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En carta a Condoleezza Rice, estadounidenses reclaman al Departamento de Estado por Bolivia 

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Con fecha 21 septiembre un grupo de reconocidos intelectuales y científicos de Estados Unidos se dirigió  al Departamento de Estado de EE.UU. enviando una Carta Abierta a  la Dra. Condoleezza Rice, Secretaria de Estado, con copia, entre otros nombres a los senadores John McCain y  Barack Obama

"Estimada Dra. Rice,
Nos dirigimos a Ud. dada nuestra profunda preocupación en relación a los recientes eventos en Bolivia que han resultado en decenas de muertos y millones de dólares en pérdidas fiscales para el gobierno de Bolivia y el pueblo boliviano. En particular, nos preocupa sobremanera que el gobierno estadounidense, según lo ha admitido, está apoyando a grupos e individuos de oposición en Bolivia que han estado involucrados en los recientes actos de destrucción generalizada, violencia y muertes, sobretodo en los departamentos de Santa Cruz, Pando y Chuquisaca.
 
Dado que el gobierno estadounidense se rehúsa a revelar los nombres de muchos de los destinatarios de estos fondos y apoyo, no existe al presente manera de determinar hasta qué grado dicho apoyo está ayudando a aquellos individuos involucrados en actos de violencia, sabotaje y otras medidas fuera de la legalidad para desestabilizar al gobierno boliviano.
 
Sin embargo, desde la elección de Evo Morales a la presidencia en diciembre de 2005, el gobierno estadounidense ha enviado millones de dólares en ayuda a los prefectos departamentales y a los gobiernos municipales en Bolivia. En 2004, la Agencia Internacional para el Desarrollo de EE.UU. (USAID) estableció una "Oficina de Iniciativas de Transición" (Office of Transition Initiatives, OTI) en Bolivia, la cual destinó unos 11 millones de dólares en fondos para "continuar desarrollando sus actividades diseñadas para mejorar la capacidad de los gobiernos departamentales" (1).
 
Uno de los objetivos de la OTI en Bolivia era el de "(fortalecer) la capacidad de los gobiernos departamentales, liderados por los prefectos, para ayudarlos a mejorar su nivel de respuesta ante las regiones que gobiernan" e incluso organizó una visita de los gobernadores departamentales a Estados Unidos para reunirse con gobernadores estatales estadounidenses (2). Algunos de estos gobiernos departamentales luego iniciaron campañas organizadas para avanzar sus demandas de "autonomía" y para oponerse, por medio de medidas violentas y no democráticas, al gobierno de Morales y sus reformas populares.
 
Según la OTI, ésta cesó sus operaciones en Bolivia hace más o menos un año. Sin embargo, algunas de las actividades que llevaba a cabo fueron retomadas por la USAID, organización que se rehúsa a revelar los nombres de algunos de sus beneficiarios y programas. La USAID gastó 89 millones de dólares en Bolivia el año pasado. Ésta es una suma importante en relación al tamaño de la economía boliviana. Proporcionalmente, en Estados Unidos, esa suma sería equivalente a cerca de 100 mil millones de dólares, lo que representa un gasto similar al que Estados Unidos está realizando en operaciones militares en Irak.
 
Los contribuyentes estadounidenses, así como el gobierno y el pueblo boliviano, tienen derecho a saber lo que se está apoyando en Bolivia con fondos estadounidenses.
El 10 de agosto se llevó a cabo un referendo nacional revocatorio en el que los votantes bolivianos tuvieron la oportunidad de decidir si continuaban en su cargo el presidente, vicepresidente y ocho de los nueve prefectos departamentales. El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera obtuvieron más del 67 por ciento de los votos. Ese resultado fue mucho mayor al que el presidente Morales obtuvo en su victoria electoral en 2005 que lo llevó a la presidencia, margen que ya era el más alto en la historia electoral del país.
 
Los recientes actos de violencia por la oposición parecen ser una respuesta coordinada a ese mandato electoral, en un intento por obtener a través de vías que caen fuera de la legalidad, el resultado que la oposición no logró en las urnas. Esto incluye al Consejo Nacional Democrático (Conalde), el cual está conformado por "cinco gobernadores departamentales, asociaciones empresariales, grupos cívicos conservadores y congresistas del partido de derecha Podemos, encabezado por el ex presidente Jorge Quiroga" (3).
 
Quizás lo más alarmante es la evidencia que ha surgido recientemente sobre la cercana complicidad y colaboración entre los gobiernos departamentales y grupos violentos como la Unión Juvenil Cruceña (UJC) y el Comité Cívico de Santa Cruz. Luego de que se desatara una nueva campaña de violencia después del referendo revocatorio del 10 de agosto, un periodista de la agencia Reuters que entrevistaba al líder de oposición y saliente empresario, Branco Marinkovic, fue testigo de cómo miembros de la UJC entraban a la oficina de Marinkovic y salían con bates de baseball (4).
 
Aún más alarmante es la evidencia de que los eventos de las últimas dos semanas son el resultado de una decisión deliberada por parte de la coalición de oposición Conalde de avanzar una campaña de violencia. Informes de prensa describen cómo fueron expulsados ciertos congresistas de Podemos de una reunión del Conalde a principios de septiembre después de haber expresado su oposición a los métodos violentos que se estaban discutiendo (5).
 
Artículos de prensa en la última semana también indicaron el apoyo de algunos prefectos departamentales y otros funcionarios de gobiernos regionales a los actos de violencia. "Los gobernadores conservadores están fomentando a los protestantes y sus acciones", informó la Agence France Presse, agregando que, "La coalición de oposición, la cual también incluye a alcaldes municipales, han enfocado su atención en la principal fuente de ingresos de Bolivia: los campos de gas natural que se encuentran en la parte oriental del país" y que, "Militantes ligados al grupo de oposición montaron bloqueos en las carreteras para agregar presión a las demandas de los gobernadores de obtener más control sobre los ingresos resultantes de la venta del gas" (6).
 
El carácter racista de la UJC y de otros grupos de esta índole es ampliamente conocido y se ha documentado extensivamente. Estos grupos han enfocado sus ataques primordialmente hacia partidarios indígenas del MAS (el partido oficial). En mayo, por ejemplo, miembros del "Comité Interinstitucional", conformado por líderes cívicos y locales, y otros militantes juveniles forzaron a indígenas y campesinos partidarios de Morales a marchar hasta el centro de la ciudad de Sucre (Chuquisaca), los golpearon, les quitaron las ropas y los obligaron a cantar consignas en contra de Morales mientras los humillaban con burlas racistas (7).
 
Como Ud. sabrá, al menos 15 personas han muerto en los últimos días en Pando solamente – siendo la gran mayoría campesinos bolivianos – hechos que según las descripciones de testigos, fue una masacre por asesinos con ametralladoras. El gobierno boliviano arrestó al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, en relación a estas muertes.
Estos actos de violencia, los cuales han sido acompañados de sabotaje que ha causado grandes daños económicos, son absolutamente deplorables y deben ser condenados en todas partes.
 
Sin embargo, la respuesta del gobierno estadounidense ha sido débil. Antes de que se supiera la gravedad de la masacre, y antes de que el gobierno boliviano declarara al embajador estadounidense Philip Goldberg persona non grata, ya habían muerto varias personas y se habían ocasionado daños económicos.
 
Sin embargo, para el 12 de septiembre, según su sitio web, el Departamento de Estado de EE.UU. había declarado solamente que lamentaba la expulsión del embajador Goldberg y que eso "reflejaba la debilidad y desesperación (del presidente Evo Morales)" y "una falta de capacidad de comunicarse eficazmente a nivel internacional para lograr el apoyo internacional", y sugería que el gobierno boliviano no está mejorando el bienestar de sus ciudadanos (8).
 
El sitio web del Departamento de Estado no muestra declaración alguna sobre Bolivia entre el 5 de mayo y el 11 de septiembre de 2008 (9), indicando que el Departamento de Estado no emitió ningún comunicado condenando los actos de violencia en los últimos meses y tampoco existe un comunicado en el que se felicite a Evo Morales por su abrumadora victoria en el referendo.
 
Hacemos un llamado al gobierno estadounidense para que dé un paso adelante en sus relaciones con Latinoamérica al condenar clara e inequívocamente los medios violentos, destructivos y antidemocráticos utilizados por los miembros de la oposición pro "autonomía" de Bolivia.
 
Más importante aún, Washington debe también revelar el financiamiento que les brinda a grupos en Bolivia – a través de la USAID y otras agencias – y los nombres de los receptores de estos fondos. El gobierno de Estados Unidos tiene que ponerle fin a cualquier apoyo – financiero o en cualquier otra forma – a cualquier grupo o persona en Bolivia y en otros países latinoamericanos que se involucren en actividades violentas, destructivas, terroristas o antidemocráticas como las que hemos observado con gran conmoción y tristeza durante las últimas semanas en Bolivia.
 
Atentamente,
Ben Achtenberg, Refuge Media Project, Boston, MA; Emily Achtenberg, Housing Policy & Development Consultant, Boston MA; Robert Albro, Assistant Professor of Antrhpology, School of International Service, American University; Juan Manuel Arbona, Associate Professor of Anthropology, Bryn Mawr College, Byrna Aronson, Boston, MA (siguen las firmas).+ (PE).
 
Notas:
(1) USAID/OTI Bolivia Field Report, julio – septiembre 2006.
(2) Ibídem.d
(3) Franz Chávez, "BOLIVIA: Divisions Emerge in Opposition Strategy". Inter Press Service, 4 de septiembre, 2008.
(4) Eduardo García, "Foes of Morales stage general strike in Bolivia". Reuters, 19 de agosto, 2008. Disponible en Internet: http://uk.reuters.com/article/oilRpt/idUKN1925747220080819 .
(5) Franz Chávez, "BOLIVIA: Divisions Emerge in Opposition Strategy". Inter Press Service, 4 de septiembre, 2008.
(6) Agence France Presse, "Bolivia orders US ambassador out, warns of civil war". AFP, 11 de septiembre, 2008.
(7) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comunicado de prensa, "CIDH deplora violencia en Bolivia y urge a sancionar a los responsable", No. 22/08, 29 de mayo, 2008: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2008/22.08sp.htm.  Versión en inglés consulada el 16 de septiembre de 2008 a las 5:52pm EST.
(8) Departamento de Estado de EE.UU., declaraciones a la prensa, "Expulsion of U.S. Ambassadors to Venezuela and Bolivia", 12 de septiembre, 2008. Consultado en http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2008/sept/109534.htm el 16 de septiembre de 2008, a las 4:46pm EST.
(9) Sitio web del Departamento de Estado de EE.UU., Bolivia – Comunicados. Consultado en http://www.state.gov/p/wha/ci/bl/c7579.htm el 16 de septiembre de 2008 a las 4:35pm EST.
 
08/09/26 – PreNot 7684

* Fuente: Agencia de Noticias Prensa Ecuménica
598 2 619 2518 Espinosa 1493.
Montevideo. Uruguay

– Gentileza de: J. Aguilera J. (equipo Comisión Etica Contra la Tortura)

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