El caso del Pablo Escobar del Sáhara se salda con condenas por corrupción política en Marruecos

27 de junio de 2026

Sentenciados a penas de hasta 12 años de cárcel dos decenas de exdiputados, altos cargos y agentes policiales implicados en una red internacional de narcotráfico.

El narcotraficante maliense Ahmed Ben Brahim, conocido como el Pablo Escobar del Sáhara, tiró de la manta de la corrupción política en Marruecos tras sentirse traicionado por antiguos cómplices y testaferros, que se apoderaron de sus bienes cuando se encontraba entre rejas en 2023. Desde la cárcel, cantó de plano ante la policía para acusar a más de 20 exdiputados, agentes de las fuerzas de seguridad y funcionarios de integrar la mayor red de corrupción pública ligada al tráfico internacional de estupefacientes destapada hasta ahora en el país magrebí. Casi tres años después, un tribunal de Casablanca les condenó al filo de la medianoche del jueves al viernes a penas de hasta 12 años de prisión. En las más de 80 sesiones de un juicio que ha sido seguido por los marroquíes con detalle mediático se han sentado en el banquillo altos cargos del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), socio del actual Gobierno de coalición, vinculados a la construcción y al mundo del fútbol.

La sentencia condena a 12 años de cárcel al exdiputado y expresidente regional Abdendi Bioui a 12 años, e impone otros 10 años de reclusión al también exparlamentario, exdirigente territorial y expresidente del club de fútbol Wydad, de Casablanca, Said Naciri. La misma condena ha recaído sobre el exdiputado Belkacem Mir, antiguo parlamentario y que fue alcalde de Sidi Allal el Bahroui, municipio de la región de Rabat cercano a la capital.

Los reos, a quienes han sido confiscados sus bienes, tendrán que asumir además multas de decenas de millones de euros y una compensación de 400 millones de euros a la Administración de Aduanas. Sus abogados han denunciado durante la vista que las acusaciones contra los encausados carecen de pruebas sólidas y solo se sostienen en el testimonio ante la policía de un narco convicto que cumple 10 años de condena en una cárcel de Casablanca tras su detención en 2019. El fallo condenatorio por tráfico masivo de hachís entre Marruecos y países del Sahel, blanqueo de capitales, corrupción y tráfico de influencias, entre otros cargos, aún puede ser recurrido.

El proceso del caso del Pablo Escobar del Sáhara se ha desarrollado bajo el foco de la opinión pública. El traficante maliense Ahmed Ben Brahim, sin embargo, no ha comparecido ante el tribunal en ninguna de las sesiones del juicio durante los casi tres años de proceso. La sentencia se ha hecho pública cuando quedan tres meses para las elecciones legislativas en las que el PAM (centroderecha) aspira a revalidar su presencia en el Ejecutivo de coalición junto con la conservadora Agrupación Nacional de Independientes, del actual primer ministro, Aziz Ajanuch, y el histórico partido nacionalista Istiqlal.

“Durante la vista han surgido indicios de la existencia de complicidad [de los encausados] en los ámbitos de seguridad, económico y político, sin que se hayan explorado todas sus posibles ramificaciones”,

sostiene este viernes la información publicada por el semanario panafricano editado en París Jeune Afrique. “El debate sobre los lazos entre narcotráfico, poder político y redes de influencia está lejos de haber quedado cerrado [en el juicio celebrado en Marruecos]”, puntualiza.

El Escobar del Sáhara, también conocido como El Maliense, fue detenido en 2019 en el aeropuerto de Casablanca tras haber viajado desde Mauritania, donde había permanecido encarcelado durante cuatro años a causa de un mandato de captura de Interpol por tráfico de drogas. Un tribunal marroquí le condenó a 10 años de prisión como responsable de una trama de narcotráfico multinacional. Ben Brahim fue encausado por dirigir una red dedicada a distribuir resina de hachís marroquí en África Occidental, y a trasladar hasta puertos norteafricanos alijos de cocaína traídos desde Latinoamérica con destino final en Europa.

La fortuna del capo de la droga estaba evaluada en decenas de millones de euros, con propiedades en Brasil, Bolivia y Rusia, así como en la Costa del Sol española. Un suntuoso chalé con amplios jardines y un apartamento de lujo, ambos en Casablanca, capital económica del país, fueron pronto ocupados por dos de sus presuntos socios más destacados. El primero por Said Naciri y el segundo por Abdeni Bioui, presidente del Consejo Regional Oriental de Marruecos (cuya capital es Uchda) y dueño de una empresa contratista de obras públicas. Ambos son miembros destacados del PAM.

El Maliense declaró en prisión ante los agentes del Departamento Central de Investigación Judicial, el FBI marroquí, que sus antiguos socios le habían tendido una emboscada tras haberle comprado varios camiones. Cuando la policía interceptó esos vehículos cargados con 40 toneladas de resina de cannabis, comprobó que su documentación seguía a nombre de Ben Brahim en lugar de haber pasado a un nuevo propietario.

La conexión con Biaui

Nacido en 1976 en Kidal, capital de los tuareg en Malí, el Escobar del Sáhara, se instaló en Uchda, ciudad natal de su madre. En esa zona fronteriza con Argelia entró en contacto con Biaui, quien según la prensa marroquí había cumplido condena por robo en Francia y por tráfico de drogas en España, antes de forjar un imperio en el sector de la construcción y de llegar a ser diputado y miembro de la Comisión de Infraestructuras del Parlamento. Ambos se aliaron para transportar hachís desde el norte de Marruecos a África Occidental.

Unas tres cuartas partes de los ciudadanos de Marruecos reconocen que las prácticas fraudulentas están muy extendidas, según la encuesta que presentó en 2003 la denominada Instancia Nacional de Probidad, Prevención y Lucha contra la Corrupción, un organismo oficial. En los últimos cinco años, el país magrebí ha caído puntos en la lista de Transparencia Internacional, con una calificación de 39 sobre 100, con un retroceso de posiciones hasta situarse en 2025 en el puesto 91º entre 182 Estados examinados. Según la ONU, Marruecos es mayor productor de hachís, o resina de cannabis, cultivo al que se dedican ilegalmente al menos 30.000 hectáreas, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior marroquí.

*Fuente: ElPaís

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