Todo comenzó cuando Juan Emilio Cheyre visitó las oficinas de la fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad junto con su abogado Jorge Bofill para pedir la revisión de los registros históricos del Archivo Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad para ver si había algún antecedente, queja o denuncia que relacionara al ex general de ejército en el periodo comprendido entre 1973 y 1990. El problema del certificado entregado a Cheyre radica en que el nombre del otrora uniformado sí aparece en los archivos de la Vicaría vinculado a Consejos de Guerra en 1973. Así, la polémica podría reabrirse en enero, cuando Carroza dicte sentencia en el caso en el que Cheyre arriesga una pena efectiva de 10 años.