Convocatoria Convención Programática-Electoral 2013

Los firmantes de esta convocatoria nos asumimos como personas normales y comunes que nos interpela el devenir de nuestro país y que creemos firmemente en la centralidad de la cuestión política, como instrumento eficaz para orientar los destinos del país.  Entendemos que inevitablemente es en el ámbito político que se deciden las grandes rutas y las principales políticas por las que ha de transitar la historia de Chile.

Con esa convicción es que -ante el desafío político del año 2013, en el que se juega la elección de un nuevo poder legislativo y de una nueva administración política- convocamos para el día sábado 19 de enero, en la sede de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, a una convención política de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas, inquietas por las graves circunstancias en que se encuentra nuestro país, debido a la pérdida de legitimidad y credibilidad de los poderes e instituciones públicas.

El objetivo central de esta convención es acordar un plan de gobierno programático común y unitario, así como la construcción de una plataforma política parlamentaria y presidencial, que nos permita implementar dicho programa.  En concreto se aspira a:

1.- Definir un programa común;

2.- Definir una plataforma parlamentaria común que lleve este programa a todas las circunscripciones electorales;

3.- Definir un mecanismo para levantar una candidatura presidencial para el 2013.

Nos inquieta profundamente la descomposición moral y política de nuestra sociedad, una de cuyas muestras más categóricas -dentro de las muchas miserias actuales- está el hecho de que el Director de la Comisión Nacional de Acreditación encargado de fiscalizar la educación superior del país esté preso por corrupción, junto a un par de Rectores de universidades.  Vivimos un estado de desvergüenza e impunidad en que se ha perdido el más mínimo sentido de la justicia y el decoro. Cuestiones muy graves que en cualquier país moverían a escándalo se asumen en Chile como parte del paisaje en que habitamos. Todavía siguen pendientes muchos casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. La falta de vergüenza corre paralela con la corrupción que permea a toda una sociedad. El caso “La Polar” es más que elocuente. No se puede reclamar un sentido del decoro cuando son, precisamente, los sinvergüenzas y los corruptos los protagonistas de los negociados, la política y los medios de comunicación.  Esto arrastra a nuestra sociedad a un estado de indignidad y mediocridad como nunca antes.  Así, mientras los mercaderes y sus representantes hablan de estabilidad macro económica, muchos chilenos marchan en las calles del país, hastiados ya de un estado de cosas podrido hasta la médula, reclamando un Chile más justo.

Todo en Chile está sometido a la lógica del lucro: la salud con las isapres, la previsión social con las AFP, la educación con las universidades-empresas y los sostenedores, la restauración moral ante el atropello a los derechos humanos con el escándalo de las becas Valech; el transporte con el Transantiago; la caridad con la Teletón; el cobre, el agua, los bosques, la pesca; y así, para cada ámbito de nuestra existencia hay uno o más escándalos en que hipócritamente están involucrados políticos, empresarios y figuras públicas.

Ante todo esto debemos reaccionar y asumir –en pleno derecho- el ejerció eficaz de la soberanía popular, instalando una alternativa de poder político que, a nuestro entender, debe articularse en torno a diez puntos programático que deberían iniciar la discusión de un plan de gobierno que nos convoque como personas conscientes del rol político que cada uno de nosotros tiene.

Estos puntos son los siguientes:

1. Nueva Constitución y sistema electoral democrático. La institucionalidad heredada de la dictadura y protegida y consolidada hasta ahora por la Concertación y la Alianza, ha entrado en una fase de crisis terminal. Las instituciones, Ejecutivo, Parlamento, Justicia, etcétera, han perdido la confianza de la ciudadanía. No sólo porque no resuelven ninguna de las cuestiones que aquejan a 17 millones de ciudadanos, sino también porque funcionan en beneficio exclusivo de un puñado de privilegiados. Los derechos políticos de chilenos y chilenas fueron secuestrados el 11 de septiembre de 1973, y nunca les fueron restituidos. Se hace imperioso e imprescindible dotar al país de una Constitución democrática, producto de la participación amplia y masiva del conjunto de la ciudadanía. El único modo de lograrlo es la convocación de una Asamblea Constituyente elegida por medio del sufragio universal, con la participación de todos los chilenos -sin límite ni exclusiones- como electores y eventuales aspirantes a ser constituyentes. La Constitución a la que aspiramos debe restituirle al pueblo de Chile todos sus derechos,  definir claramente sus deberes, y establecer las condiciones institucionales de una convivencia pacífica en la que todos y todas podamos encontrar la posibilidad de realizar nuestros sueños, así como nuestra felicidad y la de nuestras familias.
2. Educación Pública Universal. El bienestar de los pueblos requiere de un significativo desarrollo cultural y económico que sólo puede alcanzarse invirtiendo generosamente en la formación de las nuevas generaciones, y en el perfeccionamiento de los trabajadores que hoy producen la riqueza que sostienen nuestra economía. Ciudadanos ilustrados, creativos y versados, integralmente, son la única base posible de un incremento cualitativo y cuantitativo de los estándares de vida. La educación es un derecho. El país debe avanzar hacia un sistema público de educación financiado por el conjunto de la sociedad. Los recursos financieros para realizar este objetivo deben provenir de los presupuestos del Estado. Esos recursos pueden obtenerse de dos fuentes principales: los ingresos provenientes de las riquezas básicas renacionalizadas, y de un sistema tributario justo y progresivo, es decir, sustentado en una carga impositiva  proporcional a la parte que cada cual obtiene de la riqueza nacional. Esto implica poner al alcance de toda la niñez y de toda la juventud, sin ningún tipo de discriminación, una educación pública, laica, gratuita y de calidad, de la enseñanza primaria a la enseñanza superior. Quienes opten por la educación privada deben tener plena libertad para hacerlo, asumiendo integralmente sus costes. La eminente misión del Estado consiste en proveer financiamiento, estructuras, administración y control para la Educación pública.
3. Salud Pública Universal. La Salud, como la Educación, constituye un derecho y no un mercado entregado a la voracidad del interés privado. En Chile el negocio de la salud ha alcanzado proporciones escandalosas. Las Isapres -administradoras privadas de seguros de salud- son el tercer sector más lucrativo del país. Hoy el derecho a la salud se encuentra severamente conculcado, y forma parte de la amplia gama de insoportables discriminaciones que sufre la ciudadanía. Nuestro propósito consiste en construir un servicio de salud pública eficiente que haga del derecho a la salud una realidad concreta para chilenos y chilenas. Quienes opten por la salud privada deben tener pleno derecho de hacerlo, asumiendo integralmente sus costes. La eminente misión del Estado consiste en proveer financiamiento, estructuras, administración y control para la Salud pública.
4. Previsión y Seguridad Social. En Chile, la administración privada de los fondos de pensión, obligatoria y sin derecho a representación en los directorios de las administradoras, ha generado un foco de enriquecimiento incontrolado para grandes grupos económicos. Sobre la base de un sistema que le deja al Estado la carga de las pensiones de los sectores más modestos. En el sistema privado impuesto en dictadura las pensiones son un tercio de las que sirve el sector público, con rentabilidades absurdamente bajas y con pérdidas irrecuperables para los trabajadores. Las pérdidas aleatorias del sistema, que invierte los fondos en la ruleta de los mercados bursátiles internacionales, son soportadas integralmente por los trabajadores. Lo único seguro son los excesivos e injustificables beneficios de las AFPs. Por consiguiente es urgente reconstruir un sistema solidario que incorpore un aporte empresarial y democratice la administración de los fondos con participación tripartita: trabajadores, patrones y Estado. En un proyecto político democrático, los fondos de pensión deben estar supervisados por mecanismos que permitan un eficaz ejercicio de la soberanía popular en resguardo del interés general. Quienes opten por la previsión privada deben tener pleno derecho a hacerlo, asumiendo integralmente sus costes. La eminente misión del Estado consiste en estructurar la Previsión y la Seguridad Social para el conjunto de la ciudadanía, proveyendo una alternativa a la opción mercantil.
   
5. Nacionalización del cobre y de todos los recursos naturales. Chile debe hacer un uso racional y sostenible de sus recursos naturales y proteger su naturaleza y su medio ambiente. La nacionalización del cobre en 1971 fue todo un acierto para Chile. De  1971 al 2007 los excedentes para el Estado fueron de 62 mil millones de dólares. Esto equivale a más del doble de los ingresos que el Estado obtuvo de los impuestos que en el mismo período de 36 años pagaron todas las empresas privadas. Los excedentes del cobre nacionalizado, en el período 2005-2010, llegaron a 38 mil millones de dólares. Esos enormes recursos le pertenecen a toda la nación chilena. En consecuencia, tenemos que recuperar para el pueblo de Chile la plena propiedad del cobre y de todas las riquezas naturales que alberga nuestro territorio, poniéndole fin al saqueo que ha operado hasta ahora el gran capital nacional y extranjero. Los recursos naturales y el medio ambiente son un capital productivo y un patrimonio irreemplazable. Esto obliga al desarrollo de políticas de uso inteligente, responsable y racional de esta riqueza. La participación privada debe estar sujeta al respeto irrestricto del interés nacional, y a la conservación de la riqueza y la diversidad de nuestro ecosistema. El Estado debe promover un sistema de planificación ecológica cuya principal función debe centrarse en un desarrollo productivo que preserve la Naturaleza y proteja a los seres humanos que viven de ella.
   
6. Término del Plan Laboral. Las relaciones laborales no pueden continuar operando sobre las bases institucionales heredadas de la dictadura. Las causas del deterioro de las remuneraciones y del crecimiento de la pobreza y la desigualdad dicen relación con la debilidad del movimiento sindical y el escaso poder de negociación de los trabajadores. Es necesario derogar el Código del Trabajo que impuso un modelo económico que protege sólo a los patrones, y sustituirlo por uno que tenga como norte la protección de los trabajadores y sus derechos. Es preciso facilitar y estimular la sindicalización de todos los trabajadores asalariados, fortalecer y fomentar las negociaciones colectivas, establecer los derechos laborales que sustentaron el crecimiento y la estabilidad económica de los países desarrollados.
7. Nuevo trato a la inversión extranjera. La inversión extranjera representa más del 65% del Producto Interno Bruto y está presente en todos los ámbitos de la economía chilena. Gracias a privilegios, garantías y exenciones tributarias lesivas para el interés nacional, instituidos en el DL 600 y en los desiguales acuerdos de libre comercio. Para reconstruir nuestra Soberanía económica es preciso ponerle fin a esos privilegios, garantías excesivas y exenciones injustas que dañan y desincentivan la inversión y el desarrollo de nuestras pequeñas y medianas empresas nacionales. La participación de la inversión extranjera en la explotación de recursos naturales estratégicos debe estar sometida al interés nacional, y por regla general debe ser de carácter minoritario. El mismo criterio debe prevalecer en lo que se refiere a los servicios básicos de agua potable, tratamiento de aguas servidas, transporte público urbano, energía (electricidad, gas, energías renovables) y seguridad social. Los aportes de capital extranjero deben generar flujos financieros reales, traducirse en el incremento de la capacidad productiva y la creación de empleo, y contribuir efectivamente al desarrollo del país. No a su empobrecimiento y devastación.
8. Regulación de la banca y creación de un polo financiero público. La gigantesca crisis planetaria que se desató en el segundo semestre de 2007 y que aún perdura, tuvo su origen en la desregulación de un sistema financiero irresponsable. El sistema financiero liberado de todo control se vuelve más usurero mientras mayores son las necesidades de crédito. La necesidad de crédito aumenta exponencialmente con la compresión salarial y la reducción de los recursos del Estado. De ahí que sea necesario recuperar nuestra Soberanía monetaria y crediticia, junto a una eficaz y estricta regulación del sistema financiero. Estas medidas, anunciadas pero nunca puestas en práctica en los EEUU, en Europa y en el ámbito internacional, deben ser implementadas en nuestra economía. La moneda no le pertenece a los bancos sino a la Nación toda. El Banco Central debe ser puesto bajo control del Ejecutivo y el Congreso Nacional. Un polo financiero público debe facilitar el financiamiento de los sectores productivos medianos y pequeños, en la industria, la agricultura, la minería, la pesca y otras ramas de la producción local. El Banco Central debe limitar las tasas interés y las comisiones para los créditos al consumo instituyendo el delito de “interés usurero” como sucede por ejemplo en Europa. El polo financiero público debe facilitar el acceso a los servicios bancarios, democratizando el crédito. La política bancaria de un nuevo proyecto político para Chile debe estar basada en la reducción de la concentración y monopolización del crédito y del financiamiento productivo. Hay que ponerle fin a los flujos financieros que le generan lucro a los especuladores con el esfuerzo de todos los chilenos.
9. Refundación del Estado. Es necesario refundar el Estado como representante del interés general, y en tanto agente e instrumento que promueva el desarrollo endógeno y una justa distribución de la riqueza producida con el esfuerzo de todos. Esto requiere una profunda reforma tributaria basada en un principio de justicia: quién gana más paga más, quien gana menos paga menos. La tasa de imposición del capital no debe ser jamás inferior a la tasa de impuestos que pagan los salarios. La legislación puede y debe suprimir los mecanismos legales de evasión y de elusión tributaria. Las grandes  empresas deben contribuir en proporción a sus beneficios. Los esfuerzos de exención o de moderación tributaria deben estar concentrados en la pequeña y la mediana empresa, y en la investigación y el desarrollo tecnológico. El Estado debe recuperar todas las competencias que le permiten participar activamente en la economía y las finanzas, en el desarrollo de la inversión productiva, y en la promoción de la actividad industrial, agrícola, pesquera, turística y otras en las Regiones más desfavorecidas.
10. Legislación antimonopolio y promoción de la democracia económica. Una de las características de la estructura económica chilena es su tendencia al monopolio y la concentración de la producción. Junto con limitar esta tendencia penalizando las conductas monopólicas, oligopólicas y los acuerdos de cartel, hay que promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, y el crecimiento endógeno: Chile no puede ser sólo un productor de materias primas y un importador de bienes de consumo manufacturados. La protección y la promoción de la producción nacional y regional debe formar parte de las políticas públicas en el ámbito industrial y comercial.

Firman esta convocatoria:

1.

2.

3.

4.

Por favor, haga suya esta Convocatoria, léala, estúdiela, reprodúzcala, imprímala y repártala; y no deje de asistir el 19 de enero a aportar y defender su opinión. Si lo desea, piensaChile puede ser un canal para recibir sus propuestas. Escriba simplemente a contacto@piensachile.com