Entre bueyes no hay cornadas

07 de abril de 2022

PREÁMBULO

En muchos de nuestros artículos hemos hecho referencia a la implacable lucha que, soterradamente, libra la ‘élite política’ de este país en contra de la comunidad nacional. Puede sorprender y hasta parecer ilógico que organizaciones políticas creadas, precisamente, para defender los intereses de las grandes mayorías nacionales, trastoquen, en el tiempo, su cometido y terminen resguardando únicamente los intereses particulares de sus integrantes como el propio. Y, sin embargo, es así. El caso que exponemos más adelante ilustra dramáticamente esa tendencia. Intentemos explicarnos por qué sucede.

LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE GOBIERNO DENTRO DEL SISTEMA CAPITALISTA

El sistema capitalista posee una forma de gobierno que es la democracia representativa, premisa que, a menudo se olvida. Porque, cuando se hace mención a la democracia, la referencia está hecha a la forma de gobierno propia del sistema capitalista.

Esta forma de gobierno requiere, para ser tal, en primer lugar, de la separación de los llamados ‘poderes del Estado’ (Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Contralor); en segundo lugar, de la existencia de partidos políticos, como corrientes de opinión organizadas; y, finalmente, de elecciones periódicas de representantes de la comunidad, elecciones que deben ser libres, secretas e informadas. La democracia es, pues, una estructura social propia del sistema capitalista. Presume la existencia de partidos a través de los cuales se canalizan las opiniones de los habitantes de una formación social. De lo cual se colige que los partidos son la forma de organización que adoptan los ciudadanos dentro del sistema capitalista para constituir la estructura de mando que, en nombre de ellos, va a gobernar la nación.

Con todo, los partidos no siempre conservan la esencia de su declaración de principios porque, conjuntamente con constituirse, dan origen a una odiosa separación en tres estamentos que son dirigencia, militancia (dirigidos) y una periferia que se conoce bajo el nombre de ‘clientela electoral’. Así, las condiciones están listas para que, de sostenedores del sistema democrático de gobierno —dentro del modo de producción capitalista—, se conviertan, por el contrario, en ‘grupos de presión’, y su dirigencia derive a ‘élite política’, es decir, conjunto de sujetos cuya aspiración es acceder al desempeño de los cargos públicos mejor remunerados dentro del Estado o aquellos donde puedan ejercer mayores cuotas de poder y obtener, de esa manera, réditos económicos.  La corrupción, por tanto, encuentra campo propicio para instalar sus dominios en esa sociedad. Y puesto que quien domina materialmente a una sociedad también la domina espiritualmente, las organizaciones políticas que decidieron organizarse para defender los intereses de las grandes mayorías nacionales, adquieren los hábitos de las clases cuya conducción hegemónica pretendían disputar. Entonces, el adversario cambia de nombre: ya no es la clase social antagónica, la clase que domina, sino pasa a serlo el independiente, la comunidad que no toma ‘partido’, el que no se inscribe como militante de alguna organización política. Así comienza la formación de la ‘élite política’. La preocupación por construir una sociedad mejor cede paso a la necesidad de ubicar en los cargos de gobierno a la ‘clientela electoral’ y a la militancia desempleada. Y, también, al amigo, al familiar, al cuñado, a todo el que nos pueda ayudar a sostener el cargo que hemos conseguido. El nepotismo se impone. La corrupción se instala a todo nivel.

LA PARTIDOCRACIA

Por regla general, las constituciones no establecen disposiciones eleccionarias sino, simplemente, se remiten a expresar que una ley regulará esos actos. Pero las leyes que se dictan al respecto no siempre permiten que los particulares puedan participar en los comicios electorales aduciendo que la forma de ejercer la democracia representativa es a través de los partidos.  En esos casos, implícitamente, los sujetos independientes pasan a ser antagónicos de los partidos, y la ‘partidocracia’ se hace presente. Es lo que requiere la ‘élite política’ para irrumpir, porque la representación política olvida su intención de cambiar el sistema y comienza a disputar con los sectores dominantes la mejor forma de administrar el mismo sistema que buscaba abolir. Para ello necesita seleccionar sus candidatos, sus programas, sus finanzas; la comunidad nacional se torna en un obstáculo para ella y para sus negocios.

En la legislación chilena, como lo señaláramos en otro de nuestros trabajos, la referencia al ejercicio de la democracia se encuentra contenido en el art. 5 de la constitución, según el cual:

“La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”[1].

Sin embargo, no todos los que componen el ‘pueblo’ pueden ejercer la soberanía a través del voto sino solamente quienes tienen la calidad de ciudadanos que, de acuerdo al art. 13 de la constitución vigente, son

“[…] los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.

La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran”[2].

La forma de ejercer la soberanía se encuentra latamente establecida en la llamada Ley General de Elecciones o “Ley 18700 Orgánica Constitucional Sobre Votaciones Populares y Escrutinios” que entrega al Congreso la facultad de dictar normas.

UNA HISTORIA SORPRENDENTE

En 2020, tanto el Gobierno como el Congreso, acicateados por las protestas ciudadanas, y obligados a convocar a elecciones de convencionales constituyentes de conformidad al Acuerdo por la Paz, accedieron incluir en la misma a sectores independientes que se organizaran en listas, suponiendo que las condiciones leoninas establecidas para ello harían inútil todo intento de disputarles el poder que ejercían. Pero así no sucedió. La vieja ‘elite política’ fue derrotada por una ciudadanía que nada quería saber de ella.

Por eso, cuando debía elegirse candidatos para llenar las vacantes de diputados y senadores, en 2021, el Congreso no actuó de la misma manera. Por el contrario: se negó rotundamente a aceptar que los independientes presentaran listas con sus candidatos. La ‘élite política’ estaba desesperada. A pesar de ello, la independiente Fabiola Campillai fue electa senadora con la más alta votación de la que se tenga memoria en los anales de la República. Y, aunque la ley fue dictada en abierta trasgresión a la constitución vigente, nadie interpuso el correspondiente recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

UNA PROPOSICIÓN INTEGRADORA

A fin de evitar que, en el futuro, volviese a presentarse una situación similar, un grupo de convencionales constituyentes presentó ante la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral de la Convención Constitucional, una proposición, en la forma de artículo, que regulaba la participación de sectores no afiliados a los partidos políticos, y cuyo texto era el siguiente:

“Las personas no afiliadas ni adherentes a organizaciones políticas podrán presentar candidaturas a cargos de elección popular a nivel nacional, regional y local pudiendo para esto agruparse en listas programáticas”.

Podría suponerse que los partidos autocalificados ‘de izquierda’ apoyarían la propuesta, toda vez que ella tenía por objeto ampliar la representatividad de los parlamentarios y del propio sistema democrático instaurado. Sin embargo, no fue así. El día viernes 01 de abril, un grupo de constituyentes afiliados a partidos políticos —y algunos independientes vinculados a esos partidos— se encargó de rechazar la proposición aquella. Votaron en contra de la misma, personajes de todas las corrientes políticas (comunistas, socialistas, militantes de la UDI, de Renovación Nacional, independientes comprometidos con partidos políticos, militantes de los partidos del Frente Amplio, etc.), confirmando, con esa simple circunstancia, su estricta adhesión al consejo que entregara a los varones sabios quien redactara el tratado ‘Turba philosophorum’:

“Pero sabed bien que, digamos lo que digamos, estamos todos de acuerdo”.

Consejo que, en Chile, resume sabiamente esa vieja sentencia según la cual ‘entre bueyes no hay cornadas’. Es posible que el pleno de la Convención invalide la resolución de la Comisión; es posible que no. En todo caso, bien vale la pena conocer los nombres de estos personajes que anteponen al interés de la comunidad el de la ‘élite’ a la cual pertenecen: Marcos Barraza Gómez (Partido Comunista PC), Bárbara Sepúlveda Hales (Partido Comunista PC), Ricardo Montero Allende (Partido Socialista PS), Pedro Muñoz Leiva (Partido Socialista PS), Maximiliano Hurtado Roco (Partido Socialista PS), Fernando Atria Lemitre (Frente Amplio FA), Constanza Schonhaut Soto (Convergencia Social), Fuad Chaín Valenzuela (Partido Demócrata Cristiano DC),Guillermo Namor Kong (Independiente), Patricia Politzer Kerekes (Independientes No Neutrales), Hernán Larraín Matte (Evolución Política EVOPOLI), Raúl Celis Montt (Renovación Nacional RN), Marcela Cubillos Sigall (ex militante Unión Demócrata Independiente UDI), Renato Garín González (ex militante Revolución de Democrática RD), Constanza Hube Portus (Demócrata Independiente UDI), Cristian Monckeberg Bruner (Renovación Nacional RN), y Luis Zúñiga Jory (Unión Demócrata Independiente).

Y… ALGO NOTABLE…

En los últimos días de marzo la organización ‘Movimientos Sociales Constituyentes’ entregó una declaración. que no fue replicada en los medios de comunicación, llamando a levantar comandos de ‘Apruebo Nueva Constitución’ en todos los territorios y a un Encuentro Plurinacional Virtual de Movimientos Sociales Constituyentes a realizarse el día 09 de abril.

La declaración, junto con recordar que el 28 de febrero tuvo lugar el Encuentro Nacional de Movimientos Sociales Constituyentes, en donde se tomó el acuerdo de crear Comandos Territoriales por el Apruebo, señala en dos de sus partes:

“Como organizaciones sociales, coordinadoras territoriales y feministas, movimientos, sindicatos, colectivas y asambleas, nos hemos movilizado, participado y acompañado el ´proceso constituyente en curso para poner fin a la Constitución pinochetista y avanzar hacia un nuevo Chile plurinacional, feminista, ecologista y de dignidad.

En las últimas semanas hemos visto cómo los sectores que han administrado por década políticas de impunidad y precarización pretenden instalar en los medios de comunicación su desconfianza sobre el proceso en curso. No es de extrañar; la Convención Constitucional es el resultado inédito de un órgano conformado de manera paritaria, con escaños de pueblos originarios y con una amplísima participación de sectores populares. Esto ha hecho posible avanzar en transformaciones que buscan desmontar los andamiajes autoritarios y neoliberales de la institucionalidad vigente”.

Cuando los ataques en contra de la Convención Constitucional arrecian, cuando las encuestas comienzan a mostrar una baja en la percepción ciudadana acerca de la efectividad de su trabajo, cuando su propia presidenta es forzada, por una periodista, a reconocer una deficiente labor comunicacional de la corporación hacia la comunidad, no deja de ser lamentable que se hagan presentes esas mezquindades, precisamente entre quienes debieran estar orientando sus esfuerzos hacia una determinada dirección. Más, aún, cuando la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, no vacila en señalar que el Ejecutivo no va a apoyar explícitamente la moción del Apruebo ante el plebiscito que se aproxima:

“Nuestro programa es de transformaciones y va en la línea de garantizar derechos sociales universales y eso está imbricado directamente con el proceso constituyente. Ahora, eso es distinto a decir que las campañas públicas van a tener una posición respecto a un llamado explicito a cómo emitir el voto. Nosotros lo que queremos hacer es trabajar para que la información esté disponible, para que la ciudadanía, las personas de nuestro país al momento de ir a votar, porque además el voto es obligatorio, sepan concretamente lo que están votando y eso es lo prioritario porque si no se está informado es muy difícil poder emitir un voto lo más responsable posible de acuerdo a las propias convicciones”[3].

Y, por supuesto, también, porque el autoritarismo, siempre presente en el Parlamento, ha dispuesto la obligatoriedad del voto en el plebiscito que ha de realizarse el 04 de septiembre próximo. ¿Qué explicación se dará a quienes irán a votar, a regañadientes, en circunstancias que hubieren preferido no hacerse parte en ese tipo de disputas? Con tal actitud, ¿no se está, acaso, predisponiendo anticipadamente a ese electorado a votar por el ‘rechazo’ y, consecuentemente, a perpetuar, de esa manera, la constitución pinochetista?

Finalmente, digamos que no deja de resultar un trágico sarcasmo constatar que los primeros en salir a la calle en defensa de la nueva constitución sean los independientes —¡precisamente quienes están siendo marginados por la ‘élite’…!—, en tanto los partidos políticos guardan acusador silencio en torno a su actuar. Podría pensarse que, tal vez, soslayan la crítica porque están convencidos de detentar algún mandato divino para guiar al ‘pueblo’ a su destino, reflexión que también tuvo, respecto de sí mismo y de su tiempo, Augusto Pinochet.

Santiago, abril de 2022

Notas:

[1] El subrayado es nuestro.

[2] El subrayado es nuestro.

[3] Cisternas, María Luisa: “Ministra Vallejo: ‘Políticamente, la ciudadanía votó por tener una nueva constitución’”, Radio Universidad de Chile, 06 de abril de 2022.

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