Antecedentes históricos:
Carta a Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad por «apoyo» a Cheyre
Santiago de Chile, 12 de julio de 2017
Señor
Javier L. Egaña Baraona
Director
Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad
Señor Egaña:
Junto con saludarle, por medio del presente precisamos exponerle una situación que involucra a la institución en la que Ud. participa como Director, a nuestro juicio, de extrema gravedad.
El diario “El Mercurio”, en su edición del día domingo 9 de julio recién pasado, informó que la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad entregó al general (R) Juan Emilio Cheyre una constancia de “buena conducta”, en base a antecedentes que desconocemos, la cual, seguramente, él utilizará para ser incorporada a los procesos que enfrenta por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar.
Francamente, no podemos sino manifestar nuestro dolor y asombro ante este hecho, puesto que la Fundación aparece emitiendo esta constancia, relativa al comportamiento de un represor de la dictadura como bueno.
Ante esta situación, nos preguntamos por qué la Fundación, continuadora de la labor de la Vicaría, creada para defender y proteger a las víctimas, y que nunca había tenido una actuación de éste tipo, ha incurrido en este comportamiento. Los motivos que justificaron la elaboración de esta constancia por parte de la institución los desconocemos, y precisamos saber cuáles fueron ellos. En tal sentido, le solicitamos, formalmente, que nos informe acerca de este hecho. Esperamos una respuesta que aclare esta situación que, de por sí, es alarmante y grave.
Como familiares de víctimas de las horrorosas violaciones de derechos humanos de la dictadura, que Ud. y quienes trabajan en la Fundación conocen o conocieron, nos sentimos con todo el derecho de exigir esta respuesta. La situación de miles de familias, respecto de quienes aún no conocemos la Verdad acerca de lo ocurrido, hace casi imposible comprender este gesto con un general (R), que se encuentra actualmente procesado. Mediante dicho documento avalan su comportamiento previo, calificándolo de bueno, lo que seguro será utilizado por su defensa, en el marco de los procesos judiciales seguidos en su contra.
Nunca antes supimos de gestos de este tipo. Es peligroso equiparar así a las víctimas, siempre clamando Justicia, con los victimarios. Es imposible. Y Ud. o antes bien, Ustedes, con el documento que reprochamos, han dado un giro en ciento ochenta grados a vuestra histórica labor, reconocida mundialmente, trizando la confianza que antes depositamos en la Fundación.
Nosotros, señor Egaña, depositamos nuestra confianza, nuestras propias vidas en el Cardenal Raúl Silva Henríquez, y cientos de sacerdotes, monjas y laicos que defendieron, sin dudar, la dignidad del ser humano. Usted, Ustedes, han faltado a un compromiso ético, histórico, y han roto la esperanza que nos ha mantenido en pie, siempre dignos, por décadas.
Ante esta situación, desde nuestra posición de inclaudicable defensa de los nuestros y, por ende, de preservar la Memoria para hacer un país mejor, le exigimos una respuesta que aclare estos hechos y a la brevedad.
Atentamente,
RED CIUDADANA DE DERECHOS HUMANOS
- Francisco Ugás T.
- Francisca Celedón B.
- Gloria Cruz D.
- María Lucía Villavicencio C.
- Teresa Valdés E.
- Sylvia Castillo A.
- MaryAnn Beausire A.
- Jose Miguel Enríquez W.
- Isabel Ropert C.
Con Copia a:
Cristián Precht B.
Gustavo Villalobos S.
Enrique Pallet.
Alvaro Varela W.
Javier Manterola. Sacerdote.
*Fuente: RedCiudadana
La petición de Juan Emilio Cheyre que desató un quiebre inédito en la Vicaría de la Solidaridad
The Clinic Online 01 Octubre, 2017
“políticamente fue incorrecto. La opinión pública va a creer que estamos limpiando la imagen de Cheyre, aunque somos una institución que tiene credibilidad por la información que tenemos y por eso colaboramos con los tribunales y apoyamos a las víctimas. ¿Qué haces tú cuando ves que no tienes nada que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos. No tengo ningún testimonio de personas que digan que él torturó”, indicó la secretaria ejecutiva de la institución, María Paz Vergara.
En agosto del año pasado el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre llegó en compañía de su abogado, Jorge Bofill hasta la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad para pedir información respecto a si su nombre figuraba en los registros de la institución que lo vinculen a causas de violación a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Pinochet.
Según consigna Reportajes de La Tercera, su solicitud entregada a la secretaria ejecutiva del organismo, María Paz Vergara, desató un quiebre interno inédito debido al resultado de dicho escrito, así como también por pasar por algo a algunos miembros del directorio.
Vale decir que dicha petición del general (r) que fue procesado por su participación como teniente en el regimiento Arica de La Serena en el marco del Caso Caravana de la Muerte, buscaba reforzar en un futuro ante la justicia que el papel que desempeñó se basaba básicamente en un rol administrativo.
Pues bien, Vergara admitió que reaccionó sorprendida, pero que Cheyre, “en honor a la verdad, tenía el derecho a preguntar”. Fue así como tras digerir el hecho, decidió consultarle al presidente del directorio, Javier Luis Egaña, quien dio luz verde a la petición.
El problema fue que el nombre de Cheyre no apareció cuando los encargados de documentación lo buscaron en los archivos referidos a víctimas de la dictadura, información que fue enviada a Cheyre.
“En nuestro registro no aparece su nombre en relación a lo consultado ni existe ningún antecedente que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas”, dice el documento.
Lo complicado de la situación es que el ex uniformado sí aparece en al menos 5 informes relativos a fallos de la institución vinculado a Consejos de Guerra de 1973. Allí firma sentencias contra reos del regimiento arica por “ocular armas y explosivos”, “agitación política” y “persona ejecutada”.
Es así como se puede decir que el error radicó en que se buscó el nombre de Cheyre en la base de datos ordinarios de víctimas, y no así en las sentencias donde sí aparece.
En ese sentido, Vergara aclara que “políticamente fue incorrecto. La opinión pública va a creer que estamos limpiando la imagen de Cheyre, aunque somos una institución que tiene credibilidad por la información que tenemos y por eso colaboramos con los tribunales y apoyamos a las víctimas. ¿Qué haces tú cuando ves que no tienes nada que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos. No tengo ningún testimonio de personas que digan que él torturó”.
De acuerdo a La Tercera, varios miembros del directorio expresaron su molestia por no ser considerados en la decisión de entregarle información a Cheyre, ya que traerá consecuencias inimaginables para la Vicaría. De hecho la ex vicepresidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, decidió renunciar de manera indeclinable a su cargo en el directorio.
El resto del directorio hizo sus reparos y concluyeron no entregar información al solicitante, sino que sólo a tribunales.
“Si usted viene a mi casa y me pregunta: ¿Usted tiene algún documento que encuentra que Bernardo O’Higgins atrapó a las tropas argentinas? Y yo le digo que no tengo ningún documento y le doy esa respuesta. Eso no quiere decir que O’Higgins no haya hecho otra cosa. Eso fue lo que pasó. Nos enviaron la carta y nos encontraron de improviso. Fue un simple error de procedimiento”, dice el miembro del directorio, Javier Manterola.
Vergara añade que “yo no me meto en la interpretación ni lo que quiso Cheyre, porque eso es problema de él. Yo solo puedo decir lo que respondí, y si hubiera sido cualquier persona y no Cheyre, hubiese respondido igual”.
Desde diferentes organismos han expresado su molestia por lo ocurrido. La presidenta de la Red de Ciudadanos por los Derechos Humanos, Sylvia Castillo indicó que “no tenemos una visión desde el rencor, ni desde la rabia, simplemente manifestamos nuestro sentir. Nos hirió saber que se le entregaba un documento así a un señor que todo indica que va a ser procesado. Nunca lo concebimos así, siempre concebimos a la Vicaria de la Solidaridad como los paladines en la defensa de los derechos humanos”.
“Cómo no se va a ocupar el documento que da cuenta que el archivo más importante de derechos humanos que hay en Chile sostiene que no hay vínculos de causas de derechos humanos con el general”, señalaron en la defensa de Cheyre.
Vale decir que en el caso Cheyre corre el riesgo de recibir una pena efectiva de 10 años.
*Fuente: The Clinic
La petición de Cheyre a la Vicaría de la Solidaridad que terminó con la renuncia de una integrante del directorio
El general (R) junto a su abogado visitaron la Vicaría de la Solidaridad para pedir la revisión del archivo jurídico de la fundación para ver si su nombre figuraba en alguna denuncia que lo vinculara a crímenes de Derechos Humanos durante la dictadura militar con el fin de construir su defensa jurídica en el caso que lleva adelante el ministro Mario Carroza.
Por El Desconcierto / 01.10.2017 @eldesconcierto
Todo comenzó cuando Juan Emilio Cheyre visitó las oficinas de la fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad junto con su abogado Jorge Bofill para pedir la revisión de los registros históricos del Archivo Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad para ver si había algún antecedente, queja o denuncia que relacionara al ex general de ejército en el periodo comprendido entre 1973 y 1990.
Este hecho es descrito en el reportaje de F. Velásquez y M. J. O’Shea y L. Ayala y cuenta cómo la petición de Cheyre generó un quiebre en el directorio de la fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos.
El caso es inédito debido a que es la primera vez que un militar pide antecedentes sobre su participación en casos de derechos humanos. Esto tenía por intención construir la defensa jurídica del ex general para enfrentar las denuncias de varios testigos que lo acusan de ser cómplice de los homicidios ocurridos en 1973, mientras era teniente del Regimiento Arica, según consigna La Tercera.
Cabe recordar que el ministro Mario Carroza procesó a Cheyre por homicidio calificado reiterado. Mientras que la defensa del general en retiro argumenta que en ese momento él solo era un teniente en labores administrativas en los juicios marciales que se hicieron en el regimiento y que derivaron en los asesinatos.
El presidente del directorio, Javier Luis Egaña, proporcionó la autorización para el pedido del general (R),mientras que el resto del directorio de la fundación no fue consultado. Sin embargo, el hecho fue conocido con posterioridad y generó diversas reacciones.
De esta manera, los encargados de la documentación de la Vicaría de la Solidaridad buscaron el nombre del ex comandante en jefe en los archivos que contienen información sobre las víctimas de la dictadura militar.
El documento emitido por la Vicaría señala que “en nuestro registro no aparece su nombre en relación a lo consultado ni existe ningún antecedente que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas”. Este documento era importante para la defensa de Cheyre puesto que es un certificado oficial de una organización emblemática de la defensa de los derechos humanos que señala que el general en retiro no está en los registros de la institución
No obstante, el nombre de Cheyre aparece en otros documentos que corresponden a fallos de los Consejos de Guerra en La Serena que ocurrieron en octubre de 1973. El error se pudo cometer porque los encargados del archivo buscaron en la base de datos ordinarios donde era poco probable que apareciera el nombre de Cheyre en los documentos. Mientras que en los archivos que resguardan las sentencias figura el nombre del ex comandante en jefe del Ejército.
El resto del directorio manifestó su molestia frente a este hecho y todo desembocó en la renuncia de la ex vicepresidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda.
La defensa de Cheyre señaló que el documento lo utilizarán en la defensa de la causa del general (R) ya que sería una “prueba de descargo” en favor del ex uniformado. En enero, el ministro Carroza dictará la sentencia en el caso donde Cheyre arriesga una pena efectiva de 10 años.
*Fuente: El Desconcierto
El quiebre en la Vicaría por el caso Cheyre
La emisión de un certificado al general (R) Juan Emilio Cheyre -en el que se establece que su nombre no figura en el Archivo Jurídico de la Vícaría de la Solidaridad vinculado a delitos por violaciones a los DD.HH.- generó una soterrada disputa en la emblemática entidad, gatilló la renuncia de uno los integrantes de su directorio y la revisión de los protocolos para la entrega de información.
Todos quedaron sorprendidos cuando el general (R) Juan Emilio Cheyre llegó junto a su abogado, Jorge Bofill, a las oficinas de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, ubicadas en La Reina. El ex comandante en jefe del Ejército había concurrido al lugar para entregar una carta en la que pedía a los encargados de la institución un requerimiento poco usual. “Vengo a solicitar a usted que se informe al infrascrito si en los antecedentes, información de trabajo u otro tipo de fuente disponible que obran en los registros históricos del Archivo Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad existe alguna denuncia, acusación, constancia, queja o algún otro antecedente que vincule a mi persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas, que ocurrieron en Chile en el período comprendido entre septiembre de 1973 y marzo de 1990”, se lee en la misiva -a la que Reportajes tuvo acceso- que fue entregada por Cheyre a la secretaria ejecutiva de la fundación, María Paz Vergara, el 17 de agosto del año pasado.
Para nadie de los que estuvieron al tanto de esa tratativa el tema podía pasar por alto. Por primera vez un miembro de las Fuerzas Armadas requería información sobre su propia participación en casos de violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen militar. Hasta ese día, la institución solo había trabajado con las víctimas de los apremios ilegítimos y con sus familiares.
A ello se sumaba que quien pedía la información no era un militar cualquiera. En ese momento, Juan Emilio Cheyre estaba preparando su defensa ante la justicia para enfrentar las denuncias de varios testigos que lo acusan de ser cómplice de los homicidios ocurridos en 1973, mientras era teniente del Regimiento Arica, en La Serena, en el marco de la denominada Caravana de la Muerte, una comitiva del Ejército que recorrió el país para agilizar y revisar los procesos de detenidos tras el Golpe Militar: la operación terminó con el asesinato y desaparición forzada de 97 personas.
Y el otrora uniformado, además, fue el primer comandante en jefe del Ejército en asumir la responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de Augusto Pinochet. “Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener justificación ética”, señaló en 2004.
El histórico gesto fue puesto en entredicho 12 años después, cuando el ministro Mario Carroza procesó a Cheyre por homicidio calificado reiterado. La defensa del general (R) ha sostenido que al momento de esos hechos éste sólo era un teniente en labores administrativas en los juicios marciales que se realizaron en el regimiento y que derivaron en los fusilamientos.
Justamente para reforzar ese argumento fue que Cheyre y Bofill llegaron a las dependencias de la Vicaría de la Solidaridad.
La respuesta
La secretaria ejecutiva de la Vicaría, María Paz Vergara, señaló que no supo bien cómo reaccionar frente a la solicitud de Cheyre. “En honor a la verdad, él tenía el derecho a preguntar”, afirma al ser consultada por la gestión.
Pero aunque tenía la facultad para responder los requerimientos que suelen llegar a la institución -en general de víctimas o familiares consultando por archivos de causas-, Vergara logró calibrar lo delicado de la petición y decidió consultar al presidente del directorio de la institución, Javier Luis Egaña.
El problema del certificado entregado a Cheyre radica en que el nombre del otrora uniformado sí aparece en los archivos de la Vicaría vinculado a Consejos de Guerra en 1973.
El ex director de la Secretaría de Comunicación y Cultura del gobierno de Ricardo Lagos y actual asesor de Asuntos Religiosos de la Secretaría General de la Presidencia fue quien dio luz verde a la petición.
El resto del directorio de la fundación, compuesto por Enrique Palet, Cristián Precht, Francisco Javier Manterola, Álvaro Varela, María Luisa Sepúlveda y Gustavo Villalobos, no fue consultado por el tema y se enteró con posterioridad, manifestando distintas reacciones frente a lo ocurrido.
Según pudo establecer Reportajes, los encargados de la documentación de la Vicaría de la Solidaridad buscaron el nombre del ex comandante en jefe en los archivos que contienen información referida a víctimas del período comprendido entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. La respuesta fue enviada un día después a Cheyre.
“En nuestro registro no aparece su nombre en relación a lo consultado ni existe ningún antecedente que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas”, se lee en el documento, que fue enviado a los abogados del general (R) con la firma de María Paz Vergara.
La respuesta de la emblemática institución era esperada en la defensa de Cheyre: en sus manos estaba un certificado oficial de que su nombre no aparecía en los registros de la institución clave en la custodia de la documentación e información del trabajo realizado por la Vicaría de la Solidaridad en defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Pero el problema se desató a días de conocerse en la institución la gestión solicitada.
Y es que -además de constituir un gesto inédito en la historia de la Vicaría de la Solidaridad- no pocos advirtieron que, contrario a lo que estipula el certificado despachado a Cheyre, el nombre del general (R) aparece en al menos cinco documentos correspondientes a fallos durante los Consejos de Guerra en La Serena ocurridos en octubre de 1973 y que están en los archivos del organismo.
En esos documentos el entonces teniente Juan Emilio Cheyre aparece firmando sentencias en contra de reos del Regimiento Arica por acusaciones que van desde “ocultar armas y explosivos” y “agitación política”, hasta “persona ejecutada”.
Estos son parte de los documentos que ligan al general (R) Juan Emilio Cheyre con Consejos de Guerra efectuados en La Serena durante 1973.
Quienes conocen el funcionamiento del archivo de la Vicaría explican que el error se pudo cometer por un tema de procedimiento de los encargados del archivo, quienes buscaron en la base de datos ordinarios, la cual organiza la búsqueda por nombre de cada víctima. En esta línea -señalan las mismas fuentes- es poco probable que el nombre de Cheyre apareciera en los documentos que ellos manejaban.
Una situación que pudo arrojar un resultado distinto en caso de que se hubiese buscado en los archivos que resguardan las sentencias donde figura el nombre del ex comandante en jefe del Ejército como participante en Consejos de Guerra en cinco oportunidades.
“Políticamente fue incorrecto. La opinión pública va a creer que estamos limpiando la imagen de Cheyre, aunque somos una institución que tiene credibilidad por la información que tenemos y por eso colaboramos con los tribunales y apoyamos a las víctimas. ¿Qué haces tú cuando ves que no tienes nada que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos. No tengo ningún testimonio de personas que digan que él torturó”, afirma María Paz Vergara.
Al ser contactado por Reportajes, el presidente del directorio de la fundación y uno de los responsables de la decisión, Javier Luis Egaña, prefirió no referirse al tema, aduciendo “estar con la agenda copada”.
El quiebre reservado
El resto del directorio supo días después de la visita del general (R) Juan Emilio Cheyre y su abogado a la Vicaría y fue entonces que se desataron las desavenencias que -hasta hoy- se mantenían en reserva.
Varios expresaron su molestia frente a lo que consideraron que la emisión del documento fue una equivocación de consecuencias insospechadas para la imagen de la institución.
La ex vicepresidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, fue más allá y, por medio de una carta, renunció a su puesto en el directorio de la fundación, generando un quiebre inédito al interior de ese organismo.
“Ella es de las personas que más nos dan confianza, que más sabe de derechos humanos. María Luisa merece todo nuestro respeto, pero ella hubiera querido otro procedimiento y que fuera consultada”, reconoce el sacerdote Francisco Javier Manterola, también integrante del directorio.
Los intentos por retener a Sepúlveda para hacerla cambiar de opinión no tuvieron éxito. De todas maneras, la dimisión tomó carácter de indeclinable.
El resto de los miembros del directorio también hizo saber sus reparos. En primer lugar, pidieron revisar los protocolos y determinar si existen otras consultas formuladas por imputados en procesos por violaciones a los derechos humanos. En ese caso se estableció no responder directamente al solicitante, sino que sólo se entregue información a los tribunales.
Finalmente se debatió la improcedencia de la entrega de este tipo de documento y que ésta debió discutirse a nivel de directorio. “Pecamos de ingenuos”, sostienen, al tiempo que explican que también se demandó a Egaña que reconociera a otras organizaciones de derechos humanos que la decisión de entrega del certificado sólo fue visada por parte del directorio en caso de una eventual consulta.
“Si usted viene a mi casa y me pregunta: ¿Usted tiene algún documento que encuentra que Bernardo O’Higgins atrapó a las tropas argentinas? Y yo le digo que no tengo ningún documento y le doy esa respuesta. Eso no quiere decir que O’Higgins no haya hecho otra cosa. Eso fue lo que pasó. Nos enviaron la carta y nos encontraron de improviso. Fue un simple error de procedimiento”, dice Manterola.
“Yo no me meto en la interpretación ni lo que quiso Cheyre, porque eso es problema de él. Yo solo puedo decir lo que respondí, y si hubiera sido cualquier persona y no Cheyre, hubiese respondido igual”, argumenta María Paz Vergara.
El tema ha sido debatido en reserva en las organizaciones vinculados a la defensa de los derechos humanos, en parte para evitar la polémica pública y que se denote un quiebre en ese mundo.
El presidente de la Asociación de ex Funcionarios del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad, Roberto Garretón, escribió una carta dirigida a Javier Luis Egaña expresando su preocupación por la labor de la fundación de Documentación y Archivo. Egaña respondió lamentando los hechos ocurridos y comunicando los cambios en la política de la fundación.
La Red de Ciudadanos por los Derechos Humanos, en tanto, también envió una misiva a la entidad que dirige Egaña, que no ha sido respondida, en la que advierten que lo ocurrido fue una situación “extremadamente grave”, y aseguran que el documento avala el comportamiento de Cheyre y que será utilizado por su defensa en el proceso.
María Luisa Sepúlveda renunció al directorio de la fundación y se abrió un soterrado debate entre las organizaciones de familiares y víctimas del régimen militar.
“No tenemos una visión desde el rencor, ni desde la rabia, simplemente manifestamos nuestro sentir. Nos hirió saber que se le entregaba un documento así a un señor que todo indica que va a ser procesado. Nunca lo concebimos así, siempre concebimos a la Vicaria de la Solidaridad como los paladines en la defensa de los derechos humanos”, dice la presidenta de la agrupación, Sylvia Castillo.
La petición a Carroza
Hace unas semanas, el ministro que investiga la causa en contra de Cheyre, Mario Carroza, recibió la visita de integrantes del directorio de la Fundación Vicaría de la Solidaridad en su oficina en calle Compañía.
Los visitantes le preguntaron si el certificado de la entidad había sido presentado por la defensa del general (R).
Sin embargo, Carroza respondió que aún no estaba en conocimiento del documento al que aludían. Fue entonces que los miembros del directorio solicitaron al ministro que en caso de tener a la vista el certificado en cuestión se le advirtiera a la fundación para “realizar precisiones”. Extrañado, Carroza se comprometió a avisarles.
Fuentes judiciales -no obstante- precisaron que este tipo de antecedentes se suman al expediente como uno más de los presentados por la defensa del general (R).
Contactados por Reportajes, desde la defensa de Cheyre se afirmó que el polémico documento siempre estuvo pensado para ser utilizado en la causa que involucra al ex jefe militar en violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. Sería -según explicaron- una “prueba de descargo” en favor del otrora uniformado. “Cómo no se va a ocupar el documento que da cuenta que el archivo más importante de derechos humanos que hay en Chile sostiene que no hay vínculos de causas de derechos humanos con el general”, señalaron.
Así, la polémica podría reabrirse en enero, cuando Carroza dicte sentencia en el caso en el que Cheyre arriesga una pena efectiva de 10 años.
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Aunque valoro .modestamente como ex preso político, a muchos de los integrantes del Directorio de la Fundación Vicaria de la Solidaridad por sus trayectorias en defensa de los DDHH durante la Dictadura de Pinochet,creo que a esas personas por su trayectoria y formación profesional no pueden pecar de ingenuas. Al parecer, olvidaron ya los difíciles días vividos y las amenazas recibidas durante la Dictadura en la propia Vicaría. No olvidemos que el Fiscal Torres y la llamada Justicia Militar quisieron que se les entregaran dichos archivos. Quizás muchos de ellos no vivieron las detenciones ni las cárceles y con el correr del tiempo ven a los torturadores y asesinos como nobles caballeros.Además, es preciso consignar que en los organismos de Gobierno ocupados en los DDHH existe una generación de personas que no vivieron el Golpe y cuando atienden a las víctimas de la represión lo hacen tecnocráticamente bien, pero sin mayor empatía ni compromiso: eres un cliente más, no una víctima. ¿ Cómo llegaron a ocupar esos cargos? Finalmente, felicito a M.L. Sepúlveda. Su renuncia representa la indignación que sentimos todos los ex presos políticos. Creo no equivocarme.