Sobre la anunciada estrategia nacional del litio y el acuerdo de Codelco con SQM

27 de junio 2025

El 20 de abril 2023 el Presidente de la República Gabriel Boric anunció al país, por cadena nacional de radio y televisión, los lineamientos de su estrategia nacional del Litio, destacando el enorme potencial económico de este recurso y la disposición privilegiada del mismo en Chile. El desafío para el país, entonces, es el de convertirse en el mayor productor mundial de Litio sin dañar el medioambiente y distribuyendo de manera justa la riqueza así generada.

Según lo anunciado, esta estrategia consta de cinco pilares básicos:

1. El Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una Empresa Nacional del Litio.
2. El esfuerzo de la exploración, explotación y agregación de valor lo haremos en base al principio de la colaboración virtuosa público-privada.
3. Se avanzará hacia el uso de nuevas tecnologías de extracción de litio que minimicen el impacto en los ecosistemas de los salares.
4. Todo este desarrollo se hará con la participación e involucramiento de las comunidades aledañas a las faenas mineras.
5. Se promoverá no solo la extracción y la preservación, sino también la generación de productos de litio con valor agregado.

Sin duda, los cuatro objetivos anunciados (creación de una Empresa Nacional del Litio, el avance hacia la utilización de nuevas tecnologías, la participación e involucramiento de las comunidades y la generación de productos de mayor valor) son claramente congruentes con el interés nacional, pero no resulta claro que, sin mediar mayor justificación, el medio escogido sea el de la “colaboración virtuosa público-privada” en lugar de optar directamente porque sea el Estado quien asuma este desafío.

Más aún cuando, a contrapelo de la experiencia efectivamente acumulada en la historia del país a este respecto, se pone como ejemplo de ese supuesto virtuosismo la llamada “chilenización del cobre” llevada a cabo bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, poniéndola además, equivocadamente, en una misma línea con la nacionalización del cobre impulsada, aprobada y ejecutada bajo el gobierno del Presidente Allende.

En verdad, los convenios de asociación suscritos por el gobierno de Frei Montalva con las compañías norteamericanas que controlaban la gran minería del cobre resultaron ser tan ostensiblemente lesivos para los intereses del país que debieron ser renegociados tres años después bajo el engañoso título de “nacionalización pactada”. Aún así, estuvieron tan lejos de cautelar los legítimos intereses de Chile que la demanda de una nacionalización efectiva se abrió paso entonces con mucha fuerza.

En efecto, nunca las grandes compañías norteamericanas que explotaban nuestro cobre obtuvieron utilidades tan elevadas como bajo el gobierno de Frei Montalva tras la puesta en práctica de su llamada “chilenización”. Si en 1965, primer año de su gobierno, las utilidades conjuntas de Anaconda y Kennecott, controlando la primera Chuquicamata y El Salvador y la segunda El Teniente, alcanzaron los 43,9 millones de dólares, en 1970, último año de ese mandato, sus utilidades sumaron 265,9 millones de dólares. Así, con una producción que solo se había elevado algo más de un 12%, dichas compañías sextuplicaron sus ganancias.

No obstante, como a los convenios de asociación el gobierno de Frei Montalva les había concedido el carácter de “contratos-leyes” no era posible intentar luego una nacionalización efectiva del cobre por vía de una ley, aun cuando así lo exigía el interés del país, ya que se requería para ello contar con el acuerdo de la contraparte estadounidense. Fue por eso que, para salvar ese obstáculo, el gobierno del Presidente Allende debió recurrir a una reforma constitucional. Por tanto, es una clara impostura suponer que la llamada “chilenización del cobre” fue un paso hacia su ulterior nacionalización cuando en rigor se trató de un claro intento por impedirla.

La aleccionadora experiencia de esta poco virtuosa colaboración público-privada no hizo más que confirmar aquella elementalísima verdad que en su momento recordara el Presidente Balmaceda, aludiendo a la propiedad de los ferrocarriles salitreros en su famoso discurso del 7 de marzo de 1889 en Iquique: que las empresas de particulares “consultan necesariamente el interés particular” mientras que las empresas del Estado “consultan, antes que todo, los intereses de la comunidad”.

Así lo corrobora, entre otros ejemplos que se podría invocar, el marcado desinterés que han evidenciado siempre las compañías privadas que han explotado y explotan el cobre de Chile por refinar en el país el mineral, ya que les resulta más ventajoso exportarlo como concentrado para disminuir su base imponible, agregarle valor fuera de Chile y poder además apropiarse gratuitamente de los otros minerales (oro, plata, molibdeno, etc.) que bajo esta forma en bruto conlleva. De modo que si confiamos en que sean los inversionistas privados quienes resuelvan el problema nos quedaremos esperando hasta las calendas griegas.

Sería por lo tanto muy lamentable olvidar verdades tan elementales como esta y repetir con el Litio lo que en su momento ocurrió con el cobre. Sin embargo, ya en su mismo anuncio de la estrategia nacional del Litio el gobierno da a entender que lo que en verdad tenía en mente al momento de hacerlo era un acuerdo de asociación de Codelco con SQM, tal como se dio a conocer posteriormente, primero a través del Memorandum de Entendimiento y luego con el anuncio del acuerdo negociado a puertas cerradas entre Máximo Pacheco y los directivos de SQM.

Como se sabe, han surgido numerosas voces cuestionando la pertinencia y conveniencia nacional de la decisión adoptada de negociar directamente un contrato con SQM y de los términos en que se ha conducido luego esa negociación, cuestionamientos que en su mayor parte son recogidos por el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas sobre este asunto. (ver texto del informe en https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=83530&prmTipo=INFORME_COMISION).

El primero y más importante de ellos es la falta de transparencia que representa el hecho de que el acuerdo no pueda ser conocido en su integridad, ya que contiene aspectos y cláusulas que ambas partes se han comprometido a mantener en reserva, tornando con ello imposible, que el país pueda formarse un juicio debidamente informado sobre el mismo. Aun así, como lo expresa el Informe de la Comisión Investigadora, hay suficientes indicios de que los representantes del Estado no han sido en esta negociación todo lo rigurosos que debieran en cautelar los intereses del país. (ver texto del acuerdo en https://acuerdocodelcosqm.cl/wp-content/uploads/2024/09/Acuerdo-de-Asociacion-CODELCO-SQM43302128.2.pdf)

Llama la atención que el principal argumento esgrimido para llevar adelante este acuerdo haya sido el de evitar que se produjese un «valle productivo» en caso de no dar garantías de continuidad en este negocio a SQM. Y también que, pese a todos los reparos conocidos, tanto el gobierno como la mayor parte de los críticos se hayan manifestado partidarios de una asociación público-privada como la forma más conveniente para el país de llevar a cabo la explotación del Litio. Esto significa que se descarta, sin mas trámite, invocando para ello los viejos, consabidos y falaces argumentos de los poderes fácticos empresariales y de sus voceros políticos, el que el Estado pudiese hacerse cargo directamente de su explotación.

Lo cierto, sin embargo, es que en principio siempre la opción más acorde a los intereses del país será que sea el propio Estado el que asuma el desafío de explotar sus riquezas naturales, como lo ilustra claramente la experiencia de la nacionalización de la gran minería del cobre en 1971. Y si por alguna razón de efectivo peso y conocimiento público se optara por la alternativa de una asociación público-privada, ella debe negociarse con los potenciales inversionistas desde la posición de fuerza que representa el hecho de que es el Estado el propietario indiscutido del recurso y en ningún caso bajo la presión, y menos aún el chantaje, al que suelen recurrir aquellos tras el único objetivo de maximizar sus ganancias.

Más sobre el tema:

Decepcionante apoyo de Manuel Riesco, presidente de CENDA al «acuerdo Pacheco-Ponce Pinochet» sobre el litio