Elecciones presidenciales y paradigmas culturales

A nuestro juicio, en el contexto de crisis social y política que existe en Chile, provocado por las contradicciones internas del propio paradigma neoliberal impuesto por la dictadura militar, y afianzado por la administración de los dos conglomerados hegemónicos que se han alternado en el poder político, la problemática cultural está relegada a un segundo plano; mejor dicho, destinada a cumplir un rol complementario, sin tener ninguna injerencia real en el desarrollo social del país, ni menos está considerada como un derecho ciudadano.

Aun cuando en el discurso oficial se declara la necesidad de tomar en consideración las diferencias y especificidades culturales en las estrategias sociales, incluída la dimensión histórica, social y cultural de cada comunidad, empero, en la praxis estos propósitos quedan en meras buenas intenciones.

Aun cuando en el discurso oficial se declara la necesidad de tomar en consideración las diferencias y especificidades culturales en las estrategias sociales, incluida la dimensión histórica, social y cultural de cada comunidad, empero, en la praxis estos propósitos quedan en meras buenas intenciones. Al respecto, consideramos que no podemos elaborar ningún conjunto de acciones que se orienten al desarrollo social, sin incluir las diferencias culturales que existen a nivel nacional, como también regional. Tampoco podemos crear un plan de desarrollo para una población determinada, sin pensar en la participación vinculante de la ciudadanía, que incorpore las necesidades, los sueños y las aspiraciones de la misma.

En esencia, el desarrollo encarna el enriquecimiento de la identidad profunda de cada pueblo, de sus intereses, demandas, de la calidad integral de su vida, tanto en el plano colectivo como en el individual. En ese sentido, el gobierno y la sociedad civil deben aspirar a lograr una asociación estrecha entre las estrategias de desarrollo nacional y regional con la puesta en práctica de políticas culturales

En la actualidad, el Estado nacional en su concepción sesgada del desarrollo no ha integrado, entre otros componentes, el potencial de la memoria histórica, con la finalidad de ponerla al servicio de la calidad de vida de todos los habitantes de un territorio, de la creación y la producción de conocimientos.

En la actualidad, el Estado nacional en su concepción sesgada del desarrollo no ha integrado, entre otros componentes, el potencial de la memoria histórica, con la finalidad de ponerla al servicio de la calidad de vida de todos los habitantes de un territorio, de la creación y la producción de conocimientos. En consecuencia, no figura en el centro de su preocupación la protección de los derechos culturales, unido al bienestar económico y social que se enuncia para todos los habitantes del país.

En esa lógica, podemos reconocer, objetivamente, que la política de desarrollo nacional y regional de los gobiernos de turno no ha sido sensible a la cultura misma, por cuanto los organismos estatales responsables de este ámbito no han procurado componer nuevos canales de comunicación con otros sectores de desarrollo del Estado, que le otorgue sentido a las políticas públicas, como también para establecer articulaciones que procuren la comprensión del desarrollo como un proceso cultural.

Sin temor a equivocarnos, sustentamos que el sector cultural tiene poca o casi nula capacidad de influencia sobre las políticas de desarrollo. Menos aún existen indicadores suficientemente adecuados para medir y evaluar el impacto de las políticas culturales que se han elaborado a nivel entre cúpulas de poder. Es claro que las directrices concebidas en los últimos tiempos por el Estado todavía no logran consolidarse como políticas públicas, no obstante, se puede identificar algunos avances con respecto a los dos decenios preliminares.

especulamos que en la medida que el sector cultural se robustezca podríamos garantizar que la cultura determine el rumbo del desarrollo y que, además, la cultura misma se configure como eje articulador de todas las áreas de desarrollo.

A propósito de lo dicho, especulamos que en la medida que el sector cultural se robustezca podríamos garantizar que la cultura determine el rumbo del desarrollo y que, además, la cultura misma se configure como eje articulador de todas las áreas de desarrollo.

A esta altura, nos asaltan varias interrogantes: ¿Cómo lograr esta asociación entre los procesos participativos de formulación de políticas culturales y la toma de decisión política? ¿Es posible alcanzar una verdadera construcción participativa en la actual institucionalidad? ¿Qué acciones deben ejecutarse para formular políticas participativas y democráticas, donde la promoción cultural sea concebida como una inversión social primordial del Estado? ¿Qué cambios institucionales es preciso llevar a cabo dentro de los organismos públicos para garantizar que la cultura sea considerada no como un medio, sino como el fin del desarrollo?

Estas son algunas cuestiones que no se abordan, en virtud de que el concepto de desarrollo que se tiene es unilateral y estrecho, es decir está orientado, básicamente, a “generar más empleos”, “aumentar los impuestos” y “procurar mayor inversión en el sector público”, como si el desarrollo estuviera basado de forma exclusiva por el factor económico. Ciertamente, no vamos a restar la implicancia que tienen esas variables en el desarrollo y crecimiento social, pero consideramos que no basta para sostener un desarrollo integral de la población. Es ineludible incluir a la educación, la cultura y la acción cultural en los ejes sobre los que se construye un desarrollo sostenible.

En rigor, el desarrollo de una comunidad no puede ser pensado como un proceso de crecimiento continuo de determinados indicadores económicos, sino por medio de una visión global que también contemple la evolución de todas las capacidades humanas, de manera integral.

En el plano económico, la producción de la cultura tampoco ha logrado constituirse como una alternativa a la alicaída industria nacional, teniendo en cuenta que las pequeñas y medianas empresas en este ámbito podrían aportar riqueza económica y empleo,  tomando en cuenta las sinergias que tiene la cultura con la actividad comercial, de ocio y servicios de la misma, y, consecuentemente, la retroalimentación que conseguiría producirse entre ambos ejes de desarrollo urbano. Empero, somos testigos que el Estado ha tenido una actuación muy pálida en este campo. Dicho de otro modo, se ha invertido muy poco en la construcción de infraestructuras culturales, en la recuperación y protección de monumentos nacionales. En lo concerniente al apoyo de las llamadas “industrias creativas”, comprobamos que este se ha circunscrito a la instalación de algunos fondos concursables, alentando las tensiones y la competencia feroz entre los gestores. Lamentablemente, las embrionarias “industrias creativas” han sido absorbidas e instrumentalizadas en estos días por el estado de excepción, a consecuencia de la pandemia del COVID-19, quedando sumidas al igual que todos los trabajadores y trabajadoras del arte en una situación de franca precariedad económica y social. En este caso las “ayudas” gubernamentales se han limitado a la entrega de los llamados “maletines culturales” y cursillos de capacitación, acciones que no contribuyen sustancialmente a la reactivación de este gremio ni menos a mantener proyectos de mediano o largo alcance que tengan real y efectivo impacto en la comunidad.

De lo expuesto anteriormente, se desprende que la dinámica impuesta al sector cultural es la del mero “activismo”, o sea, hacer múltiples eventos para copar una parrilla programática ministerial, sin tener orgánica ni estar entroncada con una planificación integral y democrática.

En definitiva, las decisiones políticas adoptadas no han favorecido la recuperación de los espacios postrados y la actividad creativa y cultural y, consecuentemente, tampoco al fomento sostenido de las zonas comerciales y de ocio.

Por lo explicitado, sostenemos que es imperioso cimentar un nuevo paradigma de sociedad muy diferente a la que vivimos, en donde todos y todas tengan una mayor participación en las decisiones políticas en la totalidad de los ámbitos, incluido el cultural. No se puede seguir operando con la denominada “democracia” que propugna el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, dentro de la cual  los “Delegados Regionales de Cultura”, designados por la autoridad, y las “Mesas de Trabajo Artísticas”, son las excepcionales formas de participación ciudadana. Como sabemos, los objetivos de estas “comisiones ad hoc” son analizar y proponer ideas que retroalimentan al sistema, sin contar con la potestad para que sus decisiones sean vinculantes. Sobre el particular, nos preguntamos: ¿Dichos personeros son realmente representantes de todo el universo y de los intereses de una comunidad?  En lo tocante, no tenemos ningún elemento de juicio para dudar de las competencias y habilidades de los profesionales que participan en esas instancias, sino más bien nos referimos al relativo respaldo social que cuentan para ser legitimados.

De manera manifiesta, se prefiere mantener la estrategia en donde las elites (intelectuales, burócratas y “expertos”) deciden lo que debe o no hacerse en este campo. Nadie puede desmentir que la participación real y organizada de los ciudadanos es muy tímida y casi nula, porque no existen los canales, ni los mecanismos, ni menos la voluntad política para hacerlo.

La institucionalidad cultural de carácter subsidiario, paternalista, verticalista y burocrático, aun cuando puede exhibir un impresionante registro de eventos ejecutados, no logra sustentarse en estrategias nacionales ni regionales que le den trascendencia social.

En concordancia con lo anterior, no basta la existencia de Fondos Concursables o de una programación repleta de acciones; lo sustancial es establecer estrategias que propendan a la evolución de ciudades sustentables y participativas. Esto supone introducir nuevos lineamientos en los esquemas organizativos y de funcionamiento de los modelos de gestión urbana, con el objeto de permitir un desarrollo urbano sostenible, ligados a valores culturales representativos del país y de cada región.

En otro orden de ideas, sabemos que la ejecución de cualquier Plan Estratégico Cultural requiere de un objetivo concreto, objetivo y cuantificable. Sin embargo, constatamos que en el actual modelo existe la dificultad básica de la evaluación de las políticas culturales, aunque a ellas se les asignan la misión de “servir al interés general”.

Por otro lado, podemos constatar que hay una ausencia de evaluación de la acción pública en cultura. Pareciera ser que la evaluación realizada hasta el momento únicamente contempla una atención adecuada al control de gestión, pero se nota una mayor debilidad en la valoración de los resultados e impactos. Por citar, la mayoría de los Fondos Concursables no cuentan con un sistema efectivo de medición, seguimiento y difusión de las iniciativas; lo que se traduce en un desconocimiento de los beneficios que, eventualmente, hubiesen suscitado los proyectos financiados con recursos fiscales. En cierto sentido, es equivalente a decir que el Estado entrega recursos, pero no sabe qué se hace con ellos, más allá del gasto.

En estos días cruciales para Chile, cuando se discute la construcción de una nueva Carta Magna y estamos próximo a las nuevas elecciones presidenciales, es urgente incorporar algunos cambios institucionales que demanda la mayoría de los chilenos y chilenas, relacionadas con las transformaciones de leyes y normas que regulan a la actual organización cultural, por otras que establezca la ciudadanía organizada, como la principal rectora de una política cultural democrática, popular y participativa.

En la esfera artística, es importante resolver las trabas perennes que extenúan a los y las gestores culturales: dificultades para disponer de espacios para crear, investigar, experimentar y representar sus montajes, burocratización e inaccesibilidad de los circuitos culturales, y, finalmente, la inexistencia de redes de producción y distribución de los artefactos artísticos.

Hemos urdido esta extensa deliberación para dejar ver las causas que originan la condición de fragilidad y los niveles de precarización y empobrecimiento del ámbito de las culturas y las artes. Este pensamiento en ninguna ocurrencia responde a nuestra subjetividad; en realidad, la situación resulta ser corolario del modelo político, social y cultural implantado y fortalecido por la dictadura cívico-militar y los gobiernos demo-liberales que hemos tenido en los últimos tiempos.

Ahora bien, inferimos que en la actual coyuntura política el mundo de la cultura y el arte tiene dos opciones: la primera, mantener el antiguo modelo subsidiario que impugna el candidato de continuidad del régimen actual o el de construir un nuevo paradigma, tal cual lo propone el aspirante a la Moneda, Diputado Gabriel Boric. En términos concretos: duplicar el presupuesto para cultura, indudablemente, no para tener más funcionarios, sino para invertirlo en proyectos que tengan continuidad y que favorezcan a todos los sectores y niveles sociales. Abandono de la lógica de los Fondos Concursables, mejorando los mecanismos de financiamiento y gestión.

Por lo demás, de manera sucinta, bosquejamos algunos cambios vitales que podrían revitalizar el sector artístico-cultural:

1.- Erigir una estructura cultural democrática y popular.

2.- Democratizar la cultura, dicho de otro modo, que todos los estamentos sociales (sindicatos, juntas de vecinos, agrupaciones sociales y culturales) tengan una representatividad de manera efectiva y real.

3.- Invertir más recursos en infraestructuras y obras artísticas-culturales que beneficien a toda la ciudadanía, en especial a los sectores sociales más postergados socialmente de la cultura (pobladores, niños, jóvenes y adultos mayores).

4.- Contar con asignaciones permanentes para aquellas organizaciones y hacedores que tienen un accionar sistemático y relevante en la comunidad.

5.- Democratizar la cultura, en otras palabras, que se ponga en valor, resignifique y proyecte la cultura y el arte más allá de los recintos propios de la estructura institucional cultural, creando nuevos productos y artefactos culturales en los mismos espacios donde “el hombre vive y trabaja”; es decir, instalando en el seno del mismo pueblo instancias de formación, creación y proyección.

6.- Incorporar en un Plan Estratégico Cultural valores intrínsecos de la cultura (creatividad, conocimiento crítico, diversidad, memoria, ritualidad, etc.).

De cara a las nuevas elecciones, hoy, la ciudadanía tiene el poder en un lápiz para decidir qué futuro quiere para su país: el perpetuar el actual sistema con todas sus debilidades e inequidades, o, por el contrario, hacer un giro axiomático donde la cultura sea la palanca del desarrollo social, con el único fin que todas y todos se enorgullezcan de sus culturas, memoria histórica y de la belleza de crecer en plenitud.

-El autor, Iván Vera-Pinto Soto, es Antropólogo Social, Pedagogo y escrito, Académico UNAP