El indulto de la ultraderecha a criminales de lesa humanidad

18 de septiembre de 2026

Sería oportuno que, ya que recordamos los cincuenta y tres años del golpe de Estado, que el embajador de Estados Unidos —quien parece disfrutar entrometiéndose en la política interna de Chile, con la anuencia o la mediocridad de la ultraderecha gobernante— nos explicara la probada intromisión del gobierno norteamericano de la época en el derrocamiento de Salvador Allende. Vale la pena recordar una verdad ineludible: el golpe fue una decisión tomada por el presidente Richard Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger antes de que Allende asumiera la presidencia de la República.

Podríamos entregarle al embajador, entre otros documentos, un compilado desclasificado por el National Security Archive que confirma que el fracaso de los planes de EE. UU. para impedir el triunfo de Allende en las urnas gatilló una orden directa de Nixon: el 5 de septiembre de 1970 instruyó al director de la CIA, Richard Helms, activar el Track II con el objetivo explícito de promover un golpe militar.[1]

Sería importante también que el Ejército recordara que, siguiendo esas instrucciones, en el período entre la elección de Allende y su confirmación por el Congreso, un grupo de oficiales de las FF.AA., junto a integrantes del movimiento terrorista de ultraderecha Patria y Libertad, asesinaron a su comandante en jefe, el general René Schneider, considerado por el gobierno de Nixon el principal obstáculo para sus planes golpistas. El plan era culpar a la izquierda del crimen, generar caos político-institucional y forzar una intervención militar que impidiera que Allende asumiera el poder.

Todo esto ayudaría también a terminar con eufemismos como «golpe cívico-militar» o «régimen militar», inventados para evitar decir golpe de Estado y dictadura. Lo cívico se refiere al respeto por las normas de convivencia y el bienestar común, algo muy distinto de lo que organizaron civiles y militares en 1973. Por eso debiera decirse golpe de Estado civil-militar, dejando en claro que no fue una acción exclusiva de los militares, sino que contó con el apoyo de partidos políticos, empresarios, gremios, medios de comunicación y miembros del Poder Judicial quienes  utilizaron a los militares para “hacer el trabajo sucio” asesinar al presidente de la Republica y eliminar todo vestigio del gobierno derrocado.

Y serviría, de una vez por todas, para terminar con los relatos que esconden la servil subordinación de los mandos militares y de las cúpulas políticas y empresariales a los intereses de un gobierno extranjero. Para desmontar el argumento con que Pinochet y los responsables de la represión han justificado el golpe, los asesinatos y la tortura —que la intervención militar fue preventiva, que evitó una dictadura comunista o que fue necesaria para recuperar la legalidad e institucionalidad del país—, mientras se repartían condecoraciones y se declaraban héroes de una guerra contra el comunismo. Cabe preguntarse: ¿qué guerra, contra qué enemigos combatieron, si lo que hicieron fue perseguir, torturar y asesinar a personas mayormente desarmadas, maniatadas y brutalmente debilitadas por los tormentos que les aplicaban?

En lo que sí tienen razón es en que, a través de la doctrina de seguridad nacional, Estados Unidos reorientó a los militares chilenos y latinoamericanos para combatir al «enemigo interno»: la izquierda chilena y sus dirigentes sociales, políticos, sindicales, estudiantiles, intelectuales y profesionales. Para eso inventaron la guerra sucia, con la excusa de extirpar el comunismo y perseguir las ideas revolucionarias que Allende impulsó con un programa socialista y antiimperialista, para hacer de Chile un país soberano al servicio de su pueblo.

Pero cincuenta y tres años después de que, utilizando a los militares, la derecha y sus aliados refundaran Chile imponiendo a sangre y fuego un modelo económico afín a sus intereses, eso no parece suficiente. Hoy, alentados por un gobierno de ultraderecha, pretenden burlar los fallos judiciales y los esfuerzos hechos para impedir que se repitan las atrocidades cometidas durante la dictadura, violentando con impunidad la memoria de miles de víctimas y sus familiares, al pretender indultar a criminales ya procesados y condenados por su responsabilidad en la represión, los asesinatos y la desaparición de miles de compatriotas.

Quienes como militares denunciamos y nos opusimos al golpe de Estado sabemos cómo se planificó la conspiración contra Allende dentro de las FF.AA., y que la represión como política de Estado —incluida la preparación de los centros de detención y tortura— comenzó antes del 11 de septiembre de 1973. La mayoría de quienes hoy buscan ser indultados estuvieron comprometidos con esa planificación: participaron en la preparación del golpe y de los centros de detención y tortura, y algunos torturaron directamente o supervisaron a quienes lo hacían. Por eso nos oponemos al indulto que propone el gobierno de ultraderecha.

El paso del tiempo no resta culpabilidad a quienes participaron en ese proceso de represión: todos cometieron o ampararon crímenes de lesa humanidad, y son tan culpables hoy como el día en que los cometieron. No merecen ser amparados por la impunidad ni por indultos que les permitan eludir la justicia.

La edad o la enfermedad no deberían proteger a los asesinos. Llegar a los 85 o 90 años no convierte a un genocida en una persona justa. El reclamo de verdad y justicia de las víctimas y sus familiares es justo y necesario: quienes convirtieron a hombres, mujeres y niños inocentes en mártires —por ser considerados «enemigos» de una dictadura terrorista— no pueden ser indultados. Liberarlos solo por edad o enfermedad sería una afrenta al país que reclama paz y justicia, y una traición a quienes padecieron ese brutal sufrimiento.

Por eso los indultos que propone el gobierno son un nuevo atropello a la memoria de millones de chilenos y chilenas, pues significan la imposición de la impunidad. Con seguridad, el actual presidente busca responder así a sus compromisos doctrinarios e ideológicos con los criminales recluidos en Punta Peuco: indultarlos equivale a compartir las mentiras históricas construidas durante cincuenta y tres años para protegerlos.

Cabe agregar que, salvo algunas excepciones, los exmilitares candidatos a recibir indulto nunca han mostrado señales de arrepentimiento por los horrendos delitos por los que están recluidos, ni han entregado información que ayude a los familiares a saber qué pasó con los chilenos y chilenas asesinados y desaparecidos. Estos exoficiales se han ocultado en la institucionalidad de las FF.AA. para arrastrarlas en sus actos delictuales. Eso es lo que hicieron el 11 de septiembre de 1973: son ellos, y no las instituciones, los culpables de los crímenes de lesa humanidad que cometieron, actos graves que rompen el pacto social. Por eso, un indulto otorgado institucionalmente significa impunidad y una falta de respeto hacia el sufrimiento de las víctimas. Quien les otorgue el indulto los exime de pagar una condena proporcional al daño causado, y del deber de resarcir al país por el perjuicio cometido.

Enrique Villanueva M

Nota:

[1] Aunque la fecha exacta de la reunión clave. de Nixon con Kissinger, en la Oficina Oval en la que ordenó la activación del Track II (también conocido como Proyecto FUBELT) fue el 15 de septiembre de 1970 —pocos días después de la victoria electoral de Salvador Allende el 4 de septiembre—, los documentos oficiales desclasificados confirman que Nixon ordenó explícitamente a la CIA prescindir de las vías diplomáticas habituales (Track I). Su mandato directo a Richard Helms consistió en organizar un golpe militar clandestino en Chile, autorizando un presupuesto inicial de 10 millones de dólares y ordenándole «hacer chillar la economía» chilena.