Keiko Fujimori, presidenta del Perú: panorama internacional de las reacciones

Imagen superior: Caricatura en estilo manga de la victoria de Keiko Fujimori en Perú, frente al palacio presidencial, entre el fervor de sus partidarios y un clima de división de Lima a Tokio, el regreso del fujimorismo al poder se analiza desde una perspectiva crítica

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Las siglas se explican al final del artículo

Imaginen titulares como: «La nieta de Mussolini, elegida presidenta de la República», o «La sobrina nieta de Hitler, elegida canciller federal».
Estamos en el Perú, que acaba de encontrarse con una presidenta llamada Keiko Fujimori. Repasemos los comentarios suscitados por esta desoladora victoria.

Cinco objeciones articulan la crítica internacional: el déficit de legitimidad de una victoria por la mínima y cuestionada; el temor a un retroceso autoritario ligado a la herencia familiar; el papel desempeñado por Fuerza Popular, el partido de Keiko, en el deterioro de las instituciones y la aprobación de leyes de amnistía; la fractura regional y étnica entre una costa urbana favorable a Fujimori y unos Andes indígenas leales a Sánchez; y, por último, la inserción del país en una ola conservadora continental alineada con Washington. Las voces favorables a Fujimori II, por su parte, apuestan por la continuidad económica y la promesa de estabilidad.

Elegida al término de la segunda vuelta más reñida de la historia reciente del país —50,13 % frente a 49,86 %, una diferencia inferior a 50.000 votos— y investida el 28 de julio de 2026, la hija del expresidente Alberto Fujimori ha provocado, desde Lima hasta las capitales asiáticas, un mismo conjunto de comentarios: la escasa legitimidad de una victoria por la mínima, el riesgo de un retroceso democrático asociado al fujimorismo, el peso del pasado paterno y el alineamiento regional con Washington.

Tras tres derrotas consecutivas, en 2011, 2016 y 2021, Keiko Fujimori alcanzó por fin, a los 51 años, la Presidencia del Perú. Investida el 28 de julio —fiesta nacional y aniversario de la llegada al poder de su padre treinta y seis años antes—, la dirigente de Fuerza Popular se convirtió en la primera mujer elegida por sufragio para encabezar el país y en la novena persona que ocupa la Presidencia en una década. Su victoria sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez devuelve el fujimorismo al poder veintiséis años después de la caída de Alberto Fujimori, fallecido en 2024 tras cumplir parte de una condena por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

La estrechez del resultado, un escrutinio que se prolongó durante tres semanas, la impugnación de Sánchez —que denunció irregularidades en el voto exterior y acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), antes de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazara su recurso— y el boicot a la ceremonia por parte de varios representantes de la izquierda marcaron el tono de los comentarios. En todas partes, estos oscilan entre la esperanza de una estabilización y el temor a una deriva autoritaria.

En el Perú: bajo examen la distancia entre el discurso y la práctica

En Lima, la crítica más afinada no se centra tanto en la etiqueta de «derecha dura» como en la distancia entre el discurso conciliador de la presidenta y la conducta de su fuerza política. En su editorial, La República se pregunta «cuál de las dos Fuerza Popular» gobernará: la de una presidenta que ha prometido diálogo y pluralismo, o la del bloque parlamentario que, desde sus primeras horas, ha demostrado que sigue actuando como siempre. El diario de centroizquierda reconoce que el primer mensaje fue breve, no confrontativo, evitó la figura del padre y se articuló en torno a siete objetivos concretos; pero recuerda que esa misma bancada parlamentaria acaba de aprobar, en las últimas sesiones de la legislatura saliente, una ley de fuero militar y otra sobre crímenes de lesa humanidad con criterios más restrictivos que los del Estatuto de Roma. Su conclusión es severa: si la brecha persiste, la moderación no habrá sido más que una fachada.

El conservador El Comercio optó por un examen metódico: evaluó cada promesa del primer Mensaje a la Nación a la luz de su viabilidad jurídica, presupuestaria e institucional y señaló sus puntos ciegos, entre ellos la ausencia de una estrategia para la investigación y la innovación. Desde una perspectiva militante, el portal intercultural Servindi reprodujo un ensayo del IDLADS que propone leer el discurso «por sustracción»: lo que lo define, escriben sus autores, no es tanto lo que dice como una serie de silencios precisos, que son decisiones y no olvidos.

La cobertura informativa de Infobae Perú documentó el litigio: una diferencia final de 49.641 votos, el recurso de Sánchez ante la CIDH y su rechazo por el JNE. CNN en Español recogió la advertencia de varios analistas: al tratar de controlar también el Poder Legislativo —el fujimorismo se hizo con la presidencia del Senado—, la nueva mayoría corre el riesgo de confirmar la idea de que ya domina la mayor parte de las instituciones y de volver rápidamente a la opinión pública en su contra.

La síntesis más alarmada procede de la revista Nueva Sociedad, muy leída en los círculos académicos andinos. Según su análisis, desde 2022 el Perú ya estaba gobernado por una coalición autoritaria en la que el fujimorismo desempeñaba un papel central, y las elecciones de 2026 no hacen más que otorgarle legitimidad electoral. Con el respaldo de las organizaciones empresariales y de unas fuerzas armadas protegidas por garantías de impunidad, una presidenta impopular y enfrentada a la protesta callejera podría, a juzgar por sus antecedentes, recurrir a la represión.

En América Latina: la consolidación de un «giro a la derecha»

En la región, el resultado fue interpretado ante todo como la culminación de un viraje conservador. La revista colombiana Semana habló de un «terremoto de reacciones» y subrayó los «silencios de la izquierda». La polémica más intensa se produjo en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro se pronunció antes de que concluyera el recuento oficial, lo que le valió las críticas de una oposición que lo acusó de injerencia.

El semanario mexicano Proceso insistió en el cierre de filas de la extrema derecha regional alineada con Donald Trump —que envió al subsecretario de Estado Christopher Landau— y en la llamativa ausencia de Lula, principal referente de la izquierda democrática del continente. La lista de asistentes, recogida entre otros por La Nación de Costa Rica, dejaba claro el clivaje: Javier Milei, José Antonio Kast, Rodrigo Paz y Daniel Noboa, junto al único presidente de izquierda, Yamandú Orsi, de Uruguay.

El editorial de El Tiempo, de Bogotá, recordaba que una saga familiar divide al Perú desde hace casi cuarenta años entre la adhesión y el rechazo. En la extrema izquierda, el World Socialist Web Site negó que existiera mandato popular alguno: mencionó centros de votación cerrados en barrios obreros, urnas abandonadas y la dimisión forzada del jefe de la ONPE, y vinculó el resultado con una intervención usamericana. El propio Sánchez, nada más conocerse su derrota, denunció un fraude y se negó a reconocer al futuro gobierno.

En USA: el prisma de la «descomposición democrática»

La prensa y los círculos de análisis usamericanos recurrieron ampliamente al vocabulario del retroceso democrático. En NPR, el periodista de investigación Gustavo Gorriti afirmó que el país podría perder la democracia o quedar con una democracia gravemente limitada. Recordó, además, que el Congreso dominado por el fujimorismo acababa de recomendar que se formularan cargos contra él, acusaciones que los defensores de la libertad de prensa consideran absurdas. Antes de las elecciones, el mismo medio había citado a una politóloga que anticipaba una «moderación performativa».

Varias lecturas recurrieron a la teoría política. El World Socialist Web Site recordó que el politólogo de Harvard Steven Levitsky considera el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 como la matriz del «autoritarismo competitivo» que después se reprodujo en la región, hasta llegar al Salvador de Nayib Bukele. The Christian Science Monitor y World Politics Review subrayaron la estrechez del mandato y la resistencia previsible de una amplia parte de la población, mientras Americas Quarterly planteaba la pregunta de frente: ¿quiere Fujimori un orden autoritario o democrático, ella que ha dicho que pretende «gobernar como su padre»?

En sentido contrario, los círculos económicos se aferraron a la promesa de estabilidad. Tanto el Atlantic Council como Bloomberg consideran que su llegada ofrece al país la mejor oportunidad de romper su ciclo crónico de destituciones presidenciales. En el terreno geopolítico, Reuters destacó su interés declarado por reforzar la cooperación con la administración Trump y el «Escudo de las Américas», mientras The Washington Times detallaba un proyecto de seguridad inspirado en El Salvador: una megacárcel basada en el modelo del Cecot y jueces con el rostro cubierto.

En Europa: el prisma de los derechos humanos

La cobertura europea, difundida en gran medida en francés a través de la AFP, encuadró sistemáticamente la investidura desde la perspectiva de los derechos humanos. France 24 describió una toma de posesión celebrada «mientras siguen vivas las críticas de los defensores de los derechos humanos», recordó el encarcelamiento de su padre por crímenes de lesa humanidad y retomó una acusación recurrente: el apoyo de Fuerza Popular a leyes de amnistía que benefician a policías y militares procesados por la violencia del conflicto interno de 1980-2000.

El análisis más severo llegó del medio británico openDemocracy, de la mano del politólogo Alberto Vergara. A su juicio, Fujimori no «podría» deslizarse hacia la suspensión de las garantías constitucionales porque ya se encontraría en ese terreno, tras haber respaldado las violaciones de los últimos años, incluida la muerte de manifestantes durante el gobierno de Dina Boluarte. La prensa suiza, con 24heures, y la belga, con L’Avenir, destacaron la salida del hemiciclo de los diputados de izquierda.

En España, el diario de referencia El País presentó la hoja de ruta inaugural con un tono menos alarmista que la mayoría de los medios europeos. Ya en su titular combinaba la «mano dura» en materia de seguridad con las grandes obras públicas y las ayudas estatales contra la desigualdad. Ese doble registro fue confirmado por la agencia EFE: Fujimori prometió encomendar temporalmente a las fuerzas armadas las operaciones contra el crimen organizado en las zonas declaradas en estado de emergencia, reformar el sistema penitenciario y construir una cárcel de alta seguridad inspirada en el Cecot, pero también aumentar un 15 % el salario mínimo, hasta 1.300 soles [= 340 €]. La agencia IPS subrayó que la presidenta reconocía heredar «el país más desigual de América Latina», mientras el diario madrileño El Español relacionó el boicot de la izquierda con las acusaciones de fraude y señaló la presencia del rey Felipe VI.

En el plano procedimental, un elemento suele matizar las denuncias de manipulación: la versión en francés de Wikipedia, que reúne las distintas fuentes, recuerda que la misión de observación de la Unión Europea no detectó fraude en la primera vuelta, aunque sí se registraron incidentes.

En Asia: un eco discreto y ambivalente

En Asia, donde la doble ascendencia japonesa y peruana de la familia Fujimori confiere al acontecimiento una resonancia particular, la reacción fue más discreta. The Japan Times adoptó un enfoque bastante favorable y presentó la llegada de Fujimori como quizá la mejor oportunidad para romper el ciclo de rotación presidencial en un país donde todos los jefes de Estado elegidos desde la década de 1990 han sido destituidos, encarcelados o procesados. En los comentarios de Japan Today, los lectores se dividían entre las felicitaciones y el temor a un «regreso de la dictadura».

En el resto del continente, la cobertura se apoyó sobre todo en el despacho de Reuters reproducido por Arab News, que resumía el relato dominante: una nueva presidenta conservadora que prolonga el «giro a la derecha» de América Latina.

*Fuente: Faustotounsi

Siglas

ONPE — Oficina Nacional de Procesos Electorales. Organismo encargado de organizar materialmente la votación y efectuar el cómputo de los sufragios. Estuvo en el centro de las críticas en 2026 por el retraso en la entrega del material electoral y la dimisión de su responsable, Piero Corvetto.

JNE — Jurado Nacional de Elecciones. Autoridad electoral distinta de la ONPE: resuelve los recursos y proclama oficialmente a los candidatos electos. Fue el JNE el que rechazó la solicitud de anulación presentada por Roberto Sánchez.

RENIEC — Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Tercer pilar del sistema electoral peruano, responsable del registro civil y de los documentos de identidad.

CIDH — Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de los Estados Americanos ante el que Sánchez presentó su impugnación.

Cecot — Centro de Confinamiento del Terrorismo: la megacárcel de Tecoluca, en El Salvador, símbolo de la política de «mano dura» de Nayib Bukele contra las pandillas. Fujimori ha prometido construir una prisión inspirada en ese modelo.

Fuerza Popular — Partido fundado por Keiko Fujimori en 2009-2010, principal formación del Congreso y estructura organizada del fujimorismo.