Reichsbürgergesetz o el grave peligro de gobernar con listas negras

La democracia no se destruye sólo con golpes de Estado. Puede erosionarse lentamente clasificando personas y reduciendo sus derechos en nombre del orden, la seguridad o la convivencia. La historia muestra que las formas más graves de persecución pueden comenzar clasificando a las personas: peligrosas, indeseables, incívicas, antisociales, sospechosas o incompatibles con el interés nacional.

El nazismo no persiguió sólo a judíos, ni comenzó matándolos en masa. En 1935, en pleno auge, el Parlamento aprobó la Reichsbürgergesetz (Ley de Ciudadanía del Reich). Esta ley dividió a la población entre ciudadanos con plenos derechos y “súbditos del Estado”. Junto con otras leyes, medidas administrativas y acciones policiales, generó un sistema de clasificación, exclusión y persecución por razones sociales, culturales, políticas o raciales.

El nazismo no persiguió solamente a quienes cometían delitos. Persiguió identidades, ideas, orígenes, condiciones sociales y formas de vida. Los migrantes, los homosexuales o los discapacitados eran vistos como “anomalías” o cargas para el Estado. Bastaba con ser socialdemócrata o liberal, pensar diferente o defender derechos, no hacía falta ser comunista. También los intelectuales, periodistas y artistas que no se alinearan con el régimen. Peor aún si se era judío o descendiente de judío.

Si un individuo era clasificado en alguna de estas categorías, poco a poco le fueron quitando derechos sociales, se le impusieron prohibiciones en ciertos trabajos, se anularon derechos políticos y hasta se le arrebató la vida misma.

A esta advertencia sobre hasta dónde puede degradarse un Estado democrático, se suma la propia historia social de Chile, atravesada también por discriminaciones culturales, listas negras, exclusiones administrativas y castigos políticos.

Tras la Guerra Civil de 1891, la derrota política y militar balmacedista se tradujo en castigos administrativos y económicos. Militares y civiles vinculados al bando derrotado fueron apartados de sus cargos, privados de ingresos, pensiones o posibilidades de continuidad laboral.

La pasada dictadura cívico–militar, además de las violaciones más atroces de los derechos humanos, utilizó la burocracia como arma de represalia. Se crearon listas para expulsar estudiantes; despedir funcionarios o periodistas; prohibir el ejercicio de algunas profesiones o recibir beneficios fiscales como pensiones. Se han documentado al menos 157 mil personas afectadas por estas medidas. El Decreto Ley N°604 de 1974 facultó al régimen prohibir el ingreso al país a una lista de al menos 80 mil chilenos, cuyos pasaportes eran marcados con una “L”.

Todas esas formas de exclusión produjeron vidas interrumpidas, familias separadas, trabajos perdidos, carreras truncadas, proyectos destruidos y derechos negados.

Aunque luego tuvieron que ser reconocidas y corregidas, la historia amenaza con repetirse con la pretensión de generar una “ley de incivilidades y vandalismo” que estigmatice a las personas y las excluya de derechos.

Mientras el debate se centre en la evidente aberración jurídica de esa pretensión, nos perdemos de lo fundamental. El punto no es si se trata de delitos o faltas penales ya existentes. Ni qué autoridad decreta la incivilidad, bajo qué procedimiento, o si es posible revertir la pena. Ni quién puede acusar y dar origen a la inclusión en la lista. Tampoco está en el fondo del asunto si nos irrita que una manifestación interrumpa el tráfico, si un grafiti nos ofende o si en ese contexto se generaron daños a la propiedad privada y pública.

No se trata del rechazo a lo que, con buenas razones, puede incomodar, desagradar y afectar de diversas formas.

Nos perdemos de lo fundamental porque el fondo del asunto no es jurídico–formal, ni si ciertas conductas son reprochables o no. El centro del tema es otro.

Una cosa es sancionar hechos concretos conforme a la ley. Pero esta iniciativa no trata de sancionar X o Y hecho punible, puesto que muchos de ellos ya son delitos o faltas. Otra cosa es que el Estado genere una lista que sume a las sanciones establecidas la privación de ciertos derechos, estigmatice a un sector de la sociedad y la divida entre ciudadanos civilizados y vándalos.

Cuando un Estado, invocando la seguridad, la tranquilidad, el orden y el respeto a la autoridad, clasifica a las personas para privar derechos y estigmatizarlas, la frontera entre orden y persecución desaparece. Y el paso de un régimen democrático a uno autoritario se acelera.

Desde su origen, esta medida tiene un sentido político, especialmente después del estallido social. No busca simplemente proteger el orden público: busca preservar el orden económico profundamente concentrado y excluyente. Es una herramienta para limitar la movilización social, debilitar la protesta, disciplinar a los manifestantes y advertir al resto de la sociedad cuál es el costo de desafiar el modelo vigente.

Como si no fuera evidente el sentido social discriminatorio, basta con imaginar el apoyo que daría el poder económico, mediático y político a una lista de ilicitudes y colusiones. Una lista que agregue a sus sanciones (como las clases de ética, por ejemplo), la pérdida del pasaporte, la licencia de conducir, la prohibición de comprar o vender propiedades o acciones en la bolsa, o –mejor aún– la prohibición de ejercer cargos públicos.

El Estado tiene el deber de prevenir y perseguir delitos y faltas, así como garantizar el orden público. Debe sancionar hechos de acuerdo con la Ley. También tiene la obligación de garantizar la disidencia, respetar la organización social y la protesta. En un Estado democrático el derecho a organizarse, reclamar, manifestarse, no es un exceso a tolerar: es parte esencial del respeto a la existencia de ciudadanos.

La historia enseña que las listas negras no empiezan declarando su propósito. Se apoyan  en prejuicios, agravios y temores o simplemente en la indiferencia, porque “a mí no me afecta”. Lo que empieza como criterios, requisitos y exclusiones, termina en la persecución de un Estado autoritario.

Chile conoce demasiado bien ese camino. Es tiempo que la autoridad se ocupe del negocio del crimen organizado e incentive la convivencia, no la polarización. Es tiempo que la sociedad diga no a las listas negras.

-El autor, Raúl Martínez, es Cientista Social.

Santiago, 7 de junio de 2025.

*Fuente: Crónica Digital.