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Costa Rica: Universidades públicas marcharán para defender su autonomía

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Estudiantes, docentes y administrativos de las cuatro universidades públicas marcharán este martes 21 de agosto a partir de las 9 a.m. hacia el Tribunal Supremo de Elecciones para reafirman la autonomía universitaria por medio de una actividad pacífica que culminará con un concierto en la Plaza de la Democracia.

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) informó que la actividad tiene el objetivo de ‘reafirmar la autonomía universitaria como el principio fundamental que permite a las instituciones públicas de educación superior tener la libertad de procurar las condiciones necesarias para dar cumplimiento a su misión educativa, científica y cultural’.

De acuerdo con el pronunciamiento de la UNA, emitido el 16 de agosto, las universidades deben tener ‘independencia de cualquier poder ajeno a su ámbito que pudiese, en la forma que fuere, impedirles que funcionen como centros generadores de pensamiento crítico y libres de presiones o medidas que pudieran alterar la consecución de las funciones que la sociedad espera de ellas’.

El artículo 84 de la Constitución Política señala textualmente: La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios.

Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. El estado las dotará de patrimonio propio y colaborará a su financiación.

Complementariamente, el artículo 88 establece que para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o al órgano director correspondiente de cada una de ellas.

Inadmisibles presiones externas
Sin embargo, la UNA lamentó que ‘con motivo de haber hecho públicos mediante acuerdos, pronunciamientos, libros, conferencias y foros, los resultados de diversos estudios que muestran los graves perjuicios que tendría para el país una eventual aprobación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos (TLC), las universidades públicas costarricenses han sido objeto de inadmisibles manifestaciones y presiones externas por parte de algunos sectores que socavan el principio constitucional de autonomía universitaria’.

‘Lamentablemente, tales presiones y manifestaciones encontraron asidero en la resolución Nº 1617-E-2007 del Tribunal Supremo de Elecciones, al indicar ésta de manera inexacta que: a los funcionarios públicos de la Universidad de Costa Rica les aplican, de igual modo, todos los extremos de la resolución Nº 1119-E-2007, así como las disposiciones del reglamento ya citado y de la presente resolución, lo que impide adicionalmente la publicación en medios de comunicación masivos, con recursos públicos, de campos pagados a favor o en contra del texto objeto de la consulta‘, añadió el Consejo Universitario de la UNA.

De acuerdo con el pronunciamiento, ‘la resolución Nº 1617-E-2007 incurrió en un grave error cuando pretendió impedir que las universidades publiquen en medios de comunicación masiva campos pagados sobre el tema objeto de la consulta en el próximo referéndum, pues con esto no solo se prohibía la publicidad en sentido estricto, sino también cualquier acto de manifestación de criterio que éstas realicen en el ejercicio y cumplimiento de su función social’.

‘Pensamos que el problema de la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones fue su falta de claridad en la redacción y en los propósitos. De ahí la aclaración oficiosa de la sentencia Nº 1617-E-2007, aun cuando en la lista de documentos incorporados al expediente, punto 4, inexplicablemente se omite nuestro acuerdo SCU-1117-2007, de fecha 26 de julio del 2007‘, añade la UNA.

En ese acuerdo, ‘precisamente hacíamos esa recomendación a dicho Tribunal en los siguientes términos: El ordenamiento jurídico actual no establece medidas efectivas de impugnación de las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones. No obstante, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional le sugiere a esa entidad que, de oficio y de cara al referéndum, salvaguarde la potestad jurídica de las universidades de ejercer plenamente sus funciones de análisis y crítica sobre los asuntos nacionales, conforme al principio constitucional de autonomía universitaria. Es lamentable, en todo caso, que esta aclaración haya tenido que darse como resultado de la reacción enérgica de las universidades ante un error que nunca debió cometerse’.

Según la UNA, ‘por el clima que se ha creado a partir de exigencias claramente violatorias del régimen de autonomía, propaladas por sectores afines a la aprobación del TLC, las universidades públicas consideran necesario reafirmar de manera clara y contundente el principio de autonomía universitaria, tanto en su consideración de libertad académica, como por el rango fundamental de que goza en el Derecho Constitucional’.

Por su parte, el Frente de la Universidad de Costa Rica (UCR) contra el TLC hizo un llamado para que las universidades públicas muestren en la marcha del 21 de agosto los ‘valores y bondades‘ de cada facultad, con el fin de que se haga visible la acción social que realizan las universidades públicas en Costa Rica.

* Fuente: www.argenpress.info

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