Para hablar de exonerados y comer pescado, hay que tener mucho cuidado

Hace 20  ó 30  años atrás nadie hubiera imaginado jamás que en el 2013, veríamos al mismísimo señor Andrés Chadwick, en su calidad de  Ministro del Interior, dando clases de moralidad pública y basureando a todos los exonerados políticos que recibieron algún beneficio, en su calidad de tal.

Pongamos las cosas en su lugar y en su justa dimensión. No se trata de defender ningún caso de irregularidad respecto de quienes cobraron beneficios, si  no les correspondía recibir. Lo que debemos cuestionar es la crueldad de este  gobierno para usar a un grupo de personas que lo pasaron muy mal y que ahora se descalifique la condición de todos los exonerados políticos, para hacer campaña y enlodar a la candidata de la oposición y/o de quienes son sus opositores.  Pudieron hacer lo mismo que están haciendo hoy, recurriendo a los tribunales,  denunciar los casos anómalos, sin ninguna necesidad de hacer escarnio público y denigrar a personas que pensaban distinto y por eso fueron echadas de sus trabajos. Como  los miles de funcionarios de derecha, que hoy tiene el gobierno.

Día tras día tras van mostrando su furibunda frustración porque perciben que no tendrán un segundo gobierno, lo dijo el ex candidato  de la derecha L. Golborne en una entrevista a la TV, quien ve perdida la opción para un segundo gobierno. Y es cierto, el pueblo le puso la lápida a la derecha, creo que ya tiene tomada una decisión de lo que significa este gobierno,  igual que los millones de jóvenes que nunca habían vivido bajo un gobierno de derecha.

Los exonerados políticos y las pensiones solidarias para  dueñas de casas que viven con $ 3 más que la línea de la pobreza extrema, fueron el centro de la “brillante”  idea de investigar que propició este gobierno, para demostrar a la opinión pública, que volverán a gobernar los que despilfarraron US$ 180 millones de las arcas fiscales, según ellos, y tal vez regresen los miles “operadores políticos”, acompañados tal vez, por los exonerados políticos.

Vamos por parte. A partir de 1973, los golpistas ordenaron despedir a una gran cantidad de personas quienes no solo fueron despedidos, muchos de ellos fueron sacados de sus puestos de trabajo a punta de metralleta por patrullas de militares que los llevaron a lugares desconocidos, donde fueron torturados.  Muchos de los que tenían 45 o 50 años, hoy están muertos diezmados por la falta de trabajo, las enfermedades y nunca volvieron a surgir, la mayoría cuasi  ancianos.  Conocí a muchos de ellos, eran personas decentes con familia, hijos y esposa,  que debieron sobrevivir en medio de una cesantía de más del 30% y con casi un millón de cesantes, donde no había trabajo para nadie, menos para los “fichados como exonerados políticos”. Señor, señora, hoy los exonerados son casi una leyenda,  viejos empobrecidos, que viven asilados con algún familiar,  si es que no están enfermos.

En dictadura, se aumentó a 65 años la edad para jubilar y no le preguntaron a nadie el parecer. Los hombres antes lo podían hacer a los 60, y las mujeres a los 55, subieron a 60 años.  Con ese sólo cambio, una gran cantidad de exonerados vieron alejarse su posibilidad para tener una escuálida pensión,  salvo contadas excepciones, no volvieron a encontrar trabajos con nuevas y buenas imposiciones,  han pasado muchos años y los escasos trabajos que desarrollaban eran  “pololitos” esporádicos. Curiosamente hoy volvemos a encontrar en el gobierno, a los herederos de la dictadura, los mismos que hablan  de subir la cotización imponible a  los trabajadores de 10 % a 13% y volver a aumentar la edad de jubilación. ¿Será una simple coincidencia?

Las empresas que se privatizarón durante la dictadura de Pinochet,  provocaron al Estado chileno una pérdida de US$ 6.000 millones de dólares, según el informe final de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, a partir de datos aportados por la Contraloría General de la República, empresas donde obviamente se contrataba  a gente ligada a la  derecha y no a un exonerado político.

La ley de beneficios para los exonerados políticos, siempre fue considerada por los abogados como una mala ley, no porque entregara beneficios a los funcionarios y trabajadores despedidos, sino exactamente por lo contrario, porque los beneficios eran una limosna de una ley muy mal diseñada. Primero fue la ley Nº  19.234, que otorgaban montos  $ 30 o 40 mil pesos, demostrando una clara la evidencia de ser una miseria y ante el clamor de la  gente que seguía sin trabajo, surgió una segunda ley, la Nº 19.582 que intentó mejorar los montos, pero siempre dentro de un rango muy básico. Salvo los casos excepcionales de gente que aprovechó su previsión por años de imposiciones acumulada,  como promedio, hoy puede que tengan una pensión de $ 200 mil pesos.

Nada comparado con los fabulosos aumentos de las remuneraciones y pensiones de los militares, carabineros y otros grupos que se aplicó para siempre, a la gente partidaria de la dictadura en esos años, que pasaron a ser los reyes del mercado comprando casas y autos nuevos, beneficios que se trasladaron a las hijas solteras de los uniformados, una vez fallecidos. Por eso no era raro que Ud. encuentre matrimonios de hijas de ex militares que no se casaron, aunque tenían hijos. Este gasto de pensiones del sector de las fuerzas armadas tenía o aún lo tiene, un déficit fiscal anual de mil millones de dólares, y esa sí que se trata de una gran cifra.

Ya se les olvidó a estos moralizadores de hoy, que ellos fueron parte de la dictadura, tres ministros de Piñera subieron el cerro a rendirle homenaje a Pinochet, entre ellos, según la lista publicada por el diario El Mercurio, estaba Andrés Chadwick, actual Ministro del Interior, Cristián Larroulet, Ministro Secretario General de la Presidencia y el Ministro Joaquín Lavín, hoy en Mideplan.

Me imagino lo molestos que deben haber estado estos señores con  los US$ 20.000.000.000  (veinte mil millones de dólares) de daño anual  causado por la privatización de la gran y mediana minería nacional, y que de los 15.888 inmuebles pertenecientes a Bienes Nacionales,  11.000 fueron traspasados directamente a manos privadas durante el régimen militar.

Qué disgusto o pena deben haber sentido cuando se enteraron que sólo el 20 % de las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria quedó en poder de los campesinos, y una gran superficie, equivalente  a la suma de varias regiones grandes, quedó en manos de funcionarios y terratenientes pinochetistas. Cuánto dolor habrán sentido al saber que de la Corporación de la Reforma Agraria no quedó ni el letrero. Liquidaron todos sus bienes, devolvieron predios, vendieron vehículos, inmuebles, hasta el edificio de 12 pisos de las oficinas centrales ubicado en Olivares 1229. No dejaron nada, como si le hubiera caído una bomba.

La investigación parlamentaria estableció que 725 empresas, que estaban en manos del Estado en Septiembre de 1973, fueron vendidas a un precio irrisorio, que fueron la base para el crecimiento de los grupos económicos que hoy se lucen por el mundo como grandes inversionistas.  El informe determinó que por la venta de sólo 30 empresas públicas entre 1978 y 1990, el Estado perdió más de US$ 2.200 millones de dólares.

La Compañía de Acero del Pacifico (CAP) fue vendida en 105,5 millones de dólares, cuando su valor real ascendía a US$ 811,5 millones de dólares, y la pérdida patrimonial en el caso de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), alcanzó a US$ 261,9 millones de dólares.  Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet, asumió la presidencia de Soquimich en 1980, con la misión de sanearla. Veinticinco años después, la empresa, que ahora se llama SQM, y que aún sigue presidida por el mismo Julio Ponce L, aparece como líder mundial en los negocios de fertilizantes,  yodo y litio con 20 filiales en diferentes países y fabulosas utilidades. El mismo al que este gobierno recientemente le estaba entregando la licitación el litio y que debieron suspender, debido al escándalo  público.

Al parecer ya olvidaron el salvataje hecho por la dictadura a los bancos, financieras y empresas quebradas durante la crisis de 1982, a costa del bolsillo de todos los chilenos, entre ellas “El Mercurio” y “La Tercera”, deuda subordinada que hace varios años atrás,  el ex  Ministro de Hacienda, A. Foxley la estimo en alrededor de US$ 20.000 millones de dólares, y que aún tienen un ¼ de siglo para seguir pagándola.

El  próximo gobierno que asuma, que estoy seguro  no será de derecha, debiera tomar el compromiso político ante la ciudadanía, de establecer la calidad moral de los enjuiciadores de hoy, investigando todo, que se revise y envíe a la justicia a quienes se quedaron con cientos de miles de millones de dólares, quizás descubramos que son millones de millones de dólares, desde 1973 en adelante, y quién sabe, tal vez encontremos a algún exonerado político con 80 años de edad, que depositó su pensión de $ 50 mil pesos off shore y hoy este convertido en un multimillonario evadiendo impuestos, al estilo de Golborne. Que se revise exhaustivamente los cuatro años de gobierno de Piñera, a todos sus Ministros, Subsecretarios, Intendentes, Jefes de Servicios, por la alta incidencia en vínculos con empresas relacionadas, respecto a todos los contratos que ha firmado el gobierno con las empresas.

También se debe formar una comisión de la cámara, que explique exhaustivamente, porqué las ventas de Codelco, presenta ingresos menores en el cobre, y su relación con los precios de mercado en los últimos años, aplicando  lupa a todos los contratos firmados por estos  mismos señores que antes de asumir en el actual gobierno, anteriormente eran ejecutivos de empresas o de transnacionales del cobre. Hasta el día de hoy, nadie parece haber desmentido la denuncia que efectuó el economista Julián Alcayaga, sobre una notoria falta de más de US$ 4.000 millones de dólares en los resultados de Codelco, por eso, para hablar de exonerados y comer pescado, hay que tener mucho cuidado.