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La Concertación debe explicaciones (XIII) 

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El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo
chileno porqué sus políticas económico-sociales han generado una aguda
precarización laboral y una sobreexplotación de los trabajadores. Males que se
combinaron durante el gobierno de Bachelet con un profundo deterioro -paliado a
fines del período y compensado con subsidios- de la movilización colectiva
diaria del trabajador de Santiago.

En efecto, ya a fines del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, la Encuesta Laboral
de la Dirección
del Trabajo señalaba que el 35% de los trabajadores disponía de empleos
temporales suministrados por contratistas o producto de contratos temporales
efectuados de manera directa por las empresas. Y que la tendencia a la
flexibilización de la fuerza de trabajo iba en aumento ya que en el último año
solo el 24% de las contrataciones eran de carácter indefinido; el 32% "a plazo
fijo"; el 39% "por obra o faena" y el 5% de servicios "a honorarios". Además,
que solamente el 25% de las contrataciones a plazo fijo eran renovadas al
término del plazo. (Ver Helia Henríquez Riquelme.- Las relaciones laborales en
Chile: ¿Un sistema colectivo o un amplio espacio para la dispersión?; en Paul
Drake e Iván Yaksic (Compiladores).- El modelo chileno. Democracia y desarrollo
en los noventa; Edic. Lom; 1999; pp. 108-9)

Asimismo en el crucial sector minero, de acuerdo a un
estudio efectuado por la OIT
sobre su evolución entre 1985 y 1996, los trabajadores subcontratados habían
subido entre ambas fechas de 3.174
a 34.737 (1000%), en circunstancia que los puestos de
trabajo nuevos habían crecido solo en un 22%. (Ver Henríquez; p. 110)

Posteriormente, de acuerdo a datos del seguro de desempleo
extractados en 2005, Manuel Riesco concluyó que de los nuevos empleos "la mitad
de los empleos en Chile dura menos de cuatro meses y más del 93% dura menos de
un año" y que "la actual legislación laboral permite a los empresarios, ni más
ni menos, hacer contratos por menos de cuatro meses prácticamente sin pagar
ningún tipo de leyes sociales y sin ninguna obligación especial de parte del
empleador" y que "muchos son subcontratados a empresas proveedoras de mano de
obra que los emplean bajo esas condiciones". (Manuel Riesco.- Trabajo y
previsión social en el Gobierno de Lagos; en Hugo Fazio y otros.- Gobierno de
Lagos: Balance crítico; Edic. Lom, 2005; pp. 59-60)

Por otro lado, y pese al alto crecimiento anual de la
economía chilena durante la década de los 90, solo en 1999 los salarios reales
recuperaron el nivel previo al golpe de 1973. Sin embargo, dicho crecimiento
fue menor al del Producto Interno Bruto (PIB), tanto entre 1993 y 2000 (36%, en
relación al 46% del PIB) como entre 2000 y 2004 (7% y 16% respectivamente) (Ver
Riesco; p. 61); lo que confirma la regresión de la distribución del ingreso
durante los gobiernos concertacionistas señalada en el capítulo IX de esta
serie.

A su vez, en un estudio efectuado en 2006 en base a datos de
la Dirección
del Trabajo, de Mideplan y de la
OIT, Marcel Claude concluía que a la fecha existían más de de
300.000 personas subcontratadas; que el 70% de los trabajadores con jornada
parcial no cotizaban en el sistema provisional; que solo el 17% de quienes
laboraban sin contrato era cotizante; que el sector informal representaba el
38% de la fuerza laboral; que el 80% de los empleos se generaban en la micro,
pequeña y mediana empresa, siendo que sus ventas representaban  el 20% del total y menos del 4% de las
exportaciones; y que solo el 17% de los trabajadores asalariados se encontraba
afiliado a un sindicato. (Ver Marcel Claude.- El retorno de Fausto. Ricardo
Lagos y la Concentración
del Poder Económico; Edic. Política y Utopía, 2006; p. 160)

Además, de acuerdo a dicho estudio, el 76,6% de la fuerza
laboral no había terminado la educación secundaria; el 72% era semi-calificada
o no calificada y solo el 10% había recibido capacitación. Asimismo, aquel
concluía en que Santiago era la ciudad de importancia donde más se trabajaba en
el mundo, con 2.244 horas anuales promedio y que la mayoría de las denuncias
llevadas a la Justicia
del Trabajo permanecían más de seis meses sin sentencia. (Ver Claude; p. 160)

Por último, de acuerdo al mismo estudio, el 93% de las
personas que eran contratadas no duraba más de un año en sus nuevos puestos de
trabajo; el 38% de los trabajadores no recibían de sus empleadores el beneficio
de la alimentación y el 16% no almorzaba todos los días. (Ver Claude; p. 161)

A lo anterior hay que agregar el verdadero sufrimiento
experimentado por gran parte de los trabajadores de Santiago durante mucho
tiempo debido a la extrema irresponsabilidad de los gobiernos de Lagos y
Bachelet en diseñar y llevar a la práctica desastrosamente un nuevo sistema de
locomoción colectiva: el Transantiago. Un sistema que concentró la propiedad de
los microbuses en pocos grandes grupos económicos y que vieron contractualmente
garantizadas pingües ganancias. Y que, al mismo tiempo, fue diseñado a espaldas
de los usuarios, de tal modo que en muchos casos ni siquiera contemplaba ¡la
pasada de la locomoción por hospitales o policlínicos! Además, que fue
implementado inicialmente con un número de buses ¡inferior en miles a las
reales necesidades! y sin la infraestructura ni los dispositivos tecnológicos
requeridos para su correcto funcionamiento…
martes, 19 de octubre de 2010

*Fuente: El Clarin

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