La sociedad civil lleva a la Administración Española ante los tribunales

La sociedad civil lleva a la Administración Española ante los
tribunales.
El motivo: la venta de armas a un país que viola los Derechos Humanos


“El Gobierno ofrece confidencialidad a vendedores y compradores de armas
y desoye la voz de las víctimas”. Seis organizaciones jurídicas y
sociales denuncian al Ministerio de Industria en la Audiencia Nacional
para frenar la entrega de armamento bélico a Marruecos.

Esta mañana, en la Audiencia Nacional, seis organizaciones jurídicas y
sociales interponían un recurso contencioso administrativo contra una
resolución del 29 de abril de 2010 de la Secretaria de Estado de
Comercio para intentar frenar la venta de armas a Marruecos. Tres
letrados acudían a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
madrileña calle Prim en representación de la Asociación de Familiares de
Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Asociación Pro
Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación Internacional de
Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), el Observatorio Asturiano de
Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, el Observatorio Aragonés
para el Sahara Occidental y la Asociación Canaria  de Juristas por la
Paz y los Derechos Humanos (JUPADEHU). Manuel Ollé, presidente de APDHE y
abogado de la acción popular y de la acusación particular en la
querella por el genocidio contra el pueblo del Sáhara Occidental; Inés
Miranda -Premio Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la
International Bar Association (IBA), presidenta de JUPADEHU y conocida
popularmente por ser la representante legal de Aminatou Haidar, y Luis
Mangrané Cuevas, integrante del Observatorio Aragonés del Sáhara
Occidental y jurista experto en estas cuestiones, presentaban el recurso
a las once y media de la mañana.  

Estaban acompañados por dos víctimas del armamento bélico desplegado por
el Gobierno marroquí en el Sáhara Occidental en torno al denominado
Muro de la Vergüenza: Brahim Lahmaid Kori, un pastor al que una bomba
amputó un brazo en el año 79 cuando recorría el desierto saharaui con su
rebaño de cabras, y el joven de 19 años Ibrahím Husain Abait, que
perdió el año pasado el pie y parte de la pierna derecha al pisar una
mina antipersona.  “30 años después la historia se sigue repitiendo”,
declararon las víctimas, que insistieron en los riesgos en los que vive
la población saharaui a causa de las armas utilizadas por el reino
alauita para mantener la ocupación de su territorio.

El pasado 9 de abril, se había presentado por primera vez en la historia
de nuestro país una denuncia administrativa ante el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (MTIYC) para paralizar la concesión de 
autorizaciones de exportación de material bélico al Reino de Marruecos,
por considerar que se está contraviniendo la normativa española (Ley
53/2007) y europea (Posición Común 2008/944/PESC). La respuesta de la
Administración fue la negativa a tramitar dicha denuncia alegando falta
de legitimación de las entidades solicitantes (por no tener a su
entender la condición de interesados) y por el carácter secreto de las
actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso
(JIMDDU). 

“La violación de los Derechos Humanos en Marruecos y en el Sahara
Occidental, así como el resto de los criterios cuya infracción se ponía
de manifiesto en la denuncia, debería conllevar inexorablemente la
calificación de Marruecos como un país no apto para ser destinatario de
dichas exportaciones. La actitud del Gobierno español, por medio de la
Secretaria de Comercio Exterior, convierten las declaraciones del mismo
en materia de Derechos Humanos en palabras vacías y huecas”.

Esta fue la primera reacción de las organizaciones denunciantes ante la
respuesta del MTIYC y por esta razón han decido dar el siguiente paso y
demandar al Gobierno ante la Audiencia Nacional. Inés Miranda declaraba
esta mañana que “el Gobierno recurre al oscurantismo para ignorar la
petición de los ciudadanos que en un ejercicio de responsabilidad, en un
ejercicio del Derecho a la Participación e Información, están
legitimados para exigirle que cumpla su propia ley y respete los
Derechos Humanos. La Administración se ampara en la ley de secretos
oficiales para no revelar el nombre de las empresas ni el tipo de
armamento que se vende a Marruecos, cuando dicha ley no incluye a este
tipo de negocios, la venta de armas que están en el mercado libre de
compraventa. El Gobierno ofrece confidencialidad a vendedores y
compradores de armas y desoye la voz de la víctimas, en contra de todos
los principios democráticos”, ­añadió la letrada. Por su parte, Manuel
Ollé exigía al Gobierno de España “que cumpla la Ley y los compromisos
internacionales y deje de suministrar o autorizar la cesión de armas al
Reino de Marruecos, así como a cualquier otro país, mientras no se
demuestre su carácter de Estado respetuoso con los Derechos Humanos”.

Un informe de APDHE alega que “desde la invasión marroquí del
territorio, conocida como “Marcha Verde”, se han cometido por las
fuerzas de ocupación marroquíes las más graves vulneraciones de los
Derechos Humanos contra la población civil saharaui, lo que ha dado
origen incluso a la tramitación de una querella por Genocidio que se
tramita ante el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia
Nacional, en las Diligencias Previas nº 362/07. Además, la situación de
grave violación de los Derechos Humanos en el Territorio No Autónomo del
Sáhara Occidental por parte Marruecos ha sido constatada en numerosos
informes emitidos a lo largo de los últimos años por ONGs y organismos
de reconocido prestigio, que han denunciado también que hechos tan
graves como la tortura se siguen cometiendo hoy en día contra sus
propios nacionales”. 

En el año 2007, España vendió a Marruecos material por valor de 176
millones de euros, y en el año 2008, por valor de 113 millones de euros,
además de ceder por el precio simbólico de un euro 8 juegos lanzadores
de bombas de aviación y, por otro euro, 6 torpedos, estos últimos, “por
ser una versión que estaba cayendo en desuso, por lo que la Armada
Española se beneficia del ahorro del gasto de desmilitarización,
mejorando sus relaciones bilaterales con el Reino de Marruecos”, según
se publicó por el Ministerio de Administraciones Públicas.

Durante los años 2009 y 2010 le ha seguido vendiendo y autorizando la
exportación armas, municiones y vehículos de combate, por importe de más
de 80 millones de euros. Estas últimas cifras han contribuido a situar a
España en 2010 en la posición número seis del ‘ranking’ de países
exportadores de armamento, un puesto por delante de todo un gigante como
China.

Fundación del Consejo General de la Abogacía Española