Colombia: Mas allá del Premio Nóbel de la Paz a Santos, la guerra, con sus diversas expresiones, continúa

De nuevo, la élite colombiana ha logrado salir indemne de todo el dolor y el vejamen que produjo en más de 50 años.  Esta vez, incluso, con los laureles de un premio Nobel aunque es verdad que a la vista de algunos casos de asignación de ese premio (recientes y no tanto) no demuestran que siempre se premie una voluntad de paz[1].

En esta ocasión se otorgó la distinción a un representante de la élite colombiana que subió al poder al amparo del presidente de la guerra Uribe Vélez y, entre algunos de sus “logros” como Ministro de Defensa, se cuentan los bombardeos de tecnología israelí aún por fuera del territorio nacional y los denominados falsos positivos.  Sin embargo, para la Academia, apareció otro Santos, el del proceso de paz, lo cual no sería cuestionable por el proceso en sí y por el reconocimiento del carácter político de una organización como las FARC, en contra de su antiguo jefe y del eco de esos alaridos retardatarios por uno u otro punto del Acuerdo para la terminación del conflicto.

Pero eso dista de un reconocimiento de Santos y a esa élite pues ese premio, asignado de esa manera, constituye una inconsistencia desde varios puntos de vista.  Por una parte, no es una persona que haya dedicado su vida a la paz.  Por el contrario, fue un agente catalizador de la guerra y conflicto en los diversos escenarios en que se ha desempeñado.  El incienso, los ditirambos y loas Abadianas[2] quedan en duda. De otro lado, es el representante de una clase política que es responsable en gran medida del conflicto en cuanto ha gestado la discriminación, la marginación y la injusticia y amenaza perpetuarlo.  Una muestra de ello es la guerra tributaria que ahora se impone al pueblo colombiano[3] y las demás políticas que incrementan o perpetúan la desigualdad. Es decir, si se tratara de realzar el suceso mismo de llegar a un acuerdo, no es la persona de Santos la que debe realzarse sino que el equipo que trabajó en ello tanto del Gobierno Nacional como de las FARC y, obviamente, las víctimas.

Pero esto, que pareciera irrelevante, produce una contrariedad histórica que no puede pasar desapercibida.  Propicia la lectura según la cual el gobierno y la sociedad perdonan a los insurgentes pero ni el gobierno ni el Estado son perdonados u ofrecen perdón por el conflicto armado que desataron.  Por ello es importante destacar la causalidad del conflicto no sólo como constancia sino como fórmula de no repetición de las causas que lo originaron.  No puede olvidarse que con el pacto frentenacionalista dirigentes liberales y conservadores se autoammistiaron y recibieron como pago la repartiña burocrática.

Durante lo que se co­noce como la Violencia en Colombia, en los gobiernos de Ospina Pérez y Laureano Gómez, se activaron los escuadrones de la muerte conocidos como chulavitas[4] a quie­nes se atribuyen buena parte de los asesinatos durante esos gobiernos, el último de ellos “el dictador más sangriento de la historia latinoamericana del siglo XX”[5].  Pero fue este último, en asocio con otro responsable de persecuciones y violaciones a derechos humanos, Alberto Lleras C., gestaron los acuerdos de Sitges y Benidorm.  Las dos agrupaciones políticas pactaron una salida al conflicto, obviando cualquier responsabilidad por la desolación que dejaron.  Apenas alusiones vagas e inanes a los odios heredados.

En el actual proceso, dentro del Acuerdo General para la terminación del Conflicto suscrito entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC que dio inicio a las negociaciones en 2012, emergía un compromiso para las partes en el sentido de establecer las causas que lo originaron y con ello establecer la responsabilidad. Es así como en 2014 se creó la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas –CHCV- cuyo trabajo dio como resultado el texto Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia[6].   Si bien no se produjo una posición unánime por parte de los investigadores, una tendencia fuerte dentro del análisis de la misma fue censurar el orden social vigente injusto y excluyente y no sólo a los actores de la guerra.[7]

Pero además, el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica: Basta ya, Colombia, Memorias de guerra y dignidad[8] resalta otro dato relevante.  Dentro de una lógica estatal de exterminio son asesinados más de 3000 integrantes de la Unión Patriótica[9] en una operación que se denominó el baile rojo[10]. Adicionalmente, se produjeron masacres en los municipios de los depar­tamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Córdoba, Meta, Magdalena, Putumayo y Sucre, principalmente[11] y un desplazamiento interno de las más grandes proporciones. Se han documentado cerca de 1982 masacres entre 1980 y 2012, de las cuales el 58,9% se atribuyen a paramilitares, 17,3% a la guerrilla y 7,9% a la fuerza pública[12].

https://www.youtube.com/watch?v=%20QVL54FcZq5E

Entre 1997 y 2013 han sido registradas como desterrados un total de 5.185.406 de personas[13], mu­cho de ellos por causa de la estrategia paramilitar[14] con la complacencia del Estado, léase, la élite política y económica.  Pero aún más, si se atiende a las causas que originaron el conflicto, incluso bajo la visión de exclusión que materializó el Frente Nacional, se advierte que los Acuerdos[15] no desactivaron todos los elementos de injusticia.  Un solo ejemplo basta para demostrarlo.  El mundo del trabajo pasó desapercibido dentro de los mismos a pesar de que la desigualdad estructural y las normas que han pauperizado la condición del trabajador.  A esto se suma, la incorporación de la sostenibilidad fiscal para el cumplimiento de lo acordado.  Es decir, el esfuerzo de la élite para lograr la paz se condiciona a que se siga gravando el trabajo sin afectar el capital.  Curiosa forma de ver la paz.  En efecto, esos grandes capitales sí aportaron para la guerra en sendos impuesto al patrimonio y otras figuras y han preferido siempre vigilar su propiedad y agredir a quienes potencialmente pueden afectarla que incorporar la democracia económica y la igualdad de oportunidades.  Finalmente, todavía continua activa la maquinaria paramilitar de exterminio, tal y como ya se ha denunciado.

En fin, ahora que se conoce el comunicado de la sentencia C-699 de 2016 de la Corte Constitucional y el proceso de implementación de los Acuerdos, surgen todas esta serie de incógnitas que hace dudar acerca de lo estable y duradero de los mismos y de lo que pueda seguir con las negociaciones que se desarrollen con el Ejército de Liberación Nacional.  Viendo el premio Nobel en ese prisma, parecería más una mampara para esconder una dura realidad: la guerra, con sus diversas expresiones, continúa.

Gracias a: Tlaxcala
Fuente: http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=19532
Fecha de publicación del artículo original: 25/12/2016
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Notas

[1]              Por sólo citar dos agentes de guerra, entre los que se encuentra Teodoro Roosevelt (1906, dos años después de I took Panama), Henry Kissinger (1973, el inspirador del Golpe de Estado en Chile), Barack Obama (2009, entre otros “merecimientos”, la invasión a Libia y los ataques a Siria).  Pareciera lógico entonces que el Comité Nobel noruego seleccione a alguien que haya hecho o vaya a realizar esa clase de acciones

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