06 de abril de 2017
Una gran noticia nos llega desde un Tribunal de la República para inundar de júbilo y emoción los círculos progresistas de la austral ciudad de Valdivia. Se trata de una sentencia judicial que logra una alta cuota de justicia en medio de un contexto socio-político difícil para nuestros anhelos.
Los “humillados y ofendidos” de ayer han podido -44 años mediante- ser escuchados en los altos estrados de la Magistratura judicial de nuestro país, logrando que, al menos una parte de la verdad, se imponga por sobre un largo periodo de mentira y de impunidad. En efecto, un 11 de Septiembre de 1973, fecha fatídica en nuestra Historia nacional, una tropa de asalto se apodera, con las fuerza de las armas, del local de la Intendencia de la Provincia de Valdivia para destituir al representante legal del Presidente Salvador Allende y dar inicio al cruento golpe de Estado cuyas secuelas todos conocemos.
Hoy día, cuando la sentencia del Ministro en Visita de la Corte de Temuco, Sr. Alvaro Meza, pone en primer lugar de los responsables sometidos a proceso a quien fuera el Fiscal Militar de la época, Dn. Bernardo Puga Concha, se aprecia una línea lógica con lo que significó la criminal aberración de los Consejos de Guerra. Pero Fiscales como el Sr. Puga no solo prevaricaron al torcer la ley, sino que, sobre todo, hicieron de la tortura una banalidad. “El análisis de los procesos revela que, actuando con sistemático descuido de la imparcialidad del debido proceso, los fiscales permitieron y aun propiciaron la tortura como método valido de interrogatorio”. La frase no es mía, procede de una sentencia de la Corte Suprema respecto del caso Fach, pero es aplicable enteramente a la actuación del Fiscal Sr. Puga. El es el principal responsable de la sentencia que, a través de un Consejo de Guerra, condenó a la pena de muerte –posteriormente conmutada- a dos dirigentes del Partido Socialista de Valdivia junto a otros cinco condenados a perpetuidad entre los cuales se encontraba el ex-Intendente suscrito.
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