Jefatura de la PDI y Fiscalía Nacional entramparon durante meses el dramático informe sobre abusos en el Sename

El 13 de noviembre de 2018 la Policía de Investigaciones recibió el Oficio Reservado N° 1.391. Lo firmaba el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. El persecutor solicitaba a la PDI un informe que le había encargado seis meses antes. Emilfork lleva la investigación de 1.313 muertes ocurridas en el Servicio Nacional de Menores (Sename) entre 2005 y 2016. Y el informe que estaba apurando era crucial para demostrar que los niños sufren graves abusos de manera permanente y sistemática en prácticamente toda la red de hogares del Sename.

El fiscal ya estaba enterado de los espeluznantes hallazgos del equipo policial denominado Fuerza de Tarea Sename. El comisario Francisco Ceballos, jefe de ese grupo, lo había estado informando de los descubrimientos que habían hecho en 240 de las 241 residencias para menores que existen en el país. El informe final que urgía Emilfork debía contener una sistematización de esos hallazgos y prometía ser una bomba. La gravedad de los hechos descubiertos era de tal octanaje que, además de incorporar los antecedentes a la causa penal que él investigaba, el fiscal quería entregarlos al gobierno para que sirviera en la corrección de las políticas públicas sobre residencias para menores.

Tal como lo requirió el fiscal, el equipo policial apuró el tranco y tuvo listo el documento a mediados de diciembre de 2018. Pero la urgencia que le imprimieron tanto Emilfork como el comisario Ceballos no tuvo sentido. Ese informe, crucial para detener los abusos contra menores, no vio la luz hasta siete meses después, cuando este martes 2 de julio fue revelado por CIPER. ¿Dónde se entrampó? En las oficinas del director de la PDI, Héctor Espinoza, y del Fiscal Nacional, Jorge Abbott. Aquí está la historia de la sinuosa ruta oculta que siguió ese documento.

Ahora que el informe se hizo público se sabe que todas las autoridades relacionadas con el Sename sabían que se estaba procesando. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló esta semana: “Tengo la información de que en una investigación que llevaba adelante el fiscal Emilfork se pidió este estudio. Tuve conocimiento de que se estaba realizando”. Lo mismo dijo a CIPER el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.

“El fiscal Emilfork alguna vez a mí me mencionó que se estaba preparando una fuerza de tarea que estaba haciendo un análisis niño a niño y que eso nos lo iba a hacer entrega en algún minuto, cuando estuviera listo. Eso me lo debe haber dicho a mediados del año pasado”, dijo Ossa.

-¿Le mencionó la gravedad de los hallazgos de la PDI?

-Él mencionó que había situaciones que van en línea con la auditoría social que hizo el gobierno en su oportunidad y de cosas que todos hemos conocido y que, obviamente, son de suma gravedad y que tenemos que abordar.

En el gobierno niegan haber accedido a una copia del informe, aunque este estuvo listo en diciembre del año pasado y en su texto se incluyó que sería entregado a las autoridades para servir de insumo en la elaboración de políticas públicas sobre el Sename. ¿Por qué pasaron siete meses hasta que el documento se hizo público a través de un reportaje de CIPER?

LA RUTA DEL INFORME

La principal conclusión del informe de la PDI es brutal: “A partir de la información levantada y reportada por los mismos encargados de las residencias, es posible afirmar que en el 100% de los centros que administra el Estado, a través del Servicio Nacional de Menores, se han cometido –de manera permanente y sistemática- acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. La policía también constató que lo mismo ocurre en el 88% de las residencias que administran privados y que en el 50% del total de hogares se registran abusos sexuales.

En solo un año (2017) los policías constataron 2.071 casos de vulneraciones graves contra los niños. Además, verificaron que en la gran mayoría de las residencias no existían protocolos para actuar ante intentos de suicidio, contener a menores en crisis o proceder en caso de fallecimientos. También comprobaron la falta de personal capacitado para suministrar medicamentos y registraron que 40 residentes se encontraban en estado grave o con “riesgo vital” (vea las principales conclusiones del informe policial en el reportaje de CIPER “El brutal informe de la PDI sobre abusos en el Sename que permaneció oculto desde diciembre”).

El informe estuvo listo en diciembre de 2018. De hecho, esa fecha está estampada en la segunda página del documento, titulado “Análisis del funcionamiento residencial en centros dependientes del Servicio Nacional de Menores”. El 9 de enero de 2019, el informe llegó a la Dirección General de la PDI, donde, según señaló esa institución a CIPER, “se sometió a un análisis jurídico, como se hace normalmente en casos de gran complejidad”.

Ese análisis jurídico habría finalizado a inicios de febrero. Así se informó en la misma versión entregada por la PDI a CIPER: “Luego de la revisión (jurídica), el 4 de febrero se envía el informe por parte de la Fuerza de Tarea a la Fiscalía Regional de los Lagos vía correo electrónico”. CIPER pudo confirmar que esa entrega no fue formal y que correspondió a una copia que llegó al correo del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork.

A partir de esa fecha todo se empantanó. CIPER accedió a documentos que muestran que el fiscal Emilfork siguió solicitando a la PDI la entrega formal del informe. Para este reportaje fuentes de la PDI señalaron que el 8 de marzo el jefe de la Fuerza de Tarea Sename, Francisco Ceballos, respondió por escrito al fiscal Emilfork: “(El informe) se encuentra aún en la Dirección General”.

Tres semanas después el fiscal Emilfork seguía insistiendo. Así quedó plasmado el 1 de abril pasado en el Oficio Reservado N°62, firmado por el persecutor y dirigido al prefecto Héctor González, jefe nacional contra Delitos Sexuales. En ese oficio se reiteraba la petición del informe y se subrayaba que el plazo para su entrega había vencido en noviembre de 2018 (vea aquí ese oficio).

Había algo que Emilfork no sabía: para esa fecha el documento ya estaba en poder de su jefe, el fiscal nacional Jorge Abbott.

La PDI confirmó a CIPER que en marzo la dirección general de la policía civil había enviado informalmente una copia a Jorge Abbott: “Se mandó una copia digital del análisis (el informe) primeramente al fiscal Emilfork el 4 de  febrero de este año y luego, en marzo, se entregó también una copia al Sr. Fiscal Nacional”, indica la versión oficial de la PDI.

Nada de esto se menciona en la respuesta que envió la Fiscalía Nacional a las consultas realizadas por CIPER para este reportaje: “La PDI remitió al Fiscal Emilfork el informe ‘Análisis del funcionamiento residencial en centros dependientes del Sename’ el 25 de abril de 2019”, indicó la unidad de comunicaciones del Ministerio Público. No hay mención a las entregas previas, tanto para Emilfork como para Abbott, que sí reconoció la PDI.

¿Por qué la dirección general de la PDI solo entregó formalmente el informe a fines de abril, si el análisis jurídico que lo demoraba estuvo listo en febrero? ¿Por qué el fiscal nacional no ha dicho que recibió una copia del documento en marzo? Siguen siendo dos incógnitas clave para establecer las responsabilidades en el retraso de antecedentes cruciales para detener el abuso infantil en hogares del Sename. Precisamente, este retraso es el punto que ha resaltado la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, tras conocerse la existencia del informe. Ante la gravedad de estos hechos, la defensora envió una copia del documento al presidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

EN MANOS DE LA BUROCRACIA

Recién el 25 de abril a las 09:45 funcionarios de la PDI entregaron formalmente la versión original del informe al fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork (vea aquí el oficio de entrega). El 6 de mayo el fiscal le envió el informe a la Unidad de Análisis Jurídico de la Fiscalía Nacional, para que esta se pronunciara sobre la pertinencia de entregarlo al gobierno como insumo para políticas públicas.

La Unidad Jurídica le respondió a Emilfork diez días después, el 16 de mayo. “El informe podía ser entregado a terceros, pero dado que no es facultad de los fiscales proponer políticas públicas, el documento debía remitirse al Fiscal Nacional para que evaluase la pertinencia de que los antecedentes fueran entregados como insumos para programas o planes de gobierno”, fue la respuesta que recibió Emilfork, según la versión entregada por la Fiscalía Nacional a CIPER.

Esa respuesta institucional omite un dato clave: Abbott tenía en su poder una copia del informe de la PDI desde marzo, por lo que “la pertinencia” de su entrega al gobierno pudo haberse evaluado mucho antes. Más aún, considerando que uno de los objetivos del informe elaborado por la Fuerza de Tarea de la PDI justamente era ese, como puede leerse en las páginas 130, 207 y 231 del mismo documento:

“Se reportan hallazgos de relevancia -obtenidos a través de la investigación policial- a objeto de entregar conocimiento útil con sustento empírico que coadyuve en la elaboración de políticas públicas -basadas en la evidencia- orientadas a mejorar el trato de la infancia en Chile y velar por el cuidado, preservación de la vida e integridad física y psíquica de los niños que el Estado mantiene bajo su tutela”.

La Fiscalía Nacional informó a CIPER que después del análisis de su Unidad Jurídica, el documento fue derivado a otro departamento: “Dado que los contenidos de este informe se relacionan con el ámbito de acción de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, fue derivado a esta área, la que fue encargada de coordinar una fecha para su entrega, en conjunto con el director general de la PDI, al Ministerio de Justicia”.

Esto significa que al menos desde fines de mayo la Fiscalía Nacional y la PDI estaban coordinando la entrega del informe al ministro de Justicia, Hernán Larraín. En esa secretaría de Estado aseguran que no estaban enterados de esto. La Fiscalía Nacional señaló a CIPER que una fecha tentativa para realizar la entrega era el próximo 18 de julio. En medio de ese largo compás de espera, el informe fue revelado por CIPER este martes 2 de julio.

Una vez conocida la existencia del informe de la PDI, la Fiscalía de Los Lagos difundió una respuesta estándar para toda la prensa sobre la postura de Marcos Emilfork acerca de la demora: “Eso corresponde que se le pregunte a otras autoridades, no corresponde que se nos pregunte a nosotros como equipo investigador. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos tenido que hacer en esta investigación”.

La declaración de Emilfork cerró con una frase que claramente apunta a establecer responsabilidades: “Nos llamó la atención que un informe así y un estudio complementario que debió haber estado listo a fines del año 2018, recién prácticamente a mediados de este año haya llegado a nuestras manos”. Respecto de si el documento fue entregado al gobierno, Emilfork dijo: “Esa pregunta no la puedo contestar, ni corresponde que la conteste yo”.

LOS ÚLTIMOS DECESOS

Desde que se terminó el informe, en diciembre de 2018, han seguido falleciendo residentes en los hogares del Sename. Un reporte remitido al Congreso por la directora del servicio, Susana Tonda, el 17 de abril pasado, da cuenta de que solo en marzo se registró el deceso de diez personas que estaban bajo la tutela del Sename. Cinco de ellos murieron en algunos de los centros residenciales a su cargo (vea aquí ese documento). Si se consideran los fallecimientos ocurridos entre enero y marzo, la cifra asciende a 32 personas.

La PDI había detectado 40 residentes en centros del Sename que se encontraban “con alta complejidad médica y posible riesgo vital”. El mismo informe indica que, por la urgencia de esos antecedentes, fueron remitidos en junio de 2018 a la Fiscalía, al Sename y a los ministerios de Justicia y de Salud. Es importante aclarar si dentro de la nómina de fallecidos en el último periodo se encuentran algunos de los 40 residentes registrados por la PDI y si se les brindó atención médica adecuada.

El Sename, el Ministerio de Salud (Minsal) y la subsecretaría de Justicia, confirmaron a CIPER que recibieron la nómina de los enfermos graves, aunque hay discrepancias respecto de las fechas y del número de residentes consignados en ella.

En el Minsal dijeron que el informe lo recibieron recién en julio y que se los remitió el Sename “para supervisar la atención médica de un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y adultos residentes”. Esta lista tiene 15 personas menos que las consignadas por la PDI. “Se dio instrucción a los servicios de Salud respectivos para que realizaran las acciones pertinentes para actualizar los diagnósticos y dar continuidad a los planes de cuidado integral, según correspondiera a cada caso”, agregaron en el Minsal.

La directora del Sename, Susana Tonda, planteó a CIPER que “no son 40, son 28. La mayoría, por no decir todos, están en situaciones complejas de salud y en lugares de discapacidad. Yo diría que más de la mitad son adultos, que llegaron cuando eran niños. Son personas con graves problemas de salud que están teniendo una vida lo más digna posible. Hicimos las solicitudes al Ministerio de Salud para que apoyara a los organismos colaboradores y a uno de nuestros Cread, para ver que tratamiento adicional requerían. Todos estaban con sus tratamientos al día y se volvieron a analizar”.

-¿Alguna de esas personas falleció después de junio de 2018, cuando ustedes recibieron la alerta?

-Tengo entendido que al menos tres han fallecido. Uno de los casos es un niño que llegó de bebé y falleció a los 19 años.

EXPLICACIONES

El fiscal nacional Jorge Abbott se reunió con el Presidente Sebastián Piñera este jueves 4 de julio en La Moneda. El informe sobre el Sename fue uno de los temas que trataron. Al salir, Abbott señaló a la prensa que la Fiscalía analizó la metodología del informe de la PDI antes de entregarlo a las autoridades políticas (lo hizo formalmente el jueves 4 de julio): “Examinamos con absoluta claridad la metodología con la cual se levantó esa información para poder entregarla a las autoridades competentes”.

Abbott agregó algo que ya habían señalado el día anterior Susana Tonda y el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa: “Lo que se levanta en dicho informe (de la PDI) es una información de campo de una realidad existente en 2017. Luego de eso ha habido varios estudios. El propio Presidente nos manifestaba que el Ministerio de Justicia hizo un estudio caso a caso, niño a niño, a través de todas las instituciones del Sename. En consecuencia, este informe no viene sino a generar un aporte adicional respecto de información que ya había sido levantada por las autoridades”.

Calificar el informe de “aporte adicional” a lo que ya ha hecho el gobierno, es restarle importancia al documento de la PDI y sobrevalorar la gestión del Ejecutivo. Esto, porque CIPER analizó la “auditoría social” realizada por el Sename entre 2017 y 2018 en los hogares, que es el estudio al que han hecho referencia Abbott, Tonda y Ossa. Esa auditoría es una evaluación exclusivamente administrativa: comprobó que la documentación de los hogares estuviese al día, que los centros trabajen con las familias de los menores, cuántos niños están matriculados en algún colegio y cuántos están asociados a un servicio de Salud (vea aquí auditoría social de mayo de 2018 y aquí la de marzo de 2019).

El informe de la PDI, en cambio, registra los abusos,  las denuncias por posibles delitos que nunca se presentaron a la justicia, la falta de infraestructura, el incumplimiento de protocolos y graves fallas en la fiscalización que ejerce el Sename y los tribunales de familia.

El último episodio gatillado por la revelación del informe fue el llamado de la Asociación Nacional de Magistrados a una jornada de reflexión para el próximo 12 de julio, en la que pide a todos los jueces del país vestirse de negro en protesta por las “erráticas y vulneratorias actuaciones de las autoridades” en esta materia (vea aquí la declaración).

EL INFORME POLICIAL

El informe de la PDI que sistematizó la investigación de la Fuerza de Tarea Sename tiene como principal destinatario las autoridades políticas. En paralelo, la policía entregó a Emilfork el detalle de su investigación –identificando cada uno de los casos de abuso y la identidad de los eventuales agresores­– en un segundo informe policial mucho más extenso: 28 tomos.

El fiscal Emilfork trabaja contra el tiempo. Solo le restan cuatro meses para terminar su periodo en la Fiscalía Regional de Los Lagos y es altamente probable que deba dejar el cargo sin finiquitar su investigación al Sename.

En mayo pasado, Emilfork le ordenó a la Fuerza de Tarea de la PDI que cruce la información contenida en el informe sobre el funcionamiento de los hogares con los antecedentes sobre las más de 1.300 muertes ocurridas en los centros desde 2005 ¿El objetivo? Dar con los responsables finales de esas muertes. Una nómina que podría incluir a personas que han ocupado cargos de responsabilidad administrativa y política.

*Fuente: CiperChile