«No soy terrorista, porque no he torturado ni asesinado a nadie para imponer un orden social»

Para la justicia y para una parte de la sociedad chilena, Jaime Marileo Saravia es un terrorista, porque un tribunal lo condenó a cumplir una condena de 10 años y un día por el incendio de alrededor de cien hectáreas de pino y eucaliptus del fundo Poluco-Pidenco en el año 2001.

Para su comunidad y para cada vez más chilenos y ciudadanos del mundo globalizado, él es un preso político mapuche condenado en la lucha por la recuperación de sus tierras. Jaime Marileo tiene 33 años, y cayó preso en agosto del 2003, cuando el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, a través de la gobernación provincial de Malleco-Angol, se querelló contra los comuneros utilizando la legislación antiterrorista heredada de Augusto Pinochet. La otra parte querellante fue la poderosa Forestal Mininco.

Es el noveno de los hijos de Lorenza Saravia Tripaillan. Trabaja como campesino en su comunidad de origen, Cacique José Guiñon (ubicada en el sector Pidima, comuna de Ercilla, Región de la Araucanía) y usa la lombricultura para mejorar el suelo agotado y escaso. Artesano en madera, entre los instrumentos mapuche su preferido es el kullkul, cuya sonoridad arranca de un cacho de buey. Este instrumento de viento se usa para llamar y reunir a los mapuche.  Desde agosto de 2008, está con salida de fin de semana y seis meses –como resultado de una prolongada huelga de hambre junto a Patricia Troncoso – había accedido a reclusión nocturna. Poco después, el gobierno obtuvo el ADN de Marileo incorporando sus datos genéticos al registro nacional, inaugurado precisamente con las muestras de los condenados por la tierra, los mapuche. En marzo de 2009, la Corte de  Apelaciones de  Temuco negó por segunda vez la libertad condicional solicitada por él, su hermano Juan Marileo y Patricia Troncoso. Con estudios de educación básica, Marileo es parte de la nueva generación de jóvenes que utilizan las nuevas tecnologías de información.Esta conversación la desarrollé por internet, por etapas, desde marzo de este año, pues su acceso a las cabinas que hay en el pueblo más cercano, no es frecuente.

¿Qué le diría a quienes lo califican de “terrorista” y niegan su condición de preso político?
Al Estado, a las empresas forestales, los latifundistas, los políticos de derecha y concertacionistas, y también a las personas desinformadas, le respondo que no soy terrorista, porque no  he torturado ni asesinado a nadie para imponer un orden social. Como luchador social, sólo ejerzo el legítimo derecho a defenderme, a reclamar y a protestar por la falta de agua en las comunidades, por la desaparición de los árboles nativos y de hierbas medicinales como el canelo – sin los cuales las machis no pueden seguir existiendo – y por la recuperación de tierras para que el pueblo mapuche se siga reconstruyendo. Me considero preso político porque mediante la llamada “Operación Paciencia”, el gobierno de Ricardo Lagos Escobar persiguió y reprimió a las comunidades mapuche que estaban recuperando tierras ancestrales doblemente usurpadas, una vez por la llamada “Pacificación de la Araucanía” y después de nuevo, por la dictadura de Pinochet. *.  Según la política estatal neoliberal se estaba atentando en contra de la inversión forestal, pero esa inversión realizada en territorio mapuche atenta en contra de todas nuestras manifestaciones culturales y nuestra permanencia como pueblo ancestral.

¿Cómo ve la situación actual en territorio mapuche y cuáles son las perspectivas?
En el presente hay un profundo dolor porque siguen matando a nuestros hermanos. Nos duele la mala política del gobierno y la poca preocupación para resolver los temas de fondo.Eso lleva cada cierto tiempo a situaciones como la que se ha vivido en estos días. Pasó lo mismo cuando mataron a Alex Lemun y Matías Catrileo. Esta nula voluntad política no resuelve los problemas con la aplicación de leyes represivas (ley antiterrorista), encarcelamiento o asesinatos, ya que la rabia se acumula y dan más ganas de seguir reivindicando territorios.

¿Y cómo evalúa los ofrecimientos de diálogo desde el gobierno?
Bachelet dice que debe existir diálogo, pero ella solo dialoga con los inversionistas y latifundistas que están en el territorio mapuche para proteger sus intereses económicos, ejerciendo represión de diferentes formas… ¿Acaso somos nosotros los que ejercimos primero la violencia? Tenemos derecho a la legítima defensa.
Pienso que seguirá pasando lo mismo, porque el modelo económico que existe y se aplica en territorio mapuche no respeta a nada y a nadie, lo único que se respeta es el dinero.  Cada comunidad lucha como estima conveniente. Se han buscado las instancias de diálogo y se han dado plazos al gobierno, pero este ha cerrado sus puertas y tampoco ha cumplido sus compromisos.

La reforma constitucional

¿Cuál es su opinión respecto de la Reforma Constitucional que analiza  el Parlamento respecto de los pueblos indígenas? ¿Participó en la consulta su comunidad Cacique José Guiñon?
La reforma constitucional es una herramienta más de dominación y va a pasar lo mismo que con la ley indígena, es decir, no habrá ningún respeto a los pueblos originarios cuando se quiere implementar un megaproyecto económico, por ejemplo, Ralco; Pascua Lama; Geiser del Tatio; Mehuin; las nuevas represas, etc. No hemos participado en ninguna consulta y tampoco nos han informado de qué se trata.

¿Puede enumerar las principales irregularidades que marcaron el proceso en el cual usted fue condenado a diez años y un día?
Las pruebas que el Ministerio Público presentó en el juicio fueron diferentes a las presentadas cuando nos investigaron y sin embargo nos condenaron por las pruebas testimoniales presentadas en la investigación y no por las del juicio. Para obtener declaraciones en contra nuestra usaron testigos pagados y protegidos. Nuestros descargos no fueron tomados en cuenta, como si jamás hubiéramos presentado algo a favor nuestro al tribunal. Y la sentencia dictada era la copia exacta del fallo por el cual el mismo tribunal había condenado previamente a los lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin. Se vulneraron totalmente derechos humanos básicos como la presunción de inocencia y el derecho a revisión de la sentencia por un tribunal superior. La Corte de Apelaciones de Temuco  no revisó el fallo condenatorio como debiera haberlo hecho.

¿Por qué para el tribunal de Angol que lo juzgó a usted, el incendio en Poluco Pidenco fue un hecho terrorista y no lo fue para otro tribunal de la misma ciudad que juzgó a otros comuneros por el mismo hecho?
Pienso que eso fue porque cuando nos juzgaron, Ricardo Lagos Escobar (Capitán Planeta) dio una señal política a la inversión forestal en territorio mapuche, para aplacar las movilizaciones relacionadas a la recuperación de tierras.

¿Cómo evalúa la decisión de los comuneros que el año 2004, cuando se hizo el juicio no se presentaron a tribunales? ¿Cree que sus razones justifican el costo represivo que debieron enfrentar sus respectivas comunidades desde entonces, con permanentes allanamientos?
El juicio del caso Poluco Pidenco fue político, por lo tanto, la decisión de no presentarse a tribunales fue buena porque nunca se comprobó nuestra participación en los hechos y al no presentarse ellos denunciaban la falta de garantías para un debido proceso.  Pienso que el costo represivo de las comunidades no fue porque lamieng y  pu peñi (las hermanas y hermanos)  se clandestinizaron, sino más bien se debió a que el Estado protegió los intereses de la forestal Mininco cuando esas  comunidades tomaron la decisión de recuperar sus tierras.

Usted es sindicados públicamente como miembro de la Coordinadora Arauco Malleco. ¿Cuál es el planteamiento de la CAM?
Mi posición de preso político Mapuche no obedece a ningún tipo de militancia,  sino más bien solamente, a mi condición de Mapuche de la comunidad José Guiñón, del sector San Ramón, comuna de Ercilla, que siempre ha intentado luchar por la autonomía de nuestro pueblo. Descarto de plano militancia mía en la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), pese a mantener respeto hacia su orgánica, por ser parte también de la lucha del Pueblo Mapuche.

¿Qué ha ocurrido con la demanda que ustedes interpusieron ante la Comisión Interamericana de DDHH contra el Estado de Chile?
Se buscó inicialmente una solución amistosa, pero el gobierno de Michelle Bachelet Jeria no mostró voluntad para ello, por lo tanto, y el caso ingresó a la Corte Interamericana de DDHH. Se demanda del Estado que reconozca su responsabilidad internacional por esta violación de derechos humanos; el cese inmediato y definitivo de la privación de libertad que afecta a Patricia Troncoso, Juan y Jaime Marileo, José Huenchunao. Asimismo el cese de la orden de detención que pesa sobre Juan Millacheo Lican y la garantía de no repetición, es decir, que no se repita la misma situación en otros casos. Se le pide al Estado la modificación  de la ley 18.314 sobre conductas terroristas, de modo que se ajuste a los derechos humanos. También el cese de las inhabilidades generales y especiales contenidas en la sentencia y la eliminación de las anotaciones penales y policiales, así como la eliminación de las huellas genéticas del Sistema Nacional de Registro de ADN.

¿Cómo fue la toma de muestras de su ADN?
Fue un procedimiento arbitrario. No se me informó de que se trataba. Me llevaron engañado a la cárcel de Angol, alrededor de las 24:30 horas del 25 de noviembre del 2008. Me tuvieron en el gimnasio hasta las tres de la madrugada para sacarme recién las muestras biológicas. Sólo me dijeron las personas  a cargo: “…cumplimos órdenes del gobierno…”. Me di cuenta de la gravedad de la situación luego de investigar sobre el tema y leer un artículo de un diario donde se anunciaba la aprobación del reglamento de la ley que permite el banco de ADN. Me volvieron a atropellar, me encarcelan injustamente, me dieron beneficios sólo después de las huelgas de hambre  ¡y a cambio  roban mi ADN! Este procedimiento es un instrumento de control social y de incriminación criminal para el Estado chileno que se colude con EEUU para violar una vez más los derechos de las personas. Buscan lograr que los montajes que acostumbran a levantar en contra de quienes se rebelan en contra de lo establecido sean más objetivos. En particular me pone en situación especial de vulnerabilidad ya que por un período de 30 años bastará con determinar la equivalencia, por ejemplo, del registro genético de un cabello mío encontrado en una comunidad mapuche; en alguna vestimenta o gorro, para incriminarme en hechos ocurridos en la zona o sector aledaño aunque yo no haya participado en ellos.

¿Cuál es su evaluación de la reforma procesal penal y su aplicación en la zona mapuche?
La reforma procesal penal permitió la militarización de las comunidades, autorizando a carabineros  a allanar casas y hacer operativos como aquel en que asesinaron a Alex Lemun. Se permitió la aplicación de leyes como la Antiterrorista y Seguridad Interior del Estado. En resumen fue un instrumento de control social en contra del pueblo mapuche.

* Nota: En 1977 los comuneros mapuche de Tricauco, que formaban parte de un asentamiento de la Reforma Agararia desde los años del gobierno del Presidente Salvador Allende fueron desalojados  del fundo Pidenco, siendo quemadas sus casas por carabineros y efectivos del regimiento Húsares de Angol. En una parte del fundo Pidenco (380 hás) fueron parcelados los ex trabajadores del fundo, pero en cambio los comuneros mapuche debieron regresar a la reducción. Entre 1982 y 1986, esas tierras fueron vendidas por el Estado a Forestal Mininco y forman parte de  las tierras ancestrales que reivindica la comunidad, Antes del proceso de reducción el cacique José Guiñon y Antiqueo poseían una superficie total de 12.550 hectáreas. .Hoy los títulos de dominio de esas tierras pertenecen a las forestales Mininco, Arauco, Millalemu, y Cautín, y también a algunos particulares.

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