10 de noviembre de 2025
Los intentos de los militares legalistas por impedir que las Fuerzas Armadas transgredieran la ey en 1973, plantean la cuestión del reconocimiento histórico: ¿Quiénes actuaron correctamente en 1973? ¿los golpistas o los legalistas? Hasta ahora los gobiernos electos a partir de 1990 se han inclinado ante el hecho consumado que las Fuerzas Armadas son la continuidad de las que perpetraron el golpe, ignorando a los militares que –sacrificando mucho– se mantuvieron apegados a la Constitución. Ha llegado tal vez el momento de que los gobernantes reconozcan su gesto como un ejemplo de apego a la democracia, al humanismo, y al deber militar. Que debe inspirar las futuras Fuerzas Armadas.

La historiografía ha establecido que el asalto armado a las instituciones republicanas en 1973 no fue perpetrado por todas las Fuerzas Armadas, sino por una fracción de ellas. Probablemente, los militares golpistas eran mayoritarios, pero no hay manera de saber cuántos actuaron creyendo que estaban combatiendo al “enemigo interno” y cuantos obedecieron soportando en silencio, a menudo paralizados por el miedo.

Lo que sí se sabe es que un número significativo de militares se negó a participar en el golpe de Estado, manteniéndose fiel a su juramento y a la Constitución. Y su gesta sigue formulando punzantes preguntas sobre las Fuerzas Armadas actuales, herederas directas de la fracción que perpetró el golpe de Estado.

¿Cuántos militares dijeron “No”?
La oposición al golpe en las Fuerzas Armadas abarca una gama de comportamientos que va de los que se las arreglaron para evitar misiones inhumanas lo que a muchos les costará su carrera, o más que eso, hasta los que intentaron asumir la defensa del Gobierno constitucional. Con un denominador común: todos los militares antigolpistas actuaron ateniéndose a la ley, lo que permite designarlos como “legalistas” o “constitucionalistas”.

Una indicación sobre su importancia la proporciona la cantidad de demandas de reparación introducidas por militares al Programa de reconocimiento de la exoneración política que, en su segunda versión entre 1998 y 2004, admitió solicitudes de uniformados: 452 detectives; 486 aviadores; 1.231 militares; 1.430 carabineros; y 2.471 marinos. En total 6.070 casos. De ellos 1.319 fueron calificados. Considerando que en 1973 había en Chile unos 80.000 militares (incluyendo carabineros y de-tectives), se puede establecer que el 7,52% de ellos consideran que fueron expulsados por motivos políticos y que 1,64% fue calificado. Estas cifras no incluyen a los que prosiguieron la carrera, estando en desacuerdo con el golpe.

Algunos casos son conocidos. El día del golpe renuncia el coronel José Ramos, jefe del Estado Mayor de Inteligencia, así como el mayor Osvaldo Zavala, edecán del general Prats y luego de Pinochet. En Talca, el capitán Jaque se niega a participar en el golpe. Una semana después solicita su baja el teniente Carlos Pérez Tobar, expresando que no está dispuesto a participar en la represión, lo que le costará torturas y años de prisión y de exilio.

En 2001, varios militares emprenden acciones jurídicas contra los golpistas, por secuestro, asociación ilícita y torturas. Entre otros, los coroneles Efraín Jaña, comandante del regimiento de Montaña, y Fernando Reveco, comandante del regimiento de Calama; el capitán Carlos Vergara detenido el día del golpe en el regimiento Rancagua en Arica; los oficiales Florencio Fuentealba, Héctor González, Rudy Alvarado, Jaime Mires (representado por su hijo), Patricio Carmona y Manuel Fernández.

Sin olvidar que el Ejército excluyó a varios oficiales por negarse a ejecutar prisioneros, como al general Joaquín Lagos, comandante de la primera división, y al mayor Iván Lavanderos, cuyo cuerpo fue encontrado muerto. El coronel Renato Cantuarias, comandante de la Escuela de alta montaña fue detenido y “se suicida” en la Escuela Militar, en circunstancias sospechosas (familiares piensan que la causa no fue política, pero los hechos aportados por Patricia Verdugo en “Los Zarpazos del Puma” indican que lo fue). Hay, cuando menos, 36 oficiales exonerados.

En la Armada la oposición al golpe fue aún mayor. Los meses que lo preceden cientos de marineros, cabos y sargentos, advierten la conjura y buscan alertar al Gobierno y reflexionan sobre cómo defenderlo. Son descubiertos por los servicios de inteligencia, ya controlados por golpistas. La primera detención se efectúa el 15 de junio de 1973 en la base de Belloto; las siguientes a fines de julio en la Escuela de Ingeniería Naval y, a partir del 5 de agosto, se desata una verdadera razzia. La Armada arresta unos 250 marinos, tal vez más. Son los primeros torturados en recintos que ya escapaban a la autoridad del Gobierno, por infantes de marina comandados por el capitán Luis Kohler Herrera, hasta hoy impune. De ellos, 92 serán condenados a penas de prisión.

El día del golpe, el comandante en Jefe de la Armada, almirante Raúl Montero intenta mantener a su institución dentro de la ley. Es secuestrado en su domicilio por personal amotinado. Son excluidos, entre otros, los almirantes Daniel Arellano y Hugo Poblete Mery, el capitán René Durandot y el teniente Horacio Larraín. El capitán Gerardo Hiriart envía su dimisión lo cual le vale una condena en ausencia.

En agosto de 1973, la justicia naval abre varias causas contra los marinos antigolpistas, pero solo los puede acusar por “incumplimiento de deberes militares”, ya que la ley de seguridad del Estado se aplica a requerimiento del Poder Ejecutivo. El almirante Merino consigue arrancar la firma del intendente de Valparaíso, lo que le permite acusar a los marinos por “sedición y motín”.

Este paradójico cargo –los que están a punto de dar el golpe acusan de sedición a los que intentan evitarlo– apunta a los marinos y, particularmente, a los jefes de partidos que se habían reunido con ellos para escuchar la denuncia: Altamirano (PS), Enríquez (MIR) y Garretón (MAPU), acusados también de “infiltrar” la Marina y de proyectar siniestros bom-bardeos a los puertos.

Quince años más tarde, en 1988, Oscar Garretón se presenta voluntariamente ante la fiscalía naval. Esta ordena su encarcelamiento durante seis meses, pero no consi-gue probar nada. Pese a eso, un tribunal naval condena a Garretón utilizando como prueba un discurso pronunciado en agosto de 1973 –lo es muy discutible– pero lo más grave es que el otrora jefe del MAPU no dijo aquel discurso. Ante tal aberración jurídica, Garretón introduce en 1991 un recurso de queja ante la Corte Supre-ma que gana por 6 a 0. Es absuelto y queda jurídicamente establecido que no hubo “sedición y motín”, ni “infiltración”, ni planes de bombardeos siniestros.

En la Aviación, los primeros días de dictadura son detenidos 16 oficiales, entre ellos los generales Sergio Poblete y Alberto Bachelet, el capitán Jorge Silva (quien en 1970 había denunciado un proyecto para asesinar a Salvador Allende), 18 suboficiales y sargentos; 36 cabos (dos de ellos asesinados en prisión); dos conscriptos y 13 civiles. Serán brutalmente torturados y un Consejo de Guerra los condena en 1974 y 1975 por “traición a la patria” (el general Bachelet muere en prisión antes de que fuera pronunciada la condena).

Décadas más tarde, algunos de los condenados introducen un recurso de revisión para anular la aberrante sentencia. Al no conseguirlo ante la justicia chilena, recurren a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta les da razón y condena al Estado de Chile. Solo en 2016 la Corte Suprema acoge el recurso de revisión y anula las sentencias dictatoriales, por haber transgredido la Constitución de 1925 que regía al Consejo de Guerra y por no haber respetado el debido proceso (Diario Constitucional, 4/10/2016).

En Carabineros, por último, los cinco primeros en su jerarquía se niegan a participar en el golpe: el director general José María Sepúlveda acompaña al Presidente en el palacio asediado; el subdirector, Jorge Urrutia, intenta imponer la lealtad al Gobierno junto a los generales Rubén Álvarez y Orestes Salinas. Horas antes los generales Alfonso Yáñez y Martín Cádiz se habían negado a adherir al golpe. Y se conoce el caso del carabinero Guillermo Schmidt quien, en Antofagasta, tornó su arma contra los jefes que le ordenaron matar a tres trabajadores detenidos.

El legado
La causa 3926 de la Armada contra los marinos antigolpistas contiene un esclarecedor debate jurídico efectuado en 1975 y 1976. Esos años son defendidos por abogados de oficio que se limitan a pedir rebajas de penas. Con la notable excepción de Lidia Hogtert, abogada del sargento Juan Cárdenas y del cabo Teodosio Cifuentes, quien será la primera que osa plantear –brillantemente– los elementos fundamentales del caso.

La abogada reclama, primero, la nulidad de las “confesiones” arrancadas bajo tortura y pide a la corte naval que se añada al proceso un ejemplar de la revista Chile Hoy N°62, de agosto 1973, que describe las torturas y flagelaciones de los marinos detenidos.

Luego aborda la cuestión de fondo: sus defendidos “han entendido que el deber de ‘obediencia’, ‘respeto’, ‘disciplina’, acatamiento a la autoridad legítimamente constituida, y al orden establecido, les obliga a defender su permanencia, considerando que, desde el momento en que tales autoridades habían llegado al gobierno por vías constitucionales y legales, era esa autoridad la que debían defender y a la cual estaban obligados a servir”.

Concluye que fue legal la actuación de los marinos que se proponían evitar un levantamiento porque “es deber de todo miembro de un cuerpo armado defender en primer término al Gobierno legalmente constituido”.

El fallo de respuesta es redactado por la jueza Iris González en septiembre de 1976. Apoyándose en varios autores y en el Código de justicia militar de la España franquista, afirma que “no puede aceptarse como excusa absolutoria o como causal de justificación el subterfugio más que disculpa de defender al Estado Político ante otras posibles agrupaciones militares símiles, pues se arribaría a un total caos en la disciplina y orden militar”. En resumen, los subordinados están para obedecer y siempre que intenten oponerse a una acción de sus superiores, aunque ésta sea ilegal, están infringiendo el orden y merecen castigos.

Sin sorpresa, la corte naval rechaza la argumentación y la apelación de Lidia Hogtert arguyendo que es “temerario y aventurado” afirmar que hubo tortura, y en el proceso se lee un gran “No ha lugar” como respuesta al pedido de anexar la revista “Chile Hoy”.

Pero ese debate deja planteada una cuestión fundamental: ¿quién tiene la preminencia, la orden de un superior o la ley? En efecto, el comportamiento de los milita-res antigolpistas en 1973 plantea la relación entre legalidad y disciplina militar. Los golpistas reivindican el principio de la obediencia debida que considera a un soldado irresponsable de sus actos y lo obliga a obedecer siempre a su superior. Los legalistas, en cambio, postulan la responsabilidad de cada cual, y la preeminencia de la ley sobre las ordenes, así como el derecho de los soldados a incumplirlas cuando estas violan la ley o lo derechos humanos.

Los intentos de los militares legalistas por impedir que las Fuerzas Armadas transgredieran ley en 1973, plantean la cuestión del reconocimiento histórico: ¿Quiénes actuaron correctamente en 1973, los golpistas o los legalistas? Hasta ahora los gobiernos electos a partir de 1990 se han inclinado ante el hecho consumado que las Fuerzas Armadas son la continuidad de las que perpetraron el golpe, ignorando a los militares que –sacrificando mucho– se mantuvieron apegados a la Constitución.