El Prontuario del General González Jure

El escritor argentino Jorge Luis Borges decía: “Para el argentino, la amistad es una pasión y  la policía una mafia”. Traigo a colación esta frase para trasladarla y avencindarla también en nuestro país, pero no solamente por el actual escándalo de malversación de recursos públicos que ha salido a la luz y que tiene a un sinnúmero de personal de Carabineros sometido a proceso judicial, sino que también para escudriñar en los oscuros recovecos de la labor que acometió cierto Exdirector General de Carabineros. Nos referimos a Gustavo González Jure, que por estos días aquel mega fraude al Fisco también lo está tocando. Para tratar de esclarecer las aguas turbias por donde se movía esta exautoridad, tal como pez en el agua, citaremos los casos más emblemáticos donde se ha visto envuelto como actor principal.

A raíz de lo anterior, recordemos que la comisión investigadora de la cámara baja lo citará a prestar declaración por su eventual responsabilidad en el denominado Pacogate. Hagamos entonces un recorrido a través de los escándalos que envuelven la sombría figura y ética de este exoficial.

El Caso de Sergio Albornoz y Patricio Mery

Ahora retrotraemos el tiempo. Es el 30 de agosto de 1988, el general Gustavo González Jure, por entonces capitán de la 13° Comisaría de La Granja, se apersonó junto al resto de su contingente policial para sofocar una protesta en contra de Pinochet y su régimen. En dicho acontecimiento disparó una bala dumdum que impactó por la espalda, específicamente en el cuello al niño Sergio Albornoz, de 14 años de edad, ocasionándole la muerte. De acuerdo al Informe Rettig, “Sergio Albornoz murió por una bala, víctima de la violencia política”.

En 2011 este luctuoso y criminal acontecimiento fue develado por el medio electrónico Panorama News (sitio periodístico dirigido por Patricio Mery). Ahí se relata cómo González Jure habría llamado aquella vez a su padre, el general González, para pedirle al subteniente de Carabineros (que hasta 2011 era teniente coronel) Miguel Ángel Ortiz que se inculpara de dicho crimen, a cambio de mantenerlo en la institución, pero con una baja condena. Hechos que fueron rememorados por el sobrino de Miguel Ángel Ortiz, el oficial de Ejército Ignacio Avello Ortiz.

Además, funcionarios activos y en retiro de la institución, y  que participaron esa noche en aquellos eventos, afirman que el subteniente Ortiz, nunca estuvo en el lugar de los hechos, ya que se encontraba en la Comisaría.

Ante estos antecedentes, y después de la denunciada diseminada por Mery, el senador Alejandro Navarro denunció que “(Carabineros) no puede tener a González Jure al mando, mientras dure esta investigación (…) Hay un principio de verdad, los denunciantes incluso, uno de ellos es teniente del Ejército, dan cuenta de una necesidad de investigar”.

Todos conocemos el telón de la carrera policial de González… Premiado el 8 de septiembre de 2011, por el gobierno de Piñera, como jefe máximo de la policía uniformada… Horrenda señal de la inexistente ética y justicia para los chilenos, en general; para Mery, en particular; y para la familia de Sergio Albornoz, en lo singular.

Lo anterior provoca mucha indignación, ya que la sentencia número 106, de la causa, rol número 502-90, del Segundo Juzgado Militar de Santiago (Patricio Mery Bell contra Gustavo González Jure), grosso modo manifiesta lo siguiente: el oficial  Ortiz, indicó que fue atacado por un grupo de doscientas personas. Por este motivo, habría utilizado su arma de fuego. No obstante, y según los más de cuarenta testigos que presentaron los querellantes, el grupo de personas, con los que estaba Sergio Albornoz al momento de ser acribillado, no superaba las seis.

A su vez, en el punto siete del fallo se consigna que:

“El proyectil se hallaba deformado y que el cañón del arma siendo desmontable puede ser intercambiado por no tener como pieza aislada número de serie,dado el largo tiempo transcurrido entre el hecho y el peritaje; es altamente probable que dicho cañón haya sido efectivamente cambiado antes de la experticia en el arma”.

En el punto ocho de la sentencia, se deja entrever cómo Carabineros, quemó las pruebas para impedir que se determinara  si efectivamente el cañón del arma fue cambiado o no. “Carabineros tenía la obligación legal de mantenerla en las mismas condiciones en que quedó luego de haber sido empleada; y por lo demás, los documentos de la prueba plenaria señalan, el de fs. 427, que la documentación al respecto fue incinerada, y el de fs. 429, solo consigna observaciones  generales sobre el aseo del armamento y el eventual cambio del cañón de una pistola ametralladora UZI, sin referirse específicamente al arma de autos”.

Debido a la denuncia efectuada por Panorama News -sitio electrónico actualmente censurado, que debió cambiar su nombre en la web por Panoramas News- su director ha sido continuamente perseguido, hostigado y públicamente censurado. Lo anterior es a todas luces una situación completamente injusta e ilegal porque de lo único que se puede estigmatizar a Mery es de haber denunciado al autor material de un horrendo y sangriento crimen perpetrado en dictadura.

Caso Firmas Falsas

En la noche del 24 de octubre del año 2009, el hasta ese momento cabo de Carabineros Renis Jaramillo Castillo, de acuerdo a su propio relato, luego de consumir vino, se acostó a dormir en el asiento trasero de un automóvil, que sería conducido por su amigo  Erasmo Díaz, quien momentos más tarde estrellaría el vehículo contra  una barrera de contención.

Tras el impacto caminaron cerca de 200 metros cuando una patrulla de Carabineros, al mando del cabo Manuel Cisterna Troncoso, llegó al lugar. Según Jaramillo, el cabo Cisterna no realizó ninguna diligencia ni menos preguntó qué había pasado, solo se limitó a decir “tú conducías el automóvil”.

De acuerdo con el periódico El Ciudadano: “En calidad de detenido, Jaramillo – convertido en acusado – fue llevado al Hospital institucional. Allí reclamó que el procedimiento era “ilegal”, que nunca había conducido bajo los efectos del alcohol ni estrellado la máquina, y exigió que le fueran leídos sus derechos. Al llegar a la Comisaría (de San Bernardo), la capitán Cecilia Vera Ossandón tomó a mi acompañante y lo trasladó a una dependencia de la Unidad… (donde) procedió a presionarlo psicológicamente en el sentido que éste declarara que la persona que conducía el vehículo era yo y no él”, relató. Afirmó además que el interrogado “se encontraba en estado de ebriedad y desorientado producto del golpe en la cabeza”, por lo que finalmente accedió a lo que la oficial quería plasmar en su declaración contra Jaramillo.

La posterior resolución del 27 de marzo de 2013, emitida por el Juzgado de Garantía de San Bernardo en causa RUC 0901030871-K, confirmaría la versión del funcionario expulsado. Tras una decisión de no perseverar de la Fiscalía Local de esa comuna, Jaramillo fue sobreseído totalmente de la acusación por manejo en estado de ebriedad que Carabineros le había imputado. A esto se sumó una declaración notarial de su amigo, Erasmo Díaz, quien culpó ala capitán Vera de inducir su testimonio para perjudicar al cabo.

De forma completamente opuesta a lo establecido en tribunales, la Resolución Nº 83 del 11 de octubre de 2011, suscrita por el general director de Carabineros de la época, Gustavo González Jure, al término del sumario administrativo ordenado por la Prefectura Santiago Sur para esclarecer los hechos, había dado por cierta la versión de que “al momento del accidente de tránsito… (Jaramillo) iba conduciendo su automóvil”.

Lo relevante es que la propia Contraloría General de la República se negó a dar visto bueno al documento suscrito por González Jure, apuntando a inconsistencias en las actuaciones desarrolladas en el expediente interno que pidió sancionar al cabo y despedirlo de Carabineros. Las razones esgrimidas por el órgano contraloral para desechar la resolución de la policía uniformada fueron: las diligencias en la carpeta no estaban agotadas y además se habían ignorado observaciones realizadas por el afectado sobre la existencia de a lo menos cinco firmas adulteradas dentro del proceso.

Caso Compras con Sobreprecios

En enero de 2012 el Centro de Investigación Periodística de Chile desveló una serie de irregularidades en las compras del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de Carabineros. Se trataría de $1.600 millones en malversación de fondos públicos, de acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República. Estas compras con sobreprecios millonarios, fueron efectuadas a proveedores privilegiados como Mellafe y Salas, también se hicieron trampas al sistema de Chile Compra y se suscribieron contratos por trato directo que beneficiaron a los hijos del Exgeneral director de la institución uniformada, Fernando Cordero Rusque. ¿Cómo llegaron a producirse todos estos ilícitos, si estamos en presencia de una entidad jerarquizada que debe poseer algún organismo de fiscalización que resguarde el correcto procedimiento de estas adquisiciones? La verdad es que ese organismo, del que pocos conocían que su existencia tenía materialidad efectiva y un rimbombante nombre: Honorable Consejo de Adquisiciones y Enajenaciones. Este Consejo, que de honorable no tenía nada, tenía como principal función estudiar y hacer recomendaciones respecto de todas las compras y transacciones que sobrepasaran las 1.000 UTM, amén de velar para que no se produjeran irregularidades. Al momento de ocurrir toda esta serie de irregularidades, dicho Consejo estaba presidido por el general director de Carabineros Gustavo González Jure.

El Caso de Teófilo Haro

Ahora nos situamos  temporalmente en el año 2012 y espacialmente en Aysén. Los que tengan buena memoria, rememorarán que en esa localidad hubo una fuerte eclosión social, como en todo Chile a partir de 2011 bajo la administración Piñera. El movimiento social de Aysén tenía una serie de demandas al Gobierno central, entre estas: solución al alto costo de los combustibles, salud de calidad, equidad laboral, etc. Uno de los activos participantes de este movimiento era el pescador Teófilo Haro, cuya memoria jamás olvidará la fatídica madrugada del 17 de febrero de aquel año. Para mayor abundamiento:

En la madrugada de aquel día, el sargento Martínez conducía un carro lanza agua en las proximidades del Puente Ibáñez, y fue testigo presencial de los dos disparos en contra del pescador Haro, uno de los cuales “le reventó un ojo”. Su versión de los hechos, eso sí, se encuentra en las antípodas de la que entregó el Alto Mando de Carabineros, a saber: el disparo que afectó a Teófilo Haro había salido del arma del suboficial Héctor Aburto.

La versión del Alto Mando fue inicialmente avalada, y posiblemente  ingeniada,  por el general director de Carabineros, Gustavo González Jure, y el ministro del Interior de la época, Rodrigo Hinzpeter, cuando ambos declararon en el Congreso Nacional para dar cuenta de las medidas que estaba tomando el gobierno ante la serie de excesos policiales en Aysén.

En esas circunstancias, la Justicia Militar refuta la participación del suboficial Aburto y apunta sus dardos al teniente coronel Víctor Follert Alarcón como el verdadero autor del disparo.

A simple vista, podría tratarse de un simple error cometido por el Alto Mando al inculpar al suboficial Aburto, pero “En febrero de 2015 el sargento José Martínez presentó una querella en contra de Carabineros para investigar la acción de una presunta red de encubrimiento digitada desde Santiago con la finalidad de proteger a su exsuperior Follert. Esta confabulación habría comenzado a operar desde el momento en que el general Gustavo González Jure envió a la región austral al coronel Leonardo Glade para instruir una investigación sobre los hechos y conseguir una declaración del sargento Martínez que exculpara al comandante Follert (http://www.eldivisadero.cl/noticia-31087).

Pacogate

El exgeneral Flavio Echeverría, a cargo de la División de Finanzas de Carabineros,y hasta el momento principal imputado en esta causa, señala que este delito principió el año 2004 y llegó a su fin en 2015. Este fraude implica montos que hasta este momento alcanzan los$16.500 millones.

Este mega fraude se destapó en Punta Arenas, ya que una institución bancaria, en el marco de las nuevas leyes relativas a lavado de activos, alertó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), debido a la sospechosa transacción de grandes sumas de dinero hacia la cuenta de un teniente con remuneración promedio.

El procedimiento empleado por los uniformados que denigraron su placa, uniforme y la confianza de Chile entero fue el siguiente: oficiales que desviaban fondos de cuentas institucionales destinadas a remuneraciones, a las cuentas particulares de funcionarios de menor rango. Éstos, luego de retirarlos, debían repartir el botín en efectivo entre algunos superiores, a cambio de porcentajes de alrededor de un 10%. Las entregas se habrían hecho en las propias dependencias de Carabineros. En octubre de 2016, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio, que recayó en manos del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos. Y mucha atención con esto, se tiene en cuenta que Carabineros no había informado a la justicia ni a nadie sobre este delito, a pesar de que comenzó a recopilar antecedentes internamente a fines de 2015.Los ilícitos indagados por la justicia son fraude al Fisco y malversación de recursos públicos.

El 5 de abril recién pasado, los medios de comunicación informaron que Gustavo González Jure será citado a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el fraude registrado al interior de la institución. El diputado UDI Juan Antonio Coloma señaló “es importante que asista a la comisión el exgeneral director de Carabineros por su presunta responsabilidad, ya que gran parte de los hechos ocurrieron cuando él estuvo al mando de la institución”. Recordemos que González fue General Director de Carabineros desde el 8 de septiembre de 2011 hasta el 8 de septiembre de 2015.

En resumidas cuentas, González Jure tal como un buen sabueso persigue a su presa, huele el dinero y pierde la cordura y rectitud.

Telón de costumbre: hostigamiento a periodistas valientes que desentrañan y revelan la verdad de hechos ilícitos punibles, mientras que los autores de los mismos gozan en libertad y sus delitos permanecen impunes. Cuánta razón tenía Borges.

Con afecto, Jorge Molina Araneda