Cuba: 50 años de Reforma Agraria

La Constitución de 1940 contemplaba una reforma agraria, pero hasta 1959 ningún gobierno cumplió con su obligación de llevarla a cabo. Comportamiento comprensible -aunque inaceptable- ya que más del 80% de las mejores tierras cubanas estaban en manos de un grupo de compañías norteamericanas, y, desde 1902, todos los gobiernos de la Isla –excepto el llamado “de los Cien Días”, que por eso mismo fue derrocado- siempre fueron proyanquis. Hubo de triunfar la Revolución, pues, para que la Ley de Reforma Agraria se pusiera en marcha.

Aprobada diez días antes, fue firmada el 17 de mayo de 1959, tres meses y medio después del triunfo, en La Plata, Sierra Maestra. Y supuso la eliminación de la cruel y enajenante explotación del campesinado cubano por parte de los terratenientes. Esta ley tuvo su antecedente, sin embargo, ya que Fidel firmó la Ley No. 3 sobre el derecho de los campesinos a la tierra. Todavía en guerra, ésta entró en vigor en todos los territorios liberados, como ejemplo vivo de lo acordado por las masas campesinas representadas en el Congreso en Armas.

En aquella primera ocasión, los campesinos beneficiados fueron 340, que, junto a sus familias, se convirtieron en propietarios de la tierra que trabajaban. Obviamente, acabada la guerra, la Reforma Agraria del 17 de mayo supuso una mejora infinitamente superior en todos los sentidos; aquí estaríamos refiriéndonos a más de 200.000 campesinos los beneficiados con el reparto de las tierras -cuatro millones de hectáreas aproximadamente-. Además las mejoras no se limitaron a la entrega de éstas, sino que también supusieron el acceso por parte del campesinado a servicios tan elementales como la asistencia médica, las escuelas y los maestros, entre otros, que antes siempre se les había negado.

La Ley de Reforma Agraria fue un compromiso recogido en el Programa del Moncada que, cumplido en la fecha indicada tras quedar nacionalizadas todas las propiedades de más de 420 hectáreas, supuso la desaparición definitiva del latifundio. Posteriormente, una segunda Ley de Reforma Agraria -1961- limitó el tamaño de las propiedades a un máximo de 66 hectáreas, con lo que la burguesía de este sector quedó prácticamente eliminada. Ese mismo año nació la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños –ANAP-, que tan importante papel jugó –y juega- en la organización de los campesinos.

De más está decir que la puesta en vigor de la ley que nos ocupa chocó frontalmente con los intereses económicos de los norteamericanos. No en vano, como consecuencia de aquella medida revolucionaria, las compañías azucareras perdieron más de 674.000 hectáreas de tierras, así como varios millones de dólares por futuras exportaciones del cultivo comercial.

De todos modos, las medidas adoptadas por el gobierno a través del Instituto Nacional de la Reforma Agraria –INRA-, creado en 1959 para ejecutar las políticas económicas y sociales relacionadas con la reforma agraria, no fueron discriminatorias, ya que fueron dirigidas contra todos los terratenientes, sin importar su nacionalidad; y además, como ya ha quedado dicho, estaban amparadas por la Constitución de 1940. Por otra parte, la forma de indemnización fue bastante más generosa que en la ley agraria impuesta por Estados Unidos a Japón en la postguerra: ésta sólo otorgaba el 2,5% de interés anual y los pagos en veinticinco años; y con la Ley de Reforma Agraria cubana la amortización pagadera se situó en veinte años y un 4,5 % de interés anual.

Por si fuera poco, el gobierno revolucionario planteó repetidas veces su disposición a renegociar estos términos, pero Estados Unidos declinó la propuesta renegociadora –no así el resto de los países afectados- y prefirió mantener las indemnizaciones como una deuda aún no pagada.

Conviene recordar que las tierras fueron compradas por los capitalistas yanquis a precios irrisorios. En 1901, por ejemplo, un tal Preston llegó a comprar 75.000 hectáreas en la zona de la Bahía de Nipe –hoy provincia de Holguín- por 400.000 dólares, es decir, a menos de seis dólares la hectárea. Amparado en la Ley de Reforma Agraria, las tierras del central Preston fueron expropiadas por el gobierno revolucionario el 14 de mayo de 1960. Entregadas a los campesinos, esta zona adoptó el nombre de Guatemala en homenaje al pueblo al que, en 1954, la propia United Fruit Company había frustrado la reforma agraria mediante el derrocamiento del gobierno legítimo y popular de Jacobo Arbenz.

Quizá porque la familia de Fidel poseía miles de hectáreas de tierra en Birán, provincia de Holguín y pueblo natal del Comandante, muchos enemigos se hicieron falsas ilusiones pensando que triunfada la Revolución sus dirigentes no se atreverían a tanto. Pero se equivocaron. Fidel cumplió su promesa de llevar a cabo la Ley de Reforma Agraria, y las tierras de su familia fueron igualmente entregadas a los campesinos, tras ser nacionalizadas por el propio Fidel con su firma como Primer Ministro, primero, y como Presidente del INRA después.

El 19 de mayo de 1960, el periódico Sierra Maestra publicó en una de sus páginas lo siguiente: “Los maledicentes que siempre pensaron que la Ley de Reforma Agraria no alcanzarían los predios de Sabanilla de Birán, por el hecho de ser de la familia del máximo líder, tendrán ahora que morderse la lengua al contemplar cómo la primera tierra que se reparte en el municipio de Mayarí, es la del propio Fidel Castro”. Expropiadas las citadas tierras, éstas fueron repartidas entre 204 familias.

Ante la necesidad de elevar la producción y con el propósito de relanzar al sector agrícola, el pasado año se aprobó el Decreto-Ley 259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo. La iniciativa está teniendo buena acogida; hasta el momento ya se han entregado más de un millón de hectáreas entre los miles de solicitantes; muchos de los cuales nunca antes habían tenido contacto laboral con el campo. A partir de 1959, pues, el 17 de mayo siempre está presente en la memoria del campesinado cubano, y también en la del resto del pueblo.
15/05/2009

* Fuente: Agencia Latinoamericana de Información

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