¡Que se vayan todos!

De si hay crisis política en el país a propósito de los casos ‘Penta’ y ‘Caval’, pareciera no existir la menor duda. Las palabras del presidente del Partido Socialista, señor Osvaldo Andrade, son elocuentes al respecto:

“La crisis del sistema político la vengo diciendo desde hace mucho tiempo, porque tengo las convicción de que esto es algo más serio de lo que algunos creen. Prefiero pensar que es grave y asumir una conducta y no pensar que esto va a pasar y no darle la relevancia que tiene. Si no, esto puede escaparse de las manos”[1].

La crisis existe y es política, es decir, afecta la escena política del país. Una crisis política, que ha sido capaz de exceder los límites de lo político, puede transformarse en institucional; sus alcances pueden ser insospechados.
Normalmente, una crisis política se desata cuando la normatividad vigente es sobrepasada por las exigencias de la población. En términos teóricos, la causa se origina en la no correspondencia entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción que, sin amenazar aún la permanencia del sistema, reclama por reajustes que deben ser hechos a la brevedad. Estos fenómenos se manifiestan principalmente en el área jurídico/política del modo de producción, porque las leyes siempre marchan a la zaga de los acontecimientos; entonces, en forma urgente deben realizarse las reformas que los nuevos requerimientos del sistema aconsejan. Los síntomas son fáciles de advertir: la población se manifiesta con marchas, protestas, concentraciones y quejas en muchos ámbitos de la nación; pero en esos momentos es difícil saber si la crisis se ha hecho o no institucional. En ese caso, la distinción entre los conceptos de ‘legalidad’ y legitimidad’ se hace, también, necesaria. Y nos obliga a recordar las enseñanzas del teórico griego-francés Nicos Poulantzas para quien ambos términos jamás han de confundirse[2].
Una comunidad acepta ser dirigida por una persona o un grupo de personas; y su consentimiento puede ser voluntario o arrancar de una coacción. O puede, a la vez, contener ambos elementos. La obediencia coercitiva se realiza a través de la ley y da origen a la ‘legalidad’; la obediencia voluntaria se realiza por mediación de la cultura, de la ideología, de los valores imperantes que no siempre van a coincidir con las cláusulas de conducta establecidas por la ley, y da origen a la ‘legitimidad’, en cuyo caso la relación entre gobernantes y gobernados se basa en un conjunto de principios que rigen la vida en sociedad, que pueden ser morales (éticos) o de buen vivir, corrientemente, normas de cortesía y de trato frecuente entre las personas (saludo, ceder el paso, atención a las embarazadas y a los ancianos, etc). Puede, por tanto, un acto de la autoridad ser ‘legal’, pero no ‘legítimo’, circunstancia que ocurre cuando se atropellan principios morales en aras de un buen negocio. Del mismo modo, determinados actos ‘legítimos’ —como puede serlo el derecho a expresar libremente las ideas—, pueden pasar a ser considerados ‘ilegales’ cuando por ley se prohíbe esa libertad. Entonces, constantemente la verdad ‘jurídica’ se ha de contraponer a la verdad ‘natural’[3] que es la que impera en el campo social. Y va a separar la crisis política de la crisis de institucionalidad. Podemos, por consiguiente, reemplazar los términos de ‘crisis política’ por ‘crisis de legalidad’ y ‘crisis de institucionalidad’ por ‘crisis de legitimidad’.
Entonces, ¿existe sólo crisis de legalidad en nuestro país? De que existe crisis de legalidad no pareciera haber duda alguna: las leyes dictadas al amparo de la dictadura y las modificaciones que se hicieron, posteriormente, en democracia, dieron como resultado el robustecimiento de los principios autoritarios sobre los cuales se levantaron aquellas. Queremos decir aquí que la dictadura siguió gobernando en democracia pero en sus leyes, mejoradas por los gobiernos instaurados a partir de 1990 hasta el día de hoy[4]. Esos preceptos han hecho que suceda lo que hoy estamos presenciando, es decir, que se financie el proceso electoral al extremo de tolerarse el soborno como forma de hacer política o que, alegando ejercer su derecho a realizar negocios privados, un funcionario de gobierno, hijo de la primera mandataria, haga valer sus influencias para obtener para sí créditos por miles de millones de pesos.
Una crisis de legalidad puede ser resuelta a través de introducir cambios en la regulación de determinadas conductas; incluso, en la modificación de las normas dictadas para la realización de los negocios. En otras palabras, se trataría de una crisis que podría revertirse sin considerar en modo alguno la opinión de la comunidad con sólo el eficiente funcionamiento del aparataje jurídico. En ese sentido, el juicio incoado por el Servicio de Impuestos Internos SII en contra de los ejecutivos de ‘Penta’ y su primera resolución judicial decretando la prisión preventiva para algunos de los querellados sería un hecho importante, sin lugar a dudas. También lo sería la decisión del Fiscal Nacional de tomar a su cargo, personalmente, las riendas del proceso incoado en contra de los ejecutivos de ‘Penta’ y sus implicancias políticas, la decisión de la Fiscalía Nacional de tomar a su cargo la investigación del llamado caso ‘Caval’, la iniciación del juicio en contra de la colusión de las farmacias, la sentencia de la Corte Suprema acogiendo las quejas de la Comunidad de Los Caimanes y la sentencia del Juzgado de Los Vilos ordenando la destrucción del tranque de la Minera Los Pelambres. Todos esos actos deberían mostrar a la comunidad que el rostro de la justicia, severamente dañado por una serie de fallos de dudosa imparcialidad, estaría limpio. Aunque nada de eso signifique que esté claro lo que sucederá más adelante en las batallas judiciales que se avecinan ni, mucho menos, lo que sucederá en el proceso del caso ‘Penta’ con los demás implicados que desempeñan cargos políticos.
Las circunstancias indicadas no constituyen un hecho aislado; parecen emanar de una preocupación de la autoridad judicial por buscar, por su lado, una solución a la crisis. Porque no puede dejarse de lado lo sucedido el uno de este mes, cuando el presidente de la Corte Suprema, al abrir el nuevo año judicial, dirigió una abierta crítica al ‘poder’ Legislativo:

“[…] debiera pensarse que los parlamentarios imputados de un cargo criminal, asuman la realidad del proceso en igualdad de condiciones como cualquier ciudadano de la República sin mayores cargas, pero también sin mayores privilegios […]”[5]

Sabido es que los tribunales de justicia no gozan de una especial consideración en el ámbito social; por lo mismo, que sea la Corte Suprema quien represente los niveles de desigualdad que separan a la dirigencia del resto de la población, es algo que debe llamar a meditar. Porque con eximirse, implícitamente, a través de ese acto, de la responsabilidad que le cabe en la crisis que afecta a la nación, hace una llamada de atención a los legisladores, al Parlamento, representándole el lugar de privilegio que ocupan sus miembros dentro de la escala social. Pero, cuidado: nada de lo dicho significa que el llamado ‘poder’ Judicial se haya vuelto de ‘izquierda’ o que haya recuperado los ‘valores’ nacionales, como puede suponerlo el analista ingenuo. Lo que sí puede suponerse es una toma de conciencia por parte de la judicatura acerca de la gravedad de la crisis; como corresponde hacer a una de las tantas instituciones del Estado, sale en defensa de su propia supervivencia.
Pero, ¿es posible salir, así, sin más, de la crisis? En realidad, si se estima que la crisis es de legalidad, las vías elegidas por la generalidad de los personeros que se desplazan por la escena política de la nación parece ser adecuada: correcto funcionamiento de las instituciones del Estado (especialmente del llamado Poder Judicial), independencia de las instituciones estatales, asegurar el funcionamiento de las verticalidad del mando (‘blindaje’ a la primera magistratura de la nación)[6], acelerar la realización de las reformas, dictación de leyes que separen el interés público del privado, leyes que regulen el financiamiento de la política, nombramiento de ‘comisiones de expertos’ u ‘hombres buenos’ destinadas a estudiar la relación entre política y dinero, asegurar la presencia de la presidenta en todos los actos que sea posible[7], acuerdos políticos con los sectores opositores, en fin.
Pero, ¿basta todo ello para resolver los problemas políticos que se han suscitado? ¿Se resuelve una crisis de legalidad de la manera indicada?
Digamos, en primer lugar, que la vía de resolver la crisis por medio de la realización de actos como los señalados presenta algunos problemas. Un ejemplo puede servirnos para ilustrar el problema: durante todo el período que duró la investigación del fraude al Fondo de Utilidades Tributables FUT y, consiguientemente, del consorcio ‘Penta’ y ante las graves acusaciones que ya se vertían en contra de sus ejecutivos, el empresariado chileno permaneció en silencio, sin pronunciarse acerca de los ilícitos cometidos; únicamente dos de sus personeros salieron a condenarlos pero sólo luego de dictada la sentencia del tribunal que envió a prisión preventiva a los mismos. ¡Como si para esos empresarios existiese sólo una verdad jurídica y no una verdad ética![8] La pregunta, entonces, salta a la vista: ¿están los demás empresarios de acuerdo con la actuación de los dueños de ‘Penta’? ¿Hacen ellos lo mismo? O, la pregunta del millón: ¿ha cambiado definitivamente la moral empresarial al compás de lo que sucede en otras regiones del planeta y de la nueva forma de acumular? En palabras más simples: ¿ganó Pinochet la batalla de la nueva cultura empresarial y, observando el caso ‘Caval’, está en vías de ganar la cultura de toda una nación?
El segundo hecho es que si bien la justicia ha actuado en forma sabia sancionando, como corresponde, al infractor, cuando se analice la segunda parte del caso que es el soborno de actores políticos no se sabe si la culpa se va a repartirse entre sobornante y sobornado a la manera que sucede en la prostitución en donde debiera ser tan culpable el que paga como el que recibe dinero por la prestación de servicios sexuales. En el juicio por el caso ‘Penta’ se ignora si serán condenados los actores políticos que recibieron el dinero del consorcio (sobornados), sujetos ligados preferentemente a la Unión Demócrata Independiente UDI. El caso del subsecretario de Minería Pablo Wagner no autoriza a suponer que así va a suceder en lo sucesivo.
La última consideración al respecto es que, aún cuando el juicio contra los ejecutivos de Penta sea favorable a los intereses del Estado, jamás dejará satisfechas las ansias de justicia de las grandes mayorías nacionales que, en todo caso, se verán nuevamente burladas en sus expectativas. Y es que dada la circunstancia que desde el punto de vista legal, constituyen ambos casos evidentes trasgresiones al ordenamiento jurídico, el procedimiento penal conduce única y exclusivamente a la personalización de las culpas, a la individualización de un culpable y a la consiguiente aplicación de la pena. La estructura social que permitió la ocurrencia de esos hechos queda eximida de toda culpa y, en consecuencia, inalterable: la impunidad se hace manifiesta.
La solución a la crisis por la vía de las conversaciones entre los dos grandes centros políticos es acertada, aún cuando sus relaciones recíprocas no han sido las mejores. Porque apenas se vio tocada por el escándalo del caso ‘Penta’, la Unión Demócrata Independiente UDI quiso esperar que el Gobierno resolviese el problema como una forma de devolverle la mano a la ayuda que ese partido prestó al Gobierno de Ricardo Lagos cuando éste se vio enfrentado a una crisis similar que, en definitiva, se solucionó gracias a la gestión de Pablo Longueira. Pero no fue así pues al intentar la UDI tomar contacto con el Gobierno, éste se negó a hacerlo. Fue en octubre del año pasado cuando Ernesto Silva, su presidente, quiso hablar al respecto con el ministro Rodrigo Peñailillo para buscar una fórmula de arreglo a la crisis de esa colectividad.

“El portazo de La Moneda fue fuerte: ‘No es el momento’, fue el mensaje del titular del Interior”[9].

Entonces, la UDI se fue a la guerra e ideó la estratagema del empate, buscando descubrir cualquier ilegalidad en los actos del gobierno, desde la campaña electoral en adelante. Así, entre otras cosas, cuestionó los gastos de la campaña electoral de Michelle Bachelet, aprovechó la información que se dio acerca de la campaña para reunir fondos para la candidata en Estados Unidos y revivió el caso del yate, e insistió en la gravedad de la mención que, en el caso ‘Penta’, se hizo del ministro Undurraga, ahondando el desprestigio de la escena política de la nación. El caso ‘Caval’ fue maná caído del cielo para la UDI. Entonces, la situación fue a la inversa: La Moneda sería quien tendría que doblar la cerviz.
El día 21 de febrero la situación era terrible en el palacio de Toesca. Días antes, Penailillo, sorpresivamente, había tomado vacaciones dejando en el cargo a Mahmud Aleuy quien llamó ese día a Ernesto Silva acordando reunirse con él en La Moneda el día lunes 23, a fin de buscar una solución a la crisis.

“Quienes conocieron los términos de la conversación entre Aleuy y Silva señalan que el ministro (s) fue crudo al abordar el tema. Sin rodeos, el personero socialista le señaló a su interlocutor que el avance judicial de las causas que están en el Ministerio Público sumado a los cuestionamientos a Dávalos han decantado en un ‘problema institucional’ y que se hace necesario generar condiciones para evitar una crisis insalvable en el sistema político.

Silva compartió el diagnóstico, aunque hizo ver que la UDI ‘ya ha pagado caras’ las implicaciones de algunos de sus personeros en prácticas de financiamiento irregular y que llegó la hora de ‘compartir los costos’ del escándalo”[10].

Así, pues, la crisis parece tener un itinerario. Por una parte, se dejará que el Ministerio Público o Fiscalía Nacional haga su trabajo y lleve a la justicia a quienes se estime han cometido actos atentatorios contra la ley, ‘Nueva Mayoría’ cerrará filas en torno a la presidenta a fin de proteger su imagen, el Gobierno propondrá una nueva ley que regule el financiamiento de los candidatos y las donaciones para las campañas, se aumentarán las penas para quienes realicen tráfico de influencias y uso de información privilegiada y se llegará a un acuerdo con la oposición en donde deberán sacrificarse algunas personas. Según Ascanio Cavallo,

“En esta ocasión parece posible que los sacrificios tengan que ser compartidos entre la oposición y el gobierno —esto es, dejar que los juicios ya abiertos continúen sin interferencia—, lo que pone de manifiesto el principal problema político que ha dejado febrero: si la ‘Nueva Mayoría’ había obtenido ventaja sobre sus opositores gracias a las revelaciones de ‘Penta’, la situación de Dávalos ha sido suficiente para eliminarla de un plumazo. En un solo acto, las dos principales mayorías del país han quedado empatadas en el territorio de los negociados y es poco útil discutir las razones por las cuales un caso puede ser peor que el otro”[11].

Para quienes están interesados en la perpetuación del sistema, la solución jurídica se presenta como óptima pues somete las contradicciones del mismo a la decisión de sus propios mecanismos de supervivencia. De ese modo, el queso vuelve a quedar a cargo del ratón. Y aquí radica la raíz del problema, porque las cosas no suceden por simple casualidad ni la corrupción se expande porque sí: hay una estructura que lo permite, una estructura en donde operan personas, seres humanos que saben perfectamente lo que hacen y por qué lo hacen. Una simple reforma no toca esa raíz, pues podría alterarse la esencia del sistema, y éste fenecer. Y los sistemas no tienen vocación suicida sino luchan por mantenerse y supervivir.

La crisis que vive Chile es más seria. Porque se trata de una crisis de legitimidad, es decir, la que surge de la falta de confianza, de la incredulidad, del término del respeto que toda una sociedad tiene por sus autoridades no porque ejerzan violencia sobre ella sino porque ya no las sienten propias o estiman, ni tienen la certeza o seguridad que hacen lo mejor para el conjunto social. Es esa la crisis más grave, pues es la que desalienta a la población a participar en los comicios electorales, la que desconfía de los representantes políticos, la que aleja al conjunto social de sus autoridades como si fueran una peste maligna. Se trata de una crisis que se manifiesta en la más absoluta desconfianza hacia las autoridades políticas. La que, en palabras del propio Andrade:

“[…] pone en tela de juicio la participación democrática en la ciudadanía. ¿Por qué la gente se va a ver compelida a participar en los eventos democráticos?”[12]

Y aquí radica el problema, en resolver la crisis de legitimidad que afecta a todo el espectro político de la nación y que ha alcanzado su clímax con los casos de ‘Penta’, ‘Soquimich’ y ‘Caval’.
Estimamos que es muy difícil suponer que la ciudadanía va a recobrar la confianza en la escena política si quienes toman en sus manos la solución a la crisis son los mismos que sembraron la desconfianza. Porque quienes llaman hoy a hacer transparentes los actos y a terminar con la corrupción fueron los que enturbiaron las relaciones sociales e hicieron posible lo que hoy sucede[13]. Y algo que ha aprendido la población nacional es que no se deja el gato al cuidado de la carnicería.
En cuanto a la justicia, es poco creíble que vaya ésta a aplicar drásticas sanciones a los sobornados de la UDI, pero es posible suponer que las posibles negociaciones entre los dos grandes conglomerados permitan a algunos parlamentarios de esa colectividad abandonar sus cargos, aun cuando la Constitución no prevé ese caso. Es posible también que el Gobierno sacrifique a alguno de los suyos. En el terreno de la escena política todo puede suceder. Pero es dudoso que la población nacional vaya a aceptar esas maniobras.
Lo que sí se sabe es que jamás en la historia de la democracia post dictatorial ha existido mejor posibilidad para los sectores dominados alzarse para reclamar sus derechos, para exigir que se vayan todos y, consecuentemente, comenzar la construcción de una sociedad más humana, fraterna y solidaria. Sin embargo, no existe aún esa organización social que todos quisiéramos construir, ver levantarse y actuar para apoyarla con todas nuestras fuerzas. No nos parece, tampoco, que la solución sea la construcción de un nuevo partido político, pero sí pueden serlo los intentos por unir a las organizaciones sociales y de masas en una organización única, capaz de conducir al conjunto social. En ese empeño los intentos del Comité de Iniciativa para la Unidad Sindical CIUS de organizar a varios sectores sociales y avanzar hacia una auténtica unidad sindical y social es algo digno de considerar. La unidad no es algo lejano: mucho menos, inalcanzable. Los hechos así lo demuestran: las protestas comienzan a invadir la escena social de la nación, entre otras, las protestas de los pescadores artesanales, las protestas de Antofagasta por el envenenamiento de toda una población, el conflicto de la comunidad de Los Caimanes con la minera Los Pelambres y las movilizaciones estudiantiles que se avecinan (entre otras, la que acaba de ocurrir el pasado lunes 9). Es ese conjunto social, con una dirección propia, ajena a la de las organizaciones políticas, enarbolando principios intransables, como lo son la cooperación, la horizontalidad, la igualdad, la solidaridad, la autonomía del movimiento social y otros similares, la única estructura social que puede canalizar el descontento popular y alcanzar esa meta soñada que es lograr que se vayan todos. Porque, a la vez, es la única estructura capaz de dirigir toda la fuerza de los explotados contra esa casta de depredadores que se niega a abandonar el poder, que se resiste a entregar sus privilegios y quiere volver sobre los mismos, que, si bien constantemente se viste con ropajes propios, muchas veces lo hace mostrándose como ‘socialista’y así para perpetuarse en el mando de la nación.
Santiago, marzo de 2015
Notas:
[1] Gannora, Emmanuel: “Para los que piensan en impunidad, en el MOP-Gate un ministro terminó preso”, Reportajes, pag.R8, La Tercera de 1 de marzo de 2015.
[2] Véase la obra de Nicos Poulantzas “Poder político y clases sociales en el Estado capitalista”, publicado en numerosas oportunidades por la Editorial Siglo XXI.
[3] En las ciencias exactas se acostumbra a decir que la ‘verdad’, a secas, no existe. No hacemos referencia en esta parte a ese tipo de debates.
[4] No olvidemos que fue el propio presidente Ricardo Lagos quien eliminó el delito de colusión, que ya existía en la ley, a fin de favorecer a los grupos económicos.
[5] Redacción: “Presidente de la Suprema envía señal política y pide terminar con el fuero: ‘Los parlamentarios imputados deben asumir en igualdad de condiciones’”, ‘El Mostrador’, 02 de marzo de 2015.
[6] En este sentido, la presidenta ha de mostrarse como un ser superior, una persona inmaculada, perfecta, incapaz de engañar; sólo mentes perversas pueden suponer que solamente se enteró de los actos de su hijo a través de la prensa.
[7] El vuelo en helicóptero alrededor del cráter del Volcán Villarica, el acto de creación del Ministerio de la Mujer, los actos de comienzo del año escolar, están orientados en esa misma dirección.
[8] El empresario Hermann Von Mühlenbrock, presidente de la SOFOFA, condenó el hecho un día después que el senador de Renovación Nacional RN Manuel José Ossandón denunciara su silencio en el Programa Hora 20 de La Red, un día antes de la condena; el presidente le la Confederación Nacional de la Producción y del Comercio, Andrés Santa Cruz, lo hizo después de dictadas las condenas.
[9] Artaza, Francisco y Faúndez, Gloria: “Impacto al corazón del bacheletismo”, Reportajes, pág. R5, La Tercera, 1 de marzo de 2015.
[10] Artaza, Francisco y Faúndez, Gloria: Id. (9).
[11] Cavallo, Ascanio: “La insoportable levedad del criterio”, Reportajes, R7, La Tercera, 1 de marzo de 2015.
[12] Gannora, Emmanuel: Id. (1).
[13] ¿Quién puede creerle a Álvaro Elizalde que tiene a casi toda su familia en el gobierno? ¿Quién puede creerle a Camila Vallejo que tiene a su marido como asesor de un ministerio? ¿Y a Carlos Montes, cuya hija es subsecretaria o a Felipe Harboe cuya mujer es también subsecretaria? Y así un largo etcétera…