Estados Unidos: Debe rectificarse el grave error judicial de Luisiana

Tyler fue declarado culpable en 1975 del asesinato de Timothy Weber, escolar de 13 años de raza blanca al que habían disparado en el exterior de la Destrehan High School, escuela de enseñanza secundaria de St Charles Parish, en el curso de unos disturbios raciales. Tyler estaba entre los muchos estudiantes negros que regresaban a sus casas a bordo de un autobús cuando éste fue atacado con piedras y botellas por personas de raza blanca; según se dijo, el disparo que mató a Timothy Weber provenía del autobús. Tras el episodio, todos los estudiantes varones que iban en el autobús fueron registrados de inmediato, y el autobús dos veces. No se encontraron armas. A continuación se trasladó el autobús con todos los estudiantes a la comisaría de policía. En el interrogatorio, una estudiante afirmó que en el autobús iba sentada junto a Tyler y le había visto disparar un arma contra la multitud. Tras esta declaración, la policía “encontró” un arma automática del calibre 45 introducida en uno de los asientos a través de un gran desgarrón visible en la tapicería. Ese mismo asiento ya se había registrado, sacudido y vuelto del revés varias veces, sin encontrarse nada. Gary Tyler fue puesto bajo custodia en la comisaría de policía, donde, según firmes indicios, fue salvajemente golpeado. No hizo ninguna declaración que lo comprometiera en ningún aspecto.

En el momento de los hechos había fuertes tensiones raciales en la zona debido a que la comunidad blanca se resistía a la integración racial. Se producían frecuentes enfrentamientos en los que la organización Klu Klux Klan tenía un papel protagonista.

Gary Tyler fue juzgado por un jurado formado exclusivamente por personas de raza blanca, del que habían sido deliberadamente excluidos los miembros de la comunidad negra. La representación letrada con que contó en el juicio fue sumamente deficiente; su abogado, de raza blanca, estaba especializado en causas civiles y, en total, sólo había pasado una hora con su defendido en todo el año que transcurrió hasta la celebración del juicio. Además, no se entrevistó con testigos, ni presentó ningún perito, ni realizó comprobación alguna de las pruebas materiales aportadas por el estado, ni opuso objeciones a los gravísimos errores cometidos por el juez en el proceso, que después, en la vista de apelación, darían lugar a que se calificara el juicio de “fundamentalmente injusto”.

Desde el juicio han salido a la luz indicios de que Gary Tyler no disparó a la víctima, incluidos testigos que habían declarado contra él en el juicio y más tarde se retractaron alegando que la policía los había coaccionado para que declarasen en su contra, así como unas pruebas periciales de dudosa calidad que no implicaban de manera clara y definitiva a Gary Tyler en el asesinato.

En 1977, a partir de una sentencia de la Corte Suprema estadounidense en 1976 por la que se había declarado inconstitucional la aplicación de la pena capital en el estado, la condena a muerte que le había sido impuesta en un principio quedó anulada y se le conmutó la pena por otra de prisión perpetua sin posibilidad de libertad bajo fianza, de libertad vigilada o de suspensión de condena por un periodo de 20 años.

Una corte federal de apelaciones resolvió, mediante dos decisiones, que Tyler había sido “declarado culpable sobre la base de cargos inconstitucionales” que habían “contaminado el juicio” hasta el extremo de convertirlo en “fundamentalmente injusto”.

En la primera decisión, el tribunal anuló la condena impuesta a Gary Tyler y ordenó un nuevo juicio. Sin embargo, tras un recurso presentado por el estado, el tribunal revocó su decisión anterior de ordenar otro juicio, aunque no cuestionó su conclusión de inconstitucionalidad y se reafirmó en la opinión de que el juicio había sido fundamentalmente injusto. Al menos en tres ocasiones distintas, la Junta de Indultos de Luisiana recomendó a dos gobernadores del estado diferentes que se le redujera la pena a Gary Tyler, lo que automáticamente le habría permitido solicitar la libertad bajo fianza, pero estas recomendaciones fueron rechazadas.

Si no se hubiera declarado inconstitucional la pena de muerte en Luisiana, es muy probable que a estas alturas Gary Tyler ya hubiera sido ejecutado. Amnistía Internacional solicita al gobernador Blanco que rectifique tamaña injusticia concediendo el indulto a Gary Tyler con efecto inmediato y ordenando una investigación completa e independiente sobre su caso para llevar ante los tribunales a cualquier persona que haya participado en operaciones de encubrimiento o abusos.

Encontrarán más información sobre el caso de Gary Tyler, así como información pormenorizada sobre los motivos de preocupación de Amnistía Internacional, en Estados Unidos: El caso de Gary Tyler (índice AI: AMR 51/089/1994).

* Si le interesó el tema, le invitamos a leer este artículo:  Amnistia Internacional: El caso de Gary Tyler, Luisiana