La Libertad de Opinar y el Problema de Tacna y Arica

En 1921, durante el primer gobierno de Alessandri, el destacado abogado y académico, Carlos Vicuña Fuentes, dentro de un conjunto de opiniones dadas en el seno de la FECH -y que fueron publicadas  por el periódico La Epoca– señaló que

“debe resolverse el problema internacional del Norte mediante la devolución al Perú de las provincias de Tacna y Arica y la cesión a Bolivia de una faja de terreno en Tarapacá, para que tenga una salida al mar” (Carlos Vicuña.- La libertad de opinar y el problema de Tacna y Arica; Imprenta Selecta, 1921; p. 16).

Teniendo en cuenta que ya era totalmente inconducente realizar un plebiscito para definir la pertenencia final de Tacna y Arica (que de acuerdo al Tratado de Ancón debió efectuarse en 1894) y que en esa época Chile tenía plena libertad para entregarle una franja territorial a Bolivia en su extremo norte; es muy probable que la idea de Vicuña hubiese representado la solución más justa, honorable y feliz para los tres países, resolviendo definitivamente todas las dolorosas secuelas de la guerra del Pacífico. Habría significado, además, cumplir con el Tratado de 1895 con Bolivia, por el cual Chile se comprometió

“una vez adquiridas definitivamente Tacna y Arica (fuere por plebiscito o por arreglo directo), a transferirlas, también en dominio definitivo, a Bolivia. El precio: 5 millones de pesos chilenos de plata (aprox. 625 mil libras esterlinas)”;

y que

“si Chile no adquiría Tacna y Arica, se obligaba a ceder a Bolivia la caleta Vitor hasta la quebrada de Camarones, u otra análoga” (Gonzalo Vial.- Historia de Chile (1891-1973), Volumen II, Triunfo y decadencia de la oligarquía (1891-1920); Edit. Santillana, 1983; p. 188).

Sin embargo, lo anterior generó una furia del establishment en contra de Vicuña. En primer lugar, lo atacó el senador conservador Francisco Huneeus en Sesión del 22 de agosto. Luego, el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Barros Jarpa, declaró que

“no se aceptará en ninguna forma el que los funcionarios públicos se arroguen el derecho de estar opinando en discrepancia con el gobierno, acerca del manejo de las relaciones exteriores (…) con proposiciones más o menos atrevidas y más o menos inconscientes” (Vicuña; p. 20).

Después, se inició una ofensiva para lograr su expulsión de la Universidad de Chile. Así, el senador liberal Enrique Zañartu Prieto dijo el 31 de agosto que

“cuando se vierten ideas tan condenables (…) su señoría (el ministro de Instrucción Pública, Tomás Ramírez Frías) está en el deber de indignarse y decir que arrojará de su puesto a ese profesor, y que si las leyes existentes no lo permiten expulsarlo, presentará un proyecto especial para echarlo a la calle e infamarlo con esa medida de excepción (…) El Gobierno está en el deber, después de liquidar sus cuentas con este mal ciudadano de presentar modificaciones a las leyes existentes que le permitan castigar las acciones que son verdaderos crímenes de traición a la Patria” (Ibid.; pp. 44-5).

Posteriormente, el Rector de la Universidad de Chile, Domingo Amunátegui Solar, adujo que Carlos Vicuña era solo profesor universitario interino y que, como tal, el ministro de Educación podía expulsarlo, sin necesidad de un acuerdo del Consejo de Instrucción Pública. Enseguida, el 2 de septiembre, el Gobierno acordó la destitución de Vicuña.

En una interesante puntualización -que sin entrar a cuestionar las facultades discrecionales del Gobierno, desmerecían su posición- el ex diputado Galvarino Gallardo publicó un artículo en La Nación del 6 de septiembre, en que reseñaba las distintas posiciones manifestadas por diversos Gobiernos sobre las formas de resolver el diferendo con Perú sobre Tacna y Arica, preguntándose finalmente:

“¿Hay o no razón para decir con honrada franqueza que jamás hemos tenido una política definida, estable en este problema?” (Ibid.; p. 150).

La destitución de Vicuña fue defendida por el ministro del Interior, el radical de izquierda Héctor Arancibia Laso, quien señaló primero ante la Asamblea Radical que “no es posible que los propios encargados de formar el alma nacional estén sembrando en las almas infantiles la semilla funesta del anarquismo y del desprecio por la Patria y sus instituciones” (Ibid.; p. 1259). Y posteriormente el 8 de septiembre en la Cámara de Diputados:

“El funcionario (público) debe subordinar su actividad al interés del Estado; y entre los deberes que a aquel incumben figura el de acomodar su acción al servicio público. El interés del Estado impone al funcionario la obligación de servirlo incondicionalmente. El funcionario que falta a ese deber y a la lealtad hacia el Estado cesa de estar al servicio de su interés y, en consecuencia, éste tiene el derecho de poner fin a una relación que ha dejado de serle beneficiosa” (Ibid.; p. 185).

La Cámara de diputados, luego de escuchar la fundamentación de Arancibia, dio su aprobación a la conducta del gobierno contra Vicuña, con el apoyo de los comités de todos los partidos de la Alianza Liberal y la Unión Nacional. Honrosas excepciones –que se retiraron de la sala antes de la votación- fueron los diputados Domingo Durán Morales, Santiago Labarca Labarca, Pedro Rivas Vicuña, Ramón Ernesto Videla (radicales); Ramón Herrera Lira, Tomás Menchaca Lira, Joaquín Tagle Ruiz, Héctor Zañartu Urrutia (conservadores); Hernán Correa Roberts, Ernesto Escobar Morales (liberales); Roberto Sánchez García de la Huerta (liberal democrático); y Nolasco Cárdenas Avendaño (democrático).

La resolución contra Vicuña fue aplaudida, a su vez, por El Mercurio (11-9-1921); El Diario Ilustrado (10-9-1921) y La Nación (10-9-1921). En cambio, Vicuña recibió la solidaridad de diversas organizaciones de profesores y de la FECH (Ibid; pp. 88, 108-12, 151-3 y 201); y de destacados políticos e intelectuales del país, aunque no compartieran necesariamente el contenido de sus ideas. Así, Enrique Mac Iver señaló: “Es un absurdo pretender que los profesores y demás empleados públicos piensen siempre de acuerdo con las ideas del Gobierno, porque en tal caso no existiría la libertad y caeríamos en la más odiosa de las tiranías” (Ibid; p. 172).

A su vez, Amanda Labarca dijo: “Creo que negar a las minorías el derecho sagrado de pensar es un crimen de lesa humanidad. Aunque esa minoría esté reducida a un solo hombre, su derecho es el mismo. Amordazar a aquel hombre so pretexto de que la suya es una voz nefasta, es negara la humanidad el derecho de expresarse. Si entrar al servicio del Estado de Chile, significa obligarse a pensar de acuerdo con la mayoría gobernante, los mejores servidores de la República estarían hoy fuera de sus filas, porque nadie que se estime puede vender por un mendrugo de pan su derecho a pensar libre, humanamente” (Ibid.; p. 205).

Asimismo, el escritor Armando Donoso declaró:

“¿Acaso un hombre, por el hecho de ser empleado público, deja de ser hombre, para poder emitir libremente sus opiniones? Lo cierto es que hay dos clases de hombres, unos que tienen el valor de emitir sus opiniones y otros que carecen de ese valor. Yo aplaudo la actitud de Carlos Vicuña que, creo, puede enorgullecerse por haber caído en desgracia afirmando su dignidad moral de hombre” (Ibid.; p. 211).

El poeta Manuel Magallanes Moure se expresó de forma más ácida:

“Los que estimamos a Ud. y tenemos justo aprecio por su valor intelectual, nos felicitamos de que el castigo que el Gobierno ha aplicado a Ud. por atreverse a pensar libremente acerca de la cuestión del norte, no haya ido más allá de un simple acuerdo de Gabinete para quitar a usted sus cátedras en la enseñanza fiscal. Es de extrañar que no le hayan arrastrado a usted a la cárcel o que no lo hayan suprimido de manera más rápida y segura” (Ibid.; p. 203).

Así también lo hizo el periodista Carlos Pinto Durán quien, sin estar de acuerdo con la propuesta de Vicuña, señaló que

“lamenta que, en pleno reinado radical, regresemos a los peores tiempos del Santo Oficio (Inquisición). Hoy como entonces pretendía eliminarse, invocando razones de Estado, a los que no decían lo que deseaban los de arriba. El empleado público sólo puede abrir los labios para aplaudir y adular a sus jefes. La actitud del Gobierno para con Ud. me parece hipócrita, rastrera y cobarde. ¡Pobre país conducido por fantoches!” (Ibid.; p.202).

Y el dirigente obrero y futuro fundador y senador del Partido Socialista, Carlos Alberto Martínez, que exclamó:

“¡Desgraciado el país en que los empleados públicos, y lo que es más grave, los educadores, tuvieran que pensar y sentir al compás de lo que piensan y sienten los comediantes que llegan a las alturas! Con esas premisas; ¿qué porcentaje de cretinos tendría Chile? ¡El ‘diablo’ nos libre!” (Ibid.; pp. 209-10).

Pero la más notable fue la carta de solidaridad que le llegó a Vicuña desde la vieja España, de uno de sus más destacados intelectuales y escritores, Miguel de Unamuno:

“Me creo, señor mío y compañero, el deber de dirigirle estas líneas para felicitarle por su noble patriotismo humano y protestar contra la medida despótica que le ha privado de su cátedra. Veo que el despotismo republicano no le va en zaga al monárquico. Si es que es republicano el poder que ha actuado contra usted. En un pueblo sereno y noble, como creo que es ese pueblo –el pueblo, entiéndase bien- de Chile la actitud de usted al emitir un juicio que usted estimaba de justicia, es algo que se agradece y se honra y hasta cuando se crea que se equivoque quien lo emita. Porque se pone el honor patrio en tener una voluntad nacional enderezada a fines de justicia.

Son las oligarquías de negociantes, de explotadores de la nación, son los accionistas de la patriotería oficial y lucrativa los que ponen el prestigio de la patria en que no rectifique sus errores, aún reconociéndolos.

Procure siempre acertarla
el honrado y principal
pero si la acierta mal
defenderla y no enmendarla

dice la cuarteta famosa de ‘Las Mocedades del Cid’. Y esa cuarteta me recuerda lo de ‘por la razón o por la fuerza’. ¡Nó, nó, nó y nó! Por la razón y sólo por la razón. Y por la justicia. El que añade ‘…o por la fuerza’ es que no cree en su razón. Sólo por la razón, sólo por la justicia.

Por lo demás, la medida despótica de que ha sido usted víctima prueba que el poder que lo ha exonerado a usted de su cátedra, no cree en la justicia de la política antiamericana y antipatriótica contra la que usted se ha pronunciado, no cree en la justicia de la prusianada que trata de mantener, no cree que sea civil y humano siquiera el imperialismo de una oligarquía de negociantes.

Usted y los que con usted sienten están sirviendo al verdadero honor de Chile y tratando de redimir a ese noble y generoso pueblo del denigrante sambenito que sobre él cayó cuando se le llegó a llamar la Prusia de Suramérica.  

En resolver en justicia ese viejo pleito entre hermanos, entre consanguíneos de espíritu –la sangre de éste es la lengua- no va sólo la paz de América, la prosperidad de Chile y la sangre de los hijos de esa patria; va el honor, el verdadero honor de ésta, va el honor de Chile. Y va su civilidad, que es la civilización.

Lo felicito, pues, por su actitud civil y humana, por su patriotismo americano, que es el más hondo patriotismo chileno, por su humanidad –¡no en vano enseña usted humanidades!- y porque creo que la injusta medida de que ha sido usted víctima servirá para encender y alumbrar la conciencia de los que allí sienten que entre pueblos hermanos –y todos lo son entre sí- sólo se resuelven los pleitos por la razón, nada más que por la razón. ‘Por la razón y por la razón’ ” (Ibid.; pp. 221-2).