"Nuestros familiares genocidas deben seguir en la cárcel"

¿Las razones? En primer lugar, la gravedad de los delitos cometidos por unos y otros es muy distinta. Los presos y presas de la revuelta social se encuentran en “prisión preventiva” (“medida cautelar” excepcional aplicada en ausencia de una sentencia judicial condenatoria y que no presume de su culpabilidad); los reos comunes han cometido delitos que jurídicamente constituyen un perjuicio producido entre privados; en cambio, los pocos violadores de los derechos humanos que han recibido sentencias condenatorias son autores de crímenes imprescriptibles (según la Convención Internacional de 1968 suscrita por Chile en 2012) que atentan, como decía el propio Patricio Aylwin, contra la fibra moral de nuestra sociedad toda vez que el daño fue provocado a la Sociedad Civil por parte de agentes del Estado.
En segundo lugar, las condiciones de vida y el grado de exposición a la pandemia son incomparables. La situación de los reos comunes y políticos en los diversos centros penitenciarios constituye un gran motivo de preocupación para las agrupaciones de DDHH en Chile, y, en el contexto actual, cada vez más para la comunidad internacional: hacinamiento, escasa higiene, alimentación deficiente, falta de atención médica, carencia de mascarillas y desinfectantes, poca ventilación… Muy distinta es la situación de los reos de Punta Peuco y de los otros recintos privilegiados.
Como familiares de esos criminales, muchos de nosotros conocemos bien el lugar reservado para ellos: habitaciones de 36m2 para dos personas, cuyas camas se encuentran a más de un metro y medio de distancia; un baño para cada pieza; un comedor común con sillas y espacio más que suficiente para el bajo número de detenidos; un patio de 1500 m2 por módulo penal, en el cual pueden reunirse y hacer asados; libertad de circulación… A lo cual se suma el acceso a recintos hospitalarios institucionales de alto nivel: según el ranking del Global Health Intelligence (2019) tanto el Hospital Militar como el DIPRECA se encuentran entre los diez mejor equipados de Chile.
Si la situación penal es tan diferente, entonces ¿por qué ciertos sectores de la sociedad insisten en denunciar una supuesta discriminación hacia nuestros familiares? ¿De qué mal sueño extrajo Jacqueline Van Rysselberghe que en Punta Peuco existe una población penal expuesta al contagio “fruto del hacinamiento que existe en esa cárcel”? ¿Se trata de un sector político que está mintiendo, o que simplemente no sabe de lo que está hablando? Respecto a la posición del (des)gobierno actual, ¿acaso pretende nuestro Presidente, ansioso de Gloria, aprovecharse de esta situación de “excepcionalidad dentro de la excepción” jurídica para imponer una agenda unilateral que anularía los pocos y difíciles avances que ha logrado nuestro país en materia de derechos humanos?
Porque los criminales de lesa humanidad han gozado durante años de las condiciones penales que hemos descrito; porque no han mostrado arrepentimiento (¡y vaya que lo sabemos!); porque no han aportado información para contribuir a la verdad; porque aún hoy mantienen pactos de silencio; porque no hay circunstancia alguna que justifique su horroroso actuar; porque, en fin, conociéndolos como miembros de sus familias, reiteramos nuestro rechazo a este nuevo subterfugio de la derecha: no deben estar en la calle.
Así, nos pronunciamos contra la liberación de los criminales de lesa humanidad y en favor de las demandas de los reos comunes y presos políticos en Chile.
Historias Desobedientes-Chile
Hijas, hijos y familiares de genocidas
por la Memoria, la Verdad y la Justicia
4 de abril de 2020