Ataque a la Comitiva de la Ministra del Interior, una advertencia

16 de marzo de 2022
Cabe una preguntar, que hubiera pasado si el ataque que sufrió la Ministra del Interior, lo hubiera recibido el exministro u otra autoridad del gobierno pasado, seguramente estaríamos  bombardeados con “la presencia del terrorismo” en los medios de comunicación y siendo testigos de una masiva movilización militar en la llamada macrozona sur del pais. Seria así porque la búsqueda de excusas para  intensificar los ataques en contra de la nación mapuche es el denominador común de los gobiernos en el pasado, la excusa  para perseguir al enemigo interno, que en la práctica se traduce en ataques a la población civil y que permiten alimentar la irracional militarización de ese territorio.

No se necesita ser un analista de cuestiones militares para darse cuenta de que el objetivo del ataque del que fue víctima la comitiva de la Ministra del Interior, fue para atemorizar y enviar el mensaje que no hay interés ni disposición al diálogo como fórmula para empezar a resolver el conflicto mapuche, por el contrario, lo que buscan los agresores, es mantener las cosas como están, alimentando un conflicto que les es conveniente a los grupos económicos y políticos que lo incentivan. No se habla de que los autores podrían ser parte de la delincuencia que se ha enriquecido con el robo y el contrabando de madera, pero se focaliza en el supuesto de enfrentamientos entre fuerzas policiales y militares con “organizaciones mapuches”, afirmaciones que se hacen con la misma irresponsabilidad que el expresidente y sus ministros, le declararon la guerra al pueblo de Chile alegando la existencia de un enemigo poderoso nunca encontrado.

Para estos grupos que no reconocen la raíz del conflicto, que es provocado por el Estado de Chile que históricamente avaló y protagonizo la usurpación de tierras que pertenecen a la nación mapuche, les es más beneficioso mantener la atención en enfrentamientos de dudosa procedencia, calificando toda acción de autodefensa de un pueblo que reclama  sus derechos, como acciones de terrorismo, justificando el terrorismo de Estado que producto de la militarización viven las familias en la llamada macrozona sur.

Pero volviendo al hecho concreto, el ataque que sufrió la Ministra del Interior a manos de desconocidos, no deja de sorprender al menos en dos cosas, una, la negligencia o la precariedad, de la planificación de las acciones de protección, por parte de las FFAA y Carabineros desplegados en la zona, para la autoridad civil. En medio además, de un estado de excepción con todas las garantías y facilidades legales que tienen para asegurar la eficacia de las acciones militares encomendadas, dejando entrever en segundo lugar, que los parámetros con los que se mide la eficacia de la acción militar son o están al menos desactualizados, en relación con los desafíos que el pais y todos sus instituciones tienen para enfrentar el siglo 21.

La débil protección de la Ministra del Interior, en su anunciada visita al sur del pais, lo que demuestra es la ineficiencia del ejército y de la seguridad pública, carabineros, la que en cualquier parte del mundo se mide por parámetros tales como la exactitud en el planteamiento de las operaciones militares y por el cumplimiento oportuno de sus misiones, por las medidas de protección para la integridad de los combatientes. También, por el apoyo inmediato a la población civil, por la economía de medios, por el correcto aprovechamiento de la tecnología, por el sentido de pertenencia de sus miembros y, en síntesis, por los resultados finales  de sus actividades frente a las expectativas de la sociedad.

Sin embargo y por las últimas décadas son otros los parámetros que se utilizan para medir la eficacia de las operaciones militares, entre ellas, la magnitud del presupuesto destinado a fortalecer al Ejército en su labor institucional, bajo la premisa, falsa por lo demás,  de que “a mayores recursos, mejores resultados”, parámetros que en ausencia del análisis político de sus acciones, de la acción militar, terminan aportando a la ineficacia de las FFAA. y de la policía militarizada, porque es  una visión sesgada que ha contribuido, además, entre otros factores, a la corrupción en la que los mandos superiores del ejército y carabineros han sumido a sus instituciones.

Pero esto no es casual, es una derivada del peso de la realidad económica contemporánea, influenciada por la racionalidad económica, que es la que orienta el análisis y la medición de eficacia del Estado y de las instituciones militares, a tal punto que se cuestiona la idea de soberanía nacional, vinculándola a los objetivos de la globalización y a la eficiencia de la conquista de mercados, provocando una profunda divergencia entre las instituciones militares con la realidad política, social, económica y cultural de su país. Hoy en día la eficiencia del ejército no se mide solo por indicadores militares internos, sino que también, por su capacidad de abrir y proteger intereses económicos determinantes, que en la mayoría de los casos responden a intereses privados y no siempre son aquellos del Estado y que están al servicio del bien común.

Con esto se alteró la idea del Estado Nacional, de la soberanía y de la independencia, en el entendido que soberanía e independencia significan control real y autodeterminación, definiciones que en nuestro país y como en la mayoría de los Estados perdieron valor hace ya varios años, frente al poderío económico de empresas que rigen los destinos de los países y cuyas ramificaciones e intereses traspasan las fronteras nacionales.

Acaso el tema que nos ocupa, el conflicto entre el Estado chileno y la nación Mapuche no da cuenta de estas nuevas definiciones, con un Estado subsidiario que permite la utilización de la fuerza militar, de la coerción, no precisamente frente a enemigos que amenazan la soberanía de la nación, sino que, para controlar a las fuerzas sociales que amenazan la cohesión y existencia del Poder económico, que es lo que determina la orientación de la seguridad ciudadana.

Es necesario una reflexión sobre estos temas, sobre todo en estos momentos, porque estas definiciones que por años han orientado la formación y cultura de las instituciones militares, son totalmente contrarias a los esfuerzos que se están haciendo para, por ejemplo, diseñar para el país una nueva Constitución. En Chile se está redefiniendo una nueva forma de distribución del poder, se está pensando en un nuevo Estado para Chile, un Estado Plurinacional y de derechos, es decir, instituciones que garanticen el respeto a los derechos humanos en toda su extensión, lo que es contradictorio con unas FFAA atrincheradas en sus propias ideas y sin sintonizar con los cambios que la mayoría de los chilenos anhelamos.

Por ello el debate por una nueva constitución es determinante asociando los nuevos conceptos de pais, de Estado, de economía, de una nueva forma de distribución del poder, con el nuevas  instituciones, lo que tiene que involucrar a las FFAA y a la policía hoy militarizada, sobre todo planteando nuevas estrategias y metas en la formación de los militares. Hoy las escuelas matrices de formación son clasistas y son una herramienta de control ideológico, en las que se reproduce el negacionismo, que en este caso tiene que ver también con el pueblo nación mapuche, el que ha sido reprimido y oprimido por los militares chilenos a lo largo de su historia.

La formación militar tiene que asociar la defensa y la seguridad de la Nación, con la seguridad de un Estado democrático, que se fundamenta en valores como los de paz, libertad, justicia, igualdad, protección de los derechos humanos y convivencia democrática, entre otros, valores y conceptos de los cuales los militares deben ser partícipes y estar convencidos de ellos.

Mientras no se cambien todos estos conceptos, la prescindencia política y el respeto al poder civil, que en el general Schneider y en los militares que nos opusimos al golpe de estado de 1973, fueron valores reales, continuaran siendo argumentos distorsionados y utilizados para mantener instituciones militares, que vigilan y no participan de la democracia, caminando al lado y como guardianes serviles de los poderosos.

Es de esperar entonces, que la negligencia y la ineficacia mostrada en la defensa y protección de la Ministra del Interior, por las FFAA y carabineros, sea un hecho que obedezca a otras razones, no vinculadas a todos estos conceptos retrógrados o, a la deliberada intención de mostrar que solo la militarización es el camino para continuar con la agresión al Walmapu.

Lo concreto es que el ataque a la Ministra del Interior no es casual, demostró en primer lugar, que la tremenda movilización militar y pertrechos en el territorio del Walmapu, que se hace o se ha hecho para ejercer control sobre este, se realiza en un territorio en el cual el enemigo a combatir es la población civil, mapuche.

En segundo lugar, lo que demostró este hecho, es  la ineficiencia militar, porque fueron ineficientes e incapaces de prever protección a un pequeño grupo de personas, por lo que si se analiza desde una visión macro, el objetivo político de ejercer control es derrotado por la incapacidad militar de ser fuerte en todo el territorio.

Así entonces y ante los hechos que son objetivos, uno tiene el derecho de pensar que lo sucedido podría tener relación con el alto grado de descomposición que vive nuestra sociedad, contexto en el cual las instituciones militares y carabineros están involucradas por la acción de sus mandos institucionales, lo que les transforma, mientras no se saneen estas instituciones, en una amenaza constante para la democracia.

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