Colombia: La paz de Colombia, entre el espanto y la ternura

28/06/2017

Crónica de un viaje hacia los presos políticos y los ex combatientes

En el día de hoy, martes 27 de Junio de 2017, se realizó el acto oficial de dejación de las armas y en palabras del Comandante de las FARC, Timoleón Giménez, la organización político militar más antigua del continente no ha desaparecido sino que ha finalizado su etapa de rebelión armada para pasar a constituirse en una fuerza política así como señaló un cumplimiento muy desparejo de los acuerdos finales por parte de la insurgencia y el Estado Colombiano (acuerdo final que ya era muy, pero muy lejos de lo acordado durante los cinco años de diálogos con participación de importantes sectores del movimiento social colombiano).

Puedo dar fe de ambas aseveraciones.

En los últimos siete días he visitado un Penal, el de Chiquinquirá, donde se concentran unos trescientos prisioneros de guerra que esperan la amnistía acordada, y votada por el Congreso a finales de diciembre de 2016; también el Veredal Buena Vista cercano a Mesetas en el departamento Meta (el mismo donde se realizó el acto de hoy) que tiene dos sectores: uno, donde están los guerrilleros que dejaron armas y el otro donde están los prisioneros liberados de las cárceles pero que todavía tienen que pasar por el mecanismo de la Jurisdicción Especial para la Paz que decidirá finalmente sobre su libertad o eventual castigo.

Allí nos recibieron sus jefes compañeros Alduver Morante, Enrique Marulanda (hijo de Manuel) y Julián Suarez (sobrino del Mono Jojoy),  acompañado de los compañeros de la Fundación Lazos de Dignidad pudimos dialogar con las organizaciones que componen la Coalición Larga Vida a las Mariposas (una red de organizaciones que defienden los presos políticos en todo el extenso país y sus más que numerosas cárceles de alta “seguridad”), también con el Secretario de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Dr. Néstor Correa, con el responsable de derechos humanos de Marcha Patriótica Cristian Delgado que nos entregó un demoledor informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el periodo de “diálogos para la paz” y denunció el asesinato de decenas de militantes de Marcha, y con el compañero Jairo Lesmes quien fuera representante oficial de las Farc en Argentina en los 90 y fuera liberado hace un año luego de ocho de encierro riguroso que casi acaba con su vida. También con decenas de presos políticos de Chiquindirá, del penal del Veredal y con militantes de diversas fuerzas liberados en los últimos años.

Es mi tercer viaje a Colombia y siempre he venido con la disposición de escuchar todas las voces y no pretender ni saber todo ni dar consejos a nadie. Como integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre he procurado mantener la disposición solidaria de siempre de la Liga como demostraron en sus viajes a Colombia los doctores Guadalupe Godoy y Héctor Trajtemberg y la compañera Graciela Rosenblum.

El proceso de diálogos y acuerdos para la paz adquieren una importancia histórica difícil de exagerar, son una conquista de los más de cincuenta años de insurgencia armada como de las luchas realmente extraordinarias del movimiento campesino, sindical, estudiantil, de los afro descendientes, de las mujeres, de la comunidad LGTB, de la Universidad y los intelectuales y de tantas y tantos que sería interminable nombrarlos a todos.

La posibilidad de conquistar una paz justa es de por sí, el solo hecho de existir como posibilidad, como proceso acordado entre partes antagónicas que guerrearon por décadas, un logro fantástico que los pueblos y más aún los luchadores por los derechos humanos y los revolucionarios valoramos sin condiciones ni egoísmos.

Pero por ello conviene analizar rigurosamente los problemas que enfrenta y la situación real en que el proceso está, justamente porque los cambios en América Latina y el mundo van exactamente en la dirección contraria de lo que se intenta en Colombia.

Solo repasar el rol fundamental que tuvieron en el proceso los gobiernos de Venezuela, Brasil y Argentina (y recordar sus graves problemas o su sustitución por personajes tan colonizados como Macri o Temer) debería mirar con inquietud el proceso.

Comencemos, como militantes por los derechos humanos que somos, por el tema de los prisioneros políticos.

Parte de la estrategia contrainsurgente, ampliada por la intervención imperialista norteamericana con sus Planes Patriota y Colombia, fue encerrar en condiciones infra humanas, sin lugar a dudas constituyendo su solo encierro condiciones de tortura, a todos los que ellos sospecharan que fuera parte de la insurgencia (no solo Farc, también ELN y otros grupos menos conocidos fuera de Colombia), de los que supuestamente colaboraban con la insurgencia, de todo aquel que protagonizara experiencias de organización popular autónomas y resistencias al proyecto neoliberal, extractivista, represor y colonial que se aplicó por décadas, y aún a cientos de simples campesinos que sufrieron causas armadas (como ya había constatado en 2015 cuando me reuní en Ibague, el Tolima, con campesinas encerradas por años sin razón política alguna).

Se llegó a calcular unos siete mil presos políticos con la dificultad de que como el régimen penal negaba su calidad política, las cuentas siempre resultan provisorias.

Al momento del acuerdo final se pactó lo siguiente (muy grosso modo): libertad a todos los presos políticos por medio de una amnistía irrestricta y un proceso de justicia no penal (reparativa, no punitiva) para todos los participantes en el conflicto armado con la sola (y fundamental) condición de decir la verdad, en caso de así proceder las penas serán de cumplimiento en libertad (trabajo social o de otro tipo) o con un máximo de 20 años de prisión para los que mientan o se nieguen a decir la verdad de los hechos imputados. Para ello se creó una Jurisdicción Especial para la Paz que deberá encargarse de tales trámites.

Empecemos por el principio: según denuncia el Comandante Jesús Santrich, en huelga de hambre indeterminada desde el 26 de junio, la Farc reconoció como propios a 3400 prisioneros de los cuales solo salieron un poco más de quinientos y unos 900 el Alto Comisionado para la Paz ni siquiera extendió el certificado que los jueces piden, aunque no estaba contemplado ni en el Acuerdo ni en la ley de Amnistía (número 1820 del 30/12/2016).

En el Penal de Chiquinquirá, en el patio seis, dialogamos con unos cien compañeros por varias horas. El penal había sido utilizado en el proceso de desmovilización (e impunidad grosera) de los paramilitares que se acogieron a un proceso de desarme. Se supone de gran confort aunque es un edificio muy antiguo donde los presos pasan casi todo el día en un patio abierto y duermen en habitaciones sin ventana, en cuchetas y sin nada de privacidad. Claro que como vienen de lugares tenebrosos como la Tramacúa (construida bajo el Proyecto Imperial de Cárceles que los EEUU buscan imponer en todo el mundo) hasta parece que no fuera tan malo.

Recuerdo un caso muy particular sobre el cual ya nos habíamos interesado en el 2015 cuando impulsamos una Carta Humanitaria por Setenta y un presos colombianos en grave estado de salud: un muchacho, Oscar, no vidente y con un brazo amputado que permanece en prisión sin ninguna consideración especial sobre su estado de salud y sobre el cual, el Juez Becerra (primera instancia de Tunja capital del departamento Boyacá) dice no saber si es de las Farc a pesar de haber sido condenado a cuarenta años por supuestas acciones de la insurgencia.

Ese patrón se repite en muchos casos de un modo que consuma una burla cruel del Poder Judicial al proceso de paz: primero el Estado impuso un trámite judicial cuando una amnistía se define en un acto político como nosotros conocimos en mayo de 1973 cuando el Congreso ordenó la libertad de todos los presos políticos (incluyendo a todos en una lista explicita) y salieron en la misma noche de la votación, luego los Jueces no aceptaron como válida la lista de las Farc si no venía acompañada de un certificado del Comisionado de Paz (que es un órgano estatal previo al Acuerdo y que fue parte del dispositivo estatal contrainsurgente) y luego los mismos Jueces dudan de la doble certificación de la identidad política con razones grotescas que no reciben el repudio del gobierno ni de la Comisión Tripartita de aplicación de los acuerdos.

En los diálogos con los presos que permanecen en el Penal de Chiquinquirá y el espacio penal del Veredal Transitorio para la Normalización de Mesetas, así como con los recién liberados, pude comenzar a entender el modo de vivir la cárcel y la libertad de estos compañeros muchos de los cuales han pasado o llevan diez o quince años de encierro, contando con menos de cuarenta años de edad. Toda una vida en las Farc, la mitad de ella en prisión.

Pero de lo que aprendí sobre la militancia guerrillera, sobre las historias de vida que estoy conociendo escribiremos en la próxima nota.

Ahora, para todos lo decisivo para que el proceso no se tranque (como tantas otras veces en Colombia y América Latina) es asumir la lucha por la Paz como propia y la libertad de los presos el paso indispensable que demuestre la voluntad del estado y que no hubo mala fe al momento de la firma de los acuerdos.

En esta batalla se juega buena parte del futuro de la democracia de Colombia y de nuestra América. Seamos como el Che en las acciones solidarias, honremos la tradición sanmartiniana y bolivariana. Es nuestra hora de actuar.

28 de junio de 2017

*Fuente: Crónicas del nuevo siglo