: dentro del rubro de venta de departamentos, el sector de Santiago Centro arrojó un 19%, en tanto que Lo Barnechea alcanzó un 27%.

El aumento, por consiguiente, tiene dos aspectos importantes que destacar:

a)      Existen unidades cuyos valores son inferiores a 10 mil UF (unidades de fomento) y su participación en el comercio total, aunque elevada, es significativamente menor que el otro rubro. En realidad, las 10 mil UF indicadas más arriba constituye sólo una cifra pues el segmento más alto de compras de viviendas no excede el precio de 3 mil UF; y,

b)      Existen viviendas cuyo valor excede las 10 mil UF siendo extraordinariamente alta su participación en el comercio total.

En efecto, no es casual que las casas cuyo valor excede las diez mil unidades de fomento (aproximadamente unos $ 226.000.000) se vendan con extrema facilidad. A los sectores acomodados les sobra el dinero.

“En los primeros siete meses del año, se han escriturado casi 200 casas nuevas sobre las 10 mil unidades de fomento en el Conservador de Bienes Raíces. Según los datos que maneja Real Data, el 72% de éstas se encuentra entre las 10 mil UF mientras que el 26% se mueve en el rango de entre 15 mil y 20 mil UF”[10].

Del total indicado, un 54% son viviendas usadas que han alcanzado ese precio por la alta valoración de los terrenos ubicados en el sector del barrio alto.

La Inmobiliaria Manquehue, que pertenece a la familia Rabat, ha comenzado la construcción de un proyecto en Piedra Roja (sector Chicureo) de 201 casas que, bajo el nombre de Barrio Privado Montepiedra, se venderán a un valor que excede las 9.500 U.F. superando con ello el valor promedio al que se habían vendido las anteriores (6.512 U.F.) 1.600 que existen actualmente en ese lugar[11].

Los sectores de altos ingresos manifiestan una fuerte tendencia al lujo y al despilfarro. Se trata de estamentos que quieren reproducir en Chile la vida de lujo de los norteamericanos en Florida. Por lo mismo gustan de vehículos rápidos y dotados de los más avanzados sistemas de computación. Las marcas de mayor valor han comenzado a ser usadas frecuentemente por los estratos altos chilenos. Esta conducta se reproduce en los estamentos inferiores que también han querido no quedarse atrás en la satisfacción de sus deseos, y comienzan a despreciar los vehículos que cuestan menos de 10 millones de pesos, prefiriendo otros de mayor valor[12]. La situación es tal que el Gerente de Operaciones para la Toyota Chile (Chief Business Officer), Clive Jijena, manifestó el 22 de octubre de 2012 su complacencia por las compras de vehículos indicando que los chilenos comenzaron a adquirir vehículos hasta 4 millones más caros

“[…] porque el segmento de lujo es atractivo, porque hay una sensación de bienestar (en el país) y no existe el sentimiento culposo que había antes por comprar un auto de lujo”[13].

Esta tendencia a vivir con ostentación sin importar lo que pueda suceder a otros estratos sociales se reproduce en la generalidad de las áreas de la economía; y, por supuesto, también se prevé que Santiago debería ser la segunda ciudad de Latinoamérica que más aumentaría su oferta en hoteles de lujo[14].

¿Será Chile uno de esos llamados ‘países emergentes’ cuyas burguesías, sedientas de copiar la conducta de las clases dominantes de las grandes potencias, quieran hacer suya la costumbre de contratar, también, el tipo de mayordomo inglés que, en Londres, puede llegar a cobrar por sus servicios hasta U$ 230.000 al año? Ha dicho, al respecto, Sara Vestin Rahmani, directora de Bespoke Bureau, agencia de formación y reclutamiento de personal de alto nivel:

“La gente con dinero en países como China busca lo que no tiene para conseguir prestigio. Quieren impresionar a sus invitados y amigos con la etiqueta de un mayordomo inglés […]”[15]

De todas maneras, el consumo de licores importados ha aumentado notablemente así como la producción de vinos destinados a los estratos más altos de la sociedad. El Clos Apalta de la Viña Lapostolle vale $ 100.000 (aproximadamente unos 180 euros); lo mismo cuesta adquirir un Kai, de la Viña Errázuriz, o un Carmín de Peumo, de la Viña Concha y Toro.  El más caro es el Almaviva correspondiente a la cosecha de 2010, de la Viña Almaviva, cuyo valor alcanza los $130.000. Atrás quedan los Cabernet Franc de 2010, de la Viña Maquis, que sólo valen $ 75.000, o el Domus Aurea de 2010, de la Viña Domus, cuyo precio no se empina por sobre los $60.000 al igual que el Malbec Viú 1, de la Viña Viú Manent.

En todos los años de democracia post dictatorial no se han introducido talas o reajustes (reformas) al sistema de propiedad de las AFP, de las ISAPRES ni de los establecimientos educacionales. Por el contrario: se puede decir que ha existido consenso dentro de los actores de la escena política de la nación en cuanto no sólo a mantener ese sistema sino a perpetuarlo. No pocos dirigentes de las propias organizaciones políticas participan en negocios o desempeñan cargos ejecutivos en empresas ya sea formadas por sus palos blancos o expropiadas a los trabajadores. El caso más emblemático es el de Eduardo Aninat, militante de la Democracia Cristiana que, luego de su desempeño como Ministro del gobierno concertacionista de Eduardo Frei Ruíz-Tagle, pasó a dirigir la Asociación Nacional de ISAPRES. ¿Podría confiarse a semejante persona la eventual labor de nacionalizar tales institutos a sabiendas cuáles eran sus verdaderos intereses?

Las ISAPRES constituyen hoy una de las principales fuentes de transferencia de plusvalor pues nada producen y, no obstante, permiten la apropiación de recursos por la vía del negocio de la salud. CruzBlanca, una de las más grandes, posee 540 mil afiliados; Consalud, mayor, aún, tiene 640 mil; están, además, Masvida, Vida Tres, Banmédica (formada con los hospitales de la ex Caja Bancaria de Pensiones), etc. Todas ellas poseen profesionales encargados del examen preventivo de sus asociados; como éstos pocas veces concurren a hacerse tales revisiones (por las que deben pagar), las ISAPRES se han visto en la disyuntiva de poner fin a los servicios de esos médicos. No pueden hacerlo, sin embargo, pues se colocarían en graves dificultades frente a sus asociados. Por eso han ideado bajar los costos de varias atenciones, otorgar gratuidad a ciertos servicios y otras medidas que aparecen como dádivas a su clientela, para el caso que ésta adopte un estilo de vida más saludable. No lo hacen porque hayan adquirido mayor sensibilidad social sino para evitar colapsos en determinadas áreas del negocio de la salud[16].

El martes 6 de este mes, envió el ministro de Salud Jaime Mañalich al Congreso una indicación que tenía por objeto impulsar un Plan de Salud Garantizado destinado a poner fin a la discriminación que existe por edad o sexo respecto de las tarifas de los afiliados en las diversas ISAPRES. Demás está decir la cerrada oposición que el proyecto encontró en esas instituciones que temía se produjera

“[…] una fuga importante de personas”,

según lo señaló Hernán Doren, el actual presidente de la asociación de esos organismos.

La iniciativa fracasó por oponerse a ella Ernesto Silva, diputado UDI, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, vinculado por razones familiares a la ISAPRE Banmédica, lo que hizo afirmar a un periódico de la capital:

“Todo indica que el millonario negocio de las ISAPRES no enfrentará cambios legislativos profundos”[17].

En efecto, el 14 del mes en curso, la Superintendencia de Salud informó que, entre enero y septiembre de este año, las utilidades de esas empresas experimentaron el incremento de un 36,1%, lo que arroja un total de 66.352 millones de pesos. Según lo explicó la autoridad, este aumento tan significativo, que no se daba desde 2005, se debía al

“[…] incremento de las cotizaciones en comparación a su gasto en prestaciones y licencias médicas”[18].

Que las ISAPRES arrojasen utilidades en un período como el indicado no debía haber sorprendido. Dos fueron, sin embargo, las circunstancias que dieron a este anuncio el carácter de escándalo: la primera fue el excesivo monto de esas utilidades; la segunda, que dichas utilidades estuviesen compuestas por una mayor cotización de los propios afiliados o de personas que de FONASA decidieron emigrar hacia el sistema privado. Esta afirmación, que reconoce explícitamente como utilidades de los dueños de las ISAPRES la cotización obligatoria de los imponentes, hizo avergonzar al propio ministro Jaime Mañalich, en el programa ‘Entrevista del domingo’, de TV el día 18 de este mes.

“[…] todos estamos obligados a cotizar un 7 por ciento para salud […] cuando se está obligado y una parte sustantiva se retira como utilidad, uno dice que hay algo que no está funcionando”.

Las utilidades de las ISAPRES, agregó el ministro,

“[…] a mí no me parecen correctas. Se me obliga a cotizar para salud, y en ese sentido uno entiende que puede haber un lucro. Que aquello que yo sobrecotizo no pueda ser para mi vejez es algo que la ley trata de corregir también”[19].

Algunos partidos de la Concertación, especialmente durante la época en que eran gobierno, incursionaron en la creación de empresas de subcontratación en el área del cobre. Difícil sería pedirles hoy que contribuyan con su voto a aprobar una ley orientada a prohibir el negocio de las subcontrataciones. No ocurre de manera diferente con los ‘sostenedores’ de los colegios particulares en donde existen fuertes intereses de parte de quienes, precisamente, deberían encabezar las reformas legales al sistema de propiedad de la enseñanza pues hasta las organizaciones políticas más ‘progresistas’ se han involucrado en el lucrativo negocio de la enseñanza[20]; el caso de las universidades es aún más patético. Intentemos incursionar en este escabroso terreno; el llamado CAE o Crédito con Aval del Estado nos ayudará a entender un poco más el estallido de las protestas estudiantiles.

Este instrumento fue instaurado bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, en 2006, con la finalidad que los estudiantes, con el aval del Estado, pudieran acceder a créditos para realizar sus estudios en las instituciones financieras. No olvidemos que Chile es uno de los pocos países del mundo en donde los propios jóvenes deben financiar sus estudios.

Según Sergio Bitar, ex ministro de Educación del gobierno de Lagos, y principal responsable de la medida, el CAE

“[…] fue una buena decisión, y significó en su momento un avance importante para paliar las posibilidades de acceso a la educación superior de jóvenes de menores ingresos […] Esto se saca del contexto histórico, porque hace 10 años la gran preocupación era que una gran cantidad de jóvenes no tenía recursos para financiar los estudios. Fue un paso importante, pero son pasos progresivos. Hoy, hay que hacer mucho más, por eso está muy bien el subsidio al crédito y una reforma a la Ley de Acreditación”[21].

Puesto que era el Estado quien fijaba el monto de los intereses, los bancos no mostraron mayor interés en el negocio, por lo que el Fisco decidió ‘incentivar’ a dichas instituciones crediticias. Nació, así, lo que se conoció como la “recarga”, que consistió en la facultad concedida a los bancos gestores de esos créditos, de revender al Fisco parte de los mismos cobrando un sobreprecio. Así, entre 2006 y 2011, el sistema dio a los bancos la posibilidad de obtener ganancias por 150 mil millones de pesos. Solamente en 2009

“[…] el Fisco pagó una “recarga” a la banca por UF 4.226.540, cifra que se podría haber traducido en educación gratuita para los 72 mil alumnos que en 2009 obtuvieron el CAE, ya que en 2009 los bancos BCI, Falabella, BancoEstado y Scotiabank entregaron en total UF 4.169.000 para este crédito”[22].

Lo cierto es que hoy, cuando el gobierno de Sebastián Piñera ha determinado conceder una rebaja de intereses a los estudiantes reduciendo el porcentaje anterior del 6% al 2%, la diferencia entre ambos guarismos, es decir, el 4%, será pagado por el Estado a los bancos generando un desembolso de 857 millones de dólares que no va a la educación sino al bolsillo de esas instituciones financieras. Según Andrés Lozano, ex Secretario Ejecutiuvo de la Comisión Ingresa,

“[…] a partir de la información histórica disponible, se proyectó la evolución de cada una de las cohortes. Luego, se generaron los cuadros de pago al 6 % y al 2 % y con ellos se calculó la diferencia en las cuotas. Descartando los créditos ya comprados a los bancos y aquellos de quienes no van a pagar, la suma alzada de estas diferencias asciende a los 857 millones de dólares. En valor presente, descontando al 6 % más la compensación a quienes ya comenzaron a pagar cuotas, el monto sería de 418 millones de dólares”[23].

Detengámonos brevemente en el caso de las AFP y, principalmente, en el de la CUPRUM, cuyo principal accionista es el Grupo Penta, conglomerado ligado a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Administrar el dinero de los trabajadores ha sido desde tiempos pretéritos un excelente negocio: no sólo permite obtener remuneraciones altas, generalmente mayores a las que perciben los ministros de Estado e, incluso, el propio presidente de la República, a quienes toman sobre sí la responsabilidad de hacer los negocios con los dineros de los trabajadores, sino confiere a éstos un poder político y económico de envergadura. Lo que sucede en las AFP puede darnos una idea de este poder.

En 1982, cuando recién se había instaurado el sistema que se apropió de los fondos de los trabajadores para hacer negocios con ellos, la incidencia que presentaban los montos acumulados en el Producto Interno Bruto PIB  del país era casi nula; diez años más tarde, dicha incidencia se había elevado en forma violenta representando casi un 35% de aquel. En 2007, los fondos ya constituían un poder de proporciones alcanzando un 86,5 del PIB (Producto Interno Bruto), pero al año siguiente cayeron al 55,8%. Hoy se representan el 75% de ese índice (estimado para este año en U$ 265.951.000.000) y alcanzan un total de U$ 200.776.000.000[24]. Del total de los ahorros previsionales que existe en las diversas cuentas de las AFP tanto en el país como en el exterior, el 76% (es decir, U$ 153.000.000.000) corresponden a las cotizaciones obligatorias que se han retirado del sueldo de los trabajadores depositándose en esos organismos; se trata, en palabras más simples, dinero de los trabajadores que es administrado por manos ajenas.

Existen en Chile siete AFP algunas de las cuales han pasado a manos de capitales extranjeros en los últimos años. A principios de 2012 pasó a manos del grupo colombiano SURA la AFP Capital, la tercera más grande de las AFP chilenas; es probable que la más grande (Provida), perteneciente al BBVA, sea vendida en algunos meses más al grupo Metlife que ha intentado hacerse con la propiedad de la mayoría de sus acciones. Señala, al respecto, un articulista:

“Los últimos ocho años, ha sido constante el traspaso de las AFP entre diversos grupos económicos. Como caso ejemplar, el 2007 ING compró al Banco Santander todos los activos previsionales en América Latina por US$ 1.300 millones. El 2012, ING vendió a Sura de Colombia, el mismo paquete de AFP latinoamericanas en US$3.760 millones. Negocio redondo”[25].

Cuprum fue vendida a mediados de octubre pasado al grupo norteamericano Principal Financial Group por un total de 1500 millones de dólares; anteriormente se había dicho que el comprador pagaría solamente 958 millones[26]. No se sabe que pasará más adelante con Habitat, que pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, ni con Modelo, de propiedad de Andrés Navarro; ni tampoco con Planvital. Lo cierto es que los dineros de los trabajadores siguen en manos privadas que continúan realizando grandes negocios en provecho personal.

¿Cuál es la situación de las AFP hoy, en Chile?

Digamos tres cosas al respecto:

Respecto del número de afiliados, que suman en total 9.186.723, Capital tiene una participación de un 20,55% con 1.888.304 personas; Cuprum, de un 6,78%, con 622.785; Provida, de un 37,44%, con 3.439.051; Habitat, de 23,49%, con 2.157.565; Modelo, de 7,46%, con 684.893; y Planvital, de 4,29%, con 394.125.

En cuanto al número de cotizantes, que suman un total de 5.156.132, Capital posee un20,33%, con 1.048.174; Cuprum, un 9,68%, con 499.335; Provida, un 34,55%, con 1.781.475; Habitat, un 24,81%, con 1.279.267; Modelo, un 7,14%; y Planvital, un 3,49%, con 179.940.

Finalmente, en cuanto a los fondos administrados, que suman un total de $ 74.895.794 millones, un 21,66% pertenece a Capital, con $16.221.752 millones; un 20,73% a Cuprum, con %15.525.983 millones; un28,47% a Provida, con $ 21.324.800 millones; un 25,79% a Habitat, con 19.318.525 millones; un 0,50% a Modelo, con 378.052 millones; y un 2,84% a Planvital, con 2.126.682 millones.

Cuando comienzan las campañas electorales para elegir un presidente, cuando se comienza a hablar de las ‘primarias’ como un hecho cierto e irreversible, no parece estar en la mente de los candidatos y sus sostenedores un ajuste o modificación a la forma de acumular. Por el contrario, el modelo impuesto por la dictadura en 1978 prosigue su marcha inalterable e impetuosa sin que, al parecer, exista voluntad política por parte de sus detractores de detenerla. Y es que nada sabemos de esa voluntad; menos, aún, de si estarían en condiciones de cumplir la palabra empeñada en caso de pronunciarse favorablemente al respecto. La moda de las elecciones, al menos la de las municipales (recientemente realizadas), no ha sido solamente ocultar la militancia política de los candidatos sino olvidar la entrega de programas o planes para el caso de ser elegidos; es posible que esta moda informe gran parte de la nueva campaña que se inicia. En esas condiciones, no parece que exista otra alternativa a la perpetuación del modelo. O, lo que es igual, a la perpetuación del dominio que ejerce una clase sobre otra. Y, en este sentido, viene a bien recordar las expresiones de ese catalán, orgulloso de su pertenencia a los altos estratos:

“Claro que hay lucha de clases. Pero es mi clase, la de los ricos, la que ha empezado esta lucha. Y vamos ganando. Estamos ante la revolución de los ricos”[27].

Santiago, noviembre de 2012


Notas:

[1] Recientemente se ha sabido que Ernesto Livacic, militante de la Democracia Cristiana que ocupara el cargo de Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras dio su aprobación en 1999 para que se cobrara los más altos intereses a los créditos que se concedían a los sectores de menores ingresos aumentando fuertemente las ganancias de las instituciones financieras; desde 2005 y hasta hace un año fue director del Banco Ripley y hoy, es director de CAR S.A., emisor de Tarjetas Ripley. Véase, al respecto, art. de Claudia Urquieta “El ex superintendente de Bancos que ahora es director…”, ‘El Mostrador’, 7 de noviembre de 2012.

[2] ‘El Mercurio’, 23 de octubre de 2012, pág. A-1.

[3] N.M.: “Chile entra al grupo de las diez economías que más crecerían en 2013”, ‘El Mercurio’, 26 de octubre de 2012, pág. B-9.

[4] Anónimo: “Longueira confía en apoyo de los parlamentarios”…, ‘El Mercurio’, 23 de octubre de 2012, pág. B-6.

[5] Editorial: “Cumbre pro inversión y competitividad”, ‘El Mercurio’, 28 de septiembre de 2012, pág. A-3. Los ministros que participaron en dicha cumbre fueron el propio titular de Economía Pablo Longueira, María Ignacia Benítez (de Medio Ambiente), Jorge Bunster (Energía), Cristián Larroulet (Secretaría General de la Presidencia) y Hernán de Solminihac (Minería). Los gremios estuvieron representados por Lorenzo Constans, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); Andrés Concha, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA); Juan Cuneo, presidente del directorio de Falabella S.A.; Alfonso Swett, director de FORUS, e Ignacio Cueto, ejecutivo de LAN.

[6] Celedón Porzio, Silvana: “El peso está alcanzando el extremo superior de su rango de equilibrio”, ‘El Mercurio’, 20 de octubre de 2012, pág. B-7.

[7] Celedón Porzio, Silvana: Id. (6).

[8] Castañeda, Lina:”Apreciación del peso es fuente de  preocupación…”, ‘El Mercurio’, 26 de octubre de 2012, pág. B-8.

[9] El sector exportador se ha visto en la necesidad de trabajar con un dólar que se eleva por sobre los 300 pesos sin superar jamás los 400, para evitar sorpresas desagradables.

[10] Pattillo, María de los Ángeles: “Mercado de casas sobre 10 mil UF…”, ‘El Mercurio’, 20 de octubre de 2012, pág. B-8.

[11] Gutiérrez V., Marco: “Manquehue refuerza planes en Chicureo…”, ‘El Mercurio’, 13 de noviembre de 2012, pág. B-8.

[12] Gutiérrez V., Marcos: “Suben ventas de autos nuevos sobre $ 10 millones…”, ‘El Mercurio’, 3 de noviembre de 2012, pág. B-3.

[13] Gutiérrez V., Marcos:”Toyota: Consumidores están comprando…”, ‘El Mercurio’, 23 de octubre de 2012, pág. B-3.

[14] Véase ‘El Mercurio’ de 25 de septiembre de 2012, Sección Economía y Negocios, pág. B-1.

[15] Abarca, Ramón: “Mayordomos ingleses se ponen de moda en países emergentes”, ‘El Mercurio’, 29 de octubre de 2012, pág. A-7.

[16] Olivares, René: “ISAPRES ofrecen a afiliados reembolsar costos…”, ‘El Mercurio’, 2 de noviembre de 2012, pág. C-7.

[17] Urquieta Ch., Claudia: “ISAPRES detienen reforma de la industria”… ‘El Mostrador’, 13 de noviembre de 2012.

[18] Sierralta, Pía: “Utilidades de las ISAPRES suman 66.352 millones…”, ‘La Tercera’, 15 de noviembre de 2012.

[19] El Mostrador: “Mañalich critica…”, 18 de noviembre de 2012.

[20] Los hechos son bastante conocidos y llenan muchas páginas; no insistiremos sobre el particular.

[21] Urquieta Ch., Claudia: “Los 857 millones de dólares que pagará el Estado a los bancos”…, ‘El Mostrador’, 17 de octubre de 2012.

[22] Urquieta Ch., Claudia: Id. (21).

[23] Urquieta Ch., Claudia: Id. (21).

[24] Arroyo A., Cecilia: “Ahorros previsionales equivalen al 75% del PIB,…”, ‘El Mercurio’, 22 de septiembre de 2012, pág. B-3.

[25] Lorenzini, Gino: “Por qué debería importarnos que la AFP Cuprum haya pasado”… ‘El Mostrador, 18 de octubre de 2012.

[26] Arroyo, Cecilia y Pizarro, Julio:”Principal alcanza acuerdo con Pentan y lanzará OPA”… ‘El Mercurio’, 9 de octubre de 2012, pág, B-2.

[27] González, Jesús Sérvulo: “Estamos ante la revolución de los ricos”, ‘El País’, 12 de noviembre de 2012, pág. 40.

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