El 24 y 25 de agosto van a marcar un nuevo hito en la historia de nuestro país. Todas las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles estaremos en la calle demostrando que lo que exigimos es lo que en justicia nos corresponde.
La lucha, -el ejemplo que nos están dando los estudiantes desde hace tres meses-, nos demuestra que ese es el único modo que nos queda para exigir cambios radicales en nuestra vida cotidiana.
Esos cambios pasan, necesariamente, por la convocatoria a una Asamblea Constituyente que le de al país una Constitución democrática, y abrogue definitivamente la actual Constitución espuria e ilegítima.
La nueva institucionalidad debe garantizar nuestra participación y la plena libertad para elegir a nuestros representantes. Ya basta de este sistema binominal en el que dos opciones gemelas se comparten el país, gobiernan de la misma manera, y administran Chile a favor de sus propios intereses y en desmedro de todo un pueblo.
La realización de un plebiscito, la convocación de una Asamblea Constituyente deben permitir saber y realizar lo que el pueblo quiere, y no lo que los políticos quieran darnos.
Lo que la sociedad chilena está pidiendo es ponerle término a la discriminación económica, a las estafas financieras, a la usura. Exigimos una distribución justa de las riquezas que creamos con el esfuerzo y el trabajo de todos. La renacionalización de nuestras riquezas básicas para asegurar el futuro de nuestros niños y de todo el país.
El gobierno hace como si no entendiese. Pero aún, se pregunta por qué protestamos. No entienden, no quieren entender, que la actual injusticia se hace cada día más insoportable.
Nos mienten al presentar un país en crecimiento y cada vez más rico, sin mencionar que la población es cada vez más pobre y que los hogares están más y más endeudados. Mienten al decir que han reducido la delincuencia: las fuerzas del orden pasan más tiempo reprimiendo a los ciudadanos, a los estudiantes, que combatiendo la delincuencia. Mienten cuando aseguran que los salarios de los trabajadores han aumentado y que se terminó la pobreza: el aumento del costo de los productos básicos es un verdadero drama para millones de chilenos. Mienten cuando dicen que este sistema de salud es el único posible, discriminando entre quienes pueden pagar una salud de calidad y millones y millones que hacen cola por una asistencia médica indigente. Mienten.
La verdad es que nos siguen explotando. La educación en Chile está en crisis terminal. La salud es un negocio indigno en el que se favorecen intereses privados, y no el bienestar de los chilenos.
Las leyes y el Código del Trabajo protegen a los empresarios y a un puñado de privilegiados. Nos quitaron hasta el derecho de vivir sana y alegremente, de amar y cuidar a nuestras familias. Somos mano de obra barata para las transnacionales que aprovechan de nuestras riquezas para el goce de otros. Nos tratan como simples consumidores a los que hay que cobrarles tasas de interés usureras, aplicarles penalidades ilegales, venderles medicamentos a precio de Cartel, cobrarles consumos eléctricos o de agua a precio de oro. Destruyen la naturaleza persiguiendo un lucro que mata y afea nuestro entorno.
¿Y todavía tienen la desfachatez de preguntarse por qué nos paramos?
CONFEMIN, Santiago de Chile, 24 de agosto 2011
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