Una acción judicial y policial inaceptable 

Veamos los hechos, si es que algo importan en el actual paisaje mediático y ético del país. La ley vigente de financiamiento público de campañas, aprobada durante el gobierno de Bachelet II, vino a prohibir el financiamiento legal de empresas y se supone que también el ilegal, y limitó, muy insuficientemente, el aporte de personas naturales. La idea fue fortalecer el financiamiento público de las campañas, para que no hubiera una tan flagrante intervención de la democracia por el poder del dinero. El fisco reembolsa, de acuerdo a los votos que los candidatos sacan, poco más mil pesos por voto, lo que es un evidente exceso, siempre que se demuestre mediante facturas y boletas de honorarios que se incurrió en gastos electorales. Como la rendición se hace después de conocido el resultado de la elección y se puede documentar aún después de ésta, el incentivo para los que obtienen muchos votos de sobre valorizar servicios a posteriori es evidente, pues no hay ilegalidad alguna en esa valorización. Un examen somero de las rendiciones indica que esto es practicado de manera generalizada por candidaturas y partidos. La ley está muy mal hecha, y habrá que bregar -donde quiera que a uno le toque estar- por reemplazarla por un mecanismo racional, veraz y austero, que sancione con la pérdida del cargo el incumplimiento de las normas electorales y especialmente el financiamiento ilegal de cualquier índole de las campañas políticas.

A cuatro días de la elección, el medio CIPER (supuestamente independiente pero que cuenta en la fundación que lo sostiene con personas como Carlos Peña y Roberto Méndez) lanza los resultados de una investigación sobre rendiciones de cuentas en las recientes elecciones de gobernadores. Por supuesto están en su pleno derecho de hacerlo, pero la prudencia para evitar generar manipulaciones no hubiera estado de más para un medio que busca ser serio e independiente.

Karina Oliva fue puesta en tela de juicio de manera preferente. Explicó que se había pagado altos honorarios en su campaña a gobernadora a personas por actividades más prolongadas que el período legal de campaña. Entonces la fiscalía, como si las campañas no se prepararan con mucha anticipación, con una iniciativa y presteza que no se le conoce usualmente, por ejemplo para combatir el narcotráfico o la corrupción gubernamental, no encontró nada mejor que iniciar a horas de una elección trascendental una urgentísima investigación de oficio.

El fiscal de Alta Complejidad Milibor Bugueño, de la Fiscalía Metropolitana Sur, indicó que se allanó la sede de Comunes “en virtud de una denuncia que se realizó sobre el posible financiamiento ilegal de la política(…) para tratar de establecer de la forma más clara posible, la comisión o no de hechos constitutivos de delito y la participación o no de determinadas personas”. La «comisión o no», «la participación o no» ¡con la policía pistola en mano a horas de una elección trascendental y con las cámaras en horario televisivo preferente! Si eso no es asesinato de imagen, no sé lo que es.

Los que se apresuraron a condenar a Karina Oliva sin más antecedentes, tal vez para pasar cuentas pendientes y otras noblezas, espero que se estén mordiendo la lengua, al menos algo, después de ver la violencia del Estado desencadenada de manera insólita contra una candidata que no hizo nada muy distinto que el resto, por reprochable que sea y necesitado de corrección legal que sea.

No me arrepiento, y lo reitero ahora, por haber llamado solitariamente a mirar un poco los hechos antes de condenar a raja tabla de manera lapidaria a una persona por tal o cual conveniencia (se puede ver mi entrevista en La Tercera el jueves). Este país da susto por las improvisaciones y conductas impulsivas y sus consecuencias, amplificadas por el embalamiento mediático, que espero retrocedan de aquí por delante.

Todo lo ocurrido es un abuso completo, en tanto tal y por contraste, pues solo se actúa con una candidatura y un partido determinados, y no con el resto de los que fueron objeto de la misma investigación periodística por las mismas causas. Esta investigación insinúa exactamente lo mismo para otros partidos, es decir valoraciones pecuniarias de servicios prestados que a lo menos requieren de una más amplia explicación y justificación, aunque hayan sido legalmente aceptadas por el SERVEL. Pero a Karina Oliva se la ha condenado sin juicio alguno y sin que haya la más mínima prueba de que haya sustraído un peso para fines personales.

Toda mi solidaridad con ella y toda mi condena a los que no se molestan por averiguar, aunque sea un poco, los hechos como son y se dejan llevar por la vieja costumbre de sumarse a la maledicencia de la manada y subirse a cualquier micro que vaya pasando en la que la vociferación parezca conveniente.

Lo que hay es un evidente intervencionismo electoral, con la responsabilidad directa del señor Bugueño y del señor Abbot, fiscal nacional. El partido Comunes había pedido su destitución tiempo atrás. A buen entendedor, pocas palabras.