Encontrar en el presente la huella casi borrada del pasado

Discurso de conmemoración del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Universidad Alberto Hurtado (UAH). Santiago de Chile.

“Y mientras en los salones del Palacio Presidencial
y en los patios de las prisiones y en los cuarteles
y la Legación Americana y la Estación de Policía
los que velaron esa noche se ven en el alba lívida
con las manos y las caras como manchadas de sangre”.
Ernesto Cardenal, “Hora 0”

I

Se calcula un millón de indígenas en lo que hoy es Chile a la llegada de los españoles, a mediados del siglo XVI. Al terminar ese siglo, no eran más de 400 mil, en su mayoría reducidos al sur del río Bío-Bío. Una actividad económica importante de las guarniciones del Ejército del Sur consistía en la caza de indios para uso personal o para la venta. Dado que los soldados encontraban más fácil capturar indios de tribus pacíficas, estos eran vendidos como esclavos en mucho mayor número que los rebeldes capturados en la guerra. El territorio se convirtió en un inmenso “mercado de carne humana”, donde los soldados se enriquecían a través de la venta de indios y donde los encomenderos y ricos residentes de Santiago y La Serena obtenían sus sirvientes domésticos o reemplazaban a los nativos de sus encomiendas que fallecían por exceso de trabajo o enfermedades. A través del país se veían multitudes de indios lisiados o mutilados; sin manos, narices u orejas; e indios ciegos cuya condición trágica incitaba a los demás a morir antes que a rendirse.

El afán de riquezas, poder y estatus se constituyó en el motor real de los conquistadores. Como en Chile no existía abundancia de oro, la actividad económica se fue centrando en la agricultura y la ganadería conexa. Por esto se procedió al despojo generalizado de las tierras indígenas que se entregaban en forma de “mercedes de tierras” a la propiedad privada de los conquistadores. Y al mismo tiempo, se les entregaba gran cantidad de indios en “encomiendas” que aportaban tributo o trabajo, recibiendo a cambio educación religiosa de parte de los conquistadores.

En aquella realidad se puede reconocer el núcleo del futuro campesinado, sometido desde los comienzos a la más baja de las condiciones posibles. Y así también se creó una sociedad señorial que ha sido uno de los elementos más poderosos y determinantes de la formación de Chile.

El proceso de independencia nacional y la formación de la República fue obra de la oligarquía criolla. El pueblo –“el roto”- no tuvo influencia en la orientación de dicho proceso, sino que fue manipulado por los dos bandos en pugna. Así también ocurrió en el transcurso posterior, como en la Guerra del Pacífico, en la Pacificación de la Araucanía, en la Guerra Civil de 1891.

La mayor amenaza para la oligarquía ha sido el movimiento de los trabajadores organizados, que se expresó desde fines del siglo XIX en huelgas y mítines en Santiago, Valparaíso, la zona del carbón y en la región de las salitreras. Cuando la oligarquía veía amenazada su hegemonía, los gobiernos acudían en su defensa a través de la policía y de las FFAA. Demostración de ello fueron las grandes matanzas de Valparaíso (1903), Santiago (1905), Antofagasta (1906) e Iquique (1907).

II
No es posible ocultar que ha habido un componente ideológico de dominación étnica y clasista de 500 años sobre “razas y clases” consideradas “inferiores”. Es por ello que lo ocurrido a partir de 1973, no ha sido ajeno al itinerario de la historia de Chile que se ha pretendido dejar en el olvido.

Quienes propiciaron el golpe de Estado de septiembre de 1973, sus ejecutores, los que aún lo justifican y los que se han enriquecido oprimiendo al pueblo, han procurado acallar y tergiversar el desarrollo de la organización de los trabajadores y del pueblo en general y que fue interpretado en el pensamiento y la obra de Salvador Allende.

No hay argumentación lógica respecto del golpe y de la dictadura que le siguió. La asonada golpista adoleció de validez política y moral. El imperialismo, el sistema capitalista, la oligarquía y las falsas conciencias odiaron a Allende por su lucidez y su consecuencia. Por eso terminaron con su vida. Pero aún más odiaron, odian y temen al pueblo consciente de su existencia y de su búsqueda de dignidad.

El Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación de 1991 señala 2.279 casos de detenidos-desaparecidos y de ejecutados políticos.

El Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura del año 2004 dio cuenta de la calificación de 27.255 personas. La segunda Comisión Valech reconoció otros tantos miles de víctimas.

Pero la realidad nos dice que las víctimas han sido muchas más, ya sea en las familias destruidas, en los hijos que no tuvieron acceso a la salud ni a la educación, en la estigmatización social, en todas las almas rotas y que todavía no han logrado recomponerse.

Ha sido un daño injustificado e irreparable, porque nada puede reparar las heridas del alma de un pueblo que había decidido profundizar la vida democrática cuando ingresó a La Moneda.

La ‘Vía Chilena al Socialismo’ consistía en la nacionalización del cobre, del salitre, del hierro, del sistema financiero, del servicio telefónico, en la construcción de viviendas, en el aumento salarial, en la extensión de la educación y del arte, en la creación de la propiedad social de la industria, en la apertura de Chile al resto del mundo, en la ampliación de la cobertura de salud, en el incremento de la alimentación, en la profundización de la Reforma Agraria, etc., etc., etc.

Se trataba del traspaso del poder desde los antiguos grupos dominantes a partir del período de la Conquista a los trabajadores, al campesinado y a sectores lúcidos de las capas medias, terminando con el poder del capital monopolista nacional, extranjero y latifundista.

Pero una gran nube negra se elevó desde el Palacio de La Moneda en llamas y nos cubre hasta hoy. El entonces director de la CIA dijo que los asesinatos en Chile habían evitado una guerra civil. Las radios y la televisión emitieron proclamas que prometían más sangre, mientras tanto el precio del cobre se multiplicaba por tres, súbitamente, en el mercado mundial.

Así culminó la Unidad Popular. No obstante, nadie ha podido negar que dicho proceso significó un avance en humanidad, una nueva concepción del hombre, un empuje hacia una sociedad nueva, comprometiendo a los hijos del pueblo hasta lo más profundo de su ser.

III
Es por esto que se torturó, se asesinó, se hizo desaparecer, se expulsó de los puestos de trabajo, se exilió a un millón de chilenos.

¿En qué ha desembocado aquel genocidio? En que en el ranking de multimillonarios del mundo aparecen apellidos de grupos económicos de nuestro país: Luksic, Paulmann, Matte, Solari, Angellini, Yarur, Sahié, Piñera, Cuneo, Cueto, del Río, Ponce Lerou, todos ellos amparados por la Constitución de 1980, que es el muro infranqueable para superar la crisis de la educación privatizada, los fraudes de las universidades, las usuras del sistema financiero y de los retails, el 68% de empleos precarios, los dos tercios de trabajadores ocasionales, la falsificación de las cifras del INE y de la encuesta Casen, los bonos abusivos del BancoEstado, las estafas de “La Polar” y otras grandes tiendas, la colusión de precios de los medicamentos, la desnacionalización de los recursos naturales, del agua, de la minería, de la electricidad, de las comunicaciones, de las carreteras, de las tierras de los pueblos originarios, de la ausencia de salud pública, de las estafas de las Isapre y de las AFP, de la torpe política internacional, de la impunidad de los violadores de derechos humanos, etc., etc., etc.

Uno de los Mandamientos del Decálogo dice: “No robarás”. Pero el orden económico mundial, del que Chile es considerado un ejemplo, está basado en el despojo de las grandes mayorías. Para impedir la crítica a este robo legalizado por la Constitución de Pinochet, se utiliza a las policías y a las Fuerzas Armadas para reprimir al “enemigo interno”. Los medios de comunicación de masas se encargan de tergiversar u ocultar la verdad. Mientras, el sistema financiero manejado por los grupos económicos esconde el producto del trabajo del pueblo en los “paraísos fiscales”.

Esto sucede porque el neoliberalismo se basa en el robo justificado o legalizado y no en un orden económico justo. Sin justicia, no habrá paz. Y sólo habrá justicia cuando se devuelva al pueblo todo lo que le pertenece y que le ha sido arrebatado.

IV
Es para despertar la conciencia del pueblo a partir de pequeñas experiencias liberadoras que existe la Comisión Ética contra la Tortura.

Cada organización, por pequeña que sea, puede ser una escuela de nuevas conciencias. Y sólo así el pueblo podrá retomar en sus manos su destino.

En aras de la erradicación de la tortura en Chile, la Comisión Ética contra la Tortura ha exigido reiteradamente al Estado chileno que responda a los compromisos contraídos en materia de derechos humanos, tras las recomendaciones de la ONU al respecto. Esto se suma a las innumerables gestiones realizadas durante trece años el hecho de que, en febrero pasado, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU acogió el Informe de la Comisión Ética contra la Tortura dirigido al Examen Periódico Universal (EPU) y cuyos principales planteamientos son los siguientes:

a) Es primordial la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y el nombramiento de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura.

Desde febrero de 2010, Chile debió crear una o varias instancias para la prevención de la tortura, derivación de la ratificación realizada por Chile del Protocolo Facultativo a la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, bajo el decreto 340 del 14 de febrero de 2009. Dicha entidad debe ser autónoma, con presupuesto propio, fuertemente arraigada en la sociedad civil, constituida por personas de reconocida solvencia moral, bajo la nominación Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, con atribuciones para presentarse –sin necesidad de autorización ni aviso- en cualquier unidad de detención legal del país. Una institución de este tipo tendría enorme utilidad para prevenir y disuadir prácticas de torturas o malos tratos que se hicieren sin conocimiento de las autoridades.

b) La adopción de una definición de tortura, a través de un proyecto de ley que modifique el Código Penal en lo relativo al delito de tortura, adecuándolo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

c) La derogación de la disposición de la Ley de Reparaciones Nº 19.992, que facilita la impunidad de las torturas cometidas durante la dictadura. La Ley de Reparaciones aprobada en diciembre de 2004, contiene en su artículo 15 dos disposiciones destinadas a impedir la justicia en dichos casos:

+ la prohibición para que los Tribunales de Justicia puedan acceder a los testimonios de torturas aportados por las víctimas a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

+ El establecimiento de 50 años de secreto para dichos testimonios.

Estas disposiciones facilitan la impunidad de la tortura, significan un grave atentado a la potestad y autonomía del Poder Judicial y a los tratados de derechos humanos de los que Chile es Estado Parte.

d) La derogación de la Ley Antiterrorista o, al menos, de sus disposiciones más violatorias de los derechos humanos más fundamentales.

La Ley 18.314, Ley de conductas terroristas (Ley Antiterrorista), promulgada en 1984 por la dictadura militar, establece tipos penales muy amplios, que posibilitan su aplicación a hechos que nada tienen que ver con terrorismo y que pueden ser juzgados y sancionados por la legislación penal ordinaria. Con dicha ley, la dictadura pretendía desarticular a los grupos organizados.

e) La derogación del DL de Amnistía de 1978 (ley 2191). La CIDH, en 2006 ordenó al Estado de Chile su derogación, lo que hasta la fecha ha sido incumplido, obstaculizándose la posibilidad de sancionar los crímenes de tortura cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.

f) El término del envío de soldados y policías a la Escuela de las Américas y cierre de la base militar de USA en Con-Cón.

g) La aprobación de una ley que establezca los derechos y deberes de la población penal.

h) La derogación de las disposiciones legales y reglamentarias que establecen “obediencia debida”, lo que además implica el término de la justicia militar, porque su mantención favorece la subsistencia de la aplicación de tortura de parte de policías y militares.

No estamos atrapados en el pasado, sino que queremos resolver el pasado en el presente, como la vía de construcción de un nuevo futuro de liberación.

V
Pero no es posible pensar a Chile aisladamente. América Latina y El Caribe poseen un territorio en el que crecen el 22% de los bosques y el 40 % de la biodiversidad del planeta. Hay un tercio de las reservas mundiales de cobre, bauxita y plata. Guardan sus entrañas el 27% del carbón, el 24% del petróleo, el 8% del gas y el 5% del uranio, sin contar las nuevas reservas en exploración. América Latina alberga uno de los mayores depósitos de litio a nivel mundial y el 35% del agua del globo.

La crisis económica a partir de 2008 ha profundizado la explotación intensiva de los bienes de la naturaleza. Es así como A. L. ha afrontado una ofensiva restauradora promovida por los sectores más retrógrados del imperialismo y de las oligarquías nacionales por el control de dichos bienes. Señales de la neutralización de los procesos de cambio de los movimientos sociales por reconquistar el control sobre territorios que USA considera su área de influencia natural, son los golpes de Estado “blancos” de Honduras y Paraguay, así como el hostigamiento a Bolivia, Argentina, Venezuela, Ecuador, la mantención del bloqueo a Cuba y el lanzamiento de la Alianza para el Pacífico, firmada en junio de 2012 por Chile, Perú, Colombia y México. Detrás está la mano de Washington en contraposición a los esfuerzos de integración de América Latina y la presencia amenazadora para sus intereses de parte de China.

Ello explica que ya a julio de 2012 existieran 76 bases militares estadounidenses conocidas instaladas en A. L., además de los ejercicios conjuntos, cursos de adiestramiento para FFAA y fuerzas policiales, reuniones continentales de altos mandos y redes, contactos, programas e instituciones que proyectan el poder militar de USA sobre nuestros países y que ahora se extienden a la presencia militar frente a desastres naturales.

La tierra y sus recursos naturales, los pueblos originarios y los esclavos importados, los obreros, los campesinos, los subempleados y desempleados, los deudores hipotecarios, los estudiantes, los jubilados, los pescadores artesanales, los mineros del carbón, todos han sido considerados como subhumanos, porque la lógica del capital es la acumulación, sin tomar en cuenta los límites de la naturaleza ni de la humanidad.

La represión a los movimientos sociales, la descomposición de la política al estar subordinada al poder económico, las faltas de salud, de vivienda y educación, la precariedad laboral, la juventud sin esperanza, la migración, las lacras sociales, son efecto de las políticas implementadas por los organismos financieros internacionales.

Para mantener este sistema se reprime a los grupos conscientes y politizados. Se tortura para que el 20% de la población mundial del Primer Mundo y las oligarquías del Tercer Mundo consuman las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía de la tierra.

Han envenenado los mares y los ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos. Los bosques desaparecen, se extienden los desiertos, se extinguen las especies. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año a consecuencia de esto.

Los derechos humanos hoy también significan salvar a la humanidad de la autodestrucción, distribuir mejor las riquezas y las tecnologías. Menos lujo y menos despilfarro de unos pocos para que haya menos pobreza y menos hambre para las grandes mayorías. No hay argumentos para los gastos militares y carreras armamentistas.

La vida humana se debe hacer más racional: bien pensar y bien vivir.

La verdadera existencia es la negación de todo aquello que amenaza la libertad.

La explotación del hombre por el hombre no es solamente económica, sino que también significa la destrucción del espíritu del oprimido.

No obstante, el hombre se transforma conquistando su libertad a lo largo de su existencia individual y de la historia colectiva. Ello implica la utopía de denuncia del orden existente y el anuncio de lo que todavía no es, pero que será.

Se trata de la reconquista de la historia, siendo sujetos y no objetos. Ello se logra en la yuxtaposición de lo individual y lo universal.

No estamos atrapados en el pasado, sino que queremos resolver el pasado en el presente, como la vía de construcción de un nuevo futuro de liberación.

Queremos una rendición de cuentas de los años de la dictadura militar-empresarial y de los años de los acuerdos a espaldas del pueblo. Necesitamos saber qué sucedió con las víctimas de violaciones de DDHH y de los actuales excluidos, incluyendo los nombres de los responsables de las órdenes, de los ejecutores, de los financistas, de los cómplices, de los que callaron y de los que se enriquecieron.

Los nombres de los que cooperaron con los militares y de los que se han beneficiado del modelo impuesto y se niegan a cambiarlo.

Queremos saber por qué traicionaron al pueblo.

Porque la democracia no es verdadera dentro de la camisa de fuerza del neoliberalismo. El mercado libre y las elecciones libres como sinónimos de democracia, son falsedades fuera del contexto específico tanto económico como social. La democracia no finaliza en el voto, sino que debe extenderse a la igualdad y la participación con poder de decisión de cada integrante del pueblo.

La CECT continúa vigente porque está atenta a los avatares del devenir histórico, buscando verdad, justicia y reparación.

La justicia es otra cara de la verdad. Y la verdad es lo que da sentido de trascendencia al hombre. Es lo que posibilita las grandes acciones y los espíritus grandes. La mentira, en cambio, corroe las almas de los hombres. Es necesario rebelarse frente a la falsedad que es presentada como verdad.

Coherente con esta perspectiva, la CECT, junto a la Iglesia Evangélica Luterana de Chile, ha conformado el Centro de Educación en Derechos Humanos “Helmut Frenz”, resaltando la figura de quien, a partir de la fe emanada del Evangelio, fuera fundador del Comité para la Paz en Chile y de varios otros organismos de defensa de la vida durante la dictadura.

Asumiendo como propia la larga llaga de defensa del pueblo mapuche, junto a otras organizaciones sociales, la CECT, recientemente, ha instituido la Comisión Nacional e Internacional de Defensa y Resguardo de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.

Es internacional, porque también se ha conformado una Comisión Ética contra la Tortura Exterior, en varios países de América y de Europa.

VI
Cada día decidimos continuar viviendo porque tenemos el derecho a no ser silenciados y a tener presencia en la historia. Los poderosos quieren nuestro silencio. Nosotros hablamos y seguiremos hablando contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida.

Es así como hacemos nuestras las palabras del célebre Ernesto Sábato al afirmar que “los hombres encuentran en las crisis la fuerza para su superación. Así lo han mostrado tantos hombres y mujeres que, con el único recurso de la tenacidad y el valor, lucharon y vencieron a las sangrientas tiranías de nuestro continente. El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. En esta tarea, lo primordial es negarse a asfixiar cuanto de vida podamos alumbrar. Defender, como lo han hecho heroicamente los pueblos ocupados, la tradición que nos dice cuánto de sagrado tiene el hombre. (…) El mundo nada puede contra un hombre que canta en la miseria” (o en la prisión). (Sábato, Ernesto, “La resistencia”, Editorial Seix Barral, pág. 130).

Hervi Lara B.

Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile)

26 de junio de 2014

*Fuente: El Ciudadano