Los lineamientos programáticos del «progresismo»: solo más de lo mismo

01 de septiembre de 2025

Quienquiera que se de el fastidioso trabajo de leer los mamotréticos «lineamientos programáticos» dados a conocer por la candidatura de Jeanette Jara, con su larga lista de 177 medidas, podrá advertir fácilmente que no contiene ninguna reforma de fondo dirigida a superar el modelo económico neoliberal. de capitalismo salvaje, heredado de la dictadura y existente aún en Chile. En consecuencia, la propuesta de «un crecimiento que llegue a todas las mesas de Chile», al igual que en su momento el lema de «crecimiento con equidad» hecho suyo por el gobierno de Aylwin, no pasa de ser más que una engañosa frase para la galería.

La subordinación a la permanente extorsión ejercida por los poderes fácticos empresariales no puede ser más clara, limitando la acción del Estado a generar las condiciones y garantías más favorables posibles para que el gran capital se decida a invertir en nuevos emprendimientos productivos. Según dicho relato, solo en éste radicaría la fuerza capaz de modernizar y dinamizar la economía del país y, por tanto, en el entendimiento con él la única línea de acción política razonable. Y a dicha subordinación de las cúpulas políticas a los intereses del gran capital se la bautiza, como se ha hecho ya habitual, con el eufemístico rótulo de «cooperación público-privada».

Desde luego, no se trata de satanizar toda forma de actividad económica privada que efectivamente pueda constituir un espacio de cultivo y despliegue de valiosas iniciativas creativas. Pero es claro que en el contexto de lo que es hoy la presencia hegemónica del gran capital sobre el conjunto de la economía chilena lo que dicho rótulo significa en los hechos no es un estímulo a ese tipo de iniciativas creativas sino la más completa subordinación del sistema político a los intereses e insaciables expectativas de ganancia de ese muy reducido grupo de sujetos que actualmente controla la economía del país.

Para constatarlo basta señalar que los «lineamientos programáticos» ni siquiera contemplan alguna reforma significativa al socialmente retrógrado sistema tributario vigente en Chile, que es uno de los más regresivos actualmente existentes en el planeta. El proyecto de reforma que presentó el actual gobierno sigue siendo funcional al principio neoliberal de un Estado subsididario. Y lo que ofrecen los «lineamientos» son, en esa misma línea, diversos tipos de incentivos tributarios a la inversión, esto es de rebajas o eliminación de impuestos a las expectativas de ganancias del capital, todo lo cual tenderá a acrecentar aún más la conversión del espacio económico nacional en un paraíso para los inversionistas. En consecuencia, es insólito, y más aún vergonzoso, que se presente este tipo de propuesta programática como sinónimo de «progresismo».

¿Es efectivo que con tal orientación es posible resolver los graves problemas que hoy aquejan al grueso de la población chilena en materia de trabajo, atención de salud, educación y vivienda? ¿O que no existe otra alternativa posible para intentarlo? Quienes formulan estos «lineamientos programáticos» consideran indispensable hacer todo lo posible por atraer al país aún más inversión extranjera para activar el aletargado ritmo de la economía chilena. Para ello proponen ofrecer todo tipo de garantías e incentivos tributarios, al tiempo que reclaman una austera política de equilibrio fiscal apuntalado por una estricta limitación del gasto público. En consecuencia, por esta vía no es posible resolver los graves problemas que agobian a la mayoría de nuestra población.

Por lo demás, el grueso de la inversión extranjera directa se ha materializado en el muy seguro y rentable campo de la extracción minera, donde contamos con ventajas comparativas naturales y una sobrada experiencia propia. Se trata, además, de inversiones que representan un alto costo para el país, dados los procedimientos financieros y contables utilizados por las empresas involucradas y los incentivos que les ofrece a ellas la legislación vigente. Pero sobre todo se trata de inversiones que podría perfectamente haber efectuado el Estado de Chile, incrementando sustancialmente los ingresos del Fisco para fortalecer aún más las capacidades productivas del país y financiar también robustas políticas sociales en beneficio directo de su población.

Pero ¿es posible hacerlo, dada la correlación de fuerzas imperante en el escenario político del país? Limitando su comprensión de la acción política al escenario institucional de las pantanosas componendas cupulares, los integrantes  del autodenominado «progresismo» no lo creen posible y se felicitan a sí mismos por su supuesta madurez y sabiduría para transitar por la apacible vía de la «política de los acuerdos» que ha marcado desde sus inicios la llamada «transición a la democracia». Y como carece de sentido empeñarse en lograr lo imposible, ceden de inmediato a las presiones de los poderes fácticos empresariales y se pliegan entusiastamente a la búsqueda de un «amplio acuerdo social» como lo proclaman explícitamente en sus «lineamientos programáticos».

Sin embargo,

la correlación de fuerzas políticas no está dada por la distribución de los cupos parlamentarios sino por los estados de conciencia de la población, y muy particularmente del pueblo trabajador y su disposición a luchar por la defensa de sus intereses, derechos y aspiraciones. Por ello, toda fuerza política transformadora no puede tener su mirada puesta en las tratativas de pasillos sino que, necesariamente, en un accionar político plebeyo, dirigido a elevar constantemente los niveles de conciencia, organización y movilización del pueblo trabajador. Solo buscando sintonizar con los intereses, derechos y aspiraciones de ese pueblo trabajador es posible transformar lo que parece imposible en posible, para efectivizar cambios de fondo en la sociedad en que vivimos.

El que no se levante hoy con la fuerza que se requiere un proyecto político que desempeñe consistentemente ese papel nos llevará nuevamente en las próximas elecciones a la miserable disyuntiva de tener que elegir entre dos males el menor o simplemente anular el voto. Pero no podemos echarle la culpa de ello al empedrado. Esto es simplemente producto de la propia  incapacidad evidenciada hasta ahora por quienes nos consideramos parte de una izquierda consecuente, consciente de la imperativa y urgente necesidad de terminar con el capitalismo y abrir paso al socialismo, para poner en pie una alternativa política propia, unitaria, clasista y democrática, capaz de captar un apoyo claro y sustantivo del pueblo trabajador. Ya es hora de avanzar seriamente esta tarea.