Colombia: Aumentan casos de muerte de niños Wayúu por desnutrición en La Guajira. ¡Ya van 4.770!

El departamento de La Guajira se ha visto envuelta en muchos escándalos que van desde corrupción, hasta de dirigentes políticos implicados con grupos armados, la inestabilidad política conlleva a un problema social que muy fácilmente se logra solucionar, las fuertes críticas hacia el ICBF no han sido indiferentes nacional e internacionalmente, ya que por esa institución han pasado en los últimos 4 años 10 directivos, algunos ha sido separados del cargo por la Procuraduría General de la Nación que desde el 2016 abrió una investigación disciplinaria contra la ex directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen y 12 funcionarios nacionales y regionales por su presunta responsabilidad en irregularidades en el manejo de programas que provocaron la muerte de niños por desnutrición en La Guajira. La investigación disciplinaria está dirigida también al exdirector del ICBF Guajira, Leandro Alberto Sampayo Vergara; el ex director del ICBF Marco Aurelio Zuluaga Giraldo y la directora del programa Primera Infancia del ICBF, Karen Cecilia Abudinén Abuchaibe, investigaciones que aun están activas esperando resultados.

La investigación formal también cobija al ex viceministro de Salud, Fernando Ruiz y los exgobernadores de La Guajira José María Ballesteros Valdivieso y Oneida Pinto, por su presunta omisión en la ejecución de programas que evitaran este tipo de hechos que afectaron a la población vulnerable infantil de las comunidades Wayúu.

Desde el 2014 se desató la crisis humanitaria en La Guajira cuando para esa época se anunciaba las primeras 57 muertes por desnutrición de niños Wayúu en zonas apartadas en el departamento fronterizo. Desde entonces se prendieron las alarmas para tomar medidas drásticas y buscar a los responsables.

En el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concedió medidas cautelares a favor de los niños de la comunidad Wayúu en La Guajira por casos de desnutrición. En su decisión fue enfático y obligó al Estado colombiano a que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de las personas mayores pertenecientes al pueblo indígena Wayúu en los municipios de Manaure, Riohacha, Uribia y Maicao en el departamento de La Guajira. En particular, dada la situación de emergencia, adoptar las siguientes medidas específicas: asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud para las personas mayores Wayúu, a fin de que tengan acceso a atención médica, con un enfoque integral y culturalmente adecuado; tomar medidas inmediatas para que las personas mayores puedan tener, a la brevedad posible, acceso a agua potable y salubre, de manera sostenible y suficiente para la subsistencia de las beneficiarias; y tomar medidas inmediatas para que las personas mayores puedan tener alimentos en calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias con pertinencia cultural, así como establecer los mecanismos idóneos para la identificación de casos para intervención inmediata; sin embargo pese a las medida cautelar continúan aumentando las muertes por falta de alimentos y enfermedades asociadas a la desnutrición en menores Wayúu.
Desde esa época se ha entrado en una lucha jurídica por parte de líderes quien han sido amenazados y han sufrido atentados, como el caso de José Silva, presidente de la ONG Nación Wayúu, “para hacer valer los derechos de la población indígena en estado de vulnerabilidad.

SENTENCIA T-302 DE 2017 PROFERIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL POR LA CUAL DECLARA EL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LA GUAJIRA

Hay que recordar que la Sentencia del 1º de marzo de 2016, de la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior de Riohacha ordenó: Asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud en las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil y enfermedades prevenibles o evitables. Esto implica que hay que llevar servicios en forma permanente dentro de los territorios mediante centros o puestos de salud.

Ni la sentencia de la Corte ni del tribunal se han cumplido por parte de ICBF, hasta la fecha continúan muriendo niños. La cifra va en aumento de casos reportados de 4.770 y el número de muertes se ha duplicado frente al año anterior. La senadora liberal, Sofía Gaviria, advirtió que el Gobierno no ha cumplido aún con la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concedió medidas cautelares a favor de los niños de la comunidad Wayúu en La Guajira por casos de desnutrición.

“El ICBF es el primer responsable de la niñez en Colombia y no sé qué es lo que pasa en este país, por qué los niños se mueren de hambre”, aseguró la senadora liberal.
Según la Comisión de Derechos Humanos del Congreso quienes tuvieron visitando a las familias Wayúu, más del 80% de los niños sufren de desnutrición.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional frente a la crisis, contra la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para proteger a la población vulnerable -la reacción de las administraciones departamental y municipales ha sido cuestiona por ser casi que inexistente. Durante el 2018 continuó la muerte de niños por desnutrición en La Guajira, superando el promedio de los últimos 8 años, que es una clara señal de que pese a las intervenciones de múltiples entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, incluso organizaciones internacionales, el problema parece no reducirse, por la simple razón de que se sigue haciendo lo mismo, sin entenderse el problema y por ello se siguen obtenido los mismos funestos resultados.

Y lo peor, en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de La Guajira, adoptado por ordenanza, el cual por primera vez en la historia dejó registrada y visibilizada la dura crisis de los niños guajiros y de sus etnias, con medición de cientos de variables que podrían haber servido de base para empezar a desarrollar soluciones reales, desafortunadamente esta fue omitida en el nuevo Plan de Desarrollo 2017 – 2019, el cual está vigente y fue adoptado por decreto, trayendo como consecuencia que se volvió a caminar a oscuras para enfrentar esta crisis que se volvió permanente.

El problema de los niños Wayuú, Wiwas, Koguis, Arhuacos y afro rurales, incluso urbanos, es que son la mayoría del Departamento. Esto va más allá de la simple mortalidad o el hambre, esas problemáticas están destapando problemas más profundos y estructurales sobre los cuales no se quiere hablar ni intervenir; “la solución no es llevar sobrecitos con micronutrientes a niños que no tienen nada de alimentos sólidos para consumir, ni tampoco se soluciona llevando mercados, esas son soluciones de emergencia que no pueden ser permanentes y que de todas formas no le están llegando a todos, porque los resultados así lo demuestran”, dijo una autoridad tradicional a este medio de comunicación,
Las soluciones deben ser de fondo, donde se generen capacidades en las comunidades para salir adelante, aquí el problema es de pobreza multidimensional, de bajo o casi nulo desarrollo de los territorios, de desempleo y escasos ingresos familiares, de vulneración sistemática de derechos por no facilitarles a estas poblaciones el acceso a los mínimos vitales de bienes y servicios de los que disponemos los demás colombianos.
Hablar de índices de pobreza multidimensional en Manaure que llega a 91.5%, o Uribia a 89.5%, es hablar de una catástrofe, pero lo peor no está en que esa población esté sumida en la pobreza, lo más grave es que desde la institucionalidad y la sociedad, sabiendo esta situación, no se haga nada para solucionarlo.
La crisis de las etnias se termina convirtiendo a su vez en un obstáculo en el camino del desarrollo, generando un círculo vicioso del que no pareciera poderse salir, no es posible hablar de desarrollo económico y social con estas graves cifras sociales. La Guajira continúa ocupando los últimos lugares en competitividad, en educación, en salud, en seguridad alimentaria, en empleo, etc., donde vale la pena preguntarnos, ¿cómo queremos que empresas privadas se queden en La Guajira, generen empleo y dinamicen la economía, si la mayoría de la población es pobre, mal preparada y en crisis constante?
Acaba de salir el Índice de Competitividad donde La Guajira una vez más y como todos los años, ocupa unas veces el último y otras el penúltimo lugar, donde entre las 64 variables evaluadas, se destaca que entre 27 departamentos en cobertura de acueducto ocupa el puesto 25, en cobertura de la energía eléctrica el puesto 26, en cobertura neta en preescolar el puesto 19, en cobertura neta en educación primaria el puesto 23, en cobertura neta en educación secundaria el puesto 27, en cobertura neta en educación media el puesto 27, en cobertura bruta en formación universitaria el puesto 25, en graduados en posgrado el puesto 26, en el puntaje pruebas Saber Pro el puesto 26, en mortalidad infantil el puesto 26, en mortalidad por anemia (desnutrición) el puesto 27 y en inversión pública en protección integral a primera infancia el puesto 23.

Desde la Unidad Nacional preguntan al Bienestar Familiar ¿qué pasó con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?.

Según José Silva, presidente de la ONG Nación Wayúu: “No se están cumpliendo nada, los niños no tienen garantizada ni la educación ni nada, el Bienestar ha ido en desacatos hasta atropellos al pueblo Wayúu, siguen muriendo niños, sigue las violaciones de los derechos humanos, estamos cansado de poner querellas, si hacen lo que les da la gana; nos urge formular varios planes estratégicos que superen las instituciones mismas y los límites de los propios planes de desarrollo cuatrienales, unos planes de largo plazo, consensuados, concertados y de carácter vinculante para todos en La Guajira, así: Plan de garantías de los derechos de los niños guajiros: formular un plan integral, de corto, mediano y largo plazo, multisectoriales y multidisciplinarios para garantizar los derechos de la niñez (especialmente rural e indígena), plan adaptación al cambio climático de La Guajira: formular un plan integral, de corto, mediano y largo plazo, multisectoriales y multidisciplinarios para combatir los efectos de cambio climático y adaptación al cambio climático de La Guajira.
Plan para erradicar la pobreza extrema en La Guajira: formular un plan integral de corto, mediano y largo plazo, multisectoriales y multidisciplinarios para el cierre de brechas de pobreza extrema en La Guajira, para estimular y recuperar la actividad agropecuaria tecnificada y eficiente en el Departamento, en aras no solo de generar seguridad alimentaria sino generar excedentes de calidad para su exportación, agrego el líder Wayúu

Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le ha faltado gestión, por eso ellos son los responsables directos de la muerte de nuestros niños de La Guajira”, sentenció la senadora del Centro Democrático, Margarita Restrepo.

Por otro lado sigue la vulneración al Derecho Internacional Humanitario de los niños Wayúu por parte de los entes que garantizan la educación. En el 2019 más de 300 niños Wayúu se ha quedado sin cupos educativos debido al cierre de una de las escuelas ubicadas en asentamientos indígenas.

“Según la Comisión de Derechos Humanos del Congreso que visitó la semana pasada a las familias Wayúu, más del 80% de los niños sufren de desnutrición. En conversación con este medio, el secretario de Gobierno del municipio de Uribia, Rubén Almaso, expresó su preocupación; “el Bienestar Familiar ha tenido varios directores, las intervenciones a esa entidad tampoco han ayudado mucho, ahora nos están llegando indígenas de Venezuela y nos toca solucionar con lo que podemos. Otro de los factores son las grandes sequías por la que atraviesa la mayor parte del territorio, el cual es de alrededor de 7.905 km² siendo el municipio de mayor extensión geográfica en el departamento de La Guajira. Debido a ello se dificulta la producción de alimentos y la cría de animales de corral. Dice además, que la crisis nutricional de los niños indígenas se ha agudizado desde el año 2012, cuando iniciaron las dificultades en el vecino país de Venezuela, ya que muchos de los indígenas de Uribia cruzaban la frontera a trabajar y con ese dinero compraban alimentos mucho más barato en ese país y teniendo así seguridad alimentaria.

Almaso hace un llamado al Gobierno nacional para que ayude a mitigar esta triste realidad que gran parte de las crisis también es responsabilidad del Gobierno Nacional.