Iquique: Víctima de abuso sexual pide que el Intendente declare como imputado por «omisión de denuncia»

Lejos de estar quietas las aguas en torno al caso de agresión sexual perpetrado por un funcionario de la intendencia y que afectó  a joven practicante de 18 años, que cumplía tareas en el Gobierno Regional de Tarapacá, el escenario se complica para el propio Intendente Miguel Ángel Quezada, luego que en la querella presentada ante el Juzgado de Garantía de Iquique, la estudiante pida que la autoridad declare como imputado, por “omisión de denuncia”, lo que impidió que los dispositivos utilizados para cometer el ilícito, fueran incautados de inmediato por la PDI. En la acción judicial, patrocinada por los abogados Enzo Morales y Matías Ramírez, se deja en evidencia que cuando la estudiante presentó la denuncia, la jefa de gabinete, Lilian Plaza, la asesora  le señaló que se tomarían medidas drásticas, pero más tarde cambió la versión, señalando que lo que más se podría conseguir, es que Daniel Luna, identificado como el agresor en la querella, le pidiera disculpas.  

Los abogados estiman que siendo mujer, la jefa de gabinete, no hubo para nada sororidad, que es la solidaridad entre mujeres, ante la grave hecho que afectó a la estudiante y que aún hoy la mantiene con temor, tanto  hacia su agresor, como por lo que señala como «red de protección», en favor del audiovisualista que perpetró los delitos.

En concreto, según la querella, la joven practicante fue  objeto de los delitos de fotografiar, captar y  grabar imágenes de carácter privado, luego que el agresor  fue sorprendido infraganti, por la propia víctima, cuando perpetraba los actos ilícitos. Esto hecho, de gravedad por constituir delitos de connotación sexual, tiene además una connotación política, ya que el funcionario de la Intendencia, audiovisualista de profesión, forma parte del círculo cercano al Intendente Quezada.

Otro elemento que le agrava los hechos es que la denuncia de la joven víctima, en una primera instancia, no fue acogida, y viene a reventar en la previa de la visita del Presidente Piñera a Iquique, en el contexto de los actos del 21 de mayo. El 17 de mayo, el Intendente Regional, posterior a los hechos,  emitió una declaración pública, anunciando un sumario administrativo, solidarizando con la joven practicante y anunciando que el agresor fue apartado de sus funciones. Sin embargo, el abogado que representa a la joven, Enzo Morales, señaló que en verdad el funcionario público cuestionado, fue conminado a tomar días administrativos y compensatorios, pero que en ningún caso eso es una sanción; por el contrario, está en el uso de sus prerrogativas administrativas.

Dijo el abogado querellante, que lo que se esperaba era una medida administrativa más coherente con los delitos perpetrados. Estos ilícitos son: Captar, grabar y fotografiar imágenes de carácter privado en lugares que no sean de libre acceso público;  filmar y fotografiar imágenes, Videos o cualquier registro audiovisual, de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento;  abusos contra particulares o vejación injusta cometida por funcionarios públicos; y delito de omisión de denuncia penal de funcionario público.

Vale consignar que el agresor, en todo momento se presentó ante la joven con el nombre de otro funcionario, colega de él en el Departamento de Comunicaciones. Incluso, actuando de mala fe

ANTECEDENTES

La víctima es egresada de educación media en la carrera técnico profesional de administración de empresas, del Liceo Los Cóndores de Alto Hospicio y con fecha 25 de marzo de 2019 inició su práctica profesional en el Departamento Jurídico del Gobierno Regional de Tarapacá (GORE) ubicado en las dependencias de la Intendencia Regional de Tarapacá, en avenida Arturo Prat 1099, de Iquique.

Declara la joven que desde que inició su práctica profesional, el funcionario del Departamento de Comunicaciones, Daniel Hidalgo, quien le referenció que la conocía desde su llegada al GORE Tarapacá y que siempre me miraba, ya que trabajaban  frente a frente en las mismas dependencias.

Declara la joven: “Desde esa ocasión comenzó a saludarme de forma más afectuosa, es decir, de beso en la mejilla muy cercana a la boca, lo que coloquialmente se denomina “beso cuneteado”. Asimismo, cada vez que iba al baño privado asignado al departamento jurídico, ubicado en el segundo piso de la Intendencia, al salir lo encontraba en la puerta (…)  ante mi sorpresa señalaba cualquier excusa, unas veces, que necesitaba sacar papel higiénico, otras que justo iba entrando al baño de hombres, o que justo iba pasando por ahí, etc.”.

Otro hecho que expone la víctima es que el agresor le ofreció pagarle el traslado en taxi –mediante cupones de “uber” al enterarse que  un día a la semana asistía a un pre universitario. Sin duda, señala, que los ofrecimientos le parecieron extraños.

LOS HECHOS

El pasado 10 de mayo de 2019, a las 10 de la mañana, en el segundo piso de la Intendencia Regional de Tarapacá, donde funciona además el Gobierno Regional fue al baño cuando se percató que dentro del cubículo, en la parte superior de la puerta del baño donde existe un vidrio -tipo tragaluz-, se asomaba algo hacia el interior del baño donde me encontraba haciendo mis necesidades fisiológicas, a lo que no le di mayor importancia. A continuación, mientras estaba cepillándome los dientes, a través del espejo volví a ver un objeto que me estaba enfocando desde la ventana; al fijar la mirada me percaté que era un celular de color negro, a través del cual estaban sacando fotografías y grabándome”.

La joven identificó en el brazo, la manga de la chaqueta de color verde, que ese día usaba el agresor, a quien había visto previamente, en la celebración del Día de la Madre, realizada en el patio central de la intendencia.

Reporta que al salir del baño, lo encontró afuera, sonriéndole. “Tal situación me dejó muy atemorizada, con miedo y en estado de “shock”. Jamás me imagine que me tocaría vivir una situación delictual de este tipo, que constituye un atentado a mi dignidad como persona, mi condición de mujer; vulnera mis derechos, integridad física y psíquica, lo que representa un acto de violencia de género inaceptable”.

Pese al temor, comunicó los hechos al abogado Osvaldo Ardiles, su jefe directo, para que la denuncia fuera investigada y que se aplicaran sanciones. “Al realizar la denuncia hubo una confusión con la identificación del agresor sexual, pues”, ya que todo el tiempo el agresor se presentó con el nombre del fotógrafo oficial del GORE; sin embargo pudo reconocerlo mediante fotografías, de modo que nombre y  físico, calzaron con quien efectivamente era el agresor.

“Aclarada la identidad del agresor, mi jefe me tranquilizó y juntos presentamos una carta cerrada en la oficina de partes dirigida al intendente regional Miguel Quezada, a quien le entregamos esa misma mañana una copia de la presentación. A continuación, se acercó a conversar conmigo, a nombre del Intendente, su jefa de gabinete, Lilian Plaza, quien me dijo que se iniciaría el protocolo correspondiente”.

También le dijo que las opciones para el agresor eran o renunciar o inevitablemente ser despedido de inmediato. “Una hora más tarde, la misma jefa de gabinete -Lilian Plaza- cambió totalmente su

parecer y ahora me ofreció como compensación cambiarme a otro departamento dentro del GORE, y si no aceptaba, me aconsejó renunciar a mi práctica, propuesta a la que me negué porque la encontré un humillación frente a la gravedad de los hechos de los que fui víctima. Le anuncié que iba a ir a denunciar los hechos a la  Policía de Investigaciones de Chile (PDI), ante lo que me dijo que lo pensara mejor, porque solo iba a ensuciar la imagen de la institución pública que me otorgó la práctica”.

Y en esta ocasión, le ofreció que lo que más podía conseguir era las disculpas de Daniel Luna Hidalgo, ante lo cual opina que ese cambio de opinión, lo interpreta como una “red de protección” que comenzó a defender al denunciado por la cercanía que tiene el agresor sexual con el intendente regional, ya que, es su camarógrafo personal”. También evidenció que  el agresor sexual mantiene vínculo matrimonial con la asesora comunicacional del diputado Renzo Trisotti, quien “ha participado en todas las campañas políticas de CHILEVAMOS, tanto de la senadora Luz Ebensperger como del Presidente Sebastián Piñera.

Ante ese escenario y la negativa a que su denuncia fuera tomada en serio, la víctima, acompañada de su pareja, presentó la denuncia ante la PDI, individualizada con el RUC 1900513965-4, derivada posteriormente ante el fiscal Pablo Medina de la Fiscalía Local de Iquique.

El 17 de mayo el Ministerio Público decretó medidas de protección en su calidad de víctima, “porque siento temor de encontrarme con el agresor sexual. También me comuniqué con los representantes del Liceo Los Cóndores de Alto Hospicio, quienes también realizaron los reclamos correspondientes ante las autoridades educacionales.”, afirmó

DILIGENCIAS

En la querella, se piden  variadas diligencias, que permitan esclarecer los hechos a la brevedad y aplicar las sanciones correspondientes al agresor sexual. Entre ellas, citar a declarar en calidad de imputado tanto al agresor, Daniel Luna, como al Intendente Regional Miguel Angel Quezada, para que declaren respecto a los hechos denunciados.

Formular requerimiento de información a autoridades y órganos del estado, sin perjuicio de incautar, previa orden judicial en su caso, y sin previa comunicación del afectado si fuere necesario, al Gobierno Regional de Tarapacá, para que remita al ministerio público:

Copia del expediente íntegro del procedimiento disciplinario interno, investigación sumaria o sumario administrativo iniciado, debidamente autorizada por el Ministro de fe, que contenga todos los antecedentes correspondientes a la denuncia contra Daniel Luna; y cualquier otro los antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos que motivan la investigación penal y las responsabilidades que competan a los partícipes.

También se pide al Tribunal en especial, ubicar, identificar, apercibir, citar y tomar declaración a todos los funcionarios públicos del Gobierno Regional de Tarapacá y la Intendencia Regional de Tarapacá que tuvieron conocimiento, participación y relación con los hechos denunciados.

Y muy importante,  realizar las pericias pertinentes a los dispositivos electrónicos, de propiedad fiscal y particulares, que utilizaba el imputado, con la finalidad de obtener cualquier registro audiovisual, videos, fotografías y descarga de mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram u otras, con la finalidad de que se analicen los mensajes enviados y recibidos, el tráfico de datos (internet) y contactos. Todo ello para determinar si existen otras imágenes y filmaciones  relacionadas con los hechos investigados.

En el acaso del agresor, se pide un peritaje informático respecto de todos los mensajes internos contenidos en todas las cuentas virtuales y perfiles de la red social Twitter, Facebook, Instagram y otras, respecto del imputado. También con el  fin de determinar si existen imágenes, filmaciones, videos, fotografías o cualquier registro audiovisual enviado o recibido en dichas cuentas, en especial, aquellos relacionados con los hechos investigados.

Además se pide peritaje a los dispositivos electrónicos del agresor como celular, notebook, Tablet, smartphones y videograbadoras, con la misma finalidad anterior.

Pincha a continuación para acceder a la querella  DOC-20190520-WA0069

*Fuente: Edición Cero