El 14 de noviembre de 1975 España firmó uno de los documentos más infamantes y con más perniciosos efectos de toda su historia: los llamados «Acuerdos de Madrid» para entregar el Sáhara.

En este texto pretendo argumentar que son inmorales, ilegales y políticamente suicidas. Inmorales, porque se gestaron en el engaño: por un lado, del Gobierno español tanto a su propia diplomacia como a la opinión pública española y al pueblo saharaui; por otro, del Gobierno marroquí al español. Ilegales, porque se concibieron en y para la vulneración del Derecho Internacional. Políticamente suicidas, porque hipotecaron para decenios la política exterior española y el futuro del pueblo saharaui.

Quien esté verdaderamente comprometido con el interés de España, la legalidad y la verdad no podrá sino condenarlos. Pero quien intente revivirlos…

Qué son

Los llamados «Acuerdos de Madrid» son un conjunto de textos suscritos, unos, entre España, Marruecos y Mauritania; otros, entre España y Marruecos, y un tercer grupo, entre España y Mauritania.

El texto principal es la llamada «Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental«. Este convenio nunca fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero sí fue comunicado a las Naciones Unidas y puede consultarse en la colección United Nations Treaty Series. Esta «declaración» establece en su artículo 2 que

«España procederá de inmediato a instituir una Administración temporal en el territorio, en la que participarán Marruecos y Mauritania en colaboración con la Yemaá y a la cual serán transmitidas las responsabilidades y poderes» que ostentaba Madrid como potencia administradora. Al mismo tiempo, se anunciaba que «la terminación de la presencia española en el territorio se llevará a efecto definitivamente antes del 28 de febrero de 1976».

Junto a este acuerdo, público en Naciones Unidas pero no publicado oficialmente en España, existían diversos anejos secretos. Algunos de ellos fueron publicados en la revista Interviú el 28 de enero de 1978; en un número que fue secuestrado[1]. Los pactos secretos abarcaban diversas cuestiones: económicas, jurídicas y políticas. En materia económica, se acordó la entrega a Marruecos, sin compensación alguna, de todas las instalaciones para la explotación y exportación de fosfatos, así como el 65% de las acciones de la empresa Fos Bu Craa, que explotaba el preciado mineral (el resto quedaba en manos del Instituto Nacional de Industria español). Por su parte, Marruecos convino en permitir que 800 barcos españoles faenasen durante 20 años en las condiciones que tenían en 1975… Jurídicamente, se acordaba la delimitación de las aguas españolas en el Atlántico occidental. Por lo que hace al plano político, Rabat se comprometía a renunciar a la reivindicación de Ceuta y Melilla.

Un engaño masivo

Para entender el significado profundo de estos acuerdos hay que partir de que el engaño y la mentira fueron constantes en su génesis. Los sectores del Gobierno y el Estado españoles con complicidades con Marruecos eran el Príncipe (D. Juan Carlos de Borbón y Borbón), el presidente del Ejecutivo (Arias Navarro), el ministro de la Presidencia (Antonio Carro Martínez) y el ministro José Solís Ruiz. Además, contaban con el respaldo de sectores del Alto Estado Mayor (Manuel Gutiérrez Mellado). Este «lobby» ocultó sus intenciones tanto a los miembros del Gobierno partidarios de que España cumpliese sus compromisos (Ministerio de Exteriores) como a los militares del Ejército del Sáhara, que, por conocer la situación sobre el terreno, consideraban que una entrega del territorio a Marruecos sería una indignidad, sí, pero sobre todo un grave error estratégico con vistas al futuro.

El Gobierno y la jefatura del Estado en funciones engañaban a la opinión pública. En efecto, el 20 de octubre de 1975 se envió a las Cortes el proyecto de ley para la descolonización del Sáhara que iba a ejecutar aquellos acuerdos aún no celebrados… señal de que la entrega ya estaba pactada. Ello no fue óbice para que Don Juan Carlos de Borbón, mientras se desarrollaba la «Marcha Verde», viajara a El Aaiún (2 de noviembre) y dijera que España «cumpliría sus compromisos», que, públicamente, sólo consistían en la celebración de un referéndum de autodeterminación. Es importante advertir que Hassán II llegó a decir que Don Juan Carlos, en tal ocasión, engañó deliberadamente a los presentes[2].

A pesar de que el Gobierno firmó los Acuerdos de Madrid el 14 de noviembre, días después (el 18), mientras se discutía el proyecto de ley de descolonización del Sáhara en las Cortes franquistas, el ministro Carro (padrino político de Romay Beccaría y Meilán Gil) llegó a sostener afirmaciones tan rotundamente falsas como la de que España no había firmado ningún compromiso con Marruecos, ante las acusaciones que en ese sentido, y a raíz de ciertas informaciones, hacían algunos procuradores.

Asimismo, el Ejecutivo estaba engañando a los saharauis, que también eran destinatarios del discurso pronunciado el 2 de noviembre por el jefe del Estado en funciones. Ante el creciente temor de aquellos a ser entregados a Marruecos, el Gobierno no dejaba de repetir que España cumpliría sus compromisos públicamente asumidos, que no eran otros, repetimos, que celebrar un referéndum de autodeterminación, para lo cual, un año antes, se había confeccionado el oportuno censo (el denominado «censo español de 1974»).

La tragicomedia no acababa ahí. Porque Rabat, a su vez, estaba engañando a quienes en España estaban engañando a los españoles. Para conseguir el Sáhara, Marruecos no dudó en prometer al Gobierno español cosas que nunca estuvo dispuesto a asumir, tanto en lo económico (la más llamativa de todas, el acuerdo de pesca) como en lo político (la reivindicación de Ceuta y Melilla).

Una orgía de ilegalidades

El contexto jurídico de los Acuerdos de Madrid resulta especialmente escandaloso, en el plano del Derecho interno y en el del internacional. En el primero de ellos, el documento fundamental es la ley de descolonización del Sáhara, de 19 de noviembre de 1975, que se publicó deprisa y corriendo el día de la muerte de Franco. En ella se autorizaba al Gobierno a emprender negociaciones con vistas a la descolonización del Sáhara. Sin embargo, el acuerdo secreto de Madrid fechado el 14 de noviembre de 1975 estipulaba lo que sigue en su artículo 6: «Este documento entrará en vigor el mismo día en que se publique en el Boletín Oficial del Estado la ‘Ley de Descolonización del Sahara’, que autoriza al Gobierno español para adquirir los compromisos que condicionalmente se contienen en este documento». Por consiguiente, la descolonización se operó vulnerando la propia ley de descolonización del Sáhara, pues la autorización para entablar negociaciones era «pro futuro» y no con efectos retroactivos. Precisamente porque no tenía efectos retroactivos el ministro Carro mintió al decir que el Gobierno no había firmado ningún compromiso con Marruecos. En consecuencia, la entrega del Sáhara violaba la ley española, pues se hizo de acuerdo con unas negociaciones que no habían sido autorizadas por la ley, ya que eran anteriores a la misma.

Por lo demás, la legalidad franquista estipulaba que para ratificar tratados que afectasen a la soberanía o a la integridad territorial española se requería autorización previa, mediante una ley, de las Cortes (art. 14.I de la ley constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942) y la ratificación posterior por parte del jefe del Estado (art. 9a de la Ley Orgánica del Estado de 1 de enero de 1967). Ahora bien, si se estimase que la entrega del Sáhara no afectaba a la «soberanía o a la integridad territorial española» y que, por tanto, su ratificación no requeriría ni previa ley de las Cortes ni intervención del jefe del Estado, habría de cumplirse con lo previsto en el artículo 14.II de la Ley de Cortes, a saber, que éstas fueran informadas de dicho tratado. A mayores, conviene recordar que el Acuerdo de Madrid no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, pese a que el «Título Preliminar» del Código Civil, que materialmente operaba como norma constitucional, así lo exigía.

A la luz de todo lo anterior, cabe decir lo siguiente: en primer lugar, las Cortes sólo pueden aprobar una ley para autorizar la ratificación de un tratado… ¡si previamente lo conocen! En segundo lugar, la Ley de Descolonización del Sáhara no podía contravenir las Leyes Fundamentales; en consecuencia, no podía eximirse al jefe del Estado de la ratificación del tratado de cesión. Y, finalmente, si se considerase que el acuerdo de Madrid no afectaba a la soberanía o a la integridad territorial de España, existía la obligación de informar de la celebración del tratado a las Cortes… ¡cosa que no se hizo!

A esta ilegalidad según el Derecho nacional se suma su ilegalidad internacional. España, como potencia administradora, sólo tenía dos opciones para liberarse de su responsabilidad: proceder a la descolonización, y eso sólo podía hacerse mediante un referéndum de autodeterminación, o no descolonizar pero transferir la administración del territorio al Consejo de Administración Fiduciaria, de acuerdo con el artículo 77.1.c de la Carta de las Naciones Unidas. España pretendió descolonizar hacer ninguna de las dos cosas, por lo que incurrió en una doble ilegalidad.

En primer lugar, por eludir el preceptivo referéndum de autodeterminación. Las resoluciones de la ONU, confirmadas por el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de 16 de octubre de 1975, estipulaban que la descolonización del Sáhara debía hacerse mediante un referéndum de autodeterminación. El acuerdo de Madrid vulnera esta legalidad, ya que, si bien dice (art. 1) que «España ratifica su resolución –reiteradamente manifestada ante la ONU– de descolonizar el territorio del Sahara occidental», no procede a celebrar un referéndum de autodeterminación, sin que en modo alguno bastase una «consulta a la Yemaa [asamblea saharaui]». Y, en efecto, la resolución 3458 B (10 de diciembre de 1975) de la Asamblea General de la ONU exige a los firmantes del acuerdo tripartito de Madrid que cumplan con lo que el acuerdo evita: la celebración de un referéndum de autodeterminación.

En segundo lugar, España transfirió unilateralmente su cualidad de potencia administradora a una entidad tripartita en la que, junto a ella, participaban Marruecos y Mauritania. Dado que la Carta de las Naciones Unidas estipula que una potencia administradora sólo puede desprenderse de su responsabilidad transfiriendo la administración de la colonia al Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas, el acuerdo de Madrid vulneró la legalidad internacional. Y, en efecto, el dictamen del secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos, y asesor jurídico de la ONU, emitido el 29 de enero de 2002[3] es contundente a este respecto: el acuerdo de Madrid es ilegal porque España no puede transferir unilateralmente sus responsabilidades de potencia administradora.

Una hipoteca para nuestra política exterior y para la paz en el Sáhara

Los Acuerdos de Madrid, además de infames en su gestación y ejecución, han hipotecado durante tres decenios toda nuestra política exterior, así como la paz y el derecho del pueblo saharaui.

Nuestra política exterior tiene una serie de retos permanentes por razón de la geografía, como construir una relación con Marruecos y conseguir la ubicación de España en África, en el sur, y, en el norte, construir una relación con Francia y encontrar el sitio de España en Europa. Estos importantes objetivos se hallan hipotecados por los Acuerdos de Madrid.

En el sur, es imposible establecer una relación correcta con Marruecos mientras éste no renuncie a apoderarse de parte del territorio español. Es más, ni siquiera en el supuesto de que se opte por una suicida política entreguista se acabarían los problemas, porque después de Ceuta y Melilla vendrían Alborán y las Canarias.

Para poder exigir el respeto de nuestra integridad territorial es perentorio garantizar que ninguna violación de fronteras será premiada o quedará sin sanción. Si, después de 30 años, la violación de fronteras que supuso la anexión del Sáhara no es reparada, se estará alentando al país expansionista a emprender nuevas operaciones de ese tipo. En definitiva, la garantía de la integridad territorial de España en Ceuta y Melilla pasa por que se garantice la integridad territorial del Sáhara Occidental. Sólo si la invasión de este territorio es sancionada y reparada se podrá tener una razonable esperanza de que la eventual violación de territorio español también será sancionada.

Ante esta situación, sólo caben dos opciones: o una política resuelta de defensa de los principios que mejor convienen a nuestros intereses (con la ventaja de que son concordes con la legalidad internacional) o una política de cesión. La primera otorga una credibilidad que no da la segunda. Sólo la primera permitiría a España diseñar una política coherente de proyección en el norte y el noroeste de África. El acuerdo de Madrid, al optar por la segunda opción, ha lastrado nuestra proyección africana, que ha quedado obsesivamente limitada a Marruecos.

En el norte, es imposible establecer una relación correcta con Francia mientras este país no renuncie a apoyar operaciones hostiles contra España. Sólo la garantía de la seguridad en el sur puede proporcionar respeto en el norte. Tal garantía nos permitiría quitar al Hexágono la carta de desestabilización de nuestra frontera sur. Sólo así es posible diseñar una política europea que persiga los intereses nacionales españoles, y no simplemente complacer intereses ajenos.

Finalmente, los Acuerdos de Madrid, al premiar una invasión, han introducido el germen de la inestabilidad en todo el norte de África. Conviene no olvidar que las veleidades expansionistas de Marruecos no afectan sólo a España, también a Argelia, Mauritania y Mali. La única forma de evitar de raíz futuras agresiones en aras de la realización de la pesadilla del «Gran Marruecos» es que aquéllas no tengan ninguna posibilidad de ser convalidadas. La autodeterminación del Sáhara se convierte, así, en la única garantía de la paz y la estabilidad en la zona.

La piedra de toque de una política exterior nacional

Los Acuerdos de Madrid son inmorales (basados en el engaño y la mentira), ilegales y políticamente suicidas. Si esto es así, como creo haber demostrado, cualquier política que se precie de tener unos mínimos principios éticos, que presuma de respeto al Derecho Internacional y que promueva los intereses nacionales debe hacer todo lo posible por removerlos. La herida simbólica debe ser curada simbólicamente. España debe, solemnemente, denunciar ese acuerdo, aunque sea treinta años después. Esto sentará las bases de una política ética, confiada en la legalidad internacional y con una idea clara de los intereses nacionales. La reafirmación de esos acuerdos no puede ser vista sino como una adhesión gratuita a la inmoralidad, un desprecio profundo a la legalidad y una apuesta por la humillación como forma de relación con los vecinos del sur y del norte.

Hechos recientes han vuelto a situar en un primer plano los Acuerdos de Madrid. El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha promovido el acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos sobre aguas del Sáhara Occidental. Ante las denuncias surgidas no sólo en la opinión pública española, también en otros estados europeos, el ministro de Asuntos Exteriores ha alegado que Rabat es la «potencia administradora» del Sáhara Occidental en virtud del acuerdo de Madrid. Esto es, legalmente, insostenible. Pero nos ayuda a saber dónde está nuestro gobierno. El actual.