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26 Abr 2024

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Estado docente descentralizado

por Rafael Luis Gumucio Rivas (Chile)

17 años atrás 5 min lectura

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El Ejecutivo ha presentado el Proyecto de Ley sobre Superintendencia de Educación y, si agregamos la ley marco y la de  subvención diferenciada completamos, en el plano legislativo, las reformas educacionales propuestas por el gobierno de Michelle Bachelet. La Presenta anunció, en el discurso del 21 de Mayo, una inversión de más de seiscientos millones de dólares, destinados al sistema escolar, producto de la reducción del superávit fiscal del 1% al 0.5%. Las facultades que se conceden a la Superintendencia son bastante importantes: la supervisión de los programas de estudio y, sobretodo, el control de la calidad de las prestaciones de las escuelas, tanto públicas, como privadas. Además, focaliza la inversión en los alumnos de las escuelas más deprivadas económica y culturalmente.

El Chile neoliberal está muy lejos de ser un país descentralizado; por cierto que no basta con la elección de consejeros regionales, ni siquiera con la meta más alta en el sentido de que los intendentes y gobernadores surjan de la soberanía popular; se hace necesario el impulso de políticas más audaces para llevar a cabo una verdadera regionalización. En el fondo, las municipalidades además de disímiles en cuanto a recursos y conectividad, demuestran serias dificultades en la gestión de la educación: no es lo mismo una escuela Básica o un Liceo en las Condes o en Providencia que en Pudahuel, San Miguel o Cerro Navia. La municipalización no ha hecho más que aumentar la segregación en nuestro sistema educacional, que prueba que la herencia de Pinochet ha sido un verdadero fracaso.

Las escuelas y liceos municipales no constituyen ninguna novedad en nuestra historia de la enseñanza: los conservadores, partidarios de la libertad de enseñanza durante la república parlamentaria aplicaron, radicalmente, la famosa comuna autónoma, utopía suiza del líder conservador marqués de  Irarrázabal, para oponerse al famoso Estado docente. De más está decir que esa supuesta municipalización no sólo llevó a la corrupción, sino también al más absoluto fracaso, pues las corporaciones edilicias estaban podridas a causa del clientelismo y la influencia de los gamonales locales.

Me permito dudar de la eficacia respecto a la inversión de los 600 millones de dólares en municipalidades, que han demostrado ser bastante ineficientes en la gestión de la educación pública; incluso, algunos alcaldes –entre ellos el de Valparaíso- son partidarios de entregar las escuelas y liceos a administración del Ministerio del ramo.

Es cierto que en la rica tradición del socialismo chileno está la idea del poder comunal y de una amplia descentralización del Estado: baste leer la Constitución socialista, propuesta por Luis Emilio Recabarren, a comienzos del siglo XX, sin embargo, hoy por hoy, el neoliberalismo ha destruido toda expresión de participación  y aun mas de  poder popular, ubicado en las comunas. En todos los planos de la vida ciudadana se hace necesario un mayor protagonismo del Estado en diferentes ámbitos, como el transporte, hoy regentado por los bancos y empresas privadas; lo mismo ocurre con la educación municipal y privada.

Si nos referimos solamente a la calidad de los aprendizajes, estos son notoriamente deficientes tanto  en las escuelas municipales, como en las particulares subvencionadas. Creo que no basta con aumentar el aporte del estado  -lo que es muy loable- ni siquiera con el control de calidad por medio de la Superintendencia de Educación, sino que se requiere de una cirugía profunda que, en el caso chileno, es la formación de un Estado docente descentralizado.

Después de múltiples reformas, que constituyen verdaderos parches, hemos podido comprobar que el resultado de los programas focalizados del Ministerio de Educación, como el P-900 y los respectivos Meces, han sido bastante pobres. Es evidente que un sistema mixto, tan complejo como el chileno, en que la administración de las escuelas reside en las municipales y en los privados, el rol del Ministerio de Educación, además de magro, tarde o temprano tenía que caer en la más completa ineficiencia. Pienso que sería mejor sincerar la situación entregando al Estado la tutoría y administración de las escuelas públicas, centrando la inversión de los cuantiosos fondos destinados a las escuelas, a aquellas que deben cumplir una función educativa de calidad, destinada a los más pobres.

Es cierto que la Superintendencia tendrá derecho a cerrar los establecimientos educacionales, cuyos resultados sean deficientes, sin embargo, los indicadores de calidad, como el Simce y la PSU, están basados en el concepto gerencial de calidad total que he analizado, latamente, en artículos anteriores. Por cierto estas mediciones, especialmente cuantitativas, se contraponen a una concepción liberadora de la educación popular.

A mi entender, la formación del docente sigue siendo el elemento eje para combatir la segregación y mala calidad de la educación. En los primeros años de la educación pública rural y de las comunas pobres de las grandes ciudades deberían destinarse los mejores profesores, con sueldos acordes a su excelencia académica y estabilidad laboral, -que la derecha quiere destruir derogando el estatuto Docente – para provocar aprendizajes significativos y de calidad, desde la más tierna infancia. Las escuelas pedagógicas, además de tener docentes de calidad y con verdadera vocación, deberían centrarse en la promoción de cualidades docentes. Si a esto agregamos la formación de consejos escolares, dotados de poderes normativos que les permitan gestionar la escuela, tendríamos una educación participativa, democrática, igualitaria y liberadora, aspectos centrales de lo que me atrevo a llamar Estado docente descentralizado.
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