“Para este Gobierno, los pobres no son dignos de tener educación”

El descontento por los recortes y el proyecto de megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast, que inicia su tramitación en el Senado, se ha trasladado a las calles. Miles de estudiantes y de profesores han marchado este miércoles en el centro de Santiago de Chile en contra de las políticas de ajuste adoptadas por el presidente ultraconservador, según las estimaciones de los organizadores. Carabineros aún no ha entregado cifras oficiales. De acuerdo con la última encuesta Pulso Ciudadano, el mandatario, que no lleva ni tres meses en el poder, ya acumula una desaprobación del 53,3%.

La movilización, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), es la primera protesta masiva desde que Kast asumió como presidente el 11 de marzo y tiene como una de sus consignas que “la educación pública se defiende”. El recorrido ha partido cerca de las 10.30 horas en la Plaza Baquedano, un punto emblemático de protestas y celebraciones en Santiago, en Chile, que ya fue el epicentro del estallido social en octubre de 2019. Los manifestantes solo han avanzado unos 700 metros antes de encontrarse con un cerco policial en la avenida Libertador Bernardo O’Higgins, conocida como Alameda, que les ha impedido continuar hasta las cercanías del Palacio de La Moneda.

La ruta prevista por los estudiantes, desde la Plaza Baquedano hasta Los Héroes, carecía de la autorización de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, a cargo de Germán Codina, que había otorgado un permiso para otro trayecto: desde Los Héroes hasta la estación del Metro Ecuador. Sofía Ávila, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales (Fedep), ha dicho a EL PAÍS que la participación fue masiva y que acudieron distintos sectores, pero que fueron reprimidos “desde el momento en que se inició la marcha, bajo la justificación de que el permiso entregado por las autoridades” tenía otra ruta. “Hay personas detenidas”, agregó. Diego Torres, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Mayor, ha comentado a este diario: “Nos reprimieron violentamente”. Pero Carabineros no ha ofrecido un balance oficial sobre el número de asistentes a la marcha ni de detenciones hasta ahora.

Los incidentes no solo han provocado cortes en la principal arteria vial del centro de Santiago, la avenida Bernardo O’Higgins, sino el cierre de algunas estaciones del Metro. Un grupo de jóvenes encapuchados se ha enfrentado con oficiales de Control del Orden Público de Carabineros en las inmediaciones de la Plaza Baquedano. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, subió un video en redes sociales en el que denuncia que la mayoría de los manifestantes no estaban provocando violencia y, “sin embargo, hay una represión que no se justifica” y “una provocación al no autorizar la marcha por la Alameda”, como es tradicional en Chile. Señaló que “aquí tenemos la situación de violencia que el Gobierno buscaba”.

Antes de que se produjeran los disturbios, las personas se concentraban en este punto de la ciudad con pancartas, banderas y cárteles, como Isadora Arraño y Antonia Gómez, de 24 y 23 años, respectivamente. “Kast criminaliza a la pobreza; para este Gobierno, los pobres no son dignos de tener educación y salud”, dijo Gómez. Y Arraño agregó: “Hay descontento porque los recortes están desmejorando la calidad de vida de la gente”.

Las principales preocupaciones de los chilenos orbitan en la actividad económica, que en abril cayó un 1,2% anual, y en el desempleo, que ya escaló a su nivel más alto en casi cinco años. Kast, en su primera Cuenta Pública ante el Congreso, en Valparaíso, el pasado lunes, prometió ordenar las finanzas públicas y reactivar la economía, aunque advirtió que esto “no será rápido, va a haber dolor”.

Cuando Kast estaba en campaña presidencial, en 2025, ya había adelantado que recortaría 6.000 millones de dólares en 18 meses debido a la estrechez fiscal que heredaría del Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026). Al asumir, el mandatario ordenó una rebaja del 3% en el gasto de todos los ministerios -en el caso de Salud fue del 2,5% (unos 460 millones de dólares)- y solo exoneró a la cartera de Seguridad Pública. Los ajustes abrieron un flanco con la oposición, incluyendo a alcaldes de distintos signos políticos, que pedían no realizar ajustes en salud, vivienda y educación.

Al descontento por los recortes se ha sumado que el Gobierno impulsa en el Congreso una megarreforma con medidas, como rebajar del 27% al 23% el impuesto corporativo y otorgar invariabilidad tributaria por 25 años a las grandes inversiones, cuestionadas por economistas y organismos, como el Fondo Monetario Internacional, porque amenazarían la sostenibilidad fiscal. “Por parte de la Cofech estamos denunciando los retrocesos que significa el proyecto de Reconstrucción Nacional [así fue bautizada la megarreforma]. Es un proyecto que trae beneficios para las grandes empresas, trae beneficios para los que más tienen en el país en desmedro de la recaudación fiscal y de la sociedad en su conjunto”, dijo Torres a Radio ADN.

Este semana, en paralelo, el Gobierno ha pedido al Congreso autorización para aumentar el límite del endeudamiento en 6.200 millones adicionales para este 2026, lo que fue criticado por la oposición debido a los posibles daños a las arcas públicas.

“Nos decían que si votábamos por la izquierda iba a crecer el desempleo, pero lo que estamos viendo hoy es peor: 9,1% de desempleo y en el caso de las mujeres es del 10,5%. No solo estamos preocupados por las desmejoras económicas, que nos falte el pan, sino por los retrocesos en los derechos sociales. El retorno de la ultraderecha es degradante para Chile”, dice Antonia Gómez, mientras estaba rodeada de un grupo de profesores que sostenía una pancarta azul que los identificaba como miembros de un sindicato. Uno de ellos era Rodrigo Muñoz, un docente de música en un colegio de la comuna de San Bernardo, que aseguró estar preocupado: “Estamos reclamando por los recortes a la educación propuestos por el Gobierno, que influyen directamente en la funcionalidad de la educación. Nosotros como profesores estamos en desacuerdo con estas medidas (…) Todas las actividades extracurriculares estarán en desmedro, ya han sido desvinculados muchos talleristas de algunos colegios”.

A la protesta también han acudido Hernán y Norma, casados y cada uno con 84 años, con pancartas colgadas sobre sus cuellos que demandan mejores pensiones para los adultos mayores y decían: “Los abuelos apoyamos a nuestros nietos”. Hernán comentó que acudieron a la convocatoria “en apoyo a nuestros nietos, a los jóvenes y para manifestar que estamos en contra de todo lo que este Gobierno nos quiere quitar, como la PGU [Pensión Garantizada Universal] y los alimentos a los niños que están en los colegios. ¿Cómo puede quitarse la comida a los niños? Deberían salir muchos viejos más a defender esto”.

*Fuente: ElPaís (España)