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25 Sep 2025

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¿Quién le pone el cascabel a Endesa?

por Cristián Opaso (La Nación Domingo)

19 años atrás 8 min lectura

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Cunden acusaciones por apertura de compuertas de represas
La muerte de ocho personas en la VIII Región durante los últimos temporales será investigada por el Parlamento para determinar la responsabilidad que le cabe en la tragedia a las centrales Pangue y Ralco. Familiares de las víctimas presentarán acciones penales por cuasidelito de homicidio.

“¡Tenemos que irnos! ¡Hay que salvar a las niñas¡”, gritaban asustados Jacqueline y su esposo, Leoncio, en la noche del martes 11 de julio, bajo el intenso diluvio que caía en la VIII Región y buena parte del país.

Había llovido intensamente todo el día y en los sectores rurales entre Los ángeles y Nacimiento el torrente del río que lo inundaba todo asustaba a cualquiera, especialmente a las mellizas Marcia y Camila, que sólo querían huir de ahí.

El padre, Leoncio Provoste, que relató su drama al diario “La Tribuna” de Los ángeles, veía cómo el Biobío crecía y crecía anegando sus campos ribereños y amenazando tragárselo todo. Los carabineros insistían que no podían ir al rescate, por estar ocupados en otro sector. De pronto asomó un vecino remando en medio de las aguas que no cesaban de aumentar. Subió al bote a su esposa, a las mellizas y a su otra hija. Pero la débil barca se alejó varios metros, y luego volcó. Leoncio escuchó los gritos de auxilio y logró salvar a su hija Scarlett que se aferraba a unas ramas, y posteriormente apareció su señora. Pero la melliza que se aferraba a Scarlett cuando se volcó el bote, no apareció, ni lo hizo su hermanita. A Marcia y Camila, de 11 años, y a otros seis vecinos de la zona, se los llevaron las aguas enfurecidas que esa tarde cayeron en exceso desde las nubes y de las represas Pangue y Ralco, ubicadas 100 kilómetros más arriba.

“La represa tuvo la culpa, esto nunca había pasado”, acusó Leoncio, sumando su dolor a las quejas de las autoridades de la región, preocupadas por las víctimas y los millonarias daños en infraestructura caminera, viviendas inundadas, campos destruidos, siembras y ganado perdidos.

“Existen razones fundadas para estimar que gran parte de las inundaciones son responsabilidad de Endesa y las centrales”, manifestó al otro día, con la indignación aún a flor de piel, el senador UDI Víctor Pérez Varela. Menos cauto fue su aliado y alcalde de Los ángeles, Joel Rosales: “Hay una falta de compromiso social de esta empresa española cuasi responsable de la muerte de modestos campesinos de nuestra zona”, fustigó.

El senador (DC) Mariano Ruiz-Esquide, quien cuestionó desde sus inicios la construcción de las represas en el Alto Biobío por los potenciales impactos aguas abajo, apunta a que Endesa, empresa que “se precia” de la exactitud de sus pronósticos metereológicos, “conocía” con anterioridad la magnitud de las precipitaciones, y sin embargo no disminuyeron paulatinamente sus niveles de agua para dejar espacio a la que caería, sólo porque “cada metro que baja ese embalse es una importante cantidad de dinero que dejan de ganar”.

“Sería idiota decir que Endesa es la única culpable, pero cuando abrieron las compuertas cayó rápidamente tal cantidad de agua, que el nivel en el Laja subió un metro por hora”, agregó el parlamentario.

El mismo convencimiento tienen muchos habitantes de la VIII Región, pues en la última década han sufrido varias veces la misma historia, aunque nunca con los resultados fatales de ahora. Cuando han reclamado, Endesa y algunos funcionarios de Gobierno aseguran que todo está en orden y que la culpa es de la naturaleza.

Los habitantes de la ribereña localidad de Hualqui, quienes han sufrido persistentes inundaciones, siempre han alegado que aquí hay también otros responsables. “Pangue nos inunda, Ralco nos ahogará”, se leía hace pocos años en sus pancartas. La semana pasada, el eslogan frente a la Intendencia de la VIII Región era: “Ralco nos ahogó”.

Las cortes y el Banco Mundial
El año pasado, un tribunal de primera instancia acogió el recurso de protección que presentaron y el juez dictaminó que Endesa debía construir un muro de contención de mil metros de largo, con el fin de encauzar la brusca crecida de los ríos provocada por la apertura de las compuertas, y así evitar las persistentes inundaciones de poblaciones de Hualqui y evitar tragedias como las sufridas por Marcia, Camila y otras seis personas.

Pero la Corte de Apelaciones de Concepción revirtió la decisión y desestimó los reclamos de los campesinos, que ahora acudirán a la Corte Suprema. Ayer se reunieron en Hualqui con varios alcaldes de las comunas ribereñas, junto a parlamentarios de la zona, para estudiar las acciones a seguir. Entre ellas no se descarta presentar querellas por cuasidelito de homicidio contra quien resulte responsable de la apertura de las compuertas.

Debido a la controversia que provocó la construcción de los proyectos Pangue y Ralco, la Corporación Financiera del Banco Mundial (CFI) –institución que costeó la inversión– creó la Oficina del Mediador en Asuntos de Interés Público y Asesor en Materia de Observancia (CAO). Ante esa entidad, en julio de 2002, los vecinos de Hualqui y otros poblados ribereños, junto a comunidades pehuenches, presentaron sus quejas. La investigación concluyó en mayo de 2003 con un informe (www.cao-ombudsman.org/html-spanish/Chile-Pangue-ombudsman-spanish.htm ) que señalaba que “los reclamantes alegan que no hay un plan de respuesta en caso de emergencia que esté conocido o entendido por las comunidades que viven río abajo de la represa y que no hay noticia previa de las descargas planificadas de la represa”.

Y luego agregaba: “La CFI aclaró a la CAO que no tiene copia de ningún plan de respuesta en caso de emergencia, ya que eso no fue solicitado en el convenio de inversión en 1993. La CAO recomienda que la CFI, como socio pasado y futuro de Endesa, exhorte a Pangue S.A. a que divulgue y consulte de manera más completa los planes de respuesta en caso de emergencia”.
Ha habido intentos de conocer esos planes. El año pasado, reunidos en Quilaco, Endesa aseguró a los ediles de las comunas ribereñas y a carabineros que las represas eran a prueba de terremotos y que para las inundaciones había un adecuado sistema de avisos. Se acordó volver a reunirse para dar a conocer el detalle de los planes a la comunidad, pero tras un opíparo almuerzo y otras generosas promesas -entre ellas, el pago de parte de las patentes de las centrales en la comuna– todo quedó en nada, recuerda un concejal de Quilaco.

A principios de este año, los vecinos de Santa Bárbara enviaron una carta a la consultora Agraria –que por mandato de Conama fiscaliza a la represa Ralco– pidiéndoles que difundieran los planes de emergencia, pero nunca obtuvieron respuesta.

ENDESA: “Sí avisamos”
La semana pasada, cuando aún no se encontraban todas las víctimas de los torrentes, Endesa emitió una declaración destacando “las precipitaciones extraordinarias” que provocaron “crecidas históricas”, y aseguraba que tanto Ralco como Pangue operaron “en estricta concordancia con los procedimientos establecidos” y que la situación “fue informada el lunes 10 de julio a todas las instancias correspondientes&rdq
uo;, e insistía que en ningún momento se evacuó más agua que la que se recibió.
Sin embargo, la situación vivida en Laja refleja la inexistencia de planes adecuados para advertir a la población. Según declaró el senador Víctor Pérez, “dejó de llover el martes a las 20 horas; mientras en otras partes los cauces bajaban, aquí comenzó la inundación en la madrugada del miércoles”.
Cerca de la medianoche del martes, un angustiado locutor de Radio Rinconada de Laja telefoneó a Radio Comunitaria de Santa Bárbara pidiendo información sobre la eventual apertura de las compuertas. “Estamos en contacto con la gente de las represas… para su tranquilidad no se abrirán a no ser que precipite mucho agua”, lo tranquilizó la locutora.

Pero no era tan así la cosa. Ese día la municipalidad era un caos. En los pasillos corrían los funcionarios municipales tratando de montar albergues y salvar a una persona que llevaba horas arriba de un árbol.

Hebert Melo, el encargado de emergencia de la municipalidad, señala que le mandaron varios informes por correo electrónico, pero concuerda en que deberían mejorarse los planes de contingencias para responder a la crecida de caudales.

Pero Guillermo Barriga, superintendente de los Bomberos de la localidad, nunca se enteró de la apertura de las compuertas, y para saber de las crecidas de los caudales examina un tarrito que tienen colocado en los pilares del puente. Tampoco supieron nada la intendenta María Soledad Tohá ni el gobernador Esteban Krause.

Para el senador Ruiz-Esquide, la respuesta de Endesa “es una frescura. Ellos creen que con avisar unas horas antes está todo salvado. Su responsabilidad radica en que no se puede tirar esa cantidad de agua”.

Lo que viene
En las próximas semanas se definirá quiénes conformarán la comisión investigadora que el martes recién pasado, a pedido del diputado José Pérez Arriagada y otros 50 parlamentarios, fue aprobada en la cámara baja, y también habrá una sesión especial la semana que viene. El Senado, a petición del senador (PS) Alejandro Navarro, tendrá su propia sesión especial sobre el tema el martes 1 de agosto.

Existe consenso en que se debe revisar el impacto de la apertura de las compuertas, los planes de aviso a la población y las posibles violaciones de Endesa a los requisitos planteados por los permisos otorgados por la Dirección de Obras Hidráulicas y Conama.

También se estudia proponer cambios legislativos para obligar a las represas a manejar sus caudales previniendo impactos aguas abajo y no sólo maximizando la producción de electricidad.

Sin duda, la discusión se intensificará también en los tribunales y en las plazas y barrios de las localidades ribereñas. En tanto, cada vez que llueva copiosamente, los habitantes del sector rezarán asustados para que las represas no abran sus compuertas, y Barriga, el jefe de los Bomberos de Santa Bárbara, seguirá mirando su tarrito para ver cómo viene el caudal. LND
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