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Las inmoralidades del senado chileno 

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Recientemente  como una forma de sabotear el viaje de Michelle Bachelet a Venezuela, para asistir a   la primera Cumbre Energética Sudamericana, el senado chileno, compuesto por corruptos parlamentarios pinochestistas y del conglomerado de gobierno de la Concertación, en una abierta provocación e inmiscución en los asuntos internos de Venezuela, aprobó con una inmoralidad increíble un proyecto de acuerdo en el que solicitan a la presidenta que manifieste su protesta ante la cancelación (*) de la licencia del canal de TV , Radio Caracas Televisión.

Recordemos que el canal de televisión al cual se le revocará su concesión (*), fue uno de los medios de comunicación que encabezó el golpe de Estado frustrado contra Hugo Chávez, el 11 de abril  de 2002. En un país en donde más del 70% de los medios de comunicación se encuentra en manos de la derecha golpista, y que permanentemente están montando campañas de todo tipo para la desestabilización del gobierno de Hugo Chávez y el proceso de cambios que vive Venezuela.

De allí que las criticas expresadas por el primer mandatario venezolano al senado chileno, son absolutamente legítimas, pues no se puede permitir que instituciones de otros países se inmiscuyan en los asuntos internos de los otros países. El estado y el gobierno venezolano tiene el más absoluto derecho y soberanía para entregar o revocar (*) concesiones de televisión a quien se estime conveniente.

Las inmoralidades del parasitario Senado chileno no tienen límites, pues cuando se trata de la libertad de prensa en Chile, esconden la cabeza como el avestruz. Recordemos que el 19 de marzo pasado, la  Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) resolvió enviar una misión a Chile  para informarse de las investigaciones ordenadas por el Legislativo sobre la repartición de publicidad gubernamental "para beneficiar a algunos medios en perjuicio de otros".

Las investigaciones en curso han obligado a algunos medios de comunicación a entregar "antecedentes comerciales estratégicos", expuso el organismo continental en una reunión semestral que desarrolló recientemente en  Colombia.

También preocupó a la SIP que de acuerdo con el congreso chileno, en ese país "no habría suficientes garantías para la libertad de expresión en los términos establecidos en el pacto de San José de Costa Rica y que estima insuficiente la diversidad y el pluralismo que existe entre los medios de comunicación del país”. La comisión que visitará Chile, en fecha aún indeterminada, verificará también "las limitaciones que han advertido algunos diputados a la libertad de expresión en ese país".

Faride Zerán destacada periodista chilena en entrevista concedida hace poco tiempo atrás señalaba que “anualmente el Estado invierte 4.315 millones  de pesos en publicidad para la prensa escrita”, concentrando dicha inversión  mayoritariamente en  el órgano oficial de la CIA, el diario golpista de El Mercurio -48 %, y  los golpistas de COPESA (diario La Tercera y sus filiales) con un 29 %. Ello explica por qué hoy  en Chile casi no existen  medios independientes, pues la mayor parte de ellos  tuvieron que cerrar  por falta de publicidad.  

Las empresas del Estado no destinan recursos a medios de comunicación alternativos, de allí que eso de la pluralidad y el respeto a la diversidad ideológica, está seriamente cuestionado y en la democracia vigilada chilena no existe ese deber , al menos en democracia, garantizar el pluralismo informativo y la diversidad de visiones. Cuestión que hoy no se da. En el caso del avisaje de las empresas privadas, aún existe un fuerte sesgo ideológico conservador de extrema derecha, que impide que esos avisos vayan a medios progresistas  humanistas o de  izquierda. Es decir, el mercado como único factor no sirve para regular el pluralismo y el  derecho a la información en una sociedad que se dice democrática.

Un tema clave para la democracia vigilada chilena es la concentración de los medios escritos en un duopolio, y la ausencia de visiones distintas en el debate de la sociedad, lo que incide en que ella no se exprese en toda su riqueza y diversidad. Ahora la casta política chilena que cogobierna con el pinochetismo, nada dicen al respecto y menos los corruptos senadores chilenos. Ahora ¿con que autoridad moral la presidenta Bachelet, podría manifestarle cierta preocupación al presidente Chávez, por sus justas criticas a los senadores chilenos, cuando se trata de libertad de expresión y prensa?

En Chile, todos los medios de comunicación que encabezaron la lucha contra la dictadura, lograron sobrevivir corto tiempo en la democracia vigilada, y posteriormente se tuvieron que ver obligados a cerrar por falta de financiamiento y los respectivos avisajes del Estado chileno. Es obvió además, que el empresariado nacional que mantuvo fuertes lazos con la dictadura, y hoy con el pinochetismo, jamás va a financiar prensa alternativa, por ello la libertad de expresión y de prensa en Chile, siempre ha estado seriamente cuestionada, pues no es reflejo fiel de lo que es la democracia.

En cuanto a la labor de los medios de comunicación y la libertad de expresión en Chile, una infinidad de organismos internacionales manifestaron recientemente su preocupación ante los intentos de los Tribunales de Justicia de este país, por restringir el trabajo de los periodistas que ha menudo cubren las informaciones que emanan de esta institución del Estado chileno. Que yo recuerde, hasta el momento los honorables corruptos del senado chileno, todavía no se han pronunciado al respecto.

La reforma constitucional del 2005 en Chile señala, en su artículo 8, que son consideradas públicas las actas y resoluciones de los órganos del Estado, incluida la justicia. De allí que en el Colegio de Periodistas de Chile y organismo internacionales de igual tipo, han considerado que la nueva ordenanza es, "incongruente y contraria" con este artículo y atenta contra la libertad de prensa.

Promovida por el magistrado Ricardo Gálvez y aprobada en sesión plenaria a puerta cerrada, el 26 de marzo pasado, la ordenanza de la Corte Suprema establece el uso de credenciales de prensa  en los tribunales de justicia. Pero no sólo eso. El texto impone, además, una serie de obligaciones que deberán cumplir quienes obtengan la acreditación.

La más polémica de ellas establece que las personas acreditadas deberán "respetar el tranquilo desplazamiento de los ministros, fiscales judiciales, relatores, jueces y secretarios en los locales judiciales y estacionamientos anexos, evitando abordarlos sin su consentimiento y causarles molestias con el flash, fotografías y filmaciones".
 
Además sostiene que la prensa debe "evitar entorpecer las labores del personal judicial y la libre circulación del público por los recintos judiciales". La ordenanza se aprobó por dieciséis votos contra dos; uno de éstos fue el del presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia.

La resolución causó preocupación entre los periodistas judiciales quienes señalaron en un comunicado que ven "con preocupación cómo algunas obligaciones del acta violan el libre ejercicio de la profesión".

Cabe agregar que la medida que querían implantar los retrógrados y macucos funcionarios de los tribunales de justicia, producto de la movilización de los  periodistas y entidades internacionales, finalmente fue revocada. ¿Qué dijo el Senado chileno al respecto?, absolutamente nada, de allí su inmoralidad y doble rasero, cuando se trata de la libertad de prensa y expresión en el país del cono sur.

Finalmente, lo cierto es que Chile por mandato del Departamento de Estado norteamericano, viene desplegando esfuerzos por crear un eje paralelo a la influencia de Hugo Chávez en la región, de allí que junto a los sectores golpistas de la Democracia Cristiana y el pinochetismo (UDI-RN), pretenden encabezar en Latinoamérica una campaña para desestabilizar la revolución bolivariana y la trascendencia que ésta tiene en toda la región.
14.04.07

(*) Nota de la Redacción: Lo que el gobierno de Venezuela ha hecho no es revocar, la concesión de la frecuencia, sino que vencida esta, no se la ha prorrogado y ha decidido entregarla a un equipo de ex trabajadores de RTV, despedidos por ese canal, para que operen un canal de información, educación y formación popular.
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